No porque pueda afirmarse, sin más, que esos congresistas pretendieran favorecer al expresidente. No hay elementos suficientes para sostener semejante conclusión. Lo verdaderamente preocupante es otra cosa: ¿cómo cinco congresistas experimentados pudieron respaldar una proposición de semejante alcance sin advertir sus consecuencias políticas y jurídicas?
El centro de esta discusión son, naturalmente, las víctimas. El Aro y La Granja no son simplemente expedientes judiciales. Son hechos asociados a una historia de violencia paramilitar y de responsabilidades estatales y políticas que llevan décadas en disputa. Por eso, cualquier decisión que pueda significar traslado, demora o cambio de jurisdicción tiene una carga política mucho mayor que la de un simple trámite procesal.
Ahora bien, refiriéndose al asunto, el expresidente Petro ofreció una explicación que, lejos de cerrar el asunto, lo vuelve más incómodo. Dijo que algunos congresistas “se durmieron” ante una proposición que había sido “pupitreada” y recordó que en el Congreso uno no puede dormirse “hasta el último segundo”. Si esa es la explicación, entonces no estaríamos ante una conspiración, sino ante algo menos espectacular, pero políticamente más serio: negligencia, falta de atención o indisciplina parlamentaria.
Y aquí aparece una contradicción que la izquierda debería discutir con mucha más honestidad.
Durante años, buena parte de la izquierda colombiana construyó su identidad política sobre una ética de las intenciones. La pureza del propósito, la coherencia moral, la superioridad ética frente a la vieja política. Se llegó a creer que tener buenas razones constituía, por sí mismo, una garantía para hacer buena política. Pero gobernar y ejercer el poder exigen algo distinto: responsabilidad sobre las consecuencias.
La política no se juzga únicamente por lo que uno quiso hacer. También por lo que efectivamente hizo.
Por eso resulta particularmente llamativo que entre los cinco congresistas esté Gabriel Becerra, uno de los representantes más identificados con esa concepción errónea y fracasada de una política fundada en la transformación ética que defiende (¡todavía!) Iván Cepeda. Si se trató de una equivocación, la pregunta no puede ser simplemente por qué ocurrió, sino qué clase de disciplina política permite que congresistas curtidos voten una proposición sin comprender suficientemente sus efectos. ¿O es que acaso hay algo más detrás que no sabemos?
Carolina Corcho puso el dedo en un punto importante. Recordó que los hechos ocurrieron entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador de Antioquia y no presidente, y defendió la competencia de la Fiscalía. También reivindicó la verdad, la memoria y la justicia para las víctimas. Petro, por su parte, sostuvo que los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto deben encontrar en la JEP un camino hacia la verdad y la reconciliación.
El debate, entonces, no puede reducirse a “favorecieron a Uribe” o “los atacan por ser petristas”. Hay una discusión institucional que debe resolverse jurídicamente y una discusión política que no puede eludirse.
Los cinco congresistas han sostenido que respaldan la investigación de la Fiscalía y que esperan que la Corte Constitucional determine cuál es la autoridad competente. Esa explicación debe ser escuchada. Pero tampoco basta para disipar la responsabilidad política derivada de un voto cuyo alcance aparentemente no fue suficientemente examinado.
Porque existe una diferencia enorme entre tener una intención correcta y actuar correctamente.
La izquierda colombiana aprendió, durante décadas, a resistir, denunciar y conservar principios en medio de la derrota. Ahora necesita aprender algo más difícil: ejercer sus funciones con disciplina, estrategia y responsabilidad.
La ética sigue siendo necesaria. Pero la ética sin eficacia puede terminar convirtiéndose en una coartada para la impotencia. Y cuando se ocupa una posición de poder, la negligencia tampoco es inocente.
No hace falta llamar traidores a quienes quizá simplemente se equivocaron. Basta con formular una pregunta más exigente: ¿para qué conquistar el poder o altos cargos de influencia si una vez conquistado, no se sabe ejercerlos con responsabilidad?
David Rico Palacio
Foto tomada de: Partido Comunista Colombiano
Si, es un pésimo antecedente, en ocasiones los congresistas del pacto pueden votar contra las políticas más obvias del pacto y no pasa nada. Pésimo antecedente.
Sin ética ningún movimiento político tiene futuro..Se cometió una falta grave,no un simple error..Esa falta golpeó y ensucio al Pacto Histórico.Le hizo un daño grave.Tienen que responder por lo que hicieron.