Situación similar se presenta con las Disidencias surgidas tras el acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016, las cuales se fueron fragmentando durante las negociaciones con la administración anterior. Resultando tres procesos de negociación el primero con las Disidencias del autodenominado Estado Mayor Central que devino en una mesa de negociación con Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca Córdoba y con las Disidencias de Néstor Gregorio Vera, alias Mordisco, con las cuales el proceso bajo el gobierno de Gustavo Petro se rompió y terminó en una confrontación armada tras el asesinato de líderes sociales y líderes indígenas. Un segundo proceso se desarrollo con el autodenominado Ejercito Bolivariano dirigido por Walter Mendoza y Geovany Andrés Rojas, este proceso a mi juicio uno de los más avanzados se trunca por la visión ideológica del gobierno que preside hoy Abelardo de la Espriella y un tercer proceso suspendido y frustrado con las Disidencias de Iván Márquez autodenominado la segunda Marquetalia.
El autoritarismo del gobierno que no reflexiona ha emprendido una guerra total y el levantamiento de todas las mesas de dialogo y negociación. Vuelven al discurso fallido de la mano dura, guerra total, rendición sin condiciones, que nos ha llevado a una sociedad con 10 millones de víctimas, 130 mil desparecidos, más de 7 millones de hectáreas de tierras despojadas. Esta política ha fracasado y creo que de nuevo fracasará.
Resulta igualmente relevante identificar un proceso de desideologización entre los grupos disidentes pos-FARC, en el que prevalece el interés por sostener actividades vinculadas a economías ilícitas. Este fenómeno ha propiciado alianzas y enfrentamientos entre organizaciones ilegales que, en otras épocas, habrían sido impensables debido a sus divergencias ideológicas, pero que ahora se articulan y se enfrentan en función de dichas economías. (ej. Caso del Catatumbo N .de Santander entre el frente 33 de las disidencias FARC y el ELN)
En materia de negociación, se registraron avances concretos, como el ocurrido en Putumayo, donde cien hombres pertenecientes a los Comandos de Frontera, bajo el liderazgo de alias Araña a pasar de estar en prisión y alias Allende, se concentraron para hacer dejación de armas. Asimismo, se observó una reducción de las confrontaciones armadas y de la tasa de homicidios. No obstante, uno de los principales errores de la política de Paz Total —que merece una reflexión profunda para extraer aprendizajes colectivos— consistió en no haber establecido líneas rojas claras para acceder a los ceses al fuego. Esta omisión derivó en abusos por parte de algunas organizaciones ilegales, que aprovecharon la tregua para ampliar su espectro delictivo. De ello se desprende una lección fundamental para futuros procesos: es posible negociar sin que acordar ceses al fuego ni desmovilización militar previa, siempre que se garantice el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y que la fuerza pública mantenga su capacidad de disuasión y control. Cabe anotar que, durante el gobierno de Gustavo Petro, la fuerza pública logró recuperar parcialmente el control efectivo de la soberanía territorial en el cañón del Micay y en la región del Catatumbo, acción nunca lograda por ningún gobierno anterior.
En cuanto a los diálogos sociojurídicos adelantados con grupos armados ilegales ligados al narcotráfico en ciudades como Buenaventura y Medellín, se alcanzaron avances significativos: reducciones temporales de la violencia, pactos de no agresión entre bandas y la eliminación de fronteras invisibles. La principal dificultad residió en que no se avanzó de manera simultánea en el Congreso de la República en la discusión de una ley de sometimiento a la justicia que materializara los mecanismos de reconocimiento de la verdad, rebaja de penas y reparación —tanto individual como colectiva.
Hay que decirlo de manera clara los equipos de dirección del proceso complejo de la paz total cometieron demasiados errores y no hubo por el gobierno nacional un tablero de control y seguimiento a estas mesas para corregir errores y desatinos que se presentaron. Ejemplos cese al fuego que no se habían pactado y mucho menos definido en sus componentes de monitoreo, seguimiento y evaluación. Estos errores horadaron la estrategia de la paz total.
Gobierno prepara un estatuto antiterrorista
El Gobierno ha anunciado que presentará ante el Congreso un Estatuto Antiterrorista en respuesta al incremento de atentados perpetrados por grupos armados, especialmente tras el ataque con explosivos contra la estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander.
La propuesta busca declarar oficialmente como terroristas a determinadas organizaciones armadas, con el fin de otorgar a las Fuerzas Militares y a las autoridades mayores herramientas jurídicas y operativas para combatirlas, así como crear nuevos órganos o mecanismos en el ámbito de la justicia especializada. Según el Ejecutivo, esta designación dificultaría o incluso cerraría la posibilidad de establecer diálogos de paz, con estructuras armadas ilegales.
El presidente Abelardo de la Espriella, tras un Consejo de Seguridad celebrado en Cúcuta, manifestó que su Gobierno pretende recuperar el control del departamento “por la razón o por la fuerza”, y anunció una ofensiva frontal contra los grupos armados. Ello implica clausurar la vía negociada y dialogada como opción para la superación de la violencia, ya sea a través de la justicia transicional o del sometimiento a la justicia. En su lugar, se plantea un escalamiento bélico que conllevará un alto costo presupuestal y, sobre todo, humano, dado que las organizaciones ilegales se han pertrechado con tecnología de guerra avanzada, incluidos drones para combate aéreo.
En este contexto, esta semana se llevaron a cabo bombardeos contra campamentos de organizaciones armadas ilegales, especialmente en lugares donde existían indicios razonables de la posible presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por dichas estructuras, como ocurrió recientemente en el departamento del Guaviare, donde tres menores perdieron la vida.
Se desatendió así el deber constitucional del Estado de proteger a la población civil y enfrentar a los grupos al margen de la ley. Estas operaciones deben ejecutarse con estricto cumplimiento de la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y las normas de protección especial de la niñez. El artículo 44 de la Carta Magna consagra el carácter prevalente de los derechos de los niños, y la Corte Constitucional ha reiterado que ellos constituyen una población especialmente vulnerable en contextos de conflicto armado.
Hechos similares ocurrieron durante el gobierno de Gustavo Petro, ocasión en que también se llamó la atención sobre la necesidad de precisar las medidas de inteligencia y contrainteligencia, vigilancia y verificación disponibles antes de realizar operaciones aéreas, con el fin de determinar, en la medida de lo posible, si existen menores de edad y adoptar todas las precauciones factibles para proteger sus vidas. La inteligencia debe ser también una herramienta para proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades. Cuando exista información que advierta razonablemente la presencia de niños, deben valorarse todas las alternativas operacionales y aplicarse rigurosamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.
En el gobierno anterior, se rechazó y denunció de manera categórica el reclutamiento y utilización de menores por parte de cualquier grupo armado. Los niños no son combatientes, ni informantes, ni instrumentos de guerra, ni escudos humanos. Ninguna causa política, militar o social justifica su incorporación al conflicto. Por el contrario, en la administración de Abelardo de la Espriella se sostiene que los niños, niñas y adolescentes que participan en estructuras delincuenciales lo hacen por voluntad propia, una concepción inaceptable que amerita acciones contundentes por parte del Congreso de la República en el ejercicio de sus funciones de control político y como contrapeso a las acciones gubernamentales que pudieran extralimitar la ley y la Constitución.
Así que volvemos a un presidente de la más ingrata recordación, Julio César Turbay Ayala (1978-1982) violación de derechos humanos y estatuto de seguridad, ahora ley antiterrorista. La misma fórmula fracasada. Hay que movilizarnos en defensa de los derechos humanos de las comunidades que viven la dura realidad de la guerra. Ahí estaremos para apoyarlas.
Carolina Corcho Mejía, Senadora de la República, exministra de salud, médica psiquiatra.
Foto tomada de: El País
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