La masacre de la Granja, corregimiento del municipio de Ituango, ocurrió el 11 de junio de 1996 y allí cerca de 22 hombres fuertemente armados pertenecientes a los grupos paramilitares asesinaron a cuatro humildes campesinos indefensos. Entre el 22 y el 29 de octubre de 1997, en el corregimiento del Aro del municipio de Ituango un destacamento paramilitar, conformado por unos 150 paramilitares, al mando de Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, ocupó durante más de una semana este corregimiento sin que la fuerza pública hubiese concurrido en defensa de las familias campesinas agredidas violentamente. Helicópteros de la fuerza pública y de la gobernación de Antioquia sobrevolaron el corregimiento durante los días de la ocupación militar por los paramilitares de este corregimiento.
Durante la infame ocupación militar los paramilitares destruyeron 40 viviendas, saquearon los establecimientos comerciales, robaron cerca de 1.200 cabezas de ganado y asesinaron a 15 campesinos sin que la fuerza pública hubiese concurrido a proteger a la población civil convertida en objetivo militar por los paramilitares.
El abogado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Antioquia, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Jesús María Valle Jaramillo, fue asesinado en su oficina el 27 de febrero de 1998. Valle había denunciado la connivencia entre el poder político de la gobernación de Antioquia, siendo gobernador Álvaro Uribe Vélez, las fuerzas armadas y de policía y los grupos paramilitares y en particular había denunciado estas masacres ocurridas en el municipio del cual era oriundo.
Hay que agregar que por estas masacres el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, mediante una sentencia emitida el 1 de julio de 2006 en el caso conocido como Masacres de Ituango vs. Colombia. La Corte declaró al Estado responsable por los actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado cometido por los grupos paramilitares en el corregimiento La Granja (1996) y el corregimiento de El Aro (1997). La Corte determinó que hubo tolerancia, aquiescencia y omisión por parte de agentes estatales (fuerza pública) al no proteger a la población civil a pesar de conocer el riesgo en que esta se encontraba.
Para tratar de evadir la investigación que ha dormido durante años en la fiscalía y en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el abogado de Uribe, Jaime Granados, planteó una estrategia según la cual el delito de concierto para delinquir se extendió en el tiempo de tal manera que abarcó su largo período presidencial 2002-2010. Esta teoría traída de los cabellos busca generar un conflicto de competencias entre la Comisión de Acusaciones o mejor conocida como Comisión de Absoluciones por su inoperancia, y la Fiscalía General de la Nación, que ahora ha dado impulso a una investigación que nunca había hecho después de 30 años y del exhorto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, para que se investigue y se procese a los responsables. Hay que agregar que la Corte Suprema de Justicia en el año 2018 determinó que estas masacres y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, fueron delitos de lesa humanidad y por tal razón no prescriben en el tiempo.
Al radicar la solicitud para que la Fiscalía entregue el caso a la Comisión de Acusaciones y al negarse a Fiscalía a hacerlo inmediatamente se genera un conflicto sobre quién es el organismo competente para realizar la investigación. Este conflicto de competencias deberá resolverlo la Corte Constitucional, por lo tanto, hasta ahora va ganando Uribe y su abogado Granados. La respuesta de la fiscalía hasta ahora ha sido firme no solo reclamó la competencia, sino que no detuvo la investigación y en su desarrollo esta semana entrevisto a Salvatore Mancuso y mantiene la citación de indagatoria a Álvaro Uribe este viernes 4 de septiembre.
Conocido el voto de la bancada del Pacto Histórico en la Comisión de Acusaciones hubo una inmediata reacción en primer lugar del abogado de las victimas Migel Ángel del Río condenando el apoyo de los cinco parlamentarios a la proposición y por consiguiente a la dilación en el proceso y a que un tercero ahora tenga que dirimir el conflicto de competencias, la Corte Constitucional. Y en el Pacto Histórico Carolina Corcho demandó una explicación pública a los parlamentarios del Pacto Histórico sobre ese voto, manifestando su rechazo y demandando consecuencia en el respaldo a las víctimas por parte del partido, al tiempo que recordó que esas masacres y el crimen de Jesús María Valle habían sido declarados crímenes de lesa humanidad y manifestando que es a la Fiscalía a la que corresponde adelantar esa investigación. Más tarde se sumaron otros senadores dentro de ellos Wilson Arias y Ferney Silva. La reacción fue inmediata, las organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de esa decisión de la Cámara de Representantes y condenaron el hecho que los parlamentarios del Pacto Histórico se hubiesen sumado a la misma.
Se esgrimieron y debatieron en las redes diversos argumentos como aquel de un cruce de compromisos y favores entre los expresidentes Uribe y Petro para solidarizarse con investigaciones que tienen abiertas en la justicia, otros más creativos especularon con un Acuerdo Republicano entre el uribismo y el petrismo en defensa del Estado Social y Democrático de Derecho, solo que el desenfoque de esta última interpretación no repara que una de las características del Estado Social y Democrático de Derecho es la justicia recta, la no impunidad, la verdad y la reparación para las víctimas. ¿Qué defensa genuina del Estado democrático se puede construir con un acuerdo para la impunidad?
El desacierto y el error garrafal político de haber apoyado esta proposición se ahondó por las primeras respuestas ofrecidas desde el Pacto que tuvieron que ser corregidas y enmendadas durante el fin de semana hasta que una declaración del representante a la Cámara Gabriel Becerra reconociendo el error y asumiendo la responsabilidad aquietaron las aguas. Iván Cepeda se pronunció hasta el sábado al mediodía y Gustavo Petro el Domingo también al mediodía.
Hay lecciones que el Pacto Histórico debe aprender de este hecho. El primero que no puede actuar de espaldas a su ideario y a su programa democrático. Este programa clama por el apoyo y respaldo a las víctimas. En este caso no ocurrió así, esa decisión es contraria a las víctimas. En segundo lugar, acuerdos con adversarios históricos como en este caso el uribismo son posibles. Ha habido acuerdos puntuales que se han explicado y las bases del Pacto Histórico los han aceptado como la votación para la presidencia del Congreso por Honorio Henríquez del Centro Democrático para oponerse al candidato Alfredo Deluque postulado por el gobierno de Abelardo de la Espriella o el voto para Contralor por Jorge Eliécer Laverde Vargas en que se coincidió con la mayor parte de los partidos, y pueden y deben haber acuerdos con adversarios siempre y cuando estos acuerdos sean sobre la defensa de la democracia y de los intereses de los trabajadores, de las clases populares y del interés público. Ninguno de estos criterios, aplican o justifican, esa votación de los representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusaciones.
Otro factor inexplicable de las declaraciones de los representantes concernidos y de dirigentes del Pacto Histórico hace relación con intentar desviar la discusión hacia supuestos intereses electorales futuros o ánimo de protagonismo de quiénes se manifestaron en contra de esa votación. Aquí lo que estaba en el centro del debate era el voto de la bancada del Pacto a la proposición que pedía el traslado de la investigación sobre las masacres de Ituango y el asesinato de Jesús María Valle a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, esa era la discusión que se prolongó por la falta de contundencia y claridad en las respuestas. La declaración de Gustavo Petro al mediodía del domingo condenando esa votación y señalando que ningún acuerdo se puede hacer a espaldas de las víctimas y de la verdad y señalando que justamente la Justicia Especial de Paz, JEP, es el instrumento para buscar la reconciliación nacional selló la discusión.
Ahora esperemos que la Corte Constitucional como debe ser y de acuerdo con su propia jurisprudencia ratifique la competencia de la Fiscalía para llevar a cabo la investigación y si encuentra mérito proceda a acusar a los presuntos responsables por estos crímenes de lesa humanidad.
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Foto tomada de: El Heraldo
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