Petro, desde poco antes de las pasadas elecciones parlamentarias, informó que el Consejo de Estado, en fallo de demanda sobre elecciones de 2014, anuló curules del Centro Democrático, del partido liberal y de Opción Ciudadana y se las asignó al Partido MIRA a quien se las habían arrebatado, denunció también que en 2018, el Centro Democrático había comprado, con dineros del narcotráfico, (Ñeñe política) los votos que ayudaron a elegir al alta voz de Uribe, Iván Duque; un gran fraude electoral que quedó en la impunidad, porque el uribismo y sus aliados han controlado durante décadas, tanto el Consejo Nacional Electoral, como la Registraduría Nacional del Estado Civil, que son las responsables de ordenar, organizar, realizar y escrutar los procesos electorales en Colombia.
En 2022, el Pacto Histórico, mediante operativo extraordinario de vigilancia, conteo y reconteo de votos, logró recuperar 400.000 votos que le habían sido robados en el proceso de pre conteo, obtener cuatro curules más en el Senado, gracias a que lograron conjurar el fraude, porque habían puesto en marcha un operativo de vigilancia con los equipos desplegados durante la campaña del presidente Petro. Así mismo, en los escrutinios de las elecciones realizadas el pasado 8 de marzo, la estricta vigilancia de los testigos electorales y los equipos jurídicos extendidos, pudieron recuperar curules tanto en el Senado, como en la Cámara de Representantes.
Una mirada retrospectiva nos permite concluir, que el fraude electoral es un instrumento estructural de la política de los partidos, las mafias y las clases dominantes que han monopolizado centenariamente el poder; lo cual, les ha permitido, desde siempre, ganar anticipadamente las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Las bandas paramilitares creadas por Uribe, la financiación de su carrera política por el narcotraficante Pablo Escobar y el clan de los Ochoa, el saqueo de los recursos públicos y los millones de las coimas obtenidas por la privatización de lo público, marcaron los procesos electorales que siguieron a la Constituyente de 1991, signados por la práctica criminal del constreñimiento armado del voto en vastas zonas del país, la financiación de las campañas por los carteles de narcotraficantes, las coimas de grandes capitales beneficiados con la adjudicación de mega obras a sus financiadores y la privatización de los servicios públicos, determinaron la elección
de los expresidentes Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Prácticas fraudulentas, con las que eligieron presidentes, y un alto porcentaje de las cámaras legislativas; así quedó demostrado con el escándalo de la parapolítica, resultado de los grandes debates de gustavo Petro, Iván Cepeda, Clara López y Piedad Córdoba (QEPD) entre otros. Se trató de una práctica criminal que truncó la vida de centenares, de miles de líderes y lideresas, sociales, campesinos, sindicales, negritudes, indígenas de derechos humanos, y acarreó el exterminio de la Unión Patriótica; así como, de dirigentes de otros partidos y movimientos de la izquierda y el pensamiento disidente.
El fallo del Consejo de Estado citado por el presidente, puso de presente que si bien el Consejo Electoral ordena y la registraduría ejecuta el proceso electoral, dicha facultad fue privatizada en 2007, cuando el CNE durante gobierno paramilitar de Uribe le entregó el control de la organización de las elecciones y los escrutinios a la empresa privada Thomas Greg & Sons, propiedad de los hermanos Bautista; dos delincuentes declarados convictos por la justicia estadounidense y condenados por estafa millonaria a 25 bancos gringos.
De tal manera que, por obra y gracia del Matarife, El CNE y la Registraduría, controladas por el uribato, decidieron entregar su función constitucional de ordenar, realizar, controlar y hacer los escrutinios electorales a la mencionada empresa; la cual, ha manipulado la logística, el software y el código fuente del escrutinio de los procesos electorales por cerca de dos décadas, durante las cuales se religió a Uribe en su segundo mandato, a Juan Manuel Santos en dos periodos y al títere Iván Duque en 2018. Parece de fantasía, pero es cierto que, por obra y gracia del corrupto gobierno de Uribe, dos delincuentes hayan monopolizado, a costos billonarios, los procesos electorales de cinco elecciones presidenciales, con resultados adversos a sus intereses en la elección de Gustavo Petro.
Ahora bien, si bien el Consejo de Estado hizo tibias críticas y advertencias sobre fallas estructurales del sistema electoral, enfatizó sobre la falta de transparencia, control y trazabilidad en los procesos de escrutinio, cuestionó la dependencia de operadores privado en el proceso y ordenó al CNE y a la Registraduría crear una auditoría propia del Estado, no se entiende por qué, el CNE y el Registrador desacataron dicha orden; razón por la cual, el próximo 31 de mayo las elecciones volverán a ser organizadas, dirigidas, ejecutadas y auditadas por la cuestionada empresa privada y sus malhechores propietarios. La transparencia y la democracia brillarán por su ausencia, las elecciones seguirán secuestradas por las mafias del poder económico y político.
Basado en estas dramáticas realidades, Petro exigió libre acceso de los partidos y movimientos que participan en la contienda electoral al Software Electoral y al código fuente del escrutinio, para que puedan organizar sus propias auditorías; al tiempo que, propone eliminar la contratación privada y que el Estado sea el dueño del software electoral y el código fuente del escrutinio; solo así se podría crear y ejercer una auditoría pública de las futuras elecciones libres, con ejercicio del voto libre de la ciudadanía.
No obstante, las operaciones de fraude van mas allá del chocorazo en las urnas, para la muestra estos botones: Circula en las redes sociales que un juez de la República ordenó interceptar los celulares de los hermanos Bautista, y casualmente, escucharon conversaciones de los dos delincuentes con el candidato, falsificador de firmas, Abelardo de la Espriella a quien le propusieron llevarlo a la presidencia a cambio de que, una vez posesionado, les retorne el billonario contrato de los pasaportes que les fue suspendido por el actual gobierno; la sola oferta evidencia que, están en condiciones de manipular el software y el código fuente de los escrutinios para cambiar los resultados electorales y elegirlo presidente manipulando cibernéticamente las cifras de las votaciones. Igual podría suceder con Paloma Valencia, la otra candidata de Uribe.
Por su parte, la Junta directiva del Banco de la República elevó las tasa de interés en 200 puntos, de 9,25% a 11,25% , la tasa mas alta del siglo XXI, una contramedida al incremento del salario mínimo decretado por el gobierno, una decisión política para favorecer los intereses de los banqueros y en contra de las clases trabajadoras, los hogares que viven en la pobreza, las pequeñas empresas y las personas que necesitan el crédito y para intervenir en el proceso electoral, en contra de las candidaturas de Iván Cepeda y Aida Quilcué, para favorecer los candidatos de Uribe, Paloma Valencia y el destripador, abogado de narcotraficantes, paramilitares y estafadores, Abelardo de la Espriella.
Por último, Señal Investigativa y la Revista Raya han denunciado la llamada “Estrategia Júpiter” diseñada por el excanciller del expresidente Uribe, Jaime Bermúdez Merizalde, financiada por los gremios empresariales, dirigida a las y los trabajadores de muchas empresas, a quienes obligan a participar en los talleres de “Empresa, emprendimiento y democracia” para obligarlos a escuchar discursos de odio y ejercer “incidencia política legislativa”, aterrorizar a la clase trabajadora e inducirlos a votar con “miedo, indignación e incertidumbre”, promover el odio y la rabia para deslegitimar al Presidente Petro, a Iván Cepeda y Aida Quilcue, “sacar a la gente a votar berraca y engañada” en favor de la candidata de Uribe, Paloma Valencia, pero, también por Abelardo si fuese necesario.
Se trata de acciones de constreñimiento electoral mediante presiones sicológicas sistemáticas. Han realizado ya estos talleres con 40.000 trabajadores de distintas empresas, en sus horarios de trabajo, entre las que se cuentan Postobón, SURA, Constructora Colpatria, etc., con una inversión de $7.000 millones. Dicha estrategia no solo viola las reglas laborales consagradas en las leyes, sino que constituye claramente una estrategia de fraude y constreñimiento al elector.
Es claro que la extrema derecha y sus financiadores ni se resignan, ni se arriesgan a perder las elecciones y van a intentar a todo costo y por todos los medios, contando con la complicidad, del Consejo de Estado, el CNE, la Registraduría y la empresa Thomas Greg & SONS, de concretar el fraude, bien sea en la primera o en la segunda vuelta si la hay.
El Pacto Histórico debe extremar la vigilancia del voto en cada puesto de votación, en cada urna, es necesario multiplicar por miles la inscripción de jurados y testigos electorales para cada puesto de votación, multiplicar los equipos jurídicos y organizar la auditoria propia al proceso electoral y a los escrutinios. Hay que insistir en la exigencia de tener acceso al software y el código fuente para defender los resultados electorales. Solo así se garantizará el triunfo en la primera vuelta. El enemigo no está pintado en la pared.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP.
Foto tomada de: Pares
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