“Cuando el fascismo regrese, lo hará en nombre de la libertad”
Thomas Mann
El debate político contemporáneo en América Latina asiste a un fenómeno de mutación discursiva. Los proyectos de corte autocrático ya no ingresan al tablero público con las bayonetas caladas del siglo XX, hoy lo hacen a través de las urnas, revestidos de un lenguaje legalista, técnico y aparentemente institucional. En Colombia, el programa de gobierno lanzado por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, titulado “Defensores de la Patria – Abelardo de la Espriella Presidente 2026-2030”, constituye el ejemplo más depurado de esta estrategia. Bajo la promesa de fundar una «Patria Milagro», el documento se autodefine como un guardián del «Patriotismo Constitucional» y un defensor de la separación de poderes. Sin embargo, un examen riguroso desde la óptica de la democracia deliberativa, la economía política y el derecho internacional de los derechos humanos devela una realidad diametralmente opuesta: tras su barniz republicano se esconde un modelo de corporativismo autoritario cuyas bases retóricas, operativas e ideológicas guardan perturbadores paralelismos con el fascismo clásico.
La demagogia de la economía corporativa que profundiza la desigualdad, la deconstrucción de la arquitectura democrática mediante la lógica de la “limpieza”, la instrumentalización demagógica de las mujeres y los campesinos, y la militarización de la vida civil a través de cuerpos paraestatales. Cada uno de estos pilares, lejos de ser una novedad, encuentra un eco directo en las estrategias que utilizó el nacionalsocialismo alemán liderado por Adolf Hitler para desmantelar la democracia desde su propio interior.
El programa se estructura bajo la narrativa dicotómica y maniquea de “Los de Siempre vs. Los Nunca”, presentándose como una alternativa que “nunca ha hecho politiquería” ni ha “robado plata pública”. De la Espriella se autoproclama líder de “los que nunca nos hemos robado un peso”, “los que nunca hemos hecho politiquería” y “los que nunca hemos traicionado al pueblo”. Esta construcción retórica es la esencia misma del populismo de extrema derecha con derivas totalitarias. Al establecer que el líder y su movimiento encarnan una pureza moral absoluta frente a una alteridad corrupta y peligrosa, se anula la legitimidad del contradictor político. Quien disiente ya no es un oponente con argumentos válidos dentro del juego democrático; es un “traidor a la patria” o un agente de las “amenazas” que deben ser erradicadas.
Esta retórica de exclusión moral muta con facilidad en una apología de la violencia verbal y física contra la disidencia. Cuando De la Espriella amenaza explícitamente con “destripar” a la izquierda, el discurso abandona cualquier pretensión de debate democrático y se adentra en el terreno de la eliminación literal del contrario. En la teoría política del autoritarismo, el uso de metáforas biológicas o viscerales (como “limpiar”, “extirpar” o “destripar”) no es accesorio; cumple la función psicológica de deshumanizar al adversario político, transformándolo en un parásito o una anomalía que no requiere conciliación, sino supresión absoluta. Esta violencia semántica es la antesala ideológica que legitima la persecución sistemática y justifica, ante los ojos de sus seguidores, la pérdida de garantías civiles para todo aquel que se sitúe en la orilla ideológica opuesta.
El “Patriotismo Constitucional”
En su segundo punto, el programa defiende el Patriotismo Constitucional, rechazando explícitamente una asamblea constituyente y prometiendo respetar la separación de poderes y la independencia judicial. Este compromiso formal representa un respaldo aparente a la estabilidad democrática y un intento de blindaje legalista, que el programa contradice acto seguido.
Paradójicamente, la retórica de realizar una «limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas» e introducir de manera urgente reestructuraciones profundas desmiente la separación de poderes desde su núcleo operativo. La propuesta de creación de súper-estructuras como el “Bloque de Búsqueda contra la Corrupción”, dirigido directamente por el Ejecutivo y con facultades discrecionales para utilizar inteligencia, análisis financiero y policía judicial, genera una vulneración completa al principio de pesos y contrapesos y rompe las reglas constitucionales.
En un Estado Social de Derecho, la investigación de delitos y la depuración de funcionarios corruptos es competencia exclusiva de órganos autónomos del poder político, como la Fiscalía General de la Nación y el poder judicial. Al concentrar las funciones de inteligencia financiera, policía judicial y control de instituciones bajo la batuta directa del Ejecutivo, el programa borra la frontera entre gobernar y perseguir. El “Bloque de Búsqueda contra la Corrupción” presidencial se convierte, por diseño, en una policía política encubierta orientada a disciplinar a las agencias independientes y a coaccionar a los disidentes. En una democracia madura, la depuración corresponde a canales institucionales, méritos y periodos legales, no a la discrecionalidad de la Presidencia. La idea de una “limpieza” vertical desde el Ejecutivo evoca el deseo de someter el aparato estatal a una línea ideológica única, erosionando la burocracia técnica e independiente.
A su turno, la instrumentalización del discurso de la anticorrupción y la “limpieza” moral para capturar las instituciones del Estado fue el vehículo predilecto de Adolf Hitler. En 1933, tras el incendio del Reichstag, el régimen nazi promulgó la Ley para la Restauración de la Función Pública Profesional. Bajo el argumento demagógico de “limpiar” la administración pública de elementos ineficientes, corruptos y no comprometidos con el renacimiento nacional, el régimen destituyó de manera inmediata a miles de jueces, fiscales, profesores y funcionarios que pertenecían a partidos de oposición o a minorías étnicas.
Hitler no abolió la constitución de Weimar de un plumazo; la vació de contenido mediante leyes de emergencia y decretos que concentraban el control de la judicatura y la policía en el Ejecutivo. El paralelismo es nítido: la propuesta de De la Espriella de realizar una “limpieza inmediata” desde la Presidencia y crear bloques de búsqueda bajo su control directo utiliza la misma lógica de subordinación institucional. Se mantiene la fachada de la ley, pero se aniquila la independencia judicial.
La demagogia fiscal y el modelo corporativista: Riqueza para el capital, escasez para los vulnerables
El pilar socioeconómico de la «Patria Milagro» plantea la meta ambiciosa de crecer al 7% anual, un ritmo comparable al de los “milagros económicos” asiáticos como Corea del Sur y Singapur. Para lograr este supuesto edén agroindustrial y tecnológico, De la Espriella propone una «Gran Revolución de DesRegulación» o eliminación de trámites, trabas y cargas al sector empresarial, y una reducción de la carga tributaria a las empresas. Esto se complementa con un gigantesco programa de ajuste fiscal destinado a reducir el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte y lograr un ajuste fiscal inicial de aproximadamente $70 billones de pesos para alcanzar un superávit primario a corto plazo. En entrevistas el candidato ha señalado que el recorte será del 40% del tamaño del Estado y el despido de cerca de 700.000 servidores públicos.
Este planteamiento incurre en una flagrante demagogia económica que atenta contra el principio de progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). La premisa de que aliviar los impuestos al gran capital genera un “derrame” de riqueza hacia las clases subalternas ha sido ampliamente desmentida por la evidencia empírica global, como los estudios sobre la Reaganomics o las reformas fiscales regresivas en América Latina:
a) Ausencia de Redistribución Automática: La reducción de impuestos a las grandes corporaciones y monopolios no se traduce automáticamente en mayores salarios o en creación de empleo digno. En entornos con alta informalidad (que el programa sitúa en el 43,7% en ciudades y el 83,3% en la ruralidad) y debilidad sindical, el excedente de capital generado por el alivio fiscal suele destinarse a la maximización de utilidades, la recompra de acciones o la fuga de capitales, concentrando la riqueza exclusivamente en el estamento empresarial.
b) Desfinanciación del Estado Social: Al recortar drásticamente los ingresos fiscales del Estado y aplicar un ajuste de $70 billones de pesos, se debilita la capacidad pública de financiar bienes sociales esenciales como la salud, la educación y la infraestructura rural. La eficiencia fiscal es deseable para la estabilidad macroeconómica, sin embargo un recorte estatal del 40% impone desmantelar los ya precarizados servicios de asistencia social, afectando directamente el ingreso de las familias en pobreza extrema. El programa habla de “transformar los subsidios” eliminando su regresividad mediante el cruce de bases de datos entre el Sisbén IV y la DIAN, un eufemismo técnico para camuflar el desmantelamiento de los programas de transferencia monetaria.
En un entorno de contracción estatal, los derechos fundamentales se transforman en mercancías accesibles solo para quienes tienen capacidad de pago, despojando a los sectores vulnerables de sus únicos mecanismos de movilidad social y aumentando la brecha de desigualdad.
Esta propuesta de achicamiento radical encuentra un espejo contemporáneo en la experiencia de Argentina bajo la administración de Javier Milei. La llamada “motosierra” libertaria, aparentemente logró un superávit fiscal y el control de la hiperinflación pero el examen de sus costos reales desmitifica la narrativa de que el peso del ajuste recae únicamente sobre la burocracia política. Datos de la Oficina Nacional de Presupuesto argentina demuestran que más del 70% del recorte fiscal del Estado impactó directamente a la población, mediante la licuación de las mesadas pensionales[1], la eliminación de subsidios energéticos y la parálisis total de la obra pública. Los efectos colaterales de un desmantelamiento estatal de esta magnitud se tradujeron en la pérdida de cerca de 300.000 empleos y en una profunda precarización de las condiciones laborales, que sumió a las clases medias y trabajadoras en una aguda crisis económica y un endeudamiento generalizado. El experimento argentino es una advertencia matemática de que un recorte masivo del Estado, como el que propone De la Espriella en Colombia, traslada de manera directa el costo de la disciplina fiscal a los hombros de los pensionados, los trabajadores y las familias vulnerables.
Este modelo de economía pro-empresa con retórica nacionalista tiene un antecedente histórico preciso: la política económica del Tercer Reich en la década de 1930. El fascismo histórico no buscaba estatizar toda la economía sino crear un modelo corporativista donde las grandes empresas privadas operaran en perfecta simbiosis con un Estado fuerte y autoritario que garantizara el orden social. Al asumir el poder, Adolf Hitler no nacionalizó la industria privada ni destruyó el capitalismo. Por el contrario, el régimen nazi privatizó ferrocarriles, bancos y servicios públicos que habían sido estatales durante la República de Weimar, y selló una alianza indisoluble con los grandes monopolios industriales alemanes. A cambio de exenciones fiscales, subsidios estatales, destrucción de los sindicatos obreros y la congelación de los salarios, los grandes empresarios alinearon su producción con los objetivos de orden y militarización del régimen. El fascismo necesita de la gran empresa privada para sostener su infraestructura de poder, y le otorga total libertad para enriquecerse a costa de la desprotección absoluta de la clase trabajadora.
La propuesta de De La Espriella de reducir las cargas al sector empresarial mientras reduce el Estado es la actualización periférica de ese corporativismo fascista: la subordinación del bienestar humano a las utilidades corporativas bajo el amparo de un discurso patrio.
Desenmascarando la Falsa Protección Social: La Demagogia con Mujeres y Campesinos
Uno de los ejercicios más sofisticados de la demagogia es la adopción selectiva de las banderas de las poblaciones históricamente marginadas para ocultar un proyecto que, en la práctica, las desprotegerá de forma severa. El programa “Patria Milagro” dedica varios párrafos, de sus tres hojas, a presentarse como el salvador de las mujeres y de los campesinos. Sin embargo, un análisis de consistencia macroeconómica demuestra que estas promesas son retóricas, inviables y profundamente demagógicas, diseñadas exclusivamente para captar el voto popular de los sectores vulnerables.
a) La demagogia de género: El programa señala que el 36,1% de los hogares con jefatura femenina vive en condiciones de pobreza monetaria, y propone una serie de ambiciosos beneficios económicos: monetizar la economía del cuidado y crear una seguridad social subsidiada para las cuidadoras, crear un fondo de $500.000 millones para la autonomía económica de las mujeres y formalizar 200.000 emprendimientos femeninos y otorgar un subsidio progresivo de maternidad para las madres del régimen subsidiado.
Existe una contradicción insalvable e hipócrita en el corazón del programa. No es técnicamente posible financiar un fondo de medio billón de pesos, subsidiar la seguridad social de 200.000 cuidadoras y entregar subsidios de maternidad masivos mientras simultáneamente se promete un recorte del aparato estatal del 40% y un ajuste fiscal de $70 billones de pesos enfocado en la eliminación de la “regresividad” de los subsidios.
En la práctica económica, cuando un gobierno de corte corporativista ejecuta un recorte de esa magnitud, las primeras partidas presupuestales que se eliminan son los programas de asistencia social y de equidad de género. Al desfinanciar las instituciones del Estado, las promesas para las mujeres se convierten en letra muerta. Además, el programa enfoca la violencia contra la mujer únicamente como un problema de orden público y castigo judicial, ignorando deliberadamente que la violencia de género requiere un Estado robusto, con presupuestos fuertes para la prevención, casas de refugio y educación con enfoque de equidad, precisamente todo lo que el programa planea desmantelar y recortar bajo el lema de eliminar la “burocracia redundante”.
b) La demagogia rural: frente a un campo donde el 42,5% padece pobreza monetaria, el 54% no tiene título de propiedad, el 89% no accede a crédito y el 81% de las vías terciarias está en mal estado, el programa promete “volver propietario al campesino”, expandir la frontera agrícola en 2 millones de nuevas hectáreas (el “Matto Grosso Colombiano”) y generar 600.000 empleos rurales.
La propuesta agraria de De la Espriella oculta un modelo de despojo y subordinación del campesinado al gran capital agroindustrial. Entregar un título de propiedad a un campesino, lo cual se promete bajo el eslogan de acabar con la “falsa reforma agraria”, sin garantizarle inversión pública es condenarlo a la quiebra y a la posterior venta forzada de su tierra a los grandes conglomerados o a los paramilitares como ya ocurrió en el pasado.
El mismo programa indica que el campo no tiene riego (66%), no tiene asistencia técnica (83%) y no tiene vías (81%). La construcción de distritos de riego, la asistencia técnica masiva y la pavimentación de las vías terciarias requieren de una multimillonaria y sostenida intervención e inversión del Estado. Si el plan de gobierno es recortar el Estado en un cuarenta por ciento y priorizar la desregulación absoluta de licencias ambientales y consultas comunitarias para favorecer la inversión corporativa, los recursos públicos nunca llegarán a las veredas y corregimientos.
El modelo del “Matto Grosso” no está pensado para el campesino minifundista; es un modelo de monocultivo a gran escala y de ganadería extensiva que históricamente desplaza a la agricultura familiar. La promesa de volver próspero al campesino es una fachada demagógica: en realidad, se le utiliza como justificación para desregular el uso de la tierra y abrir la altillanura a la explotación de grandes corporaciones aliadas, dejando al campesino desprotegido frente a las fuerzas del libre mercado.
La instrumentalización demagógica del campesinado y de la familia tradicional como núcleo social fue una estrategia calcada por el nazismo bajo la doctrina ideológica del Blut und Boden (Sangre y Tierra). Hitler dedicó una inmensa propaganda a ensalzar al campesino alemán como el héroe de la patria y la “reserva moral de la nación”, implementando la Ley de Heredades Campesinas para garantizar supuestamente su propiedad. Al mismo tiempo, el régimen nazi exaltaba el rol de las mujeres exclusivamente en su función de madres y cuidadoras del hogar prometiéndoles subsidios familiares y protección estatal frente a la crisis.
Sin embargo, detrás de la retórica romántica, la realidad fue trágica. Las leyes de tierras de Hitler encadenaron a los campesinos a parcelas que no podían vender ni hipotecar, subordinando toda la producción agrícola a los intereses de las grandes industrias de la alimentación controladas por el Estado y los monopolios corporativos. Las mujeres, por su parte, vieron sus derechos políticos y laborales completamente anulados, siendo reducidas a fábricas de mano de obra para el régimen a cambio de subsidios de miseria, mientras el gran capital industrial concentraba las ganancias. El fascismo siempre utiliza el sentimentalismo hacia las mujeres y los trabajadores de la tierra para legitimarse popularmente, mientras sus políticas económicas reales sirven al enriquecimiento de la élite corporativa dominante.
De regreso al paramilitarismo y a la violación de todos los compromisos internacionales sobre medio ambiente y derechos humanos
Las propuestas en el acápite de seguridad del programa de De La Espriella combinan estrategias de fuerza tradicionales con claros enfoques de paramilitarismo
a.- Estrategia Antinarcóticos e Impacto en la Vulnerabilidad: Propone la destrucción total de las 330.000 hectáreas de coca incluyendo explícitamente la fumigación aérea, la persecución a los capitales y la extradición. El retorno a la aspersión aérea con glifosato es totalmente inconveniente por su impacto ambiental, de salud pública y el riesgo de desplazamiento forzado. En entrevistas ha dicho el candidato que se debe pasar del enfoque judicial al estrictamente militar, declarando que retornará los bombardeos aéreos a los campamentos de los grupos “narcoterroristas”. Asimismo, ha manifestado que ordenará derribar cualquier aeronave o hundir cualquier lancha que sea detectada transportando alcaloides fuera de las fronteras colombianas.[2]
a.- Control Territorial Coercitivo y la “Primera Línea” Paraestatal: La propuesta más alarmante desde la perspectiva de los derechos humanos es la creación de una “Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas” para el entorno urbano y vecinal, complementada con un Bloque de Búsqueda contra la Extorsión. El monopolio legítimo de la fuerza y de las armas es el principio fundacional del Estado moderno y de cualquier democracia constitucional, un principio que el mismo programa afirma defender al hablar de “reafirmar el monopolio estatal de las armas”. La delegación o el apoyo de funciones de seguridad ciudadana a comités o “primeras líneas” de civiles armados, reservistas o veteranos rompe este principio y abre la puerta al más descarado paramilitarismo y terror.
La creación de estructuras de seguridad paralelas conformadas por veteranos y reservistas es el rasgo de identidad más nítido de los fascismos europeos. En Alemania, las Sturmabteilung (SA), conocidas como las camisas pardas, nacieron precisamente como un cuerpo paraestatal compuesto por veteranos desmovilizados de la Primera Guerra Mundial y jóvenes nacionalistas radicalizados. Cuando Hitler llegó al poder, nombró a las SA como “policía auxiliar”, institucionalizando la violencia paraestatal en el tejido social.
La propuesta de De La Espriella de organizar a los veteranos y reservistas en “Primeras Líneas de Seguridad” en los barrios replica con alarmante precisión este modelo de violencia paraestatal con una nueva y más letal forma de las Convivir. El fascismo necesita que la ciudadanía se vigile a sí misma bajo directrices militares para anular la disidencia antes de que esta pueda manifestarse en el espacio público, complementando esto con la criminalización absoluta de la oposición mediante la propuesta de elevar a rango constitucional la prohibición de la “combinación de todas las formas de lucha” como estrategia de poder político.
El paralelismo con el ascenso del nacionalsocialismo de Hitler no es un ejercicio de retórica hiperbólica, es una advertencia histórica sobre cómo las democracias contemporáneas pueden ser vaciadas de contenido desde su propio interior, manteniendo las instituciones en pie pero destruyendo su carácter plural, independiente y garante de los derechos humanos. Frente a la complejidad del panorama político, es necesario que la ciudadanía entienda que los “milagros” políticos que se ofrecen a cambio de entregar la separación de poderes, la independencia judicial y la monopolización estatal de la fuerza, la concentración de la riqueza en manos de las grandes empresas y corporaciones, invariablemente terminan construyendo regímenes autocráticos donde las mujeres, los campesinos y los más vulnerables terminan pagando el costo del régimen impuesto.
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[1] La licuación de pensiones es un término económico que describe el fenómeno por el cual el Estado reduce el valor real y el poder de compra de las pensiones de manera indirecta, utilizando la inflación a su favor El proceso funciona así: El Estado mantiene el valor en dinero de la pensión fijo o con pequeños aumentos mientras, los precios de la comida, los servicios públicos siguen subiendo con la evidente pérdida de poder adquisitivo.
[2] https://www.youtube.com/shorts/b4liS7_UTvY
María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta Corporación Sur
Foto tomada de: Pares
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