El abelardismo culpa de la inseguridad a la política de paz y vuelve con el cuento de hacerla trizas, destriparla. El problema no es la magnitud de las rentas ilegales, también legales, al servicio de organizaciones delincuenciales o la incompetencia histórica del Estado colombiano para hacer presencia integral en todo el territorio nacional, realidad vigente desde la época de la independencia nacional de España, cuando Francisco Antonio Zea, responsable de los ingresos para el nuevo gobierno, consideraba que era más conveniente buscar créditos con el imperio amigo inglés, que enviar recaudadores de impuestos a las regiones por las dificultades geográficas, políticas y de seguridad. El Estado colombiano renunció a imponer el imperio de la ley – con los monopolios de la fuerza, la justicia y la tributación- para compartir los territorios con civiles armados y organizados, algunos con arriadas banderas de reivindicación social, pero todos tras las lucrosas rentas, reitero, no siempre ilegales.
Como dice Marta Ruiz, llevamos 50 años con las mismas fórmulas para los mismos resultados. El voluntarismo político o demagogia, es la mejor respuesta con afanes electorales después de las debacles o tropiezos con la paz. Ocurrió con el gobierno de Andrés Pastrana después de la silla vacía en el Caguán, cuando apareció Álvaro Uribe con su propuesta de seguridad democrática para hinchar los pechos de los colombianos con euforia y esperanza. Hoy se sabe que sus logros fueron a costa de asesinar miles de inocentes y permitir el reciclaje de los paramilitares, supuestamente desmovilizados, en nuevas organizaciones criminales con otros nombres.
De la Espriella coge un micrófono para anunciar que los delincuentes de siempre tendrán un mes para someterse a la justicia. Presagia bombardeos y centellas; bloques de búsqueda; convocatoria de militares retirados, hoy civiles, para que reediten las mal recordadas convivires; promete mega cárceles y endurecer el régimen penitenciario; sacar al país de la vigilancia internacional de los derechos humanos; mano en la frente, pero dura. No se conoce un diagnóstico de su parte sobre lo que ocurre en el país en cuanto a la seguridad. No importan las causas ni las circunstancias, ni avanzar sobre lo avanzado. Colombia nace el 7 de agosto, con el clásico complejo de Adán. Y lo más fácil y rentable políticamente, es echarle la culpa de los males a la búsqueda de la paz. No importa lo que establezca nuestra constitución, al fin y al cabo, importa más la de los EEUU bajo la interpretación de Trump y sus aliados.
La paz urbana ha sido una gran apuesta de la paz total. Es la gran novedad consignada en la ley 2272 de 2022, que erigió la paz en una política pública, por tanto, de obligatorio cumplimiento. La Corte Constitucional en su sentencia de revisión consideró que era tan suigéneris la iniciativa, que, por no existir antecedentes en tal sentido, era necesario que el Congreso de la república dotara de un marco normativo ese ejercicio. El legislativo no cumplió y hoy es el gran culpable de no haberse podido lograr más, a pesar de la inequívoca voluntad de los actores: gobierno nacional, estructuras criminales y vastos sectores organizados de la sociedad civil pro paz urbana. Esa necesaria confluencia no será tan fácil de lograr en un futuro. Pero la paz urbana llegó para quedarse. No será fácil arrancarla de la expectativa popular en territorios como Medellín y los otros 9 municipios del Valle de Aburrá, Buenaventura, Quibdó y Barranquilla. Porque sus logros son inobjetables.
En el Valle de Aburrá la paz urbana se ha traducido en salvar vidas, su principal conquista. Medellín es entre las grandes ciudades capitales el territorio con la menor tasa de homicidios del país, 11 homicidios por cada cien mil habitantes, nunca vista desde cuando se lleva a cabo ese registro en la ciudad. Muy por debajo de la mitad de la tasa nacional que está en 26. Es posible demostrar que los picos más pronunciados de la reducción de los homicidios coinciden con el funcionamiento del Espacio de Conversación Socio Jurídico, entre la delegación del gobierno y los voceros de las estructuras del crimen de alto impacto. En lo que va corrido de este año 2026, el decremento es superior a los años anteriores y la proyección de la tasa se cercana a un digito, tal como ocurre en toda la subregión del valle de Aburrá con su tasa también histórica de 9,5. Otra realidad inobjetable: hoy, a diferencia de lo que ocurría en periodos anteriores, son más los asesinatos por convivencia que por el accionar de las estructuras delincuenciales. Allí hay un llamado de atención a la institucionalidad local, responsable por norma constitucional de la convivencia ciudadana. El alcalde distrital de Medellín ha preferido sabotear el propósito de la paz urbana, por simple cálculo político. No le importa la tranquilidad pública, excepto limpiar de grafitis de contenido social las vías y los bajos de los puentes, perseguir libros y escritores independientes, y a los trabajadores de la economía popular.
Con la suspensión de la mesa de conversación socio jurídica en la cárcel de Itagüí, se corre el riesgo de regresar a las épocas menos deseables de la ciudad en cuanto a seguridad. El alcalde, el gobernador y el nuevo presidente, seguirán aplicando las mismas recetas de hace medio siglo, con los resultados de siempre.
El otro riesgo, es el del crimen multinacional, al acecho, contenido no por las autoridades quienes no reconocen su dimensión, sino por las estructuras del crimen de alto impacto locales, que manejan y controlan la tensión. Hay una guerra sorda, manejada por debajo para que no se traduzca en muertes. Pero guerra latente. Contrario al interés de la delincuencia transnacional, en Medellín y sus alrededores está prohibido, por la criminalidad organizada del territorio, el tráfico de heroína y fentanilo, dos drogas duras que las estructuras ilegales decidieron vetar en un claro mensaje, no solo de su capacidad de regulación, sino también, al gobierno norteamericano.
Durante el presente año 2026 el municipio de Itagüí ha visto crecer la cifra de homicidios en más de un 160% (a la fecha son 16 homicidios versus 6 en igual periodo de 2025), en su mayor parte, por las disputas entre delincuentes criollos y delincuentes venezolanos. La comuna de Medellín con el mayor número de asesinatos es la del centro o la candelaria. Allí se vive una confrontación agria entre criminales nacionales y extranjeros. Quien controle el centro, terminará controlando la ciudad.
Otra faceta riesgosa del crimen multinacional presente en la oleada diaria de extranjeros delincuentes, que es necesario escudriñar o caracterizar en función de la paz urbana, es la de cientos de mafiosos de otros países que pasan por Medellín a hacer negocios y a darse la gran vida, con múltiples delitos encima. No se trata de mano de obra ilegal barata. Será otro tema.
Volver a las violencias descontroladas que hicieron notoria a Medellín hace pocas décadas y hacerle ancho el camino al crimen multinacional, será la consecuencia lógica de patear la mesa del dialogo socio jurídico que, en contra del querer del gobernante local y a su pesar, tiene mucho que mostrar para bien de la ciudad y el Valle de Aburrá.
Jorge Mejía Martínez
Foto tomada de: Zona Cero
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