La presidencia de la república en manos de la ultraderecha es un recurso imprescindible para implementar la “Vieja Confiable”: el tradicional y manido truco, consistente en encaminar la seguridad ciudadana por la ruta del punitivismo y el enfoque “delitocéntrico”, como antípoda de la seguridad humana.
Ajena a la construcción de una base social solidaria, sostenible y coherente, esto le sirve para reeditar luctuosas experiencias de eliminación de sus contradictores, por activa o por pasiva: mediante el atentado, la cárcel, la intimidación, la amenaza, la estigmatización, el desplazamiento, el exilio y el “ninguneo”.
Para ello, requiere como mecanismo de control social, la construcción de una base social insolidaria cebada mediante el soborno, las redes neuronales de comunicación y control draconiano de la población en microespacios territoriales.
Esto permite posicionar como símbolo de estatus al típico fantoche fascista, ignorante de la historia y del contexto; dotarlo con sus elementos de comunicación, vehículo, armamento y, en distintos escenarios, de uniforme distintivo, dispuesto a transgredir las reglas de convivencia pacífica y a ejercer el efecto demostración del poder gangsteril, lo que les permite imponerse y ganar reconocimiento, mediante la intimidación.
Ya, en los tiempos del estallido social, comenzaron los primeros experimentos en territorios urbanos controlados por los mal llamados “Frentes de Seguridad” mediante patrullajes de grupos de civiles uniformados, armados y dotados de equipos de comunicaciones.
En un contexto donde los expolicías y exmilitares se retiran con ingresos precarios, resultan presa fácil del mercenarismo para guerras externas donde, a menudo, la muerte les espera. Pueden ser cooptados por bandas criminales o, también, servir al régimen de ultraderecha como grupos de choque, en contra de las organizaciones sociales y de la protesta ciudadana.
De hecho, su asentamiento territorial los convierte en estamentos y sectores de clase precarizados y cautivos de unas políticas y programas que los pueden convertir, junto con sus familias, en neoclientelas de regímenes elitistas. Se les adoctrina y atrae para estigmatizar a todo opositor a los designios del poder reaccionario, para catalogar al actor social divergente como agente del “comunismo”, parte del “enemigo interno”, en lenguaje tan propio de la Teoría de la Seguridad Nacional, hoy “Escudo de las Américas”, del Gobierno Trump.
La agenda gubernamental de seguridad, que se perfila, tiene antecedentes en la pretensión de implantar el libre porte de armas para gente “VIP”. El actual vocero de dicha iniciativa es el senador electo por Salvación Nacional, Germán Rodríguez [1]. En coherencia con una antigua y reiterativa pretensión de sectores de ultraderecha, su propuesta tiene cimiento en la promoción del miedo, la ausencia de estadísticas sólidas y el propósito de canalizar mecanismos de autodefensa, sin sopesar los riesgos de incremento de la violencia intrafamiliar, vecinal y organizacional.
Colombia, es un país con una endeble capacidad de tramitar sus conflictos mediante el diálogo, donde predominan las relaciones patriarcales, el fanatismo y son frecuentes las riñas, en medio del alcohol, lo que debería abrir espacio a indagar por la incidencia de los factores culturales de la violencia.
De forma irresponsable, los sectores políticos retrógrados, pretenden imitar el mal ejemplo de contextos internacionales, como ocurre en Estados Unidos, haciendo abstracción del aumento de amargas experiencias de atentados en escuelas y familias, bajo el imperio del fetichismo por las armas y el supremacismo, en medio del declive del “Sueño Americano”, paradójicamente, tan seductor para el gobierno entrante.
El Gobierno electo se propone expedir un decreto, a partir del 7 de agosto, para la creación de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana. Su foco de atención, según dicen, será el combate a la extorsión, el atraco, el homicidio y la reincidencia [2].
Esta medida corresponde a una vieja aspiración de gobiernos territoriales de ultraderecha, como los de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín. Para ello, se pretende el reenganche de expolicías o de elementos de empresas privadas, a quienes se les pretende endosar el papel de “guardianes del orden”.
Se le confiere prelación a una supuesta experticia en el manejo de armas, sobre otras habilidades que, ni se mencionan. Todo parece estar centrado en un militarismo insensato.
Brillan por su ausencia las habilidades en mediación, en promoción del diálogo para la transformación pacífica de conflictos, los enfoques preventivos en situaciones de riesgo de emergencia y la capacidad para manejar contingencias vecinales y sociales, a menos que sea mediante el uso de la cacha del arma de fuego, como otrora se ha podido apreciar en contextos vecinales de Medellín donde el paramilitarismo, nunca se fue.
Se dice que habrá coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dado que aspiran a realizar la captura de extorsionistas, atracadores, ladrones de apartamentos y homicidas.
Quien quiera enterarse acerca de la problemática de seguridad, con base en un enfoque nacional, no puede omitir cuatro fuentes de información estadística fundamentales para Colombia, de carácter nacional, amén de las departamentales y municipales y de los informes de los Observatorios Territoriales Especializados.
Al respecto, cabe destacar: Las estadísticas de la Policía Nacional, que se presentan a través del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional de Colombia (SIEDCO), del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, del Ministerio de Defensa, los boletines estadísticos mensuales y anuales (Forensis) de Medicina Legal y las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que deben ser base para activar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y los Puestos de Mando Unificado por la Vida, mecanismos cuya coordinación están en cabeza del Ministerio del Interior y se articulan con las diferentes entidades nacionales y territoriales, con la misión de proteger los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Por ejemplo, llama la atención que en el Portal de la Policía Nacional [3], en relación con las estadísticas delictivas mensuales y anualizadas, entre 2020 y 2026, se encuentra que el homicidio intencional tuvo su pico más alto en 2025, con 14.037 casos, después de haber tendido a bajar, levemente, en 2022 con relación a 2021, de 13.685 a 13.536 casos. En 2026, este tipo de delito se encuentra en 5.802 casos, lo que llevaría a indagar por períodos y escenarios de los eventos luctuosos respectivos.
Llama la atención que la violencia intrafamiliar tiende a incrementarse y para esto no se evidencia en la propuesta del gobierno entrante, ningún planteamiento. En 2020, los casos denunciados fueron de 118.776 y en 2025 ascendieron a 138.804, dentro de una tendencia creciente en los años anteriores. Así mismo se comportan los delitos sexuales, cuya dinámica oscilante tiende a mantenerse en cifras superiores a los 30.000 casos.
Por ejemplo, el caso de Medellín con el “turismo sexual” y la trata de personas es bastante grave, como lo ha sido en el pasado la utilización de las ciudades colombianas por parte de extranjeros para el tráfico de drogas, la pederastia y la agresión sexual. Esto es un asunto que corresponde, básicamente, a la Alcaldía de la Ciudad, pero el fanático burgomaestre tiende a mirar para otro lado, mientras Migración Colombia ha venido profundizando en el control de viajeros para restringir su acceso a la ciudad.
Es notable que la extorsión viene en aumento a nivel nacional. De 8.189 casos denunciados en 2020 se pasó a 13.441 en 2025, lo que significó una reducción con respecto a 2024. No obstante, la extorsión urbana es un fenómeno que se practica desde los centros de reclusión y también ocurre en las zonas de conflicto armado. La Policía Nacional ha podido incidir en la prevención y control de este tipo de delito, a través del desarrollo de Líneas Especializadas de Emergencia, la investigación criminal y la labor de inteligencia, las campañas de denuncia en pro del no pago, la prevención puerta a puerta y la ciberseguridad.
En cuanto a las amenazas, este tipo de delito viene en proceso de disminución, según las estadísticas de denuncia. De 42.276 casos en 2020, se pasó a 61.892 en 2021 y a 65.148 en 2022. Luego, empezó una tendencia decreciente que llevó a niveles de 44.904 en 2025 y, a junio de 2026, se ubica en 21.587 casos.
En lo que respecta al delito de hurto, se dio una tendencia creciente durante los años 2021 a 2024, al pasar de 404.990 casos a 436.916. En 2025, este tipo de delito se ubicó en 386.496 casos, lo que evidencia una significativa disminución.
En cuanto al secuestro, se trata de un fenómeno delictivo que ha tenido picos de incremento, al parecer, debido a las fluctuaciones del comercio de drogas de uso ilícito y, luego, ha venido siendo controlado por las autoridades. El año de mayores cifras fue 2025 con 702 casos y en 2026 se han presentado solamente 156 casos, lo que llevaría a pensar que al terminar el año se presentará una ostensible reducción.
Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional [4], del Ministerio de Defensa, presenta información estadística actualizada, consolidada, desagregada y mensualizada en Excel, PDF y PPT, con resúmenes anualizados por delitos y por ciudades, así como los resultados operacionales.
El más reciente informe fue publicado el 16 de junio de 2026, con datos a 30 de mayo pasado.
La información en Excel respectiva se presenta desde 2003 y la PPT se sintetiza desde 2015. En el presente artículo no se pretende hacer una exposición exhaustiva de estos aspectos estadísticos. Pero, sí se trata de llamar la atención con respecto al debate necesario con el populismo punitivo, cuya agenda está ideologizada y sesga la comunicación mediante el epíteto, el predominio del adjetivo en el lenguaje estigmatizador y la opacidad estadística.
Al respecto, ni siquiera se trata de hacer una defensa del Gobierno Petro cuyos resultados en materia de seguridad humana son explicables a través de distintos hitos históricos relacionados con la operatividad en los diferentes frentes, a la par que se valora la importancia de establecer la prevención del delito en otros campos de la seguridad humana, tales como el fraude y el papel de la ciberdelincuencia.
Eso sí, vale la pena destacar una tendencia decreciente en relación con el hurto en general, a vehículos automotores, motos, a residencias, al comercio, a las personas y, notablemente, a las entidades financieras. Igualmente, hay una drástica reducción de la piratería terrestre, del abigeato y, aunque la extorsión ha crecido, también se evidencia una dinámica de capacidad de los cuerpos de seguridad para controlar el fenómeno.
Cualquiera puede ingresar a estas bases de datos y evidenciar cómo los delitos en los que enfatiza el gobierno entrante, para implantar sus Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, tienen a ser controlados por los actuales cuerpos de seguridad de la Fuerza Pública.
De estos grupos, muy seguramente surgirán nuevos fenómenos delictivos, como posible efecto de otorgar poderes a grupos que podrán afectar el tejido social territorial y comunitario, con el advenimiento y reedición de nuevas formas del paramilitarismo urbano y rural.
Otra dimensión del problema tiene que ver con las estrategias y programas de seguridad desde las entidades territoriales. Al respecto, un caso emblemático es el relacionado con la Tasa de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, bajo la administración de Andrés Julián Rendón.
En debate de control político de la Asamblea de Antioquia, citado por la oposición, con el propósito de ejercer veeduría sobre el manejo de los recursos de la denominada Tasa Especial de Seguridad, el diputado Juan David Muñoz [5] informó que dicha tasa tiene vicios de legalidad y vacíos jurídicos, por lo cual está demandada. A la vez, es rechazada por la mayoría de la población incluyendo a los empresarios.
El recaudo del primer año fue inferior al 50% de la meta. Sin embargo, el compromiso de inversión del recurso es del 100%, sin que esté disponible y no se sabe de dónde saldrá el faltante. Además, se están priorizando municipios con menores niveles de riesgo, donde es influyente la tendencia política del gobernador, mientras se aplazan los requerimientos de municipios golpeados por la criminalidad, el paramilitarismo y las economías ilegales.
El diputado denuncia que en Antioquia sigue creciendo el índice de violencia en las subregiones, el atentado y la amenaza en contra de los liderazgos sociales y comunitarios
En un contexto nacional e internacional adverso, el progresismo, los movimientos y organizaciones sociales, así como las comunidades, tienen el desafío de enfrentar proactivamente el nuevo escenario que se perfila como reedición de antiguas y nefastas experiencias.
Las lecciones aprendidas en años anteriores de lucha en contra la seguridad democrática del uribismo, la experiencia adquirida y el desarrollo de la capacidad de resistencia requieren de la construcción de agendas nacionales, territoriales y organizacionales de autocuidado individual y colectivo.
Al respecto, seguramente, se desarrollará la capacidad de denuncia nacional e internacional, la acción jurídica, la comunicación alternativa, la pedagogía popular articulada a la innovación en las diversas expresiones de movilización social y cultural.
Ello requiere de la coordinación e intercambio en procesos de fortalecimiento organizacional, donde se vuelve relevante lograr victorias significativas en las elecciones regionales de 2027. La preparación, al respecto, es un factor dinamizador y trazador de rutas de acción pertinentes, en la coyuntura que comienza.
Fuentes|
[1] Lancheros Katherine. Fuerte cruce entre el senador Germán Rodríguez y Petro por el proyecto de porte legal de armas: “Las hacen personas débiles mentalmente”. Infobae. Julio 09 de 2026. [2] Redacción La Silla Vacía. Vía decreto, Abelardo creará un “Bloque de Defensa para Seguridad Urbana”. La silla Vacía. Julio 5 de 2026. [3] Policía Nacional de Colombia e Interpol. Delitos, Convivencia y Seguridad Ciudadana. SIEDCO. Junio 20 de 2026.https://www.policia.gov.co/estadistica-delictiva
[4] Observatorio de Derechos Humanos-Defensa Nacional. Información Estadística. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE SEGURIDAD Y RESULTADOS OPERACIONALES. Ministerio de Defensa Nacional. Junio 16 de 2026.https://www.mindefensa.gov.co/defensa-y-seguridad/datos-y-cifras/informacion-estadistica
[5] Juan David Muñoz Quintero. Debate de control político citado por la oposición para ejercer veeduría sobre los recursos comprometidos en la llamada Tasa Especial de Seguridad. Asamblea de Antioquia. Julio 14 de 2026.https://x.com/juandavidmuoz22/status/2077075784351559923?s=20
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: El Espectador
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