Durante estos tres años se realizó una reforma tributaria estructural que ha fortalecido el fisco nacional con unos 16 billones de pesos anuales que podrían haber sido 22 billones si la Corte Constitucional no hubiese tumbado la norma que establecía que las regalías no podrían incluirse como pago de impuestos para las empresas extractivistas extranjeras. Este descabellado fallo privó a las finanzas públicas de importantes recursos para las políticas sociales.
De la agenda reformista dos de las tres reformas estructurales con modificaciones realizadas en el Congreso en su trámite legislativo han sido aprobadas en medio de una puja entre el gobierno progresista y unas bancadas de los partidos tradicionales ligadas a la defensa de los sectores económicos más poderosos del país. La reforma laboral fue finalmente aprobada en medio del hundimiento de la Consulta Popular que el gobierno esgrimió como alternativa ante el bloqueo institucional en el Congreso. Millones de trabajadores ahora recibirán mayores ingresos por el pago de las horas extras, los dominicales, la formalización de cerca de 60 mil madres comunitarias que atienden a cerca de un millón de niños de los sectores populares de nuestro país, el contrato laboral para los aprendices del Sena que recibirán completo un salario mínimo con sus prestaciones sociales lo cual beneficia de manera directa a cerca de 400 mil jóvenes.
La reforma pensional aún en estudio en la Corte Constitucional que tuvo que ser aprobada dos veces en la Cámara de Representantes por las demandas instauradas por una oposición filibustera y obstruccionista, que ojalá pueda entrar en funcionamiento durante los meses que restan de este año. Con esa reforma que cubre universalmente a todos los colombianos se beneficiarán con un mínimo vital de 230.000 pesos mensuales a tres millones y medio de adultos mayores que carecen de medios de subsistencia. El 80% de los trabajadores verán que sus mesadas pensionales crecerán significativamente y quienes no alcancen a cubrir el número de semanas cotizadas tendrán de acuerdo con sus semanas cotizadas un bono pensional vitalicio. Es una reforma que cubrirá a toda la población adulta mayor del país.
En materia agraria ha habido avances importantes. Durante estos tres años se han entregado 557.000 hectáreas a campesinos sin tierra, se han formalizado 1.5 millones de hectáreas, se han restituido cerca de 600.000 hectáreas a víctimas de la violencia, se ha terminado de actualizar el catastro multipropósito en 180 municipios y se ha entregado crédito de fomento agropecuario por 90 billones de pesos. Cerca de 200 mil jóvenes han ingresado con matrícula cero a las instituciones públicas de educación superior y se ha reducido la deserción en este nivel de la educación.
Quedan muchos pendientes de la agenda reformista propuesta por Gustavo Petro en su campaña electoral pero las cifras anteriores muestran un balance positivo pese a la férrea oposición de los partidos tradicionales, también a equivocaciones del propio gobierno que no siempre ha acertado en la designación de varios de sus ministros y más altos funcionarios de su gobierno. Pero el cambio se ha iniciado y a mi juicio debe continuar.
Quedan pendientes en la agenda reformista temas que son muy importantes. La reforma a la salud es quizás el pendiente más importante para que la salud sea un derecho fundamental con salud preventiva, pago directo a los prestadores de servicios de salud, eliminación de la intermediación financiera y que el manejo de los recursos públicos lo haga el sector público, un sistema blindado contra la corrupción con un sistema de doble auditoria donde las Gestoras de Salud auditen las cuentas de los prestadores y a su vez la ADRES audite a las Gestoras de Salud y Vida, con un sistema único de información en tiempo real y mecanismos robustos de participación ciudadana con un Consejo Nacional de Salud como parte de los organismos rectores del sistema. Este debate se hará en este semestre con resultados inciertos. Falta una reforma política que naufragó en este Congreso, una reforma a la ley de servicios públicos, una reforma a la justicia y la ley que reglamente el Acto Legislativo aprobado por el Congreso y que busca fortalecer el sistema de transferencia de recursos y competencias a las entidades territoriales. Son puntos de la agenda de gobierno que estarán en el centro del debate presidencial que ya estamos viviendo.
Otro pendiente es el de la política de paz donde los resultados de este gobierno aún son inciertos, pero no son buenos. La política de paz total debe ser reformulada. Se debe avanzar en los procesos abiertos y que pueden avanzar hasta dejarlos en terreno firme si se logra aprobar el marco legal para que avancen los procesos de sometimiento a la justicia. Pero es evidente que se requiere de una modernización y de fortalecimiento de las labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Policía para someter a las bandas criminales y a las organizaciones a quienes se ha reconocido su naturaleza política que cada vez se distinguen menos de las bandas criminales por sus acciones en contra de la población civil y su imbricación con el narcotráfico y la minería ilegal. Esta reformulación de la política de paz debe avanzar en el control del territorio con la presencia del Estado y no solo de sus fuerzas armadas. En esta dirección también debe avanzar una reestructuración a fondo de los programas de sustitución de cultivos y de apoyo a las comunidades para insertarlas en las economías legales.
En síntesis, los candidatos del Cambio, que debe continuar, tienen resultados tangibles que deja este gobierno y sobre los cuales se debe construir la propuesta de gobierno que será sometida a los electores tanto para las elecciones parlamentarias como para las elecciones presidenciales. El bloque progresista debe marchar de forma unitaria para lograr mayorías en el Congreso de la República que se ha convertido en el principal obstáculo a las reformas, pero para lograrlo, se requiere caminar en la dirección de los Acuerdos suscritos ya en el Pacto Histórico. Que las listas cerradas y paritarias sean definidas en la Consulta del 26 de octubre y que de allí salga un candidato o candidata única que iría a una consulta del Frente Amplio en las elecciones parlamentarias del mes de marzo del año 2026. Solo profundizando la democracia y la participación ciudadana será posible continuar por la senda progresista. Este es el reto.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Infobae
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