La trayectoria republicana del país muestra que la eliminación física de los candidatos que se alinean con los intereses populares es el método predilecto de las élites violentas, en otros tiempos denominadas “fuerzas oscuras” o “enemigos agazapados de la paz”.
La historia registra los asesinatos de líderes políticos, especialmente, de aquellos comprometidos con banderas democráticas de cambio. Los crímenes en contra de Jorge Eliécer Gaitán, Luís Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro así lo corroboran y, más recientemente, el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, evidencia que la violencia política, también ha afectado a miembros de la élite, lo que se traduce en un indeseable, peligroso y repudiable ambiente que amenaza la convivencia política nacional.
Todo ello ocurre, en medio de la situación persistente de crímenes en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, de personas que ejercen liderazgos políticos nacionales y regionales, sociales, comunales, campesinos, étnicos, ambientales y sindicales.
El exterminio sistemático de seis mil militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica es un caso emblemático que llevó en 2023 a sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano.
Según la Plataforma Somos Defensores, solamente entre 2002 y 2022 fueron documentados, como mínimo, 1.333 casos de asesinato y agresión en contra de líderes sociales. Entre estas personas asesinadas, las víctimas mujeres fueron, al menos, 214. Por su parte, Indepaz registra entre enero de 2016 y noviembre de 2025, 1.865 asesinatos. La Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de 2026 establece 1.699 casos de asesinato y ONU-Derechos Humanos establece 972 casos de asesinato verificados, entre enero de 2016 y marzo de 2026.
La problemática se mantiene en zonas críticas, entre otros, en los departamentos del Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Norte de Santander. Allí es donde la violencia persistente constituye el fruto indeseable de haber hecho trizas los Acuerdos de Paz; también, donde el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de maderas y el despojo afecta directamente a quienes procuran la defensa de la tierra, de la vida y de la transformación socioeconómica de los territorios.
En la actual coyuntura electoral, la Defensoría del Pueblo [1] ha establecido la existencia de violencia digital, estigmatización y discursos de odio que van en detrimento del debate democrático. Al respecto, la Defensoría ha realizado un trabajo de seguimiento entre el 13 de marzo y el 15 de abril en pro de un Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia. Al respecto, identificó múltiples factores de violencia política que afectan el debate democrático y el ejercicio de los derechos políticos ciudadanos.
Se evidenció la existencia de amenazas de muerte, estigmatización y difamación, sin que se afecte a todas las candidaturas por igual. Se estableció alta recurrencia de violencia en contra de las mujeres en política, con base en estereotipos de género, sexualización y descalificación personal, prejuicios por la orientación sexual diversa y manifestaciones de racismo en contra de candidaturas afrodescendientes e indígenas.
La Defensoría encuentra que Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aída Quilcué y Sondra Macollins han sido objeto de violencia en contra de las mujeres en política, por prejuicio, por estigmatización y difamación. Iván Cepeda y Aída Quilcué enfrentan alta recurrencia de estigmatización y difamación. Gilberto Murillo y Aída Quilcué han sido objeto de afirmaciones racistas. Por su parte, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo han enfrentado situaciones de difamación y la campaña de Sergio Fajardo ha estado afectada por lenguaje ofensivo.
La Defensoría plantea que las violencias se amplifican en los entornos digitales y corren el riesgo de escalar hacia formas más graves, lo que puede afectar en especial, la relación de las juventudes con la democracia y con la confianza institucional.
Esto, también se expresa en deslegitimación política y desinformación que pasa por señalamientos que pretenden asociar candidaturas con ilegalidad, criminalidad o actores armados. Precisamente, la Defensora del Pueblo, Iris Marín [2] se vio precisada a refutar a la Candidata Paloma Valencia mediante pronunciamiento público, enfatizando en la inexistencia de alguna publicación o informe por parte de la Defensoría que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y reafirma que no tiene ninguna información que permita sostenerlo.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral – MOE – presentó un informe relacionado con la violencia en contra de liderazgos políticos, sociales y comunales [3] durante un período que va del 8 de marzo de 2025 al 8 de marzo de 2026. El Informe registra un descenso del 25,3% en las agresiones con respecto al ciclo electoral de 2022, al pasar de 582 hechos de agresión a 435 en el período considerado de 2025-2026.
Pero, se advierte la existencia de una transformación en la dinámica de la violencia orientada hacia el control territorial y al empleo de “modalidades más focalizadas y estratégicas”. El mayor riesgo en los liderazgos políticos se concentra en las autoridades locales, en el caso de concejales municipales. En los liderazgos sociales, en el caso de los indígenas y en el caso de los comunales, en los presidentes de Juntas de Acción Comunal.
En informe señala un incremento de la violencia en contra de liderazgos políticos, donde se concentró el 62,5% de las agresiones, con 272 casos, lo que representó un incremento del 12,9% frente a este segmento en el proceso anterior. En lo que respecta a la violencia letal el incremento fue del 31% al pasar de 51 a 67 casos, con evidencia del aumento del riesgo para quienes participan de manera directa en la competencia electoral.
En cuanto al secuestro en contra de liderazgos políticos, se pasó de un caso en 2022 a 14 en 2026 y el incremento de la violencia asociada con grupos armados ilegales creció en un 126,8%; esto se puede interpretar, a juicio de la MOE, como mayor presión de la violencia territorial sobre el proceso electoral.
En cuanto a distribución territorial de los hechos, se establece afectación en 193 municipios de 28 departamentos. La mayor concentración se da en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá. No obstante, el 30,6% de los casos de violencia y el 50% de los asesinatos se concentran en la Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).
En lo que respecta a la violencia en contra del liderazgo político y social de la mujer, la MOE registró 80 casos, lo que permite establecer una disminución del 46,3% frente al idéntico período de 2022.
La MOE propone como solución, un modelo de articulación donde las autoridades territoriales asuman el liderazgo y acompañen los mecanismos dispuestos por la Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección, con el fin de contrarrestar la violencia en contra de los liderazgos políticos y sociales. También, invita a rediseñar esquemas de seguridad donde se prioricen los estudios de riesgo colectivo, con el fin de dotar a las comunidades de sistemas de alerta y articularse a la fuerza Pública con el fin de asegurar corredores viales y municipios con afectaciones registradas.
La controversia acerca de las amenazas a candidaturas presidenciales se intensificó a raíz de la denuncia del Presidente Petro, en relación con un posible atentado en contra del Candidato Iván Cepeda [4]. Posteriormente, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, planteó de manera genérica que todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas y que un organismo de inteligencia externo al Ministerio de Defensa le confirmó que ya había suministrado a los Estados Unidos (a La Central de Inteligencia) la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades en el marco de la cooperación internacional. Las valoraciones posteriores se hicieron en la reunión extraordinaria de la Junta de Inteligencia Conjunta.
Cierta ambigüedad del Ministro de Defensa frente al caso particular de Iván Cepeda y la pugnacidad, en medio de la cual se adelanta la campaña electoral, dio pie para que surgieran versiones relacionadas con presuntas amenazas en contra de la candidata Paloma Valencia y el candidato Abelardo de la Espriella, como lo relata Noticias Uno [5]. Como muestra el noticiero, el Señor Rafael Mariño, Registrador de Instrumentos Públicos del Municipio de Soacha recibió como amenaza, una corona fúnebre con su nombre, a raíz de su actividad pública encaminada a evitar la apropiación privada de predios en el municipio, de la zona del ferrocarril para luego volverle a vender al Estado los terrenos que se necesitan para hacer la autopista y el sistema de transporte público. El 8 de abril recibió la corona fúnebre. Además, plantea que uno de sus compañeros ya fue víctima de un atentado por cumplir con su deber de defensa de la propiedad pública.
El Registrador denuncia que horas después de haber publicado la foto relacionada con las amenazas en su contra, la imagen de la corona fue plagiada y presentada como amenazas a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella y así fueron difundidas por redes sociales.
Al tiempo, el gobierno Trump se pronunció solicitando la investigación de las presuntas amenazas en contra de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
El Presidente Petro comentó en su cuenta de X acerca de los planes en contra de la vida del candidato Iván Cepeda, así como del plan para evitarlo y de la puesta en conocimiento por parte de la CIA.
Como reacción a los planteamientos del Presidente, se expresó Bernie Moreno, el Senador de los Estados Unidos, de origen colombiano, hermano de Luís Alberto Moreno y de Roberto Moreno, propietario de la constructora Amarilo, así como María Elvira Salazar, Representante a la Cámara de Estados Unidos, de origen cubano. En sus declaraciones se apresuraron a desmentir el conocimiento de las amenazas, aduciendo la carencia de información por parte de la CIA frente a las amenazas en contra de Iván Cepeda y agregando su preocupación frente a las presuntas amenazas a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
Todo esto ha llevado a valorar la importancia de fortalecer la veeduría nacional e internacional, a la par que se redobla la protección de los distintos candidatos, con arreglo a los niveles de riesgo que puedan presentar, tal como lo explica el Ministro del Interior, Armando Benedetti [6]. El Ministro reconoce que este es un país peligroso y violento, desde siempre. Explica que el gobierno creó una comisión para garantizar seguridad con siete meses de antelación a los precandidatos. Hoy están en los esquemas de seguridad 28 personas, 14 candidatos a presidencia y sus 14 vicepresidencias.
Los esquemas de seguridad se definen según el nivel de riesgo, cuentan con 30 unidades y aumentan a 40 para sus desplazamientos entre ciudades y combinan vehículos convencionales y blindados.
Posteriormente, el Presidente Petro denunció una alianza entre mafias colombianas radicadas en Miami, aliadas con la ultraderecha y enfocadas en labores de desinformación a Donald Trump acerca de las amenazas a candidatos de ultraderecha.
Además, fue enfático en plantear que todos los candidatos deben ser cuidados por el gobierno y destaca el sectarismo existente cuando solo se mencionan dos candidaturas.
Paralelamente a esta controversia de seguridad, sale a flote una ofensiva que ya se percibía de manera sistemática, aunque no se conocían los detalles que fueron denunciado por la Revista Raya y Señal Investigativa RTVC, acerca del Proyecto Júpiter [7]. El proyecto se encamina a influir en la población trabajadora vinculada a las grandes empresas, mediante labor ideológica, lo que podría configurar constreñimiento al elector y a través de los medios de comunicación, mediante mecanismos de manipulación de la opinión pública. Sus propósitos son influir en la opinión pública mediante campañas de miedo, incertidumbre e indignación, dentro de estrategias que constituyen una reedición de los métodos que llevaron a Álvaro Uribe al poder en el año 2002 y que permitieron a la ultraderecha alcanzar la mayoría del voto por el NO, en el plebiscito por la paz de 2016.
A este proyecto se han vinculado grandes empresas, tales como la Constructora Amarilo, Argos, Postobón, las empresas del Grupo Eder, la Cámara Colombiana de Infraestructura, el Grupo Carvajal, El Grupo Sura, el Banco de Occidente, la Universidad de los Andes, el Grupo Corona, la Fundación Echavarría Olózaga, el Grupo Quala y, por supuesto, aunque lo niega, La Silla Vacía, entre otros. Se calcula que la influencia de dichas campañas ha alcanzado a 17 millones de personas.
Además, esto es coherente con la instrucción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el fin de utilizar las Embajadas, influencers y agentes de comunicación locales en campañas de propaganda y ofensiva informativa en contra del multilateralismo y de los BRICS, en medio de la disputa geopolítica por garantizar la hegemonía norteamericana en el continente e incidir en las elecciones que se adelantan en los distintos países.
Al respecto, esto les ha permitido lograr el triunfo de candidatos de ultraderecha en Chile, Ecuador, Honduras, Costa Rica y Bolivia, ampliando la influencia lograda en Panamá, Paraguay, Argentina, Trinidad y Tobago y Guyana, entre otros países del continente.
Así pues, el movimiento democrático y popular en Colombia se enfrenta en la coyuntura a un gran desafío por garantizar la continuidad del proyecto progresista. Hay amargas lecciones propias y ajenas que sirven de referente con respecto a la importancia de adelantar las estrategias y tareas apropiadas para garantizar la continuidad del gobierno progresista. Ello requiere de la conquista del más amplio apoyo popular, con el debido blindaje ideológico, político, organizativo, de autocuidado colectivo y de protección de los candidatos, en un contexto desafiante y volátil, como el que se presenta en el marco del conflicto global.
Fuentes:
[1] Defensoría del Pueblo. “Violencias digitales, estigmatización y discursos de odio deterioran el debate democrático”: Defensora del Pueblo. Marzo 21 de 2026. [2] @MarnIris Marín Iris. Pronunciamiento Defensoría del Pueblo.https://x.com/DefensoriaCol/status/2046757487433470127?s=20
[3] Misión de Observación Electoral (MOE). Violencia contra liderazgos: el número de casos disminuyó en sociales y comunales, pero aumentó en los políticos. Abril 16 de 2026. [4] Redacción Judicial. Gobierno convoca junta de seguridad extraordinaria por posible atentado contra Iván Cepeda. El Espectador. Abril 17 de 2026. [5] Sólo cuando copiaron una de las amenazas que recibió la Fiscalía comenzó a investigar | Noticias UNO. Abril 19 de 2026. [6] Vizcaíno Jaraba Jair. Amenazas a candidatos presidenciales “siempre han sido un riesgo en este país”: Benedetti. Zona Cero. Abril 20 de 2026. [7] Señal Colombia y Revista Raya. “Miedo, indignación e incertidumbre”: el plan del estratega de Uribe para manipular las elecciones. Señal Investigativa. Abril 19 de 2026.https://www.youtube.com/watch?v=MfuK8amrMMY
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Corporación Excelencia en la justicia
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