Entendemos por fraude fiscal o «defraudación» todo comportamiento contrario a la ley para evitar el pago de impuestos. Está relacionado con la economía sumergida de un país, que es el conjunto de intercambios económicos no declarados a la Hacienda pública. Si se descubre que se ha realizado con plena consciencia, hay que penalizarlo, porque da lugar a una disminución del ingreso percibido por la Hacienda pública, que somos toda la ciudadanía.
En el caso de España, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda, más del 70% del fraude proviene de las grandes empresas y las grandes fortunas. Si se consiguiese reducir a la mitad para acercarse al promedio europeo, podrían recaudarse 25.500 millones de euros más.
Aunque en enero de 2012 el Presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, dijo «Hay que echarle una parte muy grande de la culpa a los políticos, por la crisis económica», lo bien cierto es que, durante 1988 y 1989, el Banco de Santander manejó cerca de medio billón de pesetas en dinero negro. Con todo, entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones en las que figuraban como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, trabajadores en paro… La fiscalía pidió para Botín 170 años de cárcel y una multa de más de 130 millones de euros, pero el 25 de abril de 1996 la Secretaria de Estado de Justicia con el PSOE, María Teresa Fernández de la Vega, envió un escrito a la Abogacía del Estado pidiendo que no se dirigiera «acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública contra la citada entidad bancaria o sus representantes». Botín ni siquiera fue juzgado. Tiempo después, Rodrigo Rato —que unas semanas antes había vendido una empresa familiar de aguas minerales por unos 6 millones de euros al Banco de Santander— tomó posesión de la cartera de Economía bajo el gobierno de Aznar. Ni el Partido Popular (PP) ni el PSOE, los dos partidos mayoritarios, denunciaron jamás dicha actuación.
Pese a que varios miembros de la familia Botín ingresaron 200 millones de euros para regularizar su situación fiscal de 2005 a 2009, la Audiencia Fiscal continúa investigándolos por presunto delito fiscal y falsedad documental a causa de los más de mil millones de dólares depositados fraudulentamente en le HBS suizo.
Aunque la amnistía fiscal aplicada por el ministro Montoro en 2012 permitió, que casi 31.500 contribuyentes regularizasen elementos adquiridos con rentas no declaradas a un tipo de interés reducido, el Gobierno recaudó menos de la mitad de lo calculado.
Pese a que la Agencia Tributaria consiguió aflorar 40.000 millones de euros ocultos al Fisco gracias la «regularización extraordinaria», los amnistiados solo pagaron una media del 3% de la cantidad regularizada.
En mayo de 2017, la Agencia Tributaria había abierto 3.545 inspecciones derivadas de la regularización de 2012: apenas la décima parte de los contribuyentes acogidos a la amnistía. El 8 de junio de 2017 la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
¿Lucha España contra el fraude fiscal? No lo parece, porque las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% en 2019.
El descenso de efectivos durante la crisis afectó gravemente a todos los departamentos de la Agencia Tributaria (AT), pero solo el área de gestión tributaria ha logrado una mejora de efectivos del 2%. El grueso del recorte (25%) se ha centrado en el personal de áreas comunes, aunque sería necesario un incremento de al menos 5.000 empleados para lograr acercarse a la media de los países de la Unión Europea (UE).
Por ende, el 80% de los recursos de la AT se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores y deja muy poco margen de actuación a la lucha contra el gran fraude en un momento en el que las empresas del IBEX35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos fiscales y centros financieros offshore. Además, la presencia de dichas filiales en territorios opacos no deja de crecer.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda han denunciado que «más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015» y han señalado «que en el mejor de los años, la Agencia Tributaria solo fue capaz de llegar al 9.65% de la evasión tributaria total que se cometió en España».
La evolución seguida por la deuda líquida media en 2012, 2013 y 2014 muestra que la Agencia Tributaria «centró la investigación en los contribuyentes de escasos recursos» (pymes, autónomos y trabajadores), a los que se descubre un menor importe defraudado; mientras que la investigación sobre los grandes patrimonios y corporaciones, es decir el fraude sofisticado, ha decaído.
Otro ejemplo de poca lucha contra el fraude fiscal es la deuda de los partidos políticos con los bancos. Ascendió a 233,3 millones de euros en 2015. La del PP fue en 2016 de 35.68 millones y la del PSOE de 69.94, tal como indicó el Tribunal de Cuentas y apareció en las páginas web de ambos partidos. Sin embargo, los bancos les perdonaron todas las deudas incumpliendo la obligación de informar al Banco de España.
En cuanto a la «Evasión fiscal» y la «Elusión fiscal», la primera se refiere a la actividad gravada por el impuesto que se realiza y oculta al conocimiento de las autoridades tributarias utilizando métodos ilícitos para reducir la cantidad a pagar. Son la ocultación de ingresos, operaciones en territorios Offshore, etc. Es ilegal.
La segunda se ocupa de todas aquellas prácticas que se llevan a cabo para pagar el mínimo de impuestos posibles, siempre dentro de la legalidad vigente. Esta práctica aparentemente legítima y que difícilmente puede perseguirse se convierte en ilegítima cuando se aprovechan vacíos legales, cláusulas y beneficios fiscales que la ley permite, distintos regímenes fiscales a nivel internacional, complicadísimos entramados societarios destinados a pagar el mínimo de impuesto o, en algunos casos, no pagar nada. Se trata de las «prácticas de optimización» o «ingeniería fiscal agresiva» y han sido sobradamente denunciadas porque suponen un abuso claro de la ley. La elusión fiscal es hoy la principal batalla de muchos países que ven cómo sus ingresos caen y no pueden hacer nada por evitarlo.
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, los súper ricos se ahorraron 995,6 millones en 2017 y solo 200 de las 600 grandes fortunas españolas pagan dicho impuesto. La Comunidad de Madrid, tan castigada por el coronavirus a causa de los recortes en Sanidad, mantiene bonificado al 100% dicho impuesto y sus habitantes no pagan un solo euro por ese tributo. Como las fortunas de más de 2 millones de euros de la región están obligadas a declararlo, se sabe que existen 16.856 contribuyentes con un patrimonio medio de 9,7 millones cada uno que dejan de pagar unos 995,6 millones a la caja regional cada año. Ventaja fiscal que no ofrece ninguna otra autonomía y que ha llevado a Madrid a un creciente número de grandes fortunas en los últimos años.
En cuanto al Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.), la iniciativa de gravarlas para reducir la especulación entró en la agenda política tras la crisis financiera. En la reunión del G20 (Pittsburgh, 2009) los líderes europeos propusieron que se considerase tal medida. En 2011, la Comisión Europea (CE) presentó un proyecto de ITF, que difiere de la Tasa Tobin, pues no se aplica a las transacciones en divisas. Sin embargo, sí que se aplicaba a todos los demás mercados, incluidos el de derivados, a todos los participantes y a todos los instrumentos. Tobin preveía un tipo del 0,5%, pero los tipos utilizados por la CE son del 0,1% para las acciones y obligaciones y del 0,01% para los derivados. Los ingresos se estimaron en 30.000 millones de euros al año.
Esta propuesta fue combatida por los grupos de presión financieros y por algunos países como Luxemburgo, Francia y Reino Unido. Solo 10 países continuaron negociando el proyecto de ITF. En junio de 2017 el acuerdo estaba listo, pero, al llegar Macron al poder en Francia, lo bloqueó. El antiguo banquero propuso un «compromiso» que preveía la exención de todos los derivados; es decir, el 90% del volumen de transacciones: ¡una caricatura de la propuesta original!
En España, el Consejo de Ministros aprobó los impuestos a las transacciones financieras y las grandes tecnológicas para modernizar el sistema fiscal.
La tasa Tobin gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de firmas españolas con valor bursátil de más de mil millones y serán los intermediarios financieros que ejecuten la orden de compra quienes la abonen. Montero, que justificó esta tasa con el ánimo modernizador del sistema tributario, también recordó que el «sector financiero recibió apoyo durante la crisis por parte de las Administraciones Públicas», en referencia al rescate concedido por la UE a las antiguas cajas de ahorros. La previsión de recaudación del Gobierno es de 850 millones de euros.
Una SICAV es un instrumento financiero de inversión colectiva que permite invertir dinero y diferir el pago anual de impuestos a través de la creación de una Sociedad Anónima (S.A.) cuyo objetivo social es invertir en Activos Financieros. Los accionistas de la SICAV tributan por las plusvalías una vez se materialicen, repartiendo dividendos o vendiendo acciones de la SICAV con plusvalías al tipo establecido para las rentas de capital en España. Presenta enormes ventajas fiscales.
Requisitos: número de accionistas igual o superior a cien, capital mínimo de 2.400.00 euros, limitaciones a las inversiones (% de capital variable) y cumplir una serie de restricciones.
Las diez mayores SICAV españolas tienen el 70% de su patrimonio invertido fuera de España y han ganado más de 2.700 millones en 5 años, pero no han tributado ni 50.
A finales de 2018, aún había en nuestro país 2.712 SICAV, con un patrimonio conjunto de 27.835,9 millones de euros y 416.029 socios, aunque en los últimos tiempos han experimentado un cierto retroceso acentuado con la llegada al poder de Pedro Sánchez (junio de 2017) y apoyado por formaciones políticas partidarias de suprimirlas o reducir sus privilegios.
De 2014 a 2017, las SICAV ganaron 5.023,9 millones de euros antes de impuestos, pero en 2019 cerraron el ejercicio con pérdidas de 2.286,4 millones debido al mal comportamiento de la mayoría de los mercados en que tienen sus inversiones, consecuencia de las incertidumbres generadas por la política comercial de Donald Trump.
Entre 2003 y 2005, el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda intentó regularizar las SICAV intentando comprobar si tenían al menos 100 accionistas y quiénes eran cada uno de esos inversores. Descubrieron el uso sistemático de testaferros en estas sociedades. Por eso propusieron que las que tuvieran inversores de relleno no debían beneficiarse de pagar un 1% de impuestos, sino tributar al tipo general (35% entonces). Con todo, en plena inspección y durante el mandato presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero (2005, el Congreso de los Diputados decidió que el control de las SICAV dejaría de ser competencia del Ministerio de Hacienda (2005). Su supervisión pasó a manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo que depende del Ministerio de Economía. El TEAC dictó en una resolución a favor de las SICAV (2007) que el único órgano competente para regularlas y controlarlas era la CNMV.
Finalmente, las Empresas Patrimoniales ofrecen tres ventajas: pagan menos impuestos que si tributaran como personas físicas, en caso de ir mal el negocio responden solo por el capital aportado y son de gran opacidad.
En España, había más de 600.000 millonarios (poseer 1 millón de dólares o más) en 2010. Para beneficiarse, todo el que tiene un patrimonio o renta elevados posee una patrimonial: Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Isabel Pantoja, Felipe González, Raúl González, David Bisbal… Aunque es posible que muchas de estas sociedades ya no estén en funcionamiento, pues, al ser descubiertas, pierden opacidad sus titulares.
Pepa Úbeda
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