Anatomía de un reparto desigual
El convenio otorga a Estados Unidos y a un conjunto de corporaciones privadas el control mayoritario, un 55% de gestión operativa efectiva, sobre diecisiete campos estratégicos que concentran más de 65.000 millones de barriles en reservas probadas, cerca de una quinta parte de todo el crudo certificado del país. La cifra, por sí sola, ya dice bastante: equivale a más del doble de las reservas que posee actualmente Estados Unidos dentro de su propio territorio. A cambio, se promete una inyección de capital cercana a los 100.000 millones de dólares y la meta de superar el millón y medio de barriles diarios en un horizonte de veinticinco años.
Lo que suele omitirse en la lectura oficial es la distribución real del valor generado. Con un precio de referencia de 65 dólares por barril, el Estado venezolano recibiría en torno a 19 dólares por unidad producida y vendida, es decir, menos del 30% de la renta petrolera. El resto (regalías, impuestos y una porción sustancial de las ganancias operativas) queda en manos de las empresas concesionarias, entre ellas Chevron, que ya duplicó su huella territorial hasta superar los 2.100 kilómetros cuadrados en la Faja del Orinoco. Conviene ser precisos aquí: esto no constituye, en sentido técnico, una expropiación ni una venta de territorio; el Estado venezolano conserva la titularidad nominal del subsuelo. Pero la distancia entre la propiedad formal y el control real de un recurso estratégico es precisamente el terreno donde se juega la soberanía efectiva de cualquier nación, y ese es el punto que el discurso gubernamental prefiere no discutir.
Esta lógica de reparto no solo revive viejos modelos coloniales de asimetría económica, sino que consagra una brecha inadmisible frente a las urgencias de millones de familias venezolanas empobrecidas. Mientras los recursos son extraídos para alimentar refinerías foráneas y aliviar presiones inflacionarias en el Norte, las mayorías populares continúan lidiando con salarios pulverizados, servicios sanitarios colapsados y una infraestructura comunitaria en ruinas.
La soberanía cedida y el mercado que se beneficia
Aquí conviene distinguir con cuidado entre el hecho documentado y la valoración que de él se hace. El hecho es que los ingresos por exportación de crudo ya no fluyen con autonomía hacia el Banco Central de Venezuela: son retenidos en cuentas bajo custodia del Departamento del Tesoro estadounidense, en virtud de una orden ejecutiva que condiciona cada desembolso a una autorización previa de Washington. La interpretación que se desprende de ese hecho, y que comparten juristas, economistas y hasta sectores disidentes del propio chavismo, es que semejante arreglo desborda ampliamente lo que el Artículo 303 de la Constitución venezolana reserva como propiedad pública inalienable de la industria petrolera. No se trata de una lectura maximalista: cuando un tercer Estado decide qué gastos puede o no cubrir el erario de otro país, la autodeterminación económica deja de ser un ejercicio soberano para convertirse en una concesión vergonzosa, revocable según convenga a quien controla la caja.
A esto se suma la tercerización de la deuda externa, calculada entre 180.000 y 240.000 millones de dólares, a través de la banca de inversión estadounidense, con Centerview Partners al frente de un proceso que compromete los flujos petroleros futuros como garantía de pago a los acreedores. El resultado es una arquitectura financiera cerrada: el país produce, pero no decide; exporta, pero no administra; se endeuda, pero delega en Washington la última palabra sobre cómo saldar esa deuda. Ninguno de estos pasos fue sometido a debate parlamentario ni a consulta popular, lo cual añade un déficit de legitimidad democrática que se suma, no sustituye, al problema de fondo.
Para el mercado petrolero internacional, en cambio, el balance es nítidamente favorable a una sola parte. Estados Unidos asegura un flujo de crudo pesado a costos de extracción extraordinariamente bajos, reconstituye reservas estratégicas que habían caído a mínimos históricos y refuerza la centralidad del dólar en las transacciones energéticas globales, justo cuando otros actores intentaban diversificar hacia monedas alternativas. Es difícil no advertir la asimetría: mientras Washington gana margen de maniobra geopolítica y alivio inflacionario doméstico, la población venezolana continúa conviviendo con salarios devaluados, hospitales desabastecidos y una infraestructura pública que la renta petrolera, en su forma actual, apenas roza.
Desde los micrófonos oficiales, la narrativa gubernamental insiste en que no existe pérdida de soberanía porque la titularidad jurídica del subsuelo continúa residiendo formalmente en la República. Pero la soberanía no es una entelequia jurídica abstracta; es el ejercicio real, material y democrático de la autodeterminación sobre las riquezas nacionales. Ceder el control operativo y gerencial mayoritario del 55% sobre yacimientos estratégicos vulnera de manera frontal el mandato expreso del Artículo 303 de la Constitución venezolana, el cual blindó la propiedad pública inalienable sobre la industria petrolera precisamente para evitar la reedición de las concesiones leoninas de principios del siglo XX.
Un tablero geopolítico reconfigurado
Las ondas expansivas de este pacto no se detienen en las fronteras venezolanas. La suspensión del suministro subsidiado hacia Cuba profundiza el aislamiento energético de la isla y confirma que los recursos del Sur, una vez más, se emplean como instrumento de disciplinamiento regional antes que como palanca de cooperación entre pueblos hermanos.
También se desplazan actores que durante dos décadas sostuvieron una relación distinta con Caracas. China y Rusia ven reorientados los créditos que financiaron bajo el esquema de petróleo por deuda hacia un cerco regulatorio que Washington controla desde el Tesoro, forzando a esos acreedores a renegociar en condiciones que no pactaron originalmente. Pekín, en particular, interpreta el episodio como un desplazamiento deliberado de sus inversiones de largo plazo en la Faja del Orinoco, y ya explora vías para liquidar transacciones petroleras al margen del circuito financiero estadounidense.
El resto de la región tampoco reacciona de forma unánime, y esa fractura merece atención porque desmiente la idea de un Sur global monolítico frente a Washington. Gobiernos como el de Guyana, enfrentado a Caracas por la disputa del Esequibo, respaldaron sin ambages el despliegue estadounidense, mientras México y Brasil, desde posiciones de mayor peso relativo, rechazaron la injerencia militar sin por ello convertirse en aliados incondicionales de la administración interina venezolana. Esa dispersión de posturas revela hasta qué punto el episodio venezolano funciona como una prueba de estrés para la arquitectura multilateral latinoamericana: la CELAC emite comunicados de preocupación, pero carece de mecanismos vinculantes capaces de frenar una intervención que altera, de facto, las reglas de convivencia hemisférica acordadas tras décadas de esfuerzo diplomático.
Este acuerdo nace después de una intervención militar y bajo una relación de fuerza manifiestamente desigual. La secuencia importa: coerción, modificación del equilibrio político interno y acceso privilegiado a recursos estratégicos. Sostener, como hace la administración interina, que no existe pérdida de soberanía porque el subsuelo sigue siendo jurídicamente venezolano es una defensa que se sostiene solo en el plano formal. La soberanía, entendida como derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas naturales, un principio consagrado en el derecho internacional y reiterado por sucesivas resoluciones de Naciones Unidas sobre autodeterminación económica, exige algo más que un título de propiedad nominal: exige capacidad real de decisión sobre cómo, cuándo y en beneficio de quién se explotan esos recursos. Bajo esa vara, resulta difícil sostener que Venezuela conserva un margen de autonomía comparable al de un Estado plenamente soberano.
Nada de esto equivale a idealizar el estado previo de la industria petrolera venezolana, devastada por años de corrupción, desinversión y sanciones acumuladas: el argumento oficial sobre la necesidad de capital fresco no carece por completo de fundamento. El problema no es que Venezuela busque inversión extranjera, cualquier país lo hace, sino los términos en que esa búsqueda se saldó: sin transparencia, sin control parlamentario, sin garantías para las generaciones futuras, y con un gobierno que antepuso su propia supervivencia política a la defensa de un patrimonio colectivo. Llamar a esa conducta subordinación no es una hipérbole retórica; es, hasta ahora, la descripción más ajustada de los hechos disponibles. Y mientras esa lógica de tutela se mantenga intacta, cualquier promesa de reconstrucción nacional seguirá construida sobre una base que no le pertenece del todo al pueblo venezolano.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: TN
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