Un giro hacia la decencia: ¡Con Cepeda, firmes por la vida!

El plan de gobierno “Tres revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida” presentado por Iván Cépeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, es un llamado urgente al humanismo, a recuperar el valor de la palabra, el respeto por la vida y la diferencia e impulsar a nivel social, colectivo e individual, una conciencia profunda y coherente, que nos ubique en nuestra realidad temporal y a la vez nos conecte con los otros, con la historia y el entorno. Es una propuesta para hacer de la política un instrumento colectivo capaz de enriquecer la condición humana.

Cepeda, dentro de su concepción profundamente ética, filosófica y conciliadora, propone construir un gran acuerdo nacional, plural y amplio, que impulse las reformas estructurales que se requieren para superar décadas de exclusión y atraso. “La concentración de la riqueza, la persistencia de un modelo económico improductivo y depredador de la naturaleza, las profundas desigualdades sociales, la macro corrupción, el debilitamiento histórico del Estado en amplios territorios del país y la profunda postración moral producida por décadas de violencia, clientelismo, individualismo extremo y mercantilización de la vida exigen transformaciones capaces de reconstruir la relación entre el Estado, la sociedad y las comunidades sobre nuevas bases de dignidad humana, justicia social, soberanía democrática y cuidado de la vida”.

Las tres revoluciones son una hoja de ruta para superar la pobreza y la desigualdad, construir prosperidad para todas y todos, garantizar derechos fundamentales, democratizar el poder, fortalecer la participación ciudadana, derrotar el irrespeto por lo público y lograr que la búsqueda de una mayor calidad humana sea un objetivo de vida a nivel individual como colectivo.

Las revoluciones, que promueven un cambio estructural y profundo, son:

1. Revolución ética: Para la defensa de la vida, la superación de la violencia, el reconocimiento a las víctimas y una rebelión ciudadana frontal contra la corrupción.
2. Revolución económica y social: Para transformar el modelo productivo, superar la desigualdad y la pobreza, potenciar la producción nacional, reconocer nuestra riqueza y potencial, garantizar salud, educación, hábitat sano y dignidad laboral, impulsar la economía popular y profundizar la reforma agraria.
3. Revolución política y democrática: Para ampliar la participación ciudadana, democratizar las instituciones y alcanzar un gran acuerdo nacional que consolide la paz.

La primera de estas se concibe como una “respuesta estructural frente a la profunda postración moral que atraviesa la sociedad colombiana después de décadas de guerra, corrupción, exclusión y banalización del sufrimiento humano. Esta revolución parte de reconocer que la crisis nacional no es únicamente económica o institucional, sino también ética y cultural”.

Es una revolución porque propone una transformación humana profunda que nos aleje del lenguaje bélico y excluyente que levanta muros infranqueables entre los unos y los otros, que nos permita reconocer nuestro verdadero poder transformador y ejercerlo anteponiendo el bienestar común a los afanes individualistas, excluyentes y egoístas. Esta transformación rotunda implica un cambio de mentalidad, un cambio cultural, social y político. Una nueva manera de vernos, asumirnos y relacionarnos.

Bien sabemos que, en la acción política, los últimos procesos electorales se han convertido en un campo de batalla donde suele exponerse lo más pobre, mediocre y oscuro de la humanidad. Hoy pocas veces el debate público se centra en propuestas, argumentos e ideas innovadoras con real incidencia en la vida de las personas y sus comunidades. Por ello presencia de Cepeda en la contienda reta la inercia de ideas, abre el debate hacia reflexiones más profundas, nos interpela directamente como individuos y propone, como afirma Gonzalo Sánchez, “reglas democráticas vs arbitrariedades programadas, políticas de vida vs propuestas de aniquilamiento, futuro cierto vs salto al vacío”[1].

En el contexto mediático actual, la ignorancia no sólo se tolera, sino que muchas veces se exhibe como rasgo performativo, donde abundan las declaraciones contradictorias, afirmaciones sin sustento ni respaldo y el desprecio al otro y su derecho a ser y pensar diferente. Este exhibicionismo funciona en sociedades limitadas moral e intelectualmente, porque la viralidad premia lo impactante, no lo certero. Y el efecto lo padecemos todos, porque la banalización del conocimiento debilita el debate público, y hoy más que nunca hay que darlo, y hay que darlo con ideas y con altura.

Si bien reconocemos que la democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, ignoramos que, entre sus muchas formas de degradación, ocupan puesto privilegiado la plutocracia, la oclocracia y las contradicciones sociales exacerbadas por un populismo tóxico y violento. Ya no entendemos la acción democrática como un ejercicio social de madurez política donde se impone la lógica del bien común, porque hemos cedido terreno al facilismo de aplaudir el espectáculo de la fuerza y la sinrazón.

La política, como la expresa Cepeda, es, ante todo, la esfera colectiva donde se definen las condiciones de vida, la dignidad y las posibilidades de realización de los seres humanos. Y cuando se orienta la política hacia el enriquecimiento de la condición humana, la prioridad deja de ser el beneficio inmediato de unos pocos y se convierte en un instrumento legítimo de crecimiento colectivo que permite renovar instituciones, normas y prácticas, fomentar la empatía, la solidaridad y la justicia, y reconocer una dimensión moral en todas nuestras acciones. Ese giro requiere reformas culturales, estructurales y de conciencia.

Si el país acepta y reconoce el valor, necesidad y audacia de la propuesta que presentan Cepeda y Quilcué, habrá dado un paso definitivo hacia su propia liberación de las cadenas del odio, los antivalores mafiosos y la indolencia como política de Estado.  Y decir que es una demanda prioritaria no es exageración: basta con reconocer como esta campaña electoral, tal vez más que otras, nos ha acercado al abismo de la degradación moral, ha dejado al descubierto una enfermedad silenciosa, que se contagia fácilmente, pasa de voz en voz, corroe el alma, anula la capacidad reflexiva, simplifica la realidad y convierte la diferencia en amenaza: el odio. Y en este contexto, la hostilidad hacia ese otro, deshumanizado y degradado, se naturaliza como defensa tribal, lleva a la explosión emocional sobre la razón y, finalmente a la violencia y la destrucción. No hay narrativa moral capaz de soportar la despersonalización del otro y el odio como brújula política.

Sabemos muy bien que el odio no es solo una emoción individual, es un fenómeno social peligroso que transforma las relaciones, las instituciones y las narrativas públicas; que dentro de marcos identitarios define un “nosotros” y un “ellos”, asume la existencia de unos otros, unos contrarios, unos “representantes del mal” que hay que derrotar, destruir o destripar.   Y ninguna sociedad atrapada en el odio puede ser feliz o crecer en valor y calidad humana. Y esto parece tenerlo claro Cepeda, cuando propone la empatía como una ruta para el diseño institucional, como un valor humano capaz de guiar las políticas públicas para reconocer deudas históricas, vacíos institucionales, derechos en sectores vulnerables y el deber de impulsar redes de protección social que no estigmaticen ni pretendan anular la diferencia. Incorporar la perspectiva empática implica escuchar activamente, potenciar la participación ciudadana consciente y la comprensión de contextos distintos para formar ciudadanos capaces de ponerse en el lugar del otro e indignarse frente al dolor ajeno.

El Plan de Cepeda renueva sin duda la esperanza en nuestro país y su gente, en un destino más justo que permita avanzar en los importantes logros sociales conquistados por el gobierno Petro, y para ello plantea la solidaridad activa como una práctica colectiva que acepta la interdependencia humana y parte de una premisa básica: nadie se realiza por completo estando aislado. Las políticas fiscales progresivas, sistemas públicos robustos y programas comunitarios que fortalezcan el tejido social son expresiones de solidaridad institucionalizada. Pero la solidaridad también requiere cultura, liderazgo moral y ejemplos cotidianos que validen el cuidado mutuo y la responsabilidad compartida por el bienestar común. Promover la solidaridad significa favorecer espacios de colaboración entre sectores disimiles y evitar la polarización que fragmenta la posibilidad de acuerdos duraderos.

La revolución ética que propone Cepeda, parte de recuperar el valor de lo público, fortalecer la empatía colectiva y construir una nueva sensibilidad democrática basada en la cooperación, la ternura, la verdad y la justicia social. “Esta revolución tiene como eje central la lucha frontal contra la macro corrupción y las redes mafiosas que capturaron importantes sectores del Estado para ponerlos al servicio de intereses privados”. Y para ello la acción de la justicia es central y es transversal. Y no hablamos solamente de igualdad ante la ley, sino de una justicia distributiva que corrija desigualdades estructurales y brinde justicia reparadora para resolver agravios históricos. Con políticas redistributivas bien diseñadas —impuestos progresivos, acceso equitativo a servicios básicos, programas de inclusión laboral, salud, educación y vivienda— se amplían las capacidades humanas. Además, reconocer responsabilidades históricas y articular procesos de reparación, sea económica, simbólica, institucional o judicial, fortalece la confianza social y permite una convivencia más digna y pacífica.

Vivir políticamente con sentido de temporalidad es actuar pensando en las generaciones presentes y futuras. La sostenibilidad ambiental, la preservación del patrimonio cultural y la planificación a largo plazo no son lujos; son obligaciones políticas que honran la finitud humana. Asumir el deber de “legar algo”, como se advierte en las 118 páginas del plan programático del gobierno de Iván Cepeda, implica diseñar políticas que maximicen opciones futuras, como educación de calidad, infraestructuras sostenibles, instituciones fuertes, garantía plena de derechos fundamentales y una cultura pública que valore la responsabilidad intergeneracional. La política responsable evita la miopía electoral y adopta horizontes que reconozcan la transitoriedad de nuestras vidas y la permanencia de nuestras decisiones.

Reorientar la política exige un liderazgo que combine coherencia, trayectoria, transparencia, competencia técnica e integridad moral. Y eso es justamente lo que hoy simbolizan la fórmula Cépeda -Quilcué. Líderes que dan prioridad al bien común, que promueven la deliberación, la ética de lo público, el crecimiento espiritual y la transparencia administrativa; por eso son esenciales para nuestro país, para nuestra democracia y nuestra historia. Como lo son también una sociedad civil activa y los movimientos sociales que cumplen con una función moral y correctiva en tanto vigilan, proponen y recuerdan el propósito humano de la acción política.

Un gobierno orientado bajo una agenda progresista enriquece la condición humana, articula empatía, solidaridad, justicia y una conciencia ética acerca de nuestra temporalidad. No es utopía inalcanzable sino un marco de prioridades: instituciones que escuchan y protegen, redistribución justa, políticas ambientales y culturales que respetan el futuro y la vida, y una cultura pública que valore el cuidado mutuo. Actuar así es reconocer que la política es el arte de hacer posible una coexistencia donde cada vida pueda desarrollarse con dignidad y sentido; y nuestro deber es dejar un mundo más justo y humano que gire hacia la decencia.

¡Estamos firmes con la vida!

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[1] Gonzalo Sánchez; https://x.com/GSanchez2019/status/2066358590244327559

Manuela Klotz

Foto tomada de: El Nuevo Día