La primera promesa consiste en afirmar que el déficit fiscal es consecuencia de un exceso de gasto y que, por tanto, la solución pasa por reducir el tamaño del Estado y eliminar el gasto “innecesario”. Este diagnóstico es incompleto, impreciso y engañoso. El gasto público pasó de representar el 21,5% del PIB en 2022 al 24,3% en 2026, pero ese incremento obedeció al cumplimiento de obligaciones heredadas, como el crédito adquirido con el Fondo Monetario Internacional durante la pandemia, el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y las emergencias económicas que debió atender el Gobierno. Es decir, el aumento del gasto respondió al pago de compromisos extraordinarios y no a un crecimiento desbordado del Estado. De hecho, durante ese mismo período la deuda neta como porcentaje del PIB permaneció prácticamente estable, ya que pasó de 57,6% a 57,9%.
Tampoco puede entenderse el déficit fiscal sin un hecho que el nuevo gobierno omite. Paradójicamente, quienes hoy atribuyen el déficit exclusivamente al gasto fueron también quienes promovieron decisiones que limitaron de manera significativa los ingresos del Estado. La oposición política impidió el recaudo de cerca de 62 billones de pesos mediante la caída de la reforma tributaria, la negación de dos leyes de financiamiento y la suspensión de diversas medidas fiscales por decisiones del Congreso y de las altas cortes. Presentar el déficit únicamente como un problema de gasto es desconocer deliberadamente la dimensión del problema de los ingresos, negar la asfixia fiscal provocada y ocultar que el desequilibrio de las finanzas públicas tiene un carácter estructural.
Ese es precisamente el punto de fondo. Durante décadas Colombia ha intentado financiar un Estado Social de Derecho con un sistema tributario poco progresivo, de baja capacidad redistributiva, amplias exenciones y elevados niveles de evasión. La solución no consiste simplemente en gastar menos, sino en recaudar mejor y de manera más justa. La progresividad tributaria no es una consigna ideológica; es un mandato constitucional según el cual quienes tienen mayor capacidad económica deben contribuir proporcionalmente más al financiamiento de las cargas públicas.
Además, la propuesta de reducir el gasto “innecesario” enfrenta una realidad que el nuevo gobierno prefiere ignorar: el 93% del presupuesto nacional corresponde a gastos obligatorios por la Constitución y por la ley. En consecuencia, el margen para realizar recortes significativos es muy reducido, por lo tanto, el riesgo evidente es que el llamado gasto “innecesario” termine reduciendo la inversión social, la misma que durante este gobierno contribuyó a reducir la pobreza, disminuir la desigualdad, recuperar el empleo y mejorar el ingreso de millones de hogares.
La misma lógica aparece en el mundo del trabajo. Así como el déficit pretende resolverse reduciendo el Estado, la informalidad pretende enfrentarse flexibilizando los derechos laborales. La propuesta de ampliar la contratación y la cotización por horas ha sido presentada como un mecanismo para reducir la informalidad. Importante precisar que, si bien la contratación por horas ya existe, lo que pretenden modificar es la cotización a la seguridad social por horas, lo cual abre un serio debate, ya que el sistema pensional está construido sobre semanas cotizadas, no sobre horas trabajadas; por lo tanto, si actualmente millones de trabajadores tienen enormes dificultades para completar las semanas requeridas, fragmentar aún más las cotizaciones marchitaría la esperanza del derecho a la pensión.
Es ampliamente conocido que las medidas de flexibilización laboral erosionan derechos fundamentales asociados al trabajo digno: debilitan la estabilidad, afectan la remuneración, dificultan el acceso a la pensión y reducen la capacidad de organización y negociación colectiva. También generan incertidumbre, fragmentan los ingresos y obligan a muchas personas a buscar dos o tres empleos para alcanzar un ingreso suficiente sin lograr consolidar una protección social efectiva. Como advirtió Robert Castel, la precarización del empleo no solo disminuye los ingresos; produce inseguridad social al debilitar los mecanismos colectivos que permiten construir una vida con estabilidad y protección.
La Constitución reconoce el trabajo como un derecho fundamental y como uno de los pilares del Estado Social de Derecho, no simplemente como un factor de producción susceptible de flexibilización permanente. Los derechos laborales son el resultado de décadas de luchas sociales que se han pagado con vidas humanas. Por ello, bajo ningún argumento, la flexibilidad no puede convertirse en una autorización para debilitar progresivamente las garantías laborales.
Finalmente, las políticas “milagro” comparten una misma lógica: trasladar a la ciudadanía el costo de resolver problemas estructurales. Se reduce el Estado para equilibrar las cuentas y se flexibiliza el trabajo para abaratar el empleo. El resultado no será un milagro económico, sino en presentar como modernización el debilitamiento del Estado Social de Derecho: un Estado con menor capacidad para garantizar derechos y trabajadores obligados a asumir, con mayor precariedad, el costo de un ajuste que no provocaron.
Jorge Coronel López, Economista y profesor
Foto tomada de: La Silla Vacía
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