Llega el nuevo año, el salario mínimo aumenta para una cantidad significativa de trabajadores en el país y a la par con este incremento se generan una serie de alzas que constituyen una bola de nieve, un efecto reversa donde rápidamente en el tiempo, la recuperación del poder adquisitivo vuelve a perderse, generando pocos beneficios a las familias y por ende al consumo, a la demanda agregada del país.

En efecto, el Gobierno reclama para sí el logro de haber aumentado durante dos años consecutivos el salario mínimo al 6%, por encima de la inflación y a niveles reales que no se habían realizado en los gobiernos anteriores. Con datos desde 1990 y con cifras en términos reales, es decir, descontando (restando) la inflación, en efecto el aumento realizado para el año 2019 fue el más alto, llegando a 2.73 puntos porcentuales (la inflación fue en el año 2018 de 3.18%), el dato más alto hasta entonces había sido en el año 2013 con 2.51%. Para este año que comienza el incremento real es entonces del 2.12% real (con una inflación en el 2019 de 3.8%), nada mal, pero no solo no es el de mayor incremento, sino que es a todas luces insuficiente para mejorar el nivel de vida de las y los trabajadores en Colombia que se ganan por Ley, en trabajos formales, el salario mínimo.

De acuerdo con cifras oficiales la informalidad en Colombia llega al 47.2%, esto significa que esta población trabajadora no necesariamente llega a ganarse el salario mínimo, 10.8 millones de personas aproximadamente. Entre 1 y hasta 2 salarios se gana el 36.7% de la población trabajadora. Entre dos y seis salarios mínimos se gana el 9.2% de los trabajadores, y el 6.3% gana más de seis salarios mínimos mensuales. Ese es el tamaño de nuestra desigualdad, donde el 10% más rico de la población concentra el 45% de la riqueza del país y el 1% el 20% de la riqueza.

Valga decir además que el país se negó la posibilidad de concertar el salario mínimo, aún con la población en las calles, con la juventud reclamando mejores condiciones de vida, empresarios y gobierno desafiaron la protesta, y negaron las pretensiones de trabajadores y pensionados a tener un salario mínimo de un millón de pesos, $19.343 de diferencia que pueden ser mucho o poco dependiendo el lente del que se mire, pero que habrían significado una posición política diferente, un reconocimiento a que el salario mínimo no es solo un elemento de la economía, de los costos de producción, sino un componente esencial de la política, de la distribución de la riqueza y de las apuestas por un país de mayor equidad y productividad.

El salario mínimo sin duda se constituye en una política pública de enormes consideraciones, es un piso que garantiza un ingreso base por el trabajo. Sin embargo, está lejos de representar el dinero suficiente para adquirir la canasta familiar necesaria para una familia promedio en Colombia. Para esto se requieren al menos dos salarios mínimos. Pero también es un factor que incomoda tanto a los empresarios como a los propios hacedores de política, quienes no solo lo consideran alto, sino la razón por la que el país tiene poca competitividad en los mercados internacionales. Es paradójico, mientras en Colombia por la ortodoxia económica se plantean embates fuertes contra el mantener el salario mínimo, ya en otras partes del mundo se avanza no solo en aumentos significativos, muy por encima de las tasas de inflación, sino que se ha empezado a experimentar a través de pilotos con la renta básica como una opción de asignar un ingreso mínimo a las personas, independiente de sus condiciones económicas, sociales o políticas.

El aumento del salario mínimo, que por norma legal no puede ser inferior a la tasa de inflación, se calcula con base en ella más un incremento por productividad, factor entonces que se va a asimilar al crecimiento real del salario. Esta última siempre es un tema fuerte de debate, desde misma concepción y medición tiene bastantes dudas respecto a las partes que deben concertar el aumento. Si se observa históricamente, el incremento promedio por encima de la inflación desde 1990 hasta hoy es de 0,60%, si se consideran solo los últimos 10 años, el incremento llega 1.58 puntos porcentuales promedio anual. Es decir, cuando en los últimos 30 años el crecimiento económico promedia el 4%, el incremento del salario mínimo solo lo hace en el 0.60%, Si bien la última década ha sido más relevante para el tema, acá hay un problema de distribución, la riqueza generada en el país crece más rápido que los salarios, por esto logra concentrarse aún más, haciendo que Colombia ocupe los primeros lugares en inequidad.

El Banco de la República sigue insistiendo en salarios mínimos por regiones, es decir, que se debe permitir que en donde haya más desempleo e informalidad el piso salarial descienda para posibilitar con ello la formalización laboral. Esta es una idea optimista que parte de la concepción que a un menor salario los empresarios se van a motivar a generar empleo con todas las garantías de ley y con los pagos a la seguridad social. Las diferentes reformas laborales en estas tres décadas han demostrado lo contrario, es decir, la reducción del salario total a pagar por parte de los empresarios no ha generado un mayor empleo y menos aún de carácter formal o decente, que debería ser la meta del país. Hay que agregar también que no son pocos los que ya se benefician de la informalidad empresarial y laboral, estar en ella representa la posibilidad de pagar menores salarios y dejar de contribuir a la seguridad social y al pago de impuestos.

A esto se suman otras alternativas gubernamentales que tienen el propósito de modernizar los mercados laborales en el país. Son ya bastante conocidas la propuesta de jornal diario integral para los y las trabajadoras del campo, una ignominia sabiendo que escasamente el 12% del trabajo en el campo es formalizado, una norma de este tipo conduciría a la precarización de esos pocos “privilegiados” que hoy cuentan con las garantías de un contrato formal de trabajo, todos terminarían obviamente con jornales diarios. Desde la racionalidad del empresario no habría alicientes para otros tipos de contratos. Algo similar sucedería con la propuesta de la Ministra de Trabajo del salario por horas.

Los gremios, especialmente ANIF y Fenalco, han salido no solo a defender estas propuestas sino a complementar con otras que intentan reducir o acabar con pagos que desde la nómina benefician a los trabajadores. Entre las propuestas presentadas están la eliminación de los intereses a las cesantías, esto restaría el 1% de la nómina; suprimir el 4% destinado a las cajas de compensación; reducir los costos de enganche y despido; y el pago a los jóvenes del 75% del salario mínimo. Así mismo el tema de salario por regiones se complementa con salarios por sectores económicos.

Toda la justificación de esto es que el salario mínimo se considera alto. Pues bien, independiente de los cálculos frente a la productividad del trabajo o elementos marginales y medios que llevan a la discusión a unos niveles técnicos que podrían darse en otros espacios y que son los argumentos principales del Ministro Carrasquilla, lo cierto es que, en términos nominales, es decir los dineros (salario mínimo) que reciben las familias, los individuos por su trabajo, Colombia no es propiamente el país más costoso de la región, al contrario, en dólares en Colombia se paga por el trabajo 295 (incluyendo el subsidio de transporte, sin él sería de 264), mientras que en Uruguay equivale a 430, Ecuador 400, Chile 389, Paraguay 331, Bolivia 299, Argentina 283, Perú 279, Brasil 254 y México 199.

En fin, se trata, sin duda alguna, de una gran cruzada por mantener a la baja los costos salariales en un país caracterizado por la informalidad, la pobreza y la desigualdad. O mejor, es el intento desde diferentes aristas por eliminar el salario mínimo. En un país donde el incremento en la demanda, en el gasto se está haciendo vía crédito, elemento peligroso si conlleva a un sobreendeudamiento de las familias, razón, en parte, de las protestas en Chile.

El gobierno debería estar preocupado por una adecuada redistribución del ingreso y por llevar a toda la economía hacia la formalidad laboral y al cumplimiento de las garantías laborales, esa sí que sería una ayuda interesante a los empresarios formales que cumplen con las normas. Pero la idea es, al contrario, llevarlos a todos a las condiciones de precariedad laboral de la informalidad, como sustento de una mayor competitividad. Sucede en el campo, en la industria, pero también con las plataformas, estas no se deben prohibir, se regulan y se ponen a tono con los derechos laborales de los conductores, en el caso de Uber, lo que también debería primar para los taxistas, que evidentemente poco lo cumplen.

Jaime Alberto Rendón Acevedo, Universidad de La Salle.

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