Se afirma que desde el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”, con el “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental”, se busca la “entrega masiva de tierras, formalización de la pequeña y mediana propiedad rural y acelerar el catastro multipropósito”.
Se asevera por igual que “Son baldíos todos los predios rurales situados dentro de los límites del territorio nacional que carecen de un dueño particular y que, por este motivo, le pertenecen a la Nación… en muchos casos estos bienes baldíos pueden estar ocupados y ser explotados económicamente por particulares, pero ese solo hecho no los convierte en propietarios o poseedores del bien”. “…los baldíos solo pueden ser adquiridos por adjudicación que haga directamente la autoridad de tierras, es decir, la Agencia Nacional de tierras-ANT”.
Precisamente la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el proceso de rescate de tierras para aplicar la Reforma Agraria tan necesaria en el país, ha recuperado al menos 181.000 hectáreas consideradas como baldíos nacionales, que ilegalmente estaban ocupadas por terratenientes, casualmente con estrechas relaciones familiares, políticas y económicas con reconocidas figuras del Congreso Nacional. En el país se asegura, existen aproximadamente 48 millones de hectáreas consideradas baldíos (20% del territorio nacional), con presencia en 979 municipios. Y de seguro que faltan aún miles o más bien ciento de miles de tierras que a través de los años han sido usurpadas por acaparadores de las mismas, no solo para fortalecer sus propias economías sino para ejercer poder político en las regiones e incluso en la nación. Todos unos señores feudales en pleno siglo XXI. Los Departamentos con mayores acciones de recuperación de tierras consideradas baldíos, han sido primordialmente Córdoba, Cesar, Meta, Caquetá, Vichada, Magdalena, Arauca y Antioquia. Se están investigando posibles baldíos ocupados irregularmente en el Valle del Cauca, Tolima y Norte de Santander. No olvidemos el caso de los Menonitas (en su mayoría ciudadanos extranjeros), en Puerto Gaitán, con las 40.000 hectáreas arrebatadas, usurpadas a los Pueblos Originarios. No sobra resaltar que la ANT, entre recuperación, compra y formalización ha incidido en alrededor 2.5 millones de hectáreas, para aportar a la Reforma Agraria Integral.
Ahora bien, ¿cuál es papel que debe jugar la sociedad y en especial la institucionalidad en la recuperación de lo que se considere un bien público, como es el caso de los Baldíos de la Nación?
Un papel de relevancia está en la Universidad que, desde sus posibilidades Técnicas, jurídicas y sociales, les permitiría aportar al catastro multipropósito, “la investigación sobre tenencia de la tierra, la formulación de proyectos productivos sostenibles y el acompañamiento a la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”. Las Universidades deberían “generar información y diagnostico técnico para el inventario y catastro, clarificación de la propiedad, acompañamiento jurídico y social, asesorando a las comunidades en la interpretación de la norma, fomentado también proyectos productivos sostenibles, creando “Observatorios de Tierras” y capacitando a funcionarios y funcionarias”.
Urge el vínculo de la academia a la solución de los conflictos sociales, y que entre en particular a colaborar decididamente para que la tierra de la nación sea destinada primordialmente al reconocimiento de los derechos del campesinado a tener acceso de la misma, además de aportar en la conservación de los ecosistemas. Se necesita una universidad vinculada decididamente al devenir de la sociedad y su entorno.
John Elvis Vera Suarez
Foto tomada de: RTVC Noticias
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