Las declaraciones de Bernardo Francisco Moreno Mejía, alias Bernie Moreno, sobre Colombia necesitan observarse desde ese lugar. El senador de la extrema derecha estadounidense no se limitó a expresar preocupación por las condiciones de seguridad de las elecciones presidenciales colombianas. Sus afirmaciones fueron más allá. Advirtió que Estados Unidos y otros actores internacionales podrían desconocer los resultados electorales si consideraban que existieron irregularidades en determinadas regiones; sugirió que los votos emitidos en zonas afectadas por violencia o intimidación podrían no ser contabilizados; condicionó el futuro de la cooperación entre Washington y Bogotá a quién resulte elegido y elevó aún más el tono al insinuar escenarios de intervención si Colombia tomaba lo que definió como un “camino equivocado”. Más aún, esas declaraciones fueron realizadas por una figura política que posteriormente anunció su participación como observador internacional del proceso electoral colombiano.
Vistas de manera aislada, algunas de estas afirmaciones podrían presentarse como preocupaciones relacionadas con la transparencia o la estabilidad democrática. Sin embargo, observadas conjuntamente y dentro de su contexto político, adquieren una dimensión diferente. No aparecen como comentarios desconectados o simples opiniones personales, sino como elementos que forman parte de una tradición histórica mucho más amplia relacionada con relaciones asimétricas de poder y con la persistente idea de que ciertos Estados poseen una autoridad implícita para evaluar, corregir o encauzar el destino político de otros.
Conviene precisar algo esencial. El debate no gira alrededor de aceptar o rechazar preferencias ideológicas concretas ni de determinar qué proyecto político resulta más conveniente para Colombia. En los últimos años el país ha vivido discusiones intensas sobre desigualdad social, exclusión territorial y reformas orientadas a modificar estructuras históricas de inequidad, incluyendo iniciativas impulsadas por el actual gobierno para ampliar la presencia institucional y reducir brechas sociales. Tales procesos, como ocurre en cualquier democracia, pueden generar apoyos, desacuerdos y debates legítimos. Sin embargo, ninguna diferencia política puede convertirse en fundamento para condicionar externamente la voluntad popular ni para sugerir que ciertos resultados electorales poseen menor legitimidad que otros antes de que la ciudadanía se exprese. El problema aparece cuando la observación comienza a transformarse en orientación política; cuando la vigilancia institucional cruza una línea y adquiere el tono de una advertencia; cuando la preocupación por la democracia empieza a expresarse mediante un lenguaje que suena más a condicionamiento que a acompañamiento. En ese instante ocurre algo más profundo que una simple declaración polémica.
La democracia pierde parte de su esencia cuando algunos resultados parecen aceptables de antemano y otros son tratados con sospecha incluso antes de que los ciudadanos hayan depositado su voto.
La memoria de la mano larga
América Latina posee una memoria extensa. La región ha sido escenario repetido de intervenciones directas e indirectas justificadas casi siempre mediante discursos sobre seguridad, estabilidad o defensa de valores considerados universales. A veces esas intervenciones adoptaron formas militares evidentes. Otras veces llegaron mediante presiones económicas, apoyos selectivos, sanciones diplomáticas o mecanismos menos visibles de influencia política.
Las perspectivas críticas y decoloniales recuerdan que el colonialismo no desaparece necesariamente cuando terminan las ocupaciones territoriales. Puede persistir como una forma de organizar mentalmente el mundo. Puede sobrevivir en la idea de que algunas sociedades poseen autoridad para definir qué proyectos políticos son racionales, qué modelos económicos son aceptables y qué decisiones democráticas merecen ser reconocidas.
Por eso expresiones relacionadas con un supuesto “camino equivocado” adquieren una dimensión problemática. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿quién determina qué es equivocado? ¿El agricultor colombiano que vota desde una zona rural históricamente abandonada? ¿La profesora que deposita su voto en Medellín? ¿El joven que participa por primera vez en una elección? ¿O una voz situada a miles de kilómetros de distancia que interpreta la realidad colombiana desde otros intereses estratégicos?
El principio de autodeterminación de los pueblos no es una frase ceremonial incluida en tratados internacionales para adornar discursos diplomáticos. Es uno de los pilares fundamentales del derecho internacional contemporáneo. La Carta de las Naciones Unidas y diversos instrumentos jurídicos posteriores reconocen que los pueblos poseen el derecho a decidir libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural.
Ese derecho no depende de simpatías ideológicas ni de afinidades geopolíticas.
Aceptar ese principio tampoco significa asumir que todos los gobiernos toman decisiones acertadas o que las democracias están inmunizadas contra errores. Las sociedades pueden equivocarse. Los gobiernos pueden fracasar. Las decisiones colectivas pueden producir frustraciones y desencantos. Pero la posibilidad de cometer errores propios forma parte de la libertad política.
De lo contrario, la democracia termina convirtiéndose en un mecanismo extraño donde las decisiones populares son respetadas únicamente cuando coinciden con determinados intereses externos.
Observar no significa dirigir
Existe además un asunto difícil de ignorar. Las declaraciones de Moreno plantean interrogantes sobre el verdadero papel de su presencia en Colombia.
Las misiones de observación electoral cumplen una función importante dentro de los sistemas democráticos contemporáneos. Su propósito consiste en verificar condiciones de transparencia, detectar irregularidades y contribuir a generar confianza pública. Sin embargo, su legitimidad descansa sobre principios relativamente simples y al mismo tiempo esenciales: imparcialidad, independencia y objetividad.
La credibilidad de un observador no surge únicamente de la institución que lo designa. También depende de sus actuaciones y de sus declaraciones públicas.
Cuando alguien anticipa consecuencias políticas si un país decide determinado rumbo, llama a sectores ideológicos específicos a unificarse y posteriormente asume una posición de observador electoral, aparece una tensión imposible de ignorar. No se trata de negar su derecho a expresar posiciones políticas. Toda persona las tiene. Pero las funciones importan.
Un árbitro puede tener preferencias personales sobre un equipo. Lo que no puede hacer es entrar al campo anunciando previamente quién debería ganar el partido.
Quizá allí se encuentra el problema central de este episodio. No solamente en unas declaraciones particulares, sino en una visión del poder donde ciertos actores internacionales parecen considerar legítimo intervenir discursivamente en decisiones que pertenecen exclusivamente a los ciudadanos de otro país.
Colombia tiene garantías desde el actual gobierno, instituciones sólidas y protección efectiva para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin miedo ni intimidación. Lo que no necesita son tutelas políticas externas que indiquen cuáles resultados deben producir tranquilidad y cuáles deben despertar alarma.
Al final, una papeleta electoral es un objeto pequeño. Pesa muy poco en una mano. Sin embargo, dentro de ella viaja algo inmenso: la posibilidad de que una sociedad diga quién quiere ser.
Y ese derecho, precisamente porque costó demasiado conquistarlo, no admite condiciones, ni advertencias ni amenazas. Pertenece únicamente a los pueblos.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: CNN en Español
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