Una vez superado el impacto de la sorpresa, en las dos campañas, la tarea se ha dedicado a ajustar las estrategias electorales, porque si esto no se resuelve, cualquier propuesta ilusa o real queda en el aire. Algunos, equivocadamente a mi juicio, han insistido que el problema es quién se gana el voto del centro, como si eso fuera un sector político organizado y sabemos que no y que son dos las vetas que deberían tratar de explorar las dos campañas, una, los votos que en la primera vuelta apoyaron a otros candidatos, que tampoco le pertenecen a ningún candidato, en el sentido que puedan ellos decidir a quién apoyar en segunda; bien lo dijo Sergio Fajardo cuando señaló esos son votos libres que cada votante decidirá en el marco de su libertad qué hará en segunda vuelta -si apoya a una de las dos campañas que se mantienen, si vota en blanco o si se abstiene, todas ellas opciones dentro de la democracia-; dos, tratar de convencer a sectores abstencionistas que no participaron en primera vuelta y que si son exitosos podrían lograr que se animen a participar y eso va a depender de las estrategias de comunicación que utilicen las dos campañas y de los mensajes que envíen; todo indica que no deberían ser mensajes ‘ladrilludos’ de contenido ideológico lo que tendrían mayor éxito, sino propuestas concretas de solución de problemas, especialmente hacia capas medias de la sociedad que esperan es alternativas de solución que mejoren la movilidad, las posibilidades de educación secundaria y universitaria -con instituciones públicas y privadas-, la seguridad ciudadana, el acceso al sistema de salud y la provisión de medicamentos y así sucesivamente. Creo que las amenazas de violencia urbana, lo que pomposamente llaman algunos el ‘estallido social’, es algo que no lleva a votar por ninguna campaña, eso es un factor que pesa en contra de quien pretenda asustar con eso, que además ya no asusta a casi nadie.
Lo que podemos derivar de lo propuesto en las dos campañas presidenciales lo sintetizaríamos de la siguiente manera:
La campaña de Iván Cepeda propondría un modelo en el cual predominaría lo que denominaríamos como un capitalismo de Estado, en el cual el principal actor económico sería el Estado, sin prohibir el protagonismo del sector privado por supuesto, pero eso sí sin estímulos y más bien promoviendo impuestos al mismo y priorizando beneficios para sectores minoritarios organizados -nadie discute que es importante formular iniciativas de política social y económica para sectores de minorías, pero sin olvidar no son los sectores mayoritarios de la sociedad colombiana-. La tendencia sería un predominio de la educación pública en los diferentes niveles -la tradición colombiana a lo largo de su historia ha sido una coexistencia de educación pública y educación privada en todos los niveles- e igualmente en el campo de la salud tendencialmente se avanzaría hacia un modelo cuasi-estatal de prestación del servicio.
La llamada política de ‘Paz Total’ la continuará el candidato Cepeda, con algunos ajustes, que por el momento no son claros; su política de seguridad estará basada en el enfoque de la ‘seguridad humana’, con una Fuerza Pública orientada a construir pequeñas obras públicas en los territorios y a proteger a comunidades minoritarias organizadas y seguramente sería un gobierno con bastantes tensiones con la potencia hemisférica, los Estados Unidos y con los demás países de Suramérica, por las orientaciones políticas que son predominantes hoy día en la región. Como no es claro cómo se va a apoyar a los sectores mayoritarios de la sociedad, que son los sectores medios, para los cuales no hay claridad en qué tipo de propuestas se ofrecen -qué política de seguridad para protegerlos a ellos, que política de movilidad, etc.-, es probable que allí existirá un campo de tensiones posibles y de problemas de gobernanza.
Pero los grandes interrogantes de la campaña Cepeda, en la hipótesis de que llegaran a ser gobierno, es si van a dedicarse a debilitar o modificar las instituciones propias de la tridivisión de poderes de la democracia liberal -que fue la gran preocupación con el gobierno Petro y que éste empezó a denominar ‘golpes blandos’, lo que no es otra cosa que el juego de poderes y controles propios y necesarios de la democracia liberal-. Ahora el candidato Cepeda propone un Acuerdo Nacional, que pareciera ser igual a lo que quería el presidente que concluye Gustavo Petro, es decir, Acuerdo Nacional para que apoyen mis propuestas; no, el candidato Cepeda como partícipe activo en procesos de negociación de paz sabe que un Acuerdo es una construcción de los distintos actores, donde todos están dispuestos a ceder en parte para lograr igualmente que todos ganen. Lo que significaría, a vía de ejemplo, que se pueden apoyar unas reformas, pero a un ritmo y con unos contenidos progresivos y previamente discutidos. Pero eso por el momento no está claro y solo genera incertidumbre acerca del uso que se quiera hacer del tal Acuerdo Nacional y el fantasma de una reforma constitucional a través del mecanismo de una Constituyente aparece, pero probablemente es solo un fantasma, como lo mostró en el pasado reciente el caso chileno.
Lo anterior podría desaparecer como ‘fantasma’ si las dos campañas se comprometieran a mantener las instituciones de nuestra Constitución, respeto a los derechos de todos los ciudadanos; independencia de la junta del Banco de la República, que algunos estatistas parece no gustarles y la forma de elección de los magistrados de las altas Cortes, así como la independencia de los organismos de control y el respeto a la autonomía del Congreso -los presidentes deben ser capaces de negociar directamente con el Congreso, o a través de sus ministros, o sus congresistas, las iniciativas de reforma, es lo propio de la democracia-. Y claro cumplir el compromiso constitucional de implementar el Acuerdo del Teatro Colón.
La campaña de De la Espriella, parece proponer la revitalización de un capitalismo de mercado -en sectores de la izquierda prefieren denominarlo ‘capitalismo neoliberal’-, donde en esencia lo que se propone es un rol protagónico para el sector privado -que en todas las economías es el gran generador de empleo- y un rol regulador para el Estado; esto conlleva, seguramente un intento de reducción del Estado, pero eso es algo que ya se ha intentado en el pasado sin mucho éxito. La política en relación con los cultivos de uso ilícito, que es la base del narcotráfico debe ser clara, en el sentido de considerarlos como ilegales y dar un plazo perentorio para su erradicación, o concertada o forzosa. Igualmente habrá una política de confrontación con los grupos armados ilegales, aunque allí todavía hay grandes interrogantes, acerca del cómo. Sin embargo, la preocupación para determinados sectores es si habrá marcha atrás en ciertas reformas que se han venido construyendo desde hace varios gobiernos, como el subsidio para los ancianos, como la matricula cero en educación superior pública o como mantener los derechos laborales que los trabajadores habían perdido en las reformas de comienzo del Siglo XXI -horas extras, dominicales, jornada laboral, etc.- en lo cual considero que la gran mayoría de la sociedad colombiana, incluidos sectores empresariales, estamos de acuerdo en que se mantengan, igualmente el incremento del salario llamado históricamente mínimo y que incluso debería denominarse como salario máximo o salario vital o cualquier otra denominación, se siga incrementando anualmente por encima de la inflación.
Con De la Espriella es altamente probable que exista una mejor relación con los gobiernos regionales y locales, como debe ser en la articulación de los diversos niveles de gobierno. Y habrá una revalorización de la Fuerza Pública –Fuerzas Armadas y Policía- que no es solamente aumentar los salarios como lo hizo el gobierno Petro, lo cual está muy bien y se debe mantener como política, sino el respeto por todos los ciudadanos; no puede aceptarse los ‘secuestros’ o ‘retenciones’ de unidades de la Fuerza Pública, eso debe ser fuertemente sancionado -así como se debe exigir a la Fuerza Pública que sea respetuosa con los ciudadanos, igualmente los ciudadanos deben ser respetuosos con la Fuerza Pública y esto debe ser una política de Estado-.
No hay duda de que el fragor de la campaña presidencial en su fase final lleva a los seguidores de estas y en ocasiones a los propios candidatos a exagerar sus opiniones y propuestas -a utilizar las conocidas fake news o noticias falsas de lado y lado- y las calificaciones o descalificaciones de sus adversarios; la tendencia en esta campaña ha sido la de considerar al otro como ‘enemigo’. Yo estoy convencido que es exageración hablar de Cepeda y sus propuestas como las de un estalinista recalentado, así como estoy convencido que es por lo menos exagerado hablar de que la campaña De la Espriella-Restrepo representan un fascismo -expresión de moda entre la izquierda de la región y lo que es moda casi siempre es por lo menos exageración-.
Estoy seguro de que ninguna de esas dos exageraciones las tendremos, sin importar quien gane la segunda vuelta; habrá sí una oposición dura y combativa contra el gobierno, a la cual debe dársele todas las garantías. ¿Sería posible soñar con un Acuerdo Nacional? no lo veo viable, aunque pareciera que los promotores de esa idea son por el momento solo de un Acuerdo con los amigos, pero no con quienes debería intentarse, que son los adversarios reales. Pero el sueño debe mantenerse, así sea sólo como ilusión.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular® Universidad Nacional – Fundador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz y del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa – Investigador Emérito de Min Ciencias
Foto tomada de: Alcaldía de Bogotá
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