La distribución presupuestal también presenta algunas novedades, siendo el servicio de la deuda pública el sector con mayor asignación ($102.5 billones), igual que en el año 2025 pero con menor designación presupuestal 9.3% ($112 billones); es seguido por educación ($88,2 billones) el cual representa un aumento frente a la presupuesto del 2025 en 11.6% ($79 billones); el sector salud se lleva el tercer puesto con un presupuesto de $78,1 billones presentando un incremento frente al 2025 del 16.4% ($67 billones). El gasto militar, aunque con una reducción leve de $1.5 billones, quedó en $64.9 billones.
No obstante, y ante un crecimiento relevante en los últimos años, pero especialmente para el año en curso, para el 2026 la designación presupuestal al sector agropecuario presenta disminución del 24%, lo cual significa cerca de $1 billón de pesos menos que en el año 2025, generando una alerta en las entidades del sector. Esta la designación más baja en agricultura en el mandato del gobierno Petro ($ 3,2 billones 2026, $4,1 billones 2025), pero uno de los más altos presupuesto de los últimos gobiernos ya que el presupuesto del sector no superó históricamente los $2 billones.
Esto no deja de ser un reto significativo para la agricultura y para los diferentes programas de inversión, si bien es cierto que durante el 2025 la ejecución presupuestal ha presentado dificultades, la menor destinación de recursos puede traer conflictos en la política rural, en particular para la Reforma Rural Integral, hasta tal punto que se dilaten los recursos necesarios para las diferentes entidades del sector, siendo la Agencia Nacional de Tierras la entidad más afectada tras una reducción que explica el 44% del recorte presupuestal con cerca de $448 mil millones en su presupuesto. La Agencia de Desarrollo Rural dispondrá de 209 mil millones menos que en el 2025.
Aunque se ha señalado la reducción presupuestal al sector agropecuario como una alerta, se coincide con el ministro Germán Ávila en que dicha decisión debe leerse también en el marco de la racionalidad fiscal que hoy condiciona el conjunto del Presupuesto General de la Nación. El crecimiento real del gasto público, por debajo de la inflación, y la alta rigidez del presupuesto obligan a priorizar sectores estratégicos y a ajustar la asignación según la capacidad efectiva de ejecución. En ese sentido, la disminución de recursos al agro no necesariamente desconoce su importancia, sino que refleja la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del Estado y orientar el gasto hacia programas con mayor impacto y eficiencia comprobada. Bajo esta perspectiva, la discusión no puede limitarse al monto asignado, sino que debe centrarse en cómo se usan los recursos disponibles para cumplir los compromisos de la reforma agraria y de la política rural en su conjunto. Habrá que discutir en otro espacio si la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, han cumplido a cabalidad con los mandatos presidenciales y del Plan Nacional de Desarrollo, o si, además, su capacidad operativa ante las exigencias de las Reformas, se quedó corta.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura con estos recursos se pretende continuar con la entrega de más tierras para la producción agrícola de los campesinos y así poder consolidar la reforma agraria, enfatizando en que este sector sigue siendo el motor de la economía colombiana. Lo anterior permitiría fortalecer las alianzas productivas con entidades gubernamentales y campesinas para generar unidades productivas sostenibles y competitivas, alineándose con los acuerdos de paz que se han adelantado en el país. Se espera que estos recursos sirvan de apoyo para la vinculación de pequeños y medianos productores agrícolas, campesinos y comunidades étnicas, con los mercados, lo cual incentive el crecimiento y fortalecimiento de las producciones, disminuyendo la brecha entre la cadena comercialización y el campesinado.
Sin embargo, todo esto parece una contradicción, cuando el sector apalanca el crecimiento económico del país, cuando más se requiere hacer esfuerzos para poder seguir fortaleciendo la reforma rural y consolidando lo que se ha avanzado en materia de producción, reconocimiento de derechos a las comunidades rurales y en general en procesos de reforma en el sector, se va a experimentar una caída en los incentivos, que si bien siguen teniendo una cifra importante comparada con los años previos a este gobierno, realmente no da cuenta del énfasis político y estratégico que el Gobierno le ha dado al sector, máxime aun cuando hay acuerdos que cumplir con los diferentes sectores y productivos y poblacionales (campesinos, afros y étnicos, entre otros).
La aprobación del presupuesto por parte del Congreso representa un triunfo para el Gobierno, después de momentos de tensión que hacían prever otro desenlace. No obstante, se queda a la espera de la aprobación de la ley de financiamiento en el marco de la campaña electoral tanto de congreso como de presidencia, lo cual no genera buenos augurios ante la difícil posición de los congresistas que tendrán que autorizar o no el financiamiento del presupuesto, mientras tienen que encontrarse con sus posibles electores, sean estos individuales, colectivos, pero en especial los corporativos.
En este escenario, tanto las tensiones políticas como las restricciones fiscales ponen en evidencia la estrecha relación entre la planeación presupuestal y la gobernabilidad económica. Como se ha señalado desde el Ministerio de Hacienda, la aprobación del presupuesto es solo un primer paso dentro de un marco de alta rigidez del gasto y dependencia del financiamiento futuro, lo que exige responsabilidad y prudencia en la ejecución. Desde esta perspectiva, el reto no radica únicamente en asegurar los recursos para el agro y la reforma rural, sino en garantizar su financiación sostenible y su ejecución eficiente, evitando que los compromisos sociales y territoriales queden condicionados por las coyunturas políticas o por la incertidumbre tributaria. Así, la discusión sobre la ley de financiamiento se convierte en una prueba de coherencia entre la estabilidad fiscal y la promesa de transformación social del Gobierno, la cual exige recursos y un Estado con mayor presencia en las áreas dónde históricamente no ha estado.
Tendrá el gobierno que prepararse para un plan B o C en materia de financiamiento, asunto cada vez más difícil cuando las posibilidades de realizar reformas tributarias estructurales se impiden desde el Congreso mismo o incluso desde las altas cortes, dejando los legados que se tienen: una alta volatilidad normativa tributaria y una estructura tributaria inequitativa y concentradora de la riqueza. El gobierno ha demostrado su racionalidad comprometida con el tema fiscal, incluso pasando por encima de las presiones (oposición) de prensa y de inversionistas nacionales e internacionales (otras cosas son la regla fiscal y el relacionamiento con los organismos internacionales, que podrían discutirse en otros espacios); pero sin duda, ha sido responsable con los temas del Fondo de combustibles, los pagos anticipados de deuda y la optimización financiera a través de instrumentos de innovación.
A todo esto, se suma el desempeño de la DIAN, aun deficiente a pesar de las mejoras evidenciadas en el último período, su capacidad para el recaudo de impuestos y la lucha contra de la evasión e incluso de medidas frente a la elusión.
Así que se tendrá para el 2026 un presupuesto limitado, con la posibilidad que lo sea aún más, ante eventuales y necesarios recortes, incluso para las pretensiones y compromisos del gobierno nacional, lo que demuestra la poca flexibilidad del presupuesto y las urgencias de enfrentar los déficits desde sus orígenes, esto es, el país deberá pensar los tamaños institucionales del congreso, así como de los organismos de vigilancia y control, esos que desde la Constitución de 1991 adquirieron sobredimensiones. Pero no es fácil esto, se requieren de decisiones políticas de aquellos mismos políticos no están dispuestos a asumirlas. Igualmente se tendrán que hacer revisiones a profundidad de las vigencias futuras y con ellas los compromisos de pagos que no necesariamente son viables o que necesitan reprogramación.
El tema de la reforma estructural progresiva y equitativa debe ser un propósito cierto para el próximo gobierno, se trata de redefinir los fundamentos del recaudo para que el esfuerzo fiscal refleje la capacidad real de contribución de cada sector, personas y empresas, fortaleciendo la justicia distributiva y la sostenibilidad del Estado. Se trata también de la posibilidad que las economías populares y campesinas tengan una tributación diferente integrándolas a los circuitos formales, sin ahogarlas con cargas desproporcionadas, de lo contrario seguirá siendo muy difícil pensar en la inclusión de estas economías en los mercados formales. Una reforma progresiva y con justicia tributaria no solo ampliaría la capacidad del recaudo, sino que permitiría financiar las transformaciones sociales y productivas que el país reclama. De lo contrario, Colombia seguirá atrapada en un modelo que recauda poco, concentra mucho y posterga su propio desarrollo, con presupuestos que se limitan a los aspectos básicos, a los rígidos y mínimos mandatos constitucionales.
Fuentes consultadas
https://www.minhacienda.gov.co/w/c%C3%A1mara-aprueba-presupuesto-general-de-la-naci%C3%B3n-2026-y-da-paso-a-la-recta-final-en-el-senado#:~:text=El%20Presupuesto%20General%20de%20la%20Naci%C3%B3n%20aprobado%20para%202026%20asciende,(%24525%2C8%20billones).
https://sac.org.co/presupuesto-general-de-la-nacion-pgn-2026-el-agro-pierde-terreno/
El Espectador. (2025, octubre 19). Ministro de Hacienda: “Podemos construir mayorías en el Congreso para aprobar la reforma tributaria” [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5QdquUu4dsE
Jaime Alberto Rendón Acevedo & Natalia Pardo Anzola, Centro de Estudios e Investigaciones Rurales Universidad de La Salle
Foto tomada de: Marca País Colombia
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