Colombia no atraviesa en el presente simplemente una coyuntura política compleja: atraviesa una disputa profunda por un sentido de nación artificial que ha sido desafiado. Lo que está en juego no es solo un gobierno, sino la posibilidad —real, limitada y en construcción— de transformar estructuras históricas de poder que han definido quién decide, quién se beneficia y quién queda por fuera.
Este análisis asume y argumenta la siguiente proposición: en Colombia persisten relaciones estructurales de poder que se han reproducido históricamente y que reaccionan cuando son amenazadas. Sin embargo, esta afirmación no implica la existencia de una conspiración total, ni la de un control absoluto, sino la presencia de dinámicas históricas verificables de defensa de diferentes intereses de carácter particular.
Colombia ha sido históricamente un país donde las élites económicas y políticas dominantes han tenido una alta capacidad de adaptación. No se trata de un bloque homogéneo ni perfectamente coordinado, pero sí de sectores que, frente a cualquier intento de transformación, tienden a reorganizarse para preservar sus posiciones de privilegio.
Esta dinámica no es nueva. Se ha expresado en distintos momentos de la historia nacional: reformas aprobadas que se diluyen o que son reversadas institucionalmente o violentamente con posterioridad (por ejemplo, reformas agrarias o procesos de paz); cambios que se negocian hasta perder sus alcances; o transformaciones que encuentran límites institucionales imposibles de superar. Consecuencia de lo anterior y desde la misma independencia, la violencia se instaló y se ha manifestado sin pausa en la vida nacional, en el contexto de un conflicto histórico y estructural.
Hoy, esa lógica sigue operando. No como un plan único, sino como una reacción del establecimiento frente a una alternativa de poder que alteró un “equilibrio” histórico, social, político y económico que solo ha sido funcional a un estatus quo de privilegios y exclusiones. Así, a partir de 2022, en el vórtice de este proceso de más de 200 años y ante la elección democrática en el poder ejecutivo de una propuesta progresista de cambio que alteró la inercia histórica ya mencionada, y dirigida al logro de objetivos sociales de inclusión y equidad en un país calificado con una de las peores distribuciones de la riqueza en el mundo, la estructura de poder ha sentido, por primera vez, que la realidad, “su realidad”, manifiesta una crisis, consecuencia ello del despertar de un constituyente primario con consciencia y la decisión necesaria para darle continuación y afianzar un proyecto progresista, que, por primera vez en Colombia, constituya una verdadera alternancia en el poder político y la expectativa de que el Estado Social de Derecho definido en la Constitución Política de 1991, deje de ser una edulcorada imagen en el espejo, misma que ha ocultado eficiente y eficazmente una realidad atroz para millones de colombianos.
Para el desarrollo de este trabajo, en el acápite II, se presenta al lector, una imagen de lo que significa el “establecimiento”, ese constructo cultural como expresión del poder en general, del cual dimana un orden social, económico, político y cultural específico que termina insertado en el sistema profundo de valores y normas sociales de la sociedad, a través del cual los mayorías colombianos al margen del desarrollo se explican o comprenden la realidad, acorde con un orden institucional formal (constitución política, normas, leyes, códigos, etc.) e informal (costumbres, hábitos, tradiciones, etc.) y cuyos alcances interpretativos dependen de las condiciones materiales de existencia de la población. Cuando en una sociedad grandes mayorías son miserables y excluidas, qué es la realidad para esas mayorías, tiene una respuesta muy diferente a la de una en donde la inclusión y la equidad estén presentes.
En el punto III, se exponen algunos elementos centrales de la reacción del establecimiento contra el progresismo y su plan de desarrollo, a partir de agosto de 2022 y se contextualiza dicha problemática en el marco de una dinámica geopolítica caracterizada por una policrisis, en la que unipolarismo por décadas -y en hoy crisis- de Estados Unidos, se expresa en la región en la reedición de la doctrina Morrow de 1823, en función de los intereses y las relaciones de poder históricas del país del norte. En el numeral IV, se expone, en el contexto de la reacción del establecimiento ante las posibilidades del proyecto político del cambio, cómo se reedita, inserta e instrumentaliza, como ha ocurrido históricamente en Colombia, la violencia y el miedo para manipular al elector e influir en la percepción del ciudadano, dada la preferencia nacional expresada en las encuestas por el candidato a la presidencia del progresismo en las próximas elecciones, lo cual es componente esencial de una elaborada estrategia de comunicaciones llamada “Proyecto Júpiter” que pretende, a partir del miedo, la incertidumbre y la indignación, manipular a los colombianos –y en cierto sentido forzar a muchos electores- en beneficio de la candidata de la extrema derecha Paloma Valencia, constituyéndose el delito de constreñimiento electoral, mismo que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, en el acápite V, se propone una respuesta a la pregunta presentada en el título del artículo, misma que implica una acción del pueblo colombiano que es históricamente precisa, imperativa, necesaria y trascendente, para garantizar que el establecimiento colombiano reciba un un mensaje que no deje duda que los colombianos sí despertamos de los cien años de soledad que con realismo mágico dibujó Gabriel García Márquez en su obra cumbre.
II. Componentes del “establecimiento”
El establecimiento es una confluencia de: poder económico, poder político, poder social y poder criminal, que coopta los poderes legislativo, judicial y ejecutivo del Estado nación, más los organismos de control. Se suma a lo anterior, una autoconsiderada aristocracia social; una tecnocracia criolla; medios de comunicación corporativos; y una criminalidad instrumentalizada según el momento histórico, para definir y conservar los poderes económico y político del establecimiento y los privilegios que ello conlleva y que incluye: paramilitarismo; guerrilla; narcotráfico; contrabando; minería ilegal; tráfico de esmeraldas; y bandas criminales herederas del paramilitarismo y de la subversión. En el marco del “establecimiento” colombiano y su “estatus quo” correspondiente, es decir la forma cómo “debe” interpretarse y funcionar la realidad social, económica, política y cultural, la corrupción y el miedo, además de históricos, son características desarrolladas en grado superlativo e incorporadas en todos los niveles del poder del Estado y de las relaciones económicas y sociales, al punto que terminaron naturalizados.
III. Elementos centrales de la confrontación del establecimiento al progresismo a partir de agosto de 2022, hasta la fecha
A partir de agosto de 2022 se configura un escenario de confrontación política marcado por tensiones entre el gobierno progresista y distintos sectores del poder tradicional, luego que la propuesta de un diálogo nacional impulsada por el progresismo no produjo los resultados esperados. Lo que sí produjo, fue una nueva frustración. Y, además, derivó en rupturas políticas y desconfianza entre actores institucionales. En el plano institucional, el poder legislativo, sectores del judicial y las altas cortes han operado -y operan-, en múltiples casos, como límites institucionales para la aprobación de las reformas estructurales que el constituyente primario eligió con la elección de la opción progresista en agosto de 2022; y también operaron obstruyendo las competencias institucionales como ha ocurrido en los casos de las declaraciones de emergencia manifiesta.
A su vez, los organismos de control han sido reiteradamente cuestionados por múltiples voces, por su falta de independencia, lo que ha alimentado la percepción de alineamientos políticos dentro del Estado. En materia de reformas, la laboral logró avanzar, pero a través de procesos de negociación que redujeron su alcance inicial.
En el ámbito mediático, se ha configurado un entorno altamente polarizado. Han circulado narrativas sobre posibles crisis —como la energética— que han sido instaladas sin sustento técnico alguno. Paralelamente, se ha consolidado una estrategia de crítica constante al gobierno, que contrasta con la no visibilización, o la invisibilización, de los avances significativos y comprobables alcanzados en áreas como la política social, educación, pobreza, estabilidad macroeconómica (reactivación del crecimiento, estabilidad de la tasa de cambio, control de la inflación y disminución significativa del desempleo); la reforma agraria en términos de la democratización de la propiedad de la tierra y una jurisdicción agraria que la facilita, desarrollo de energías limpias y liderazgo mundial respecto la descarbonización de la economía y el cambio climático; dignificación y modernización de la fuerza pública; y lucha y resultados inéditos contra las economías ilegales. También se han presentado ataques personales contra figuras del gobierno y sus entornos, lo que configura un evidente deterioro en la calidad del debate público.
En el plano internacional, sectores del gobierno han señalado presiones externas en temas como la política antidrogas, lo que ha generado controversias diplomáticas y políticas y conllevó a la descertificación que arbitrariamente emite los EE. UU. Igual ha sido contante el cabildeo de la oposición en el gobierno norteamericano para deslegitimar y desprestigiar en términos personales y/o judiciales, al actual presidente colombiano. Por su parte, los obstáculos institucionales a las emergencias económicas declaradas por el gobierno, evidencia tensiones en la interpretación de las competencias del poder público.
Asimismo, se han presentado conflictos entre el gobierno y entidades como la Procuraduría, en donde ha sido explícito en esta institución, una visión parcializada en el control disciplinario de los funcionarios públicos del gobierno, y, especialmente, en relación con las numerosas irregularidades electorales y su funcionamiento institucional, que desde años atrás y en las recientes elecciones del Congreso se han presentado, quedando latente un riesgo e incertidumbre para los comicios presidenciales próximos.
En el campo económico, han sido constantes las diferencias entre el Ejecutivo y la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) respecto al manejo de la política monetaria. Mientras el gobierno ha defendido la necesidad de estimular el crecimiento y el empleo acorde con la realidad y estabilidad macroeconómica lograda, el banco central ha priorizado el control de la inflación aumentado la tasa interés recientemente en 200 puntos básicos, lo cual constriñe la productividad y las posibilidades del crecimiento, y aumenta la deuda pública con impacto directo en el déficit fiscal, mismo que la tecnocracia criolla, en el marco de las elecciones presidenciales, ha impulsado públicamente como una opción para –“asustar”- al progresismo (Carrasquilla, 2026). Así, la JDBR, asume una postura ideológica que contradice la realidad, pues las presiones sobre la inflación no vienen de la demanda sino de la oferta por la guerra en Irán y, por tanto, subir la tasa de interés es totalmente inocuo. Se agrega que la JDBR se aleja de lo dispuesto en una sentencia específica de la Corte Constitucional, en la que se determinó que la autonomía de la JDBR respecto a la política monetaria, no es absoluta, sino relativa y debe ser armonizada con la política económica general y, en particular, con las dinámicas del crecimiento y el empleo.
Es relevante señalar, que, respecto a la injerencia externa en la soberanía nacional, es necesario precisar lo que ocurre en entorno geopolítico, enmarcado en las tendencias del emergente multilateralismo, que hace evidente la crisis del unipolarismo por décadas de Estados Unidos, y que se refleja en el ámbito regional, en lo cual es destacable una estrategia que combina al gobierno de Donald Trump, el de ecuador y al uribismo, reflejada en una guerra comercial contra Colombia y la intensión de vincular al presidente Gustavo Petro con el narcotráfico tal como ocurrió en Venezuela, todo ello en el marco de el “Escudo de las Américas”, iniciativa liderada por EE. UU. como parte de la reedición de la doctrina Monroe y que es conformado por 12 países cuyos gobiernos son adeptos sumisos a los intereses norteamericanos y que como pretexto pretende combatir el tráfico de drogas, siendo excluidos de dicha estrategia, los tres países de la región con gobiernos progresistas: México, Brasil y Colombia.
Hoy Ecuador, es el principal exportador de cocaína del mundo y no obstante que el pueblo ecuatoriano dijo no en un referendo a la instalación de bases militares norteamericanas en ese país, el presidente Noboa ha hecho caso omiso, convirtiendo a esa nación en una plataforma de injerencia regional de Estados Unidos a partir de sus intereses, como lo es el hecho de que el 46.7% de la minería en la Amazonía ecuatoriana sea realizada en territorios indígenas (RASG, 2026); o el hecho de que por iniciativa del Comando Sur, “El Ejército de EE.UU. creará una fuerza de guerra autónoma basada en IA en Latinoamérica”, para “(…) desarticular redes narcoterroristas y alcanzar otros objetivos. (EFE), 2026).
IV. La “tormenta perfecta” y el proyecto Júpiter
Como se anunció en el título I, recientemente y de nuevo, se instrumentaliza electoralmente la violencia en Colombia, hoy, a partir de las estructuras criminales colombianas: asesinato del candidato a la presidencia Miguel Uribe y estrategia mediática para vincular al progresismo a dicho evento y hace unos pocos días, numerosos y secuenciales atentados terroristas en el suroccidente colombiano con trágicas muertes de civiles, perpetrados en el Suroccidente de Colombia, región en dónde más se ha avanzado en proceso del gobierno denominado “Paz total”. Igualmente, circulan en redes sociales imágenes falsas de amenazas a los candidatos de la oposición Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Y, sin presentar prueba alguna ni acudir a las autoridades competentes, el partido Centro Democrático, advierte en un medio de comunicación privado, información sobre un atentado contra el candidato Iván Cepeda (Caracol Radio, 2026), con el fin de evitar su presencia en Manizales, pues se manifiesta una creciente adhesión popular a dicho candidato en el departamento de Caldas, evento de campaña que se llevó a cabo sin inconveniente alguno y con masiva participación.
El proyecto Júpiter, entonces, se lleva a cabo en el contexto de una ola calculada de extrema violencia con origen en grupos terroristas cuyo único interés son las rentas ilegales del narcotráfico, pero con el objetivo de hundir así la aspiración y logros alcanzados por el progresismo, para lo cual se magnifica el relato del fracaso de la paz total, instalando en el imaginario de los electores el miedo, la incertidumbre e indignación consecuencia, ello también, del maquillado fracaso en los asuntos de orden público derivados del conflicto histórico y estructural colombiano. En síntesis: un problema cuyas orígenes y causas son históricas y estructurales, encuentra en el negocio de narcotráfico, un instrumento que, no solo en el presente, ha sido muy eficiente para el establecimiento, en lo cual, además, son innegables los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos.
A renglón seguido, se hacen explícitos algunos elementos del proyecto citado: táctica y objetivo: generar miedo, indignación e incertidumbre en los electores, a través de las emociones y en el marco del proceso electoral por la presidencia en mayo 31 de 2026, para que la votación se incline hacia la candidata de la extrema derecha Paloma Valencia, como presunta respuesta y solución al “infinito” miedo, indignación e incertidumbre provocados en los colombian@s en los últimos 3 años y 8 meses y, según dicho relato, por causa de la alternativa progresista ejecutada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y que sus potenciales continuadores, los hoy senadores Iván Cepeda y la indígena Aída Quilqué, agravarían aún más, pues son aliados incondicionales, según el establecimiento y aunque no haya prueba alguna de ello, del comunismo extremo que los dos candidatos representan, pues son aliados de las disidencias de las FARC. Lo anterior, no es más que la reedición y actualización, por “sofisticado”, “académico” y “democrático” que aparenta ser, de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. ¿Caeremos de nuevo los colombianos en la misma trampa?
Y lo expuesto no es otra cosa que un “perfilamiento psicográfico”, tal como se aplicó en la primera elección a la presidencia de Donald Trump y que fue sin duda alguna, muy efectivo. El mercado objetivo, según el mismo proyecto, son los empleados de las empresas financiadoras y las redes sociales, y es claro que, sobre los primeros, es elementalmente deducible, tendrá una influencia determinante las relaciones de poder entre trabajadores y patrones, situación que ya ha sido denunciada ante el Ministerio de Trabajo por empleados y sindicatos. Sus instrumentos son talleres, contenidos e influenciadores, y los tres, han sido desplegados por miles en la empresas y redes sociales, desde antes de las elecciones al Congreso y se planea aplicar la estrategia hasta julio de este año. Cuenta además con dos aliados digitales, uno de ellos la Silla Vacía, medio que niega vergonzantemente su participación, cuando ha sido contratada por el proyecto para generar contenidos. El proyecto se apoya, además, en tanques de pensamiento y sus financiadores son las empresas, sí, las mismas que integran ese capitalismo compinchero colombiano. Capital invertido: $ 7.000 millones.
V. Ante semejante arremetida del establecimiento, ¿qué hacer por quienes apostamos por la continuación, afianzamiento y consolidación del progresismo y que de acuerdo con la más reciente encuesta electoral que Invamer acaba de publicar, pone al cambio como preferencia indiscutible de los colombianos?; (ver ñapa). RESPUESTA: aceptar la invitación, como propuesta pedagógica de la campaña del Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, que hace la reconocida socióloga, política y senadora colombiana Gloria Flórez (2026), a unirnos a la convocatoria de las comunidades indígenas “Súbete a la chiva”, una opción de resistencia, resiliencia, integración y hermandad que nos fortalece y consolida como nación, en el marco de nuestro pluralidad histórica y cultural. En términos de Gloria Flórez: “¡La violencia no va detener la decisión soberana del pueblo de ganar el 31 de mayo en primera vuelta!; ¡no vamos a permitir que esos actos violentos vayan en contra de la consciencia del pueblo colombiano que quiere mantener el proyecto del cambio!”. Lo anterior, es, además, una cuestión de dignidad personal y colectiva; y las comunidades indígenas colombianas, sí que saben del tema.
El presente y futuro de los colombianos está en la disputa entre el poder establecido que busca desaparecer al cambio y detener y reversar lo logrado como lo ha hecho históricamente, contra un presente y un futuro definidos por el constituyente primario como es su derecho. Nos hemos tardado más de dos cientos años en entenderlo, y son muchos los horrores que las mayorías colombianas han padecido. Solo la suma de “ejercer el poder constitucional y de decidir avanzar y garantizar el cambio”, es la ecuación que garantizaría como resultado una democracia real. Colombia no vive una “tormenta perfecta” pero el riesgo de que muchos lo crean está presente. Vivimos algo más complejo y más real: la convergencia de disputas estructurales y resistencias al cambio; y expectativas sociales acumuladas. Sabemos que el establecimiento ha sabido articular históricamente las respuestas para que “su” país, no se desborone como ha estado ocurriendo, lo cual es palpable y demostrable.
El desafío está en otro lugar: en comprender que el cambio es posible, pero no automático; que enfrenta resistencias, pero también abre oportunidades; y que, en última instancia, dependerá de la capacidad del pueblo colombiano como nación para sostener —o no—, un proyecto de transformación en medio de la incertidumbre. El presente y futuro del país no está definido. Está en disputa y se da en medio de un escenario marcado por dos enfoques de desarrollo: el progresista y el neoliberal, que cuenta con la complicidad de un Estado convenientemente, y exprofeso, debilitado, aunque aparente lo contrario; una corrupción que hizo metástasis; y las presiones geopolíticas de EEUU, por la reconquista de América Latina y el Caribe para la explotación de sus recursos naturales estratégicos y que encuentra en ello tal vez la única salida de su decadencia, lo cual lo hace aún más peligroso.
La sociedad colombiana, entonces, pasa del debate del conflicto armado y de la guerra, al debate de la economía en lo cual se confrontan dos frentes: la redistribución de la riqueza, impuestos progresivos, fortalecimiento de lo público, la inclusión social y reformas sociales para la dignificación de la vida; contra, el crecimiento económico neoliberal con beneficio exclusivo para las elites y la consecuente exclusión y explotación hoy en el marco de un neoesclavismo.
Los colombianos, nos enfrentamos, en cierto sentido, a algo muy parecido a lo que acaba de suceder en Barcelona (España), en donde con el liderazgo de Colombia, México y Brasil, se realizó una cumbre en donde líderes progresistas de diferentes partes del mundo, proponen “proteger la democracia”. Al respecto, una certera crítica, señaló que la extrema derecha internacional, no necesita reunirse, pues saben bien que quieren y cómo hacerlo. En fin, lección para el progresismo internacionales: no es suficiente reunirse: hay que actuar.
Ñapa 1: Para la intención de voto en la primera vuelta presidencial, Iván Cepeda obtendría 44,3 por ciento, Abelardo De la Espriella, 21,5 %, Paloma Valencia, 19,8 %, Claudia López 3,6 %, Sergio Fajardo 2,5 %, Santiago Botero 1,4 %, Carlos Caicedo 0,4 %, Luis Gilberto Murillo 0,4 %, Mauricio Lizcano 0,4 %, Miguel Uribe Londoño 0,4 %, Sondra Macollins 0,2 % y Roy Barreras 0,1 %. (El Tiempo, 2026).
Ñapa 2: En este ejercicio analítico, de Noticias del Platanal, me acompaña, para fortuna de los lectores, el sociólogo, profesor e investigador vinculado a la Universidad del Pacífico, Alfonso Cardona Olarte.
Fuentes de información:
Carrasquilla, A. (2026). Instagram. En: https://www.instagram.com/reel/DXdVkBQjfDL/ Fecha visita: abril 30 de 2026.
RAISG. (2026). Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. En: https://www.raisg.org/es/radar/ecuador-el-467-de-la-mineria-en-la-amazonia-es-realizada-dentro-de-territorios-indigenas/ Fecha visita: abril 30 de 2026.
EFE. (2026). El Ejército de EE.UU. creará una fuerza de guerra autónoma basada en IA en Latinoamérica. En: https://efe.com/mundo/2026-04-22/estados-unidos-ejercito-inteligencia-artificial-latinoamerica/
Caracol Radio, (2026). ¿Atentado contra Iván Cepeda? Centro Democrático lanza advertencia desde La Dorada. En: https://www.youtube.com/watch?v=5Wd7v1xQJ60 Fecha visita: abril 30 de 2026
Flórez, Gloria. (2026). En: Instagram. En: https://www.instagram.com/reel/DXkVgpxEV3P/?igsh=dTN6N253ajM1M3Bq Fecha visita: abril 27 de 2026.
García, R. A. (2026). El Tiempo. Nueva encuesta Invamer: así está la preferencia de voto si hay una segunda vuelta a la Presidencia. En: https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-colombia-2026/nueva-encuesta-invamer-asi-esta-la-preferencia-de-voto-si-hay-una-segunda-vuelta-a-la-presidencia-3551064 Fecha visita: abril 27 de 2026.
Alfonso Cardona y Álvaro Albán Moreno
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