En su intervención, el ministro plantó su cara para afirmar que, con esta milagrosa invocación, el gobierno de ADLE busca elevar el reconocimiento de quienes trabajan en el campo. “No se van a llamar campesinos se van a llamar pequeños empresarios del campo” (¡sic!)
Seguramente serán los mismos “pequeños empresarios” que, en su anterior condición de lobista financiero le permitió estructurar un millonario crédito y obtener un jugoso subsidio por 95 millones para el hijo del terrateniente y presidente de Fédegan, José Félix Lafaurie, su jefe.
Como recordaremos, la gestión del ministro se inició con un cinematográfico allanamiento al ministerio de Agricultura, donde un sequito de hombres con overoles negros y maletines marcados con la insignia de Avianca se tomaron las instalaciones del edificio de la ciudadela San Martín donde funciona hoy el ministerio y expulsaron a todos los empleados, sin mediar explicación alguna.
Los forajidos hombres de negro, sin aviso previo ni orden escrita, aprovechando el ambiente de confusión y zozobra del terremoto ocurrido el día anterior, sacaron a todos los funcionarios y contratistas -piso por piso- sembrando un ambiente de terror y, para practicar lo que el ministro denomino “una inspección de seguridad” del edificio de la calle 32.
Luego se conoció, mediante denuncias del sindicato de trabajadores del ministerio -Asadon- que se trataba de personal de inteligencia militar, expertos en ciberseguridad, que se dedicaron durante dos días a ‘rastrear´ la información de los computadores y a realizar una “limpieza” de toda la información alusiva a la reforma agraria, el movimiento campesino y de las comunidades indígenas, afros y Lgbtiq+, que tanto le incomoda al ministro y al gobierno de ADLE.
Ahora se trata no solo de borrar de las comunicaciones oficiales la expresión “campesino”, sino de algo más de fondo de la nueva política agropecuaria del gobierno de Abelardo, negar la condición del campesinado como sujeto de derechos consagrada en la reforma del artículo 64 de la Constitución, que incorporó al bloque constitucional del país, la declaratoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas de los Derechos del Campesinado y otras comunidades que viven en las zonas rurales.
Declaración de los Derechos del Campesinado y otras comunidades rurales
En su declaración la ONU (2013) reconoce que los campesinos y campesinas se (auto)identifican como “actores involucrados vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza” que, bajo “formas de organización basadas en el trabajo familiar y comunitario” -a veces remunerado o no-, desarrollan una diversidad de actividades que van más allá de lo meramente productivo, tales como: laborales, asociativas, ambientales y culturales.
Aunque en el imaginario tradicional, el campesinado se le asocia como “trabajador” o “pequeño productor” ligado a la tierra, en las mediciones realizadas por el DANE[1], se estableció que, de los casi 15 millones de personas que se auto reconocen como campesinos y que constituyen casi la tercera parte (30%) de la población total del país, solo el 44% trabaja en el sector agropecuario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca). Del restante de la población y las comunidades rurales se dedican a otras actividades tales como el comercio rural (11,6%), la manufactura local (7.6%), la construcción (6,6%) y los servicios ambientales y de hogares (30%).
Geográficamente, el 12.8% residen en las cabeceras municipales (4,09 millones), el 84,2% se encuentra localizada en los centros poblados y rural disperso (7,25 millones) y solo el 15,7% no se consideran campesinos (aprox. 1,35 millones).
Esta inmensa masa de población rural hace parte de 5,7 millones de hogares campesinos, que han sido reconocidos bajo un enfoque diferencial como una población de especial protección porque trabajan en las zonas rurales dispersas, en lo que se reconoce como la “Colombia profunda”.
Estos territorios rurales, los campesinos sufren de manera desproporcionada con la pobreza rural, la desnutrición y los efectos del cambio climático. En estos lugares la pobreza y la pobreza extrema son más del doble de la pobreza que aqueja a los sectores populares del país.
De acuerdo con los estudios sociológicos, las causas de la pobreza rural son múltiples, pero tienen una incidencia especial la falta de acceso a la propiedad de la tierra y los factores productivos -los casi 7 millones de campesinos y pequeños productores rurales ocupan menos del 10% de las tierras fértiles, mientras menos de 100 mil grandes latifundistas ocupan más del 80%-. Esta tremenda desigual en la tenencia de la tierra (Gini de propiedad de las tierras es de aprox. 0,89, lo que nos hace uno de los países más desiguales del mundo)
En segundo lugar, los campesinos y los pequeños productores rurales son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático y a la volatilidad de los precios de los alimentos y las materias primas agrícolas. Los eventos extremos del cambio climático como las sequias y las inundaciones, provocadas por los fenómenos del Niño y la Niña respectivamente, golpean con mucha dureza a los campesinos y pequeños productores rurales. Los más recientes incrementos en los precios de los agro alimentos en la canasta familiar de los colombianos, con motivo de la llegada de estos fenómenos, así lo advierten.
Por estas razones, la seguridad y la soberanía alimentaria constituyen unos de los pilares fundamentales de la política pública agropecuaria y rural, que con la llegada del “superniño” se van a ver muy afectadas, ante la inacción y la reducción dramática del presupuesto del ministerio de Agricultura para el sector rural.
Otras afectaciones que hacen muy vulnerables a los campesinos son el envejecimiento y la migración de los jóvenes que le dan la espalda a las actividades agrícolas y rurales debido a la dureza de las labores, la falta de diversificación de las actividades productivas, la ausencia de incentivos y de nuevas oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes rurales.
Igualmente, la discriminación de la mujer rural y la falta de reconocimiento de sus contribuciones a la economía rural y nacional, en particular su trabajo en los sectores no monetarios de la economía rural, pero también las dificultades para acceder a los derechos de propiedad, a los recursos productivos, los servicios financieros, la información, el empleo o la protección social, y con frecuencia son víctimas de la violencia y la discriminación de diversas formas y manifestaciones.
Finalmente, la incapacidad de las políticas públicas para el reconocimiento de la soberanía alimentaria como el derecho de los campesinos a definir sus propios sistemas agroalimentarios y el derecho a una alimentación sana y culturalmente apropiada, reduce las posibilidades de lograr un verdadero desarrollo rural sostenible y ambientalmente amable con el cuidado de los recursos naturales y la vida campesina sana.
La Contrarreforma agraria y rural del gobierno de ADLE,
Las acciones y los anuncios del nuevo gobierno de ADLE, que van en contra de los derechos y necesidades de la población campesina y las comunidades rurales, constituyen una verdadera contrarreforma agraria y rural.
En primer lugar, el frenazo y el desmonte de la política de compra de tierras para cumplir con la meta del millón y medio de hectáreas del PND 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida y a la cual le habían apropiado recursos por más de 1 billón de pesos de la vigencia 2026, con la excusa de unos inexistentes “hallazgos” y la realización una arbitraria “auditoria forense” constituye un peculado por apropiación.
Nada más alejado de la realidad y la transparencia en la gestión de la exministra saliente, Martha Carvajalino, que entrego unos resultados históricos en materia compra y adquisición de tierras, logrando incorporar más de 800.000 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras y la formalización de 2,1 millones de hectáreas. Aunque la asignación y titulación de esas tierras se vio obstaculizada por la negativa del Congreso de aprobar la Jurisdicción Especial Agraria, que le hubiera permitido agilizar los procedimientos agrarios para lograr la titulación de esas tierras más expedita.
Otros importantes logros de la política de tierras del gobierno de Petro, en materia del ordenamiento social y productivo y de protección del suelo rural fueron la creación de 21 Zonas de Reserva Campesina que abarcan más de 650 mil hectáreas y benefician a más de 5.000 familias campesinas. A estas figuras se sumaron la estabilización jurídica de estas territorialidades campesinas (ZRC) que las pusieron a salvo de las disputas de tierras.
Otro hito normativo fue la expedición del Decreto 1147 de 2024, por medio del cual se modificó el Decreto 1777 de 1996, que desentrabó un conflicto histórico para permitir la constitución de las ZRC en zonas de Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959, promoviendo un modelo de economía forestal, conservación ambiental y de la biodiversidad, y la estabilización de la frontera agrícola en las zonas de expansión.
Así mismo, el ministerio de Agricultura bajo la conducción de la ministra Carvajalino logró declarar formalmente 864.000 hectáreas como suelos protegidos para la producción de alimentos (APPA), en 4 departamentos y 25 municipios, con el propósito de blindar los suelos de producción de alimentos frente a las amenazas de expansión urbana, minería y volteos de tierras que ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria.
Finalmente, el gobierno de Petro avanzo en la puesta en marcha de (3) las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la amazonia colombiana y una en la Guajira, que permitió avanzar en la descentralización y autonomía territorial de las comunidades indígenas.
Este conjunto de logros y realizaciones están hoy en día amenazados por el gobierno de ADLE y la contrarreforma agraria que viene cocinando el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, con su sequito de directivos del sector agropecuario y que requieren de la acción y la resistencia del movimiento campesino e indígena de Colombia.
Un nuevo amanecer le espera al campo colombiano.
___________________________
[1] El DANE (2019) en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, Sentencia STP 2028 de 2018 de “disponer de mecanismos para identificar y medir las necesidades de la población campesina”, incorporó a las tres (3) mediciones estadísticas que realiza para la caracterización socioeconómica de la población colombiana: la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) y el Censo Nacional Agropecuario (CNA), una serie de preguntas específicas para incorporar el enfoque campesino integral en sus mediciones.
Luis Alfredo Muñoz Wilches, Economista y MSc en Análisis de problemas económicos, políticos e internacionales contemporáneos.
Foto tomada de: Mafe Carrascal en Facebook
Deja un comentario