Si la constitución de 1991 estableció que el ordenamiento jurídico-político de la nación colombiana es el de un Estado Social de Derecho, ¿por qué ocupamos los primeros lugares entre todos los países del mundo cuando se miden las desigualdades socio económicas de las poblaciones y somos los últimos en los indicadores de bienestar sociocultural de los individuos? Sin duda porque hay una contradicción entre el ideal jurídico-político de la constitución y el orden socio-económico y político que viene de antes de 1991.
La concentración de la riqueza ha venido aumentando significativamente con la desindustrialización de la economía legal y la emergencia de la economía ilegal del narcotráfico. Es ésta una nueva riqueza monetaria que irriga los circuitos de la economía legal nacional y mundial. El “gobierno del cambio”, que es el primer gobierno de izquierda en la historia de la nación colombiana, ha podido poner en evidencia que los cambios socioeconómicos del país han ido en contravía de la constitución de 1991 que ordena el establecimiento de un Estado social de derecho. El fracaso legislativo de casi todos los proyectos de Reforma pone en evidencia que desde 1991 el Congreso ha venido legislando mediante la expedición de leyes que no viabilizan la implementación del Estado social de derecho, sino que facilitan la concentración de las desigualdades sociales, con todas sus consecuencias de empobrecimiento, de carencia de ingresos y de medios de vida para la gran masa de la población colombiana. Pero reformar, es decir, cambiar estas leyes ha resultado una tarea imposible porque predomina un sistema político clientelista, corrupto y parásito del Estado.
Este sistema político, aunque profundamente desprestigiado, sigue siendo funcional para mantener las articulaciones entre la economía legal y la economía ilegal y para que en las elecciones presidenciales surjan los espejismos de un súbito bienestar para toda la gran masa de desposeídos.
En la última década han hecho emergencia candidatos que carecen de trayectoria electoral y que desprecian abiertamente el modelo clientelar, de lo cual han podido disfrutar transitoriamente considerables cifras de votantes. Tales candidatos representan una pura negatividad por ignorancia intelectual de los equilibrios institucionales y de los contrapesos a la discrecionalidad absoluta del poder de estado, del poder económico y de la fuerza bruta en una democracia. Recordemos que hace cuatro años Rodolfo Hernández, quien se presentaba como empresario, como hombre rico, se desmandaba en madrazos contra los políticos, hacía apologías de la fuerza bruta y se declaraba admirador de un “filósofo alemán”, que resultó ser Adolf Hitler, según le respondió a un periodista. Hubiera sido un error calificarlo de nazi dándole así una “identidad filosófica” a Rodolfo.
Hoy tenemos a Abelardo, pero Abelardo tiene apellido de la Espriella, destreza histriónica y muchísima más plata que Rodolfo. Todo parece indicar que Abelardo conservará una parte significativa de sus electores, especialmente de aquellos que, o bien tienen apellido de abolengo, o bien tienen considerable riqueza acumulada, tanto en la economía legal, como en la economía ilegal.
No sobra advertir que la primera fila de votantes suicidas va a estar constituida precisamente por aquellos ciudadanos y ciudadanas que habiendo dedicado su vida a la construcción lícita de un patrimonio votan por el espejismo ideológico que representa Abelardo. Porque en realidad lo que está en juego es la vida, la que tenemos cada uno de los colombianos. La muerte, el principal jinete del apocalipsis ha transitado sobre el territorio de la nación durante los últimos setenta años. Con la JEP, con los cambios sociales, con lo poco que se le ha permitido hacer a este gobierno por los más necesitados y humillados, con la mano extendida del amor y de la paz, se ha ido desmontando al jinete de la muerte. Colombianos, no lo montemos otra vez con Abelardo.
José María Rojas
Foto tomada de: Iván Cepeda Castro en Facebook
Deja un comentario