Colombia se encuentra hoy en esa encrucijada donde las palabras definen el destino del suelo que pisamos. Al observar las propuestas de quienes aspiran a conducir las relaciones del país con el resto del planeta, se hace evidente que no estamos ante un simple debate técnico entre dos programas de gobierno. Lo que se está ventilando en el debate público es un choque profundo entre la memoria y el olvido, entre la autonomía y la sumisión voluntaria. Las candidaturas presidenciales de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella encarnan dos visiones del mundo que ni siquiera habitan el mismo siglo. Son dos respuestas distintas al viejo dilema latinoamericano: la búsqueda persistente de un lugar propio bajo el sol o la entrega de las llaves de la casa al vecino poderoso que siempre ha mirado nuestro jardín con ojos de capataz. Analizar estas posturas exige despojarse de los discursos oficiales para entender qué se esconde detrás de las promesas de seguridad o de paz, y cómo cada una de ellas repercute en la vida de la gente común, esa que nunca es invitada a las cumbres internacionales pero que siempre termina pagando los costos de las guerras y de las crisis económicas ajenas.
La desigualdad global no es un accidente de la naturaleza ni un castigo divino. Es el resultado de un sistema de relaciones internacionales diseñado para que el norte global acumule certezas mientras el sur global acumula incertidumbres y deudas. En ese escenario, la política exterior deja de ser un catálogo de buenas intenciones y se convierte en una herramienta de lucha o de capitulación. Las propuestas que hoy se disputan el rumbo de Colombia nos obligan a preguntarnos si es posible construir una inserción internacional que no repita los viejos vicios coloniales, esos que enseñaron a nuestras élites a mirar hacia Washington o Miami antes de mirar hacia sus propios compatriotas. La soberanía no es un concepto abstracto para debatir en academias jurídicas; es el derecho de un pueblo a decidir su propia manera de vivir, de reflexionar acerca de su quehacer diario, de gobernarse, de comer y de curarse, sin que una potencia extranjera venga a certificar su buena conducta o a dictarle el guion de sus leyes internas.
La rosa de los vientos y la ilusión de la obediencia
Cuando se examina la propuesta de Abelardo de la Espriella, lo primero que salta a la vista es un silencio elocuente. En su programa no existe un espacio propio, una habitación reservada para pensar la política exterior como una construcción autónoma de la identidad nacional. La relación con el mundo aparece allí de manera fragmentada, subordinada a la lógica del castigo, el control y la mirada punitiva. El mundo, en esa visión, no es una comunidad de iguales con la que se dialoga, sino un tribunal ante el cual hay que exhibir credenciales de obediencia para ser aceptados en el club de los elegidos. Su meta declarada es el desmantelamiento de los lazos multilaterales y la entrega de la soberanía jurídica y militar a los dictámenes de Estados Unidos e Israel.
Esta postura se sostiene sobre la reactivación de viejas recetas que ya han demostrado su capacidad para sembrar veneno en la tierra y amargura en las comunidades. Proponer la extradición masiva, la fumigación aérea con glifosato y la erradicación forzada como los ejes de la relación internacional en materia de narcotráfico es retroceder varias décadas en el tiempo. Significa aceptar, sin el menor pudor, el papel de peón en una guerra ajena cuyos muertos y bosques destruidos siempre los pone el sur, mientras el norte pone el consumo y las ganancias financieras. Es la consagración de la soberanía como una simple técnica de control policial interno, donde el Estado renuncia a pensar de manera autónoma el problema de las drogas y prefiere someterse a los manuales redactados en oficinas extranjeras que ignoran el dolor del campesinado y las realidades del desarrollo rural.
La paradoja es mayúscula porque mientras se promete una supuesta soberanía cultural que transforme al país en exportador de propiedad intelectual, en el plano de las decisiones reales se plantea una subordinación que roza el vasallaje. La idea de integrar a Colombia en el llamado “Escudo de las Américas” es, quizás, el ejemplo más nítido de esta renuncia. Bajo la promesa de coordinar esfuerzos contra el crimen transnacional, lo que realmente se propone es la asimilación del ejército y de la inteligencia nacional bajo el mando estratégico de Washington. Entrar en ese pacto implica que la política de defensa del país dejaría de responder a las necesidades de sus habitantes para convertirse en un eco de las prioridades de seguridad nacional de los Estados Unidos. Es el paraguas imperial que no solo decide quién es el enemigo, sino que también condiciona la autonomía económica del país, prohibiéndole comerciar libremente con socios como China si eso incomoda los intereses geopolíticos del norte.
Por el otro lado del camino avanza la propuesta de Iván Cepeda, que decide otorgar a la política exterior la jerarquía de un eje programático fundamental e independiente. Su propuesta no busca la aprobación de los centros hegemónicos, sino la construcción de una diplomacia de paz, autónoma y solidaria. Aquí la soberanía se entiende desde una perspectiva decolonial, como el acto de romper con el cordón umbilical que ha mantenido a la política exterior colombiana orbitando alrededor de los intereses de Washington. Al calificar la extradición y la certificación unilateral como mecanismos de chantaje y dominación imperial, Cepeda pone el dedo en la llaga de una herida histórica. Exigir un nuevo paradigma en la política de drogas, basado en la corresponsabilidad de las naciones consumidoras, la salud pública y la justicia social, es un intento de devolverle la dignidad a un debate que ha sido secuestrado por la retórica de la prohibición militarizada.
El enfoque integracionista de esta propuesta busca que el centro de gravedad de las decisiones internacionales regrese a los intereses nacionales y a la hermandad latinoamericana. Proponer que América Latina sea una zona de paz, libre de bases militares extranjeras y alejada de alianzas bélicas como la OTAN, es un acto de realismo político frente a las disputas de las grandes potencias que hoy amenazan la estabilidad global. No se trata de un aislamiento caprichoso, sino de la convicción de que los pueblos del sur no deben ser utilizados como carne de cañón en las guerras de otros. La inclusión de una diplomacia ciudadana, donde las organizaciones de la sociedad civil tengan voz en el exterior, y la protección integral de los migrantes y las víctimas del conflicto forzadas al exilio, humanizan un ámbito que la otra propuesta reduce a la persecución financiera y judicial.
El laberinto del aislamiento y el regreso del horror
La decisión de Abelardo de la Espriella de proponer explícitamente el retiro de Colombia de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y la revisión de su continuidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un salto al vacío de dimensiones alarmantes. Este planteamiento no es una simple crítica a la ineficacia burocrática de los organismos multilaterales, ineficacia que muchas veces es real y merece ser cuestionada. Es, en verdad, el desmantelamiento deliberado de la red de protección jurídica que resguarda a los ciudadanos frente a los abusos del propio Estado. Al calificar a estas instituciones como directorios políticos de la izquierda, se utiliza una demagogia peligrosa que busca justificar el desamparo de la población civil para garantizar la impunidad de las fuerzas del orden interno.
Retirarse del sistema multilateral de derechos humanos significa dejar a las víctimas de la violencia estatal sin un tribunal de última instancia al cual acudir cuando la justicia interna les da la espalda o se vuelve cómplice de sus victimarios. La pérdida de la jurisdicción de la Corte Interamericana elimina un contrapeso esencial para la salud democrática. Sin esa supervisión internacional, el ejercicio del poder se vuelve absoluto y la protección de los derechos humanos se transforma en una concesión voluntaria del gobernante de turno, borrando décadas de avances en el derecho internacional de los derechos humanos. Este aislacionismo institucional aleja a la nación de los consensos éticos del planeta y la arrastra hacia un ostracismo mundial que muchos analistas no dudan en comparar con los regímenes más herméticos y autoritarios de la historia contemporánea.
Las consecuencias de este repliegue no se limitan al ámbito del derecho; transforman por completo la inserción geopolítica del país. Al renunciar al multilateralismo, la política exterior pierde su capacidad de negociación y pasa a depender de manera exclusiva de relaciones bilaterales altamente ideologizadas. Colombia quedaría atada a una alianza militar y diplomática estrecha con los sectores más radicales de Estados Unidos e Israel. Esta subordinación ideológica se traduce, por ejemplo, en la promesa de trasladar la embajada colombiana a Jerusalén o en la justificación de intervenciones militares extranjeras para resolver conflictos vecinales, como en el caso de Venezuela. La política exterior deja de ser un instrumento de paz y se convierte en un apéndice de las agendas de guerra de potencias externas, sometiendo incluso las decisiones comerciales y las relaciones con el resto del mundo al visto bueno del Departamento de Estado norteamericano.
El pretexto del ahorro económico y de la reducción de la burocracia estatal para justificar la salida de la ONU y la OEA es una trampa retórica que oculta el verdadero peligro institucional interno. El programa de De la Espriella propone la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción bajo el mando directo del Presidente de la República, otorgándole facultades de inteligencia y policía judicial violando el principio de división y equilibrio de poderes. Esta concentración de funciones en el Ejecutivo disuelve la frontera fundamental entre gobernar y perseguir, evocando de manera inevitable los episodios más oscuros del siglo XX europeo, donde la judicatura fue vaciada de independencia bajo la excusa de limpiar las instituciones. Cuando el gobernante se convierte en juez, fiscal y policía, la democracia se transforma en una cáscara vacía y la disidencia política pasa a ser tratada como una traición que debe ser extirpada del cuerpo social.
El panorama se torna aún más sombrío cuando esta lógica se traslada a los barrios a través de la propuesta de crear Primeras Líneas de Seguridad integradas por veteranos y reservistas armados. Entregar el monopolio legítimo de la fuerza a civiles organizados bajo directrices militares es revivir el fantasma del paramilitarismo que ya causó heridas imborrables en la geografía colombiana. Estas estructuras paralelas de vigilancia urbana funcionan en la práctica como mecanismos de represión ciudadana, destinados a patrullar el pensamiento y a castigar la protesta social. Acompañado de un modelo económico corporativista que reduce la inversión social mientras otorga amplias libertades de desregulación al gran capital, este esquema configura un escenario de desprotección para las clases trabajadoras, donde la retórica romántica sobre el campesinado y las mujeres solo sirve de adorno propagandístico para ocultar la entrega de los territorios a los monopolios agroindustriales.
La sinfonía de la multipolaridad y el respeto a la vida
Frente al abismo del autoritarismo y la subordinación colonial, la construcción de un mundo multipolar se presenta como la única alternativa verdaderamente democrática para el destino de las naciones del sur. La multipolaridad no es un mero concepto de las relaciones internacionales; es la constatación de que la Tierra es demasiado diversa para ser gobernada por una sola voz, por un solo imperio que dicta las reglas y castiga a quienes se atreven a escribir con su propia letra. Cuando el poder se distribuye entre múltiples centros de decisión, los pueblos pequeños y medianos encuentran los márgenes de maniobra necesarios para defender su existencia y sus recursos naturales sin tener que pedir permiso a los guardianes del orden global. Es la democratización de las relaciones humanas a escala planetaria, donde la diversidad cultural, económica y política deja de ser una amenaza para convertirse en la norma de la convivencia internacional.
En este marco de respeto a la pluralidad de los pueblos, la propuesta de Iván Cepeda adquiere un sentido de urgencia humanitaria. Su defensa de la integración regional latinoamericana como una zona de paz es un llamado a la cordura en medio de la tempestad geopolítica. La verdadera soberanía de nuestra América no se alcanzará en aislamiento, sino en la capacidad de construir un bloque común que hable con voz propia frente a los colosos del norte y de otras latitudes. Mantener canales de diálogo abiertos con los países vecinos, como la normalización pragmática de las relaciones con Venezuela para atender las realidades de la migración, el comercio y la seguridad fronteriza, es un acto de madurez diplomática que rechaza la lógica de la confrontación militar patrocinada desde el exterior. Los problemas internos nuestros debemos resolverlos nosotros, sin la intromisión de ejércitos extranjeros interesados únicamente en la riqueza de nuestro subsuelo.
La mirada crítica hacia los conflictos globales es otro pilar fundamental de esta visión de mundo. Oponerse de manera decidida a los genocidios y a los crímenes contra la humanidad, y respaldar las acciones del derecho internacional ante la Corte Penal Internacional frente a las agresiones que sufre el pueblo palestino en Gaza, no es un asunto de alineación ideológica partidista. Es un deber ético irrenunciable para cualquier sociedad que pretenda llamarse democrática y respetuosa de la dignidad humana. La política exterior no puede ser ciega ante el sufrimiento de los civiles, sin importar el lugar del mapa donde caigan las bombas. Romper con la complicidad del silencio frente a la barbarie es el primer paso para fundar una diplomacia que ponga la vida en el centro de todas sus decisiones.
Al final del día, la confrontación de estas dos propuestas nos deja una lección profunda sobre el valor de la autonomía nacional. El camino de Abelardo de la Espriella que propone la sumisión, el desmantelamiento de los derechos humanos y la persecución del que piensa diferente bajo el ropaje del patriotismo constitucional, solo conduce al aislamiento y a la repetición de los dolores del pasado. El camino de Iván Cepeda, que apuesta por la dignidad, el multilateralismo, la soberanía y la integración regional nos invita a imaginar una Colombia que no tenga miedo de mirar al mundo a los ojos, con la frente en alto y las venas llenas de esperanza.
La autodeterminación de los pueblos no es una consigna retórica. Es una conquista histórica nacida de largas luchas contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y la imposición de intereses ajenos. Ningún gobierno extranjero, ninguna potencia militar y ninguna corporación transnacional poseen legitimidad para decidir el destino político de Colombia. La soberanía, esa hermosa palabra que tantas veces ha sido pisoteada, se defiende guardando la casa de la intromisión extranjera, pero, sobre todo, cuidando que la justicia y el respeto a la vida sean la ley primera dentro de nuestras propias fronteras. La soberanía por la que propende el programa de Iván Cepeda es aquella en la que tenemos como nación, la libertad de conversar con el mundo entero sin arrodillarnos ante nadie. Y por esta visión vale la pena apostarle a la vida.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: El País
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