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Las fisuras teóricas e históricas en la propuesta económica de Abelardo de la Espriella

10 agosto, 2026 By Carlos Julio Díaz Lotero Leave a Comment

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Las elecciones presidenciales colombianas de 2026, en las que Abelardo de la Espriella resultó electo y asumió funciones pese a las demandas por supuesto fraude electoral, configuraron un nuevo momento de confrontación entre proyectos económicos de naturaleza profundamente distinta. Tras cuatro años de gobierno que apostó por una mayor intervención estatal en la economía, una reforma tributaria progresiva, la redistribución del ingreso y el fortalecimiento del gasto social —con una reindustrialización de escasos avances —, emerge el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella con un programa[i] que plantea un giro en sentido contrario: reducción del tamaño del Estado, disciplina fiscal, predominio de la inversión privada, desregulación económica, disminución de impuestos y recuperación del sector minero-energético como eje del crecimiento económico.

Aunque muchas de estas propuestas recuerdan las reformas liberalizadoras implementadas en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990, el discurso de De la Espriella incorpora elementos propios del libertarismo contemporáneo, corriente política que ha adquirido notoriedad internacional a partir del ascenso del presidente argentino Javier Milei. En consecuencia, comprender el alcance de su programa exige situarlo en una tradición intelectual más amplia que combina el liberalismo clásico, la Escuela Austriaca de Economía, el monetarismo y diversas corrientes conservadoras.

El Estado como problema económico

Uno de los rasgos distintivos del programa de Abelardo de la Espriella es que parte de una premisa claramente definida: el principal obstáculo para el desarrollo económico colombiano no radica en la escasez de recursos naturales ni en la falta de capacidad empresarial, sino en el exceso de intervención estatal, la corrupción, la inseguridad y la ineficiencia administrativa.

El documento “Primeras 13 propuestas para reconstruir la Patria Milagro” sostiene que Colombia no es un país pobre, sino un país “empobrecido” por la corrupción, el desgobierno y el crecimiento excesivo del aparato estatal. A partir de este diagnóstico, plantea un programa de ajuste orientado a reducir el tamaño del Estado, fortalecer la regla fiscal, simplificar el sistema tributario y crear un entorno más favorable para la inversión privada.

Esta forma de interpretar el funcionamiento de la economía no es nueva. Constituye uno de los postulados centrales del liberalismo económico moderno, según el cual los mercados, cuando operan con suficiente libertad, asignan los recursos de manera más eficiente que los gobiernos.

Desde esta perspectiva, el crecimiento económico depende fundamentalmente de la iniciativa empresarial, la seguridad jurídica, la estabilidad monetaria y la protección del derecho de propiedad. El Estado debe limitarse a garantizar estas condiciones generales y abstenerse de intervenir en las decisiones productivas.

No obstante, en las experiencias exitosas de desarrollo económico, tanto del pasado como del presente, el papel activo del Estado ha sido fundamental. Por ello, el debate no debería centrarse en si el Estado debe o no intervenir en la economía, sino en cómo debe hacerlo, en qué sectores y con qué objetivos estratégicos. El keynesianismo reconoce la necesidad de la intervención estatal, pero sus instrumentos y alcances no siempre resultan adecuados para impulsar transformaciones estructurales y sostenidas del aparato productivo.

La economía de la oferta

El programa económico de ADLE también refleja la influencia de la denominada economía de la oferta (supply-side economics)[ii], corriente desarrollada principalmente en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980.

Mientras la economía keynesiana considera que el crecimiento depende principalmente de la demanda agregada —consumo, gasto público y exportaciones—, la economía de la oferta sostiene que la principal fuente del crecimiento reside en la capacidad productiva de las empresas.

Por ello propone reducir impuestos, disminuir regulaciones, flexibilizar los mercados y crear incentivos para la inversión privada.

En el programa presidencial estas ideas aparecen de manera explícita al proponer:

  • reducción de la carga tributaria;
  • eliminación de trámites regulatorios;
  • simplificación administrativa;
  • fortalecimiento de la inversión privada;
  • reducción del tamaño del Estado;
  • cumplimiento estricto de la regla fiscal;
  • consolidación de un entorno “proempresa”.

Sin embargo, se omite una de las variables macroeconómicas más críticas para el desarrollo empresarial: las tasas de interés. Esto deja la iniciativa económica a merced de la especulación, ya que las tasas de referencia del Banco de la República terminan triplicándose en el sistema financiero, haciendo inviable la inversión productiva frente a los altos costos del crédito comercial.

El crecimiento, ajuste fiscal y reducción del Estado

Uno de los elementos más llamativos del programa consiste en fijar una meta de crecimiento económico superior al 7 % anual, tomando como referentes las experiencias de Corea del Sur y Singapur[iii].

Esta comparación merece un análisis cuidadoso. Corea del Sur y Singapur efectivamente registraron elevadas tasas de crecimiento durante varias décadas. Sin embargo, la literatura especializada muestra que dicho desempeño no fue resultado del libre mercado. Ambos países combinaron apertura internacional con una intensa política industrial, planificación estratégica, banca de desarrollo, inversión masiva en educación, promoción tecnológica y una activa coordinación entre el Estado y el sector privado.

En consecuencia, utilizar estos casos como evidencia a favor de una reducción generalizada del Estado es una equivocación histórica, pues los llamados “Estados desarrollistas” de Asia Oriental desempeñaron un papel decisivo en la transformación de sus estructuras productivas.

Quizá la propuesta más representativa del programa económico de Abelardo De la Espriella sea la reducción del tamaño del Estado.

El programa plantea disminuir aproximadamente una cuarta parte del aparato estatal, lograr un superávit fiscal primario mediante un ajuste cercano a los 70 billones de pesos, reforzar la Regla Fiscal y racionalizar el gasto público. Asimismo, propone fusionar entidades, reducir la nómina paralela, transformar subsidios considerados regresivos y fortalecer la lucha contra la evasión tributaria mediante la modernización tecnológica de la administración tributaria.

Estas propuestas se inscriben en la tradición de la disciplina fiscal, ampliamente promovida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde finales del siglo XX. El supuesto subyacente es que unas finanzas públicas ordenadas reducen el costo del endeudamiento, fortalecen la confianza de los inversionistas y crean condiciones favorables para el crecimiento económico.

Sin embargo, el debate teórico sobre los ajustes fiscales choca con una realidad presupuestal colombiana más compleja de lo que sugiere la retórica de la “motosierra”. Mientras el liberalismo económico sostiene que el ajuste fiscal mejora las expectativas del sector privado y estimula la inversión, el enfoque de un rol más activo del Estado advierte que reducciones drásticas del gasto público pueden deprimir la demanda agregada, el empleo formal y la provisión de infraestructura y y fomento de la ciencia y la tecnología necesarias para el desarrollo empresarial y el empleo formal que tendría impactos favorables en el recaudo tributario.

Sobre la planta de personal, según datos de la OCDE y el DANE, el empleo público representa apenas el 6,20 % del empleo total, una de las proporciones más bajas entre economías comparables[iv], y aunque se sumen los contratistas —lo que eleva la cifra a un 10,5 %—, el indicador sigue siendo razonable frente al promedio de la OCDE. Es decir, el Estado colombiano no es particularmente inflado en personal.

La verdadera estructura del gasto se revela en la distribución del presupuesto nacional de 2026: de los $546,9 billones aprobados, los gastos de funcionamiento absorben $358,1 billones (65,5 %), pero solo $66,8 billones (12,2 % del total y 18,2 % del funcionamiento) se destinan a pagos de personal. Aproximadamente el 75 % de ese funcionamiento se concentra en transferencias obligatorias —pensiones, salud y Sistema General de Participaciones (SGP)—, mientras que el servicio de la deuda consume $100,4 billones (18,4 %) y la inversión pública apenas alcanza $88,4 billones (16,1 %).

Recortar la planta de personal ofrece cierto margen de maniobra entre los más de un millón de contratistas, pero no atacaría la raíz del déficit fiscal. El problema no radica en un exceso de funcionarios, sino en el peso de las transferencias constitucionales, el costo de la deuda y la baja capacidad de inversión productiva —que, paradójicamente, debilita el recaudo tributario futuro.

Libertad económica y desregulación

Otro eje del programa es la llamada “Gran Revolución de DesRegulación”, orientada a revisar licencias, permisos, trámites administrativos y requisitos regulatorios que, según el documento, obstaculizan la actividad empresarial. Entre las medidas propuestas figura la regla de “una regulación nueva, dos eliminadas”, así como la revisión de procedimientos en entidades como el Invima, el ICA, las superintendencias y otros organismos administrativos.

Desde la perspectiva liberal, este tipo de reformas busca reducir costos de transacción, facilitar la creación de empresas y aumentar la competitividad.

No obstante, la desregulación plantea un desafío de equilibrio. Parte de las normas cuya eliminación se propone cumplen funciones relacionadas con la protección de la salud pública, la seguridad de los consumidores, la competencia económica, el ambiente y los derechos de las comunidades. El debate no consiste únicamente en reducir regulaciones, sino en distinguir entre aquellas que generan cargas innecesarias y aquellas que corrigen fallas de mercado o protegen intereses colectivos.

La ruptura con China: Un freno al desarrollo de la economía real colombiana

La decisión de romper el memorando con China, anunciada por el presidente electo y confirmada por el nominado embajador estadounidense[v], representa un golpe devastador para las posibilidades de desarrollo de la economía real colombiana. Este acuerdo no era un simple gesto diplomático, sino la puerta de entrada a créditos preferenciales del Banco de Desarrollo de China para financiar los rezagos críticos en infraestructura que el país arrastra desde hace décadas: una red ferroviaria obsoleta, puertos con capacidad insuficiente, carreteras en mal estado y la necesidad de modernizar sistemas de transporte masivo. A esto se sumaban 11 áreas de cooperación para la transición energética y tecnológica, incluyendo la producción de medicamentos, investigación en productividad agrícola y el ensamblaje de vehículos eléctricos. Perder este acceso significa condenar esos proyectos a la postergación, ya que Estados Unidos, como bien se ha visto, no ha mostrado interés ni capacidad en reemplazar este tipo de inversión productiva.

La apuesta de Estados Unidos por “abrir nuevamente la economía colombiana”, en palabras del diplomático nominado, resulta una promesa vacía frente a la evidencia histórica y la estructura de su inversión. Su enfoque no está en la transferencia tecnológica ni en la construcción de infraestructura pesada —no tienen la experiencia ni la capacidad demostrada para construir ferrocarriles o puertos en Colombia—, sino en financiar la deuda y fomentar la especulación financiera. Además, el caso de las exportaciones cárnicas es un ejemplo elocuente de su falta de compromiso: cuando Estados Unidos tuvo problemas sanitarios con la carne colombiana, simplemente cerró su mercado, mientras que China ofrecía precisamente en este acuerdo la oportunidad de eliminar barreras para productos agropecuarios como la carne, el café y las frutas, abriendo un mercado masivo y real que compensaría el déficit comercial que supera los 14.000 millones de dólares.

Finalmente, el retiro de la Ruta de la Seda cierra la puerta a la oportunidad más trascendental para el Sur Global en materia tecnológica: la iniciativa WAICO y las transferencias de inteligencia artificial propuestas por China. Colombia se autoexcluye de un bloque donde ya participan 29 países y tres naciones latinoamericanas (Brasil, Venezuela y Cuba), que están accediendo a esta tecnología para impulsar sus propias capacidades productivas. Desperdiciar esta posibilidad no solo significa quedarse rezagado en la carrera de la IA, sino también perder la soberanía tecnológica que se busca, al quedar supeditado a un socio que no transfiere conocimiento, sino que impone condiciones. La decisión, como advirtieron los gremios colombianos, tiene muchos costos y ningún beneficio tangible, sacrificando el desarrollo a largo plazo por una alineación geopolítica que no trae inversión real para la nación.

El rol del Estado en las economías exitosas

Siguiendo modelos internacionales exitosos, el Estado debe controlar sectores estratégicos y garantizar servicios esenciales fuera de la lógica del mercado. Las funciones del Estado en las sociedades que han alcanzado los más altos niveles de desarrollo suelen incluir, entre otras, las siguientes:

  • Una política de seguridad interna y externa con monopolio estatal de las armas.
  • Un sistema jurídico equitativo y estable.
  • Sistema financiero regulado y moneda única respaldada por el Estado.
  • Seguridad social pública universal.
  • Infraestructura básica (transporte, energía, agua) gestionada por el Estado.
  • Educación pública gratuita prioritaria
  • Una base productiva mixta (pública-privada).
  • Unas instituciones de investigación e innovación científica que funcionen.
  • Una estrategia económica del gobierno a largo plazo que cuente con instrumentos esenciales para implementar las decisiones económicas.

Por lo tanto, no se excluye la economía de mercado, sino que se establece una relación de complementariedad entre el rol del Estado y la iniciativa privada.

Conclusión: Entre la Escuela Austriaca y el pragmatismo

La propuesta económica de Abelardo de la Espriella representa un retorno a una concepción del desarrollo en la que el crecimiento depende principalmente de la iniciativa privada, la estabilidad macroeconómica y la reducción de la intervención estatal. Sus principales ejes —ajuste fiscal, simplificación tributaria, desregulación, fortalecimiento de la inversión privada el sector primario – exportador y recuperación del sector minero-energético— reflejan una clara afinidad con el liberalismo económico contemporáneo y con varias de las ideas difundidas por el libertarismo moderno.

Sin embargo, para comprender plenamente el origen intelectual de estas propuestas es necesario remontarse a una de las corrientes más influyentes del pensamiento económico moderno: la Escuela Austriaca de Economía. Allí se encuentran las bases teóricas de conceptos como el orden espontáneo del mercado, la crítica a la planificación estatal, la defensa de la propiedad privada y la teoría subjetiva del valor.

_________________________

[i] file:///D:/Personal/AIL/2026/Politica%20gob%20de%20la%20Espriella/Plan%20de%20gobierno_Abelardo%20de%20la%20Espriella_%20segunda%20vuelta%20(1).pdf

[ii] La economía de la oferta (supply-side economics) adquirió especial influencia política durante los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989) y Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979-1990). Esta corriente sostiene que el crecimiento económico puede estimularse mediante incentivos a la inversión, la producción y el emprendimiento, particularmente a través de reducciones tributarias, desregulación y menor intervención estatal en los mercados. En Estados Unidos, las políticas de Reagan incluyeron una importante reducción de las tasas marginales del impuesto sobre la renta y medidas de desregulación; en el Reino Unido, Thatcher impulsó privatizaciones, liberalización de mercados y reducción del peso de los sindicatos.

[iii] https://defensoresdelapatria.com/el-empresario-no-es-el-enemigo-del-trabajador-de-la-espriella-propone-convertir-a-colombia-en-una-nueva-corea-del-sur-o-singapur/

[iv] https://img.lalr.co/cms/2021/07/09203157/Primera_Colombia_lunes-web.jpg?size=xl

[v] https://www.infobae.com/colombia/2026/08/05/abelardo-de-la-espriella-retiraria-a-colombia-de-acuerdo-con-china-el-pais-no-continuara-en-la-nueva-ruta-de-la-seda-segun-nominado-embajador-de-estados-unidos/

Carlos Julio Díaz Lotero

Foto tomada de: Colombia.com

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Dra. Carolina Corcho Mejía, Presidenta Corporación Latinoamericana Sur, Vicepresidenta Federación Médica Colombiana

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