En mi último artículo para la Revista Sur, titulado “La fragilidad del régimen autoritario: anatomía del neofascismo y los retos de la alternativa popular”, publicado el pasado 3 de agosto del 2026, dibujé un mapa de las fragilidades y peligros de la coalición de intereses corporativos y mafiosos que llevaron a Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República.
Dentro de los análisis que quedaron abiertos en ese momento para nuevas entregas, son el carácter neoliberal del proyecto frágil y violento que hoy gobierna Colombia.
En ese carácter neoliberal, algo que como izquierdas creo yo no hemos pensado lo suficiente es la variable cultural de esta clase de proyectos, que en mi opinión es la más fuerte y con mayor capacidad de penetración en sociedades hegemónicamente en disputa como la nuestra. Es una de las explicaciones fundamentales para que muchos mamertos de cafetín —que se dicen de izquierdas más por una posición de superioridad moral que por una posición política reflexionada— se quejen que “los pobres voten por sus verdugos”.
Como izquierdas, hemos cedido muchísimo terreno de la batalla cultural sobre la disputa hegemónica entre las personas que creen que son individualidades compitiendo en un escenario de competencia absoluta y quienes creemos que, como seres humanos, tendemos naturalmente a la cooperación y que, por lo tanto, en colectivo somos más fuertes y capaces de enfrentar los desafíos que como especie encaramos hoy. Esta es una reflexión que me ha dado muchas vueltas desde el terremoto del pasado 10 de agosto.
El ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella ha anunciado las diversas donaciones que los dueños del gran capital en Colombia le han prometido en las últimas dos semanas, que rondan en suma casi un billón de pesos entre Sarmiento Angulo, David Vélez, los Gilinski, Proantioquia, la Drummond, entre otras. Acto seguido, los medios corporativos y el ecosistema de influencers de la extrema derecha en redes sociales aplaudió y aplaude estos gestos de “filantropía”, destacando sobre todo cómo estos “titanes de la industria nacional” construyen país y bla, bla, bla.
Paralelo a esto, no ocupan la misma centralidad en la opinión publicada de los grandes medios la explosión de solidaridades territoriales que el tejido social y popular de este país activó en todas las regiones, movilizando voluntarios para rescatar a víctimas, recursos, mercados, medicamentos y propuestas de mitigación de los efectos del desastre y la inmediata reconstrucción.
Este gobierno, siendo consecuente con el proyecto cultural del neoliberalismo, usa el poder estatal para darle una visibilidad excesiva a donaciones que no equivalen ni al 1% del patrimonio de estos grandes capitales ni al 5% de lo que se ha calculado preliminarmente necesitará el país para reconstruir lo afectado; porque estos actores usan esas operaciones de propaganda para insistir en la idea que la ciudadanía debe estar agradecida por sus prácticas y el lugar de privilegio que ocupan en la economía nacional.
Ese lugar y esos privilegios no se explican por su trabajo duro y sus capacidades individuales particulares. Una economía colombiana más democrática sería una economía en donde estos personajes no gozaran de exenciones de impuestos del orden de los 100 billones de pesos anuales, no les permitiría jactarse en entrevistas en medios nacionales de redactar en sus despachos muchas de las leyes de este país, ni podrían guardar el grueso de sus patrimonios en paraísos fiscales, como ocurre hoy para evadir impuestos de nuestro territorio.
Una Colombia más justa no les permitiría capturar las instituciones públicas como lo hacen hoy, a través de diversos mecanismos que pasan por herramientas como la corrupción, el clientelismo, la financiación de campañas políticas, la propiedad de medios de comunicación o las puertas giratorias entre sus empresas y las instituciones del Estado.
Esas solidaridades, propias de la naturaleza humana y nuestra tendencia a la cooperación, se cristalizan en nuestras sociedades en las instituciones públicas, siempre contingentes a los procesos históricos en las que están inmersas. Son esas instituciones y los Estados en las que están imbuidas las primeras y principales responsables de la gestión de la explosión de solidaridad que despiertan emergencias como las del terremoto que vivimos. No es el mercado ni el criterio particular de Sarmiento Angulo o el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella —aunque sea legalmente el presidente de la República— quien deba ordenar las solidaridades que buscan ayudar a mitigar el desastre y planear la reconstrucción.
Pero hay una diferencia cualitativa importante en la solidaridad que se cristaliza en acuerdos colectivos de país —como sistemas tributarios profundamente progresivos que entienden en sus cimientos que a los que más reciben en el capitalismo les corresponde poner más en lo que a impuestos se refiere, para que ese dinero se distribuya de manera justa en el resto de la sociedad como principal condición de un Estado social de derecho— y las solidaridades espontáneas que tienen el mismo valor en condiciones de un Estado republicano, como la señora que lleva el mercado al centro de acopio o los 200 mil millones de la cabeza del Grupo Aval.
Esta no es una discusión cuantitativa, sino política y cultural sobre las sociedades que queremos y la gestión de lo público.
En estas dos semanas he observado cómo hay una compulsión de muchísima gente de mostrar en sus redes sociales cómo está ayudando, donando o aportando de alguna manera para las víctimas de la tragedia, más en esa urgencia que estas plataformas corporativas que capturan nuestra atención nos empujan todo el tiempo a mostrarle a nuestros “seguidores” que estamos haciendo algo muy en la lógica del mercado de vendernos como un gran producto individual que también es solidario con las víctimas; y ahí, más allá de culparles, sí me llama la atención cómo muchos liderazgos del Pacto Histórico cayeron en la urgencia de mostrar en redes que algo están donando, algo están haciendo para recolectar mercados y algo seguirán haciendo para hacerle llegar a las víctimas de la tragedia una ayuda temporal que mitigue los efectos de lo que sufrieron.
En primera instancia, insisto, no condeno que se muestren ayudando como lo hacen cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que hoy siguen en la tarea en centros de acopio o de manera individual, consignando a algún Nequi de alguna organización social que hoy está en terreno gestionando solidaridades. Lo que sí creo es que, como partido, el Pacto no debe perder el foco en su lugar como oposición y alternativa de poder, no dejándose encuadrar en la idea que cualquier crítica al gobierno de Abelardo es mezquina con el momento que vive el país, ni los liderazgos del Pacto hoy les corresponde suplir las falencias evidentes de quienes hoy gobiernan a Colombia con esfuerzos individuales que nunca podrán cumplir el lugar que hoy sigue teniendo el Estado colombiano para reconstruir lo que se llevó el desastre.
Esa pulsión por mostrar, desde liderazgos políticos nacionales, que como individualidad también dono algo —que es a lo que nos empujan las plataformas corporativas que hoy capturan nuestra atención— también hace parte de esa dimensión cultural del neoliberalismo que se disputa ese sentido común de las individualidades en competencia que nos quieren hacer creer que somos en sociedades como la nuestra. Y en esas individualidades, evidentemente, está también el cálculo electoral de que si no se muestran se lo cobrarán en las urnas y/o si se muestran mucho podrán recibir “las ganancias” de esa exposición también en las urnas. Ocurre no solo con algunos liderazgos del Pacto, sino de prácticamente todos los partidos políticos.
Lo que yo sí creo es que, además de mostrar en redes lo que se está gestionando, el Pacto, como el partido político más grande de Colombia, el único en oposición a este gobierno, y el único de izquierdas, debería organizar a sus liderazgos parlamentarios, departamentales y locales, para hacerle el control político más eficiente posible a un proceso de reconstrucción que, si no se vigila con riguridad, terminara en situaciones doblemente victimizantes como lo fue ya con San Andrés o con Mocoa, en donde actores del gran capital aprovechan la crisis para acumular más dinero en los territorios arrasados de manera legal o ilegal; y en un gobierno de las características mafiosas anteriormente descritas, este terremoto es una ventana de oportunidad para eso y también para avanzar en otros frentes sin mayor control político efectivo por tenernos con nuestra atención en mostrar en redes sociales que estamos gestionando un mercado más.
Es el momento para que el Pacto Histórico organice el seguimiento juicioso a la gestión de los billones de pesos que se moverán en el marco de la reconstrucción durante los próximos 4 años. Es la hora para que el Pacto Histórico use su capital político para desarrollar una pedagogía profunda de la importancia de Estados fuertes y robustos que tengan toda una capacidad instalada, no solo para atender emergencias desastrosas como esta, sino para garantizar los derechos humanos de la gente. Es la hora de que el Pacto Histórico deje de ser reactivo frente a los anuncios de Abelardo y su gente y empiece a marcar agenda y alternativa de país para que las personas que votaron por nosotros en el último ciclo electoral no olviden —con lo corta que es la memoria en tiempos de plataformas y economía de la atención— que podemos hacerlo mejor que ellos y que el darwinismo social no es la única respuesta para Colombia.
_____________________
Shameel Thahir Silva, Analista y asesor político. Sígueme en todas mis redes sociales como @ShameelThahir
Foto tomada de: La Prensa Gráfica
Deja un comentario