Vesga que está impedida para participar en esta decisión por un evidente conflicto de intereses, pues viene de presidir el gremio que sostuvo durante los cuatro años anteriores sin poder probarlo, porque no tienen cifras confiables, que la Unidad de Pago por Capitación, era insuficiente, esa UPC es el dinero que el Estado entrega a las EPS por cada afiliado y dijo Vesga que debe crecer muy por encima de la inflación. De dónde saldrán los recursos ante un desbordado déficit fiscal que de forma irresponsable este Congreso acaba de aprobar, nadie lo sabe.
Pero esa creencia de la derecha se complementa con otras que son sus obsesiones. Una de ellas es controlar el cuerpo de las mujeres, por eso se oponen al aborto y defienden la concepción ultraconservadora de la llamada familia ejemplar, papá, mamá, e hijos, que en realidad y desde hace muchísimos años no existe como lo probaron las investigaciones de Virginia Gutiérrez de Pineda en sus investigaciones antropológicas sobre las familias en Colombia. Esa persecución sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es parte de la avanzada más grande de la extrema derecha trumpista en Estados Unidos y lo materializa muy bien en Colombia el proyecto milagro de Abelardo de la Espriella.
El otro tema obsesivo y que es un lugar de disputa encarnizado con las corrientes democráticas en el mundo lo constituye el problema del orden público, la protesta, las libertades ciudadanas y la paz. La derecha parte del punto de vista que lo que hay que proteger es al Estado y a sus instituciones por encima de los derechos de los ciudadanos. Que la protesta social debe ser controlada; por eso en el colmo de su desfachatez han propuesto que debería haber un protestódromo, o sea un lugar donde la gente fuera a protestar para no molestar a nadie.
El gobierno acaba de publicar un proyecto de decreto que modifica el decreto 003 de 2021 que ya regula la protesta social y que es a su vez un desarrollo de leyes y jurisprudencia constitucional y en particular la Sentencia C-223 de 2017 de la Corte Constitucional y la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC7641-2020 que en términos generales han protegido el derecho a la protesta que ha sido violentado como lo vivió el país en las protestas del año 2019 y en el Paro General de abril de 2021. Recordemos que según los organismos defensores de derechos humanos en dichas protestas fueron asesinados 80 manifestantes, cientos resultaron heridos y decenas sufrieron lesiones oculares.
Cuando ocurrieron esos desmanes de la fuerza pública y la extralimitaciones de funciones por parte del gobierno de Iván Duque en 2021 ya se había promulgado el decreto 003 que fue expido el 5 de enero de dicho año o sea lo que quiero decir es que esa normativa sobre la protesta social que obligó a expedir ese decreto fue una orden judicial de Tutela para cumplir con la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que a mi juicio es garantista e interpreta de manera muy progresista la jurisprudencia internacional sobre los derechos de los ciudadanos a protestar. Y a pesar de esa Sentencia y de ese decreto se produjeron los desmanes de la fuerza pública que llevó a ese saldo mortal comentado frente a las movilizaciones del Paro General en contra del gobierno de Duque que pretendió extender el Impuesto al Valor Agregado, IVA, a productos de la canasta familiar.
Muchas de las normas contenidas en el decreto 003 de 2021 expedido por el propio gobierno de Duque fueron violadas en el tratamiento de la protesta como todas aquellas medidas de prevención, las mesas de diálogo, los puestos de mando unificados, todo eso fue violentado e incumplido por el gobierno nacional. Ahora este proyecto de decreto que reforma el decreto 003 busca hacerlo aún más restrictivo.
La primera gran modificación que establece el proyecto de decreto es que cuando desde el comienzo de las manifestaciones o de las concentraciones o marchas se presenten hechos de violencia las fuerzas de policía están autorizadas para intervenir, incluso se autoriza al comandante de la policía que este al mando a intervenir sin la autorización del Puesto de Mando Unificado que deberá estar presidido por el gobernador o el alcalde como primera autoridad de policía o por su delegado con delegación plena de funciones para tomar decisiones. No obstante, los diálogos podrán continuar o reanudarse, pero lo que varía es que la Fuerza Pública está autorizada a intervenir si hay hechos de violencia desde el comienzo de las protestas.
La propuesta establece que deben establecerse corredores humanitarios cuando son protestas prolongadas que afectan la movilidad de ambulancias o el abastecimiento de alimentos para la población así mismo establece normas para proteger servicios públicos esenciales como hospitales o centros de salud, acueductos, energía eléctrica o comunicaciones.
Finalmente, el texto del proyecto busca avanzar en la supuesta protección de los derechos de quienes no protestan que ha sido una obsesión de la derecha. Toda protesta es disruptiva, y si no lo es, no es protesta. La interrupción de una vía por donde avanza una manifestación interrumpe el libre tránsito de las personas y los vehículos que no están en la protesta; el taponamiento de una vía como la Panamericana en el Cauca interrumpe el tránsito de pasajeros, de camiones con productos, y genera una interrupción de los flujos de personas y mercancías y es justamente por ello que las autoridades cuestionadas por la protesta se ven obligadas a negociar que es por supuesto el fin último de una protesta. De modo que ese galimatías que la protesta no debe afectar los derechos de otros ciudadanos es simplemente una falacia. Hay límites a la protesta por supuesto, ella debe ser pacífica, debe haber corredores humanitarios y se debe proteger a periodistas y personal médico y todo ello es lo que los protocolos o los decretos deben proteger. Y debe proteger a quienes protestan.
Y ese tema junto al de la paz se ponen en el centro del proyecto autoritario de Abelardo de la Espriella. Vuelve el discurso de la Seguridad Nacional o sea la protección de las llamadas instituciones por encima de los derechos de los ciudadanos, la teoría del enemigo interno y por lo que va aconteciendo con el asesinato de Donovan Balanta vuelven los desmanes de la Policía en contra de los ciudadanos, este ciudadano afrocolombiano fue brutalmente golpeado y contra él se utilizaron descargas de taser que finalmente le ocasionaron la muerte. Estos hechos ocurrieron este 20 de septiembre en ciudad Bolívar de Bogotá. Pero también la muerte de menores en operativos militares contra actores armados como ocurrió en el Guaviare donde en estos operativos murieron tres menores de edad o la muerte de un joven trabajador, Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, en Santa Marta en la confrontación de la Fuerza Pública con los Pachencas. Este joven trabajador rural que tenía apenas 18 años fue presentado como integrante de esta banda criminal y en realidad no lo era. La única manera de parar todos estos desmanes es denunciando, pero además exigiendo resultados a la Fiscalía y a la Procuraduría que son los organismos competentes para desarrollar estas investigaciones.
Todo ello se viene complementando con el intento de afectar el proceso de Paz con las antiguas FARC acabando con parte de la institucionalidad que fue creada para su implementación como la Consejería Presidencial para la reincorporación o los proyectos que se dirigen para afectar a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que los demócratas debemos rechazar. Es inaceptable el recorte de recursos en cerca de 174 mil millones para esta jurisdicción. Más inadmisible los proyectos del Centro Democrático que pretenden que la jurisdicción de cierre para los más de 7.000 militares comparecientes sea la Justicia Penal Militar con lo cual se podría activar contra ellos la Corte Penal Internacional o el proyecto que pretende terminarla en 2028 sin que haya terminado sus trabajos que han sido muy importantes para brindar finalmente verdad a las víctimas, justicia restaurativa y una reparación que queda en veremos justamente por los recortes que de forma inadmisible e irresponsable acaban de aprobar las Comisiones Económicas del Congreso dominadas por el uribismo abelardismo. Contra estos proyectos debemos manifestarnos. Es lo mismo que en su hora hicieron los gobiernos de Turbay Ayala, Álvaro Uribe e Iván Duque. Contra ello debemos protestar y movilizarnos.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Bloomberg Línea
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