El terremoto exigía rapidez, coordinación y capacidad de ejecución. El Gobierno respondió con anuncios y decretos, pero la magnitud de la tragedia obliga a medirlo por resultados, como la atención directa a las víctimas, viviendas recuperadas, escuelas y servicios restablecidos, ayudas que llegan a las familias, entre otros aspectos. La creación de fondos y la movilización de recursos son instrumentos, no logros por sí mismos y preocupa aún más que pasados tres meses de la emergencia todavía no haya una intervención clara, directa y con ejecuciones verificables que permitan decir que la gestión va por la línea correcta y en cumplimiento de las fases propias de la reconstrucción. En una emergencia, cada demora tiene un costo humano altísimo.
La respuesta también abrió la puerta a poderes excepcionales. Primero, mediante medidas presupuestales; luego, con la Ley de Rescate, que concede al presidente facultades para reorganizar el Estado y confiere atribuciones para suprimir, fusionar o modificar entidades durante seis meses. Una reorganización administrativa puede ser legítima, pero requiere límites claros, deliberación pública y control democrático. Si el gobierno puede alterar instituciones sin suficiente contrapeso, pues se corre el riesgo de llegar a una concentración plena del poder. La emergencia puede justificar medidas extraordinarias; pero bajo ese pretexto no se puede aceptar que el gobierno tome mayores poderes sobre las demás ramas, ya que estaría quebrantando el equilibrio que debe prevalecer entre ellas. No se puede normalizar un gobierno con estas ambiciones bajo ningún pretexto, llámese emergencia por terremoto, ajuste fiscal, seguridad nacional o conflicto interno.
La situación fiscal, que no es nueva y su problema lleva 30 años acumulándose, añade otra contradicción. El Gobierno ha utilizado el discurso de la deuda y del exceso de gasto como excusas para realizar ajustes. Prometió reducir el gasto, pero ya se dio cuenta que no puede hacerlo, porque hay un gasto que se obliga por Constitución o por leyes, luego no tiene más alternativa que buscar nuevas fuentes de financiamiento o reducirlo e incumplir la Constitución y la ley. Tal vez en esta línea van las facultades extraordinarias que ha pedido para poder reformar el Estado y reducir el gasto “ineficiente”, el cual no ha dicho bajo qué criterio será considerado, luego peligran los equipos básicos de salud, los maestros, la alimentación escolar, la cobertura de los programas sociales de adultos mayores y jóvenes, entre otros.
También prometió frenar la deuda, pero según las colocaciones realizadas en estos tres meses y lo presupuestado para el año entrante, todo indica que fue otra de sus mentiras. Según el análisis de la Ley de Rescate, el recorte efectivo del gasto aporta una porción menor del ajuste previsto, mientras el resto depende de impuestos, aportes y cambios en beneficios tributarios. El problema está en quién paga el ajuste y quién recibe los alivios y beneficios.
La propuesta grava productos de consumo, elevar aportes de salud para trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos y reduce el umbral a partir del cual se paga impuesto de renta. Al mismo tiempo, baja gradualmente la tarifa de renta empresarial y crea un régimen favorable para grandes proyectos de inversión. Sus defensores sostienen que esos incentivos atraerán capital y empleo; pero por experiencias semejantes en Colombia ya se sabe que que el alivio empresarial no garantiza que el beneficio llegue a los trabajadores y el resultado ha sido mayores brechas sociales, territoriales, aumento de la pobreza y de la desigualdad. La realidad es que el ajuste golpeará primero los ingresos de los trabajadores, el mercado de las familias y los recibos de los servicios; mientras los alivios los recibirán directamente quienes ganan más de 150 millones de pesos mensuales (no los tocan), los mayores patrimonios y los “inversionistas” extranjeros.
Por ejemplo, en Asobancaria en agosto pasado, el ministro de Hacienda cuestionó que el gasto asociado a derechos se trate como intocable y planteó revisar esa relación dentro del debate fiscal. Lo que el ministro propuso -y fue aplaudido- fue analizar el desmonte del financiamiento de los programas sociales, las políticas que permiten cerrar brechas, superar condiciones de pobreza y desigualdad, en términos políticos, desmontar el Estado social de derecho. Con esta afirmación queda claro que al nuevo gobierno le incomoda la apuesta de Estado y de Sociedad establecidas en la Carta Magna. Ni el neoliberalismo se había atrevido a tanto, porque si busca reducir el Estado a su mínima expresión, no se ha atrevido a derrumbarlo por completo, busca la manera de convivir con él erosionando ciertas estructuras que le representan beneficio privado. Reducir los derechos a un rubro prescindible como lo propuso el ministro de Hacienda es invertir el orden democrático y ya se estaría pasando a otros terrenos. La única discusión responsable y seria que cabe ante la situación fiscal y los desafíos del Estado social de derecho es cómo financiar mejor el gasto social y la respuesta está en la misma Constitución, mediante la aplicación de principio de progresividad: quienes más tienen, más deben contribuir; todo lo contrario a lo que ha propuesto el gobierno de Abelardo.
También preocupa la relación del Gobierno con los gremios. Las denuncias de presiones e intromisiones en la autonomía de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la ANDI, Asocajas y la Cámara de Comercio de Bogotá merecen especial lectura. Es cierto que los gremios siempre han estado cerca de los gobiernos, excepto en el gobierno anterior; pero los gobiernos habían sido respetuosos de las decisiones gremiales internas y nunca se había metido en la conformación de su propio gobierno corporativo. Esa “autonomía” gremial se ha puesto en entredicho y la libertad de disentir se perdió por cuenta de convertir a los gremios en una extensión gubernamental, nuevamente, pasando límites.
En seguridad, hay más despliegue de anuncios y un permanente espectáculo, pero así no se mejoran los indicadores de homicidios, extorsión, control territorial y protección de las comunidades. Un Gobierno se mide por la vida que logra proteger, no por la contundencia de sus escenografías. A ello se suman la inexperiencia de buena parte del equipo y sus cambios frecuentes, que debilitan la continuidad de la gestión justo cuando se necesita coordinación. Esto quizá es la muestra fehaciente del poco interés por gestionar crisis, emergencias o por gobernar realmente. Es obvio que estos análisis no sean objeto de discusión y crítica de las parrillas “informativas” de los grandes medios.
¿Hacia dónde apuntan estas señales? No basta con etiquetar al Gobierno de neoliberal. Las acciones y propuestas apuntan claramente a una forma autoritaria que necesita concentrar el poder en una persona y suele hacerse a cualquier costo: debilitando los controles democráticos (mensaje para el Congreso, altas Cortes), exigiendo obediencia (mensaje a medios de comunicación, periodistas, gremios) y rechazando la crítica y la diferencia por considerar que representan una amenaza para la Nación (mensaje para la oposición, las organizaciones sociales). Esta forma autoritaria de Abelardo, sumada a su excesivo culto; a su idea de nacionalismo excluyente, a la preferencia de la fuerza, la obediencia, la violencia política y la represión como medios para imponer orden; a la propaganda bajo el uso de símbolos, actos públicos y mensajes emocionales para construir unidad y apoyo; y a la subordinación de intereses sociales al Estado o al proyecto nacional, restringiendo la autonomía de grupos y organizaciones cuando contradicen su proyecto; son características de una ideología que va más allá del neoliberalismo y se conoce como fascismo.
Jorge Coronel López, Economista y profesor
Foto tomada de: Telemedellín
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