La estrategia destructiva no solo va contra la reputación del presidente y el intento del romper el Pacto Histórico, busca sobre todo desprestigiar el legado económico y social del gobierno progresista con, al menos, tres falacias: i) que el gobierno Petro dejó endeudado al país, ii) que el gobierno Petro fue derrochón y disparó el gasto público, y iii) que el gobierno Petro dejó el déficit fiscal más alto de la historia, todo esto para sustentar su proyecto de impuestos a los pobres, vender activos públicos y reducir el tamaño del Estado.
- El gobierno Petro no fue el que endeudó al país
La deuda pública colombiana se debe diferenciar entre la financiera y la no financiera. La financiera, que es la que se incluye en los indicadores macroeconómicos, es la adquirida con tenedores de bonos y entidades financieras, con compromisos de tasas y plazos, que se incluyen en el Presupuesto General de la Nación PGN como los flujos del servicio de la deuda. La deuda no financiera, que también es deuda del Estado colombiano, corresponde a acreencias dejadas por la actividad económica y el comportamiento de diversas transferencias, como el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC, las deudas acumuladas de las EPS, que termina asumiendo la Nación, la Opción tarifaria y los desfases en las tarifas de energía, etc., que se incluyen en el PGN como compromisos de gasto, sin incluir en los indicadores de deuda.
La primera y más grande falacia es convertir milagrosamente al gobierno Petro en el origen de todos los males, empezando por el crecimiento de la deuda pública financiera colombiana, midiéndola en valor absoluto, para hacerla ver más escandalosa. En términos macroeconómicos, con o sin regla fiscal, la deuda pública financiera se mide en proporción relativa al PIB y las metas establecidas son: i) las de un umbral o ancla del 55% del PIB, como margen de seguridad en el corto plazo, y ii) el tope o máximo legal del 71% del PIB, prevista para hacer ajustes obligatorios al gasto. Ambas metas fueron establecidas en la Ley 1473 del 2011, cuando se reglamentó la regla fiscal.
En el momento en que se acordó la regla fiscal, esas metas se veían lejanas y difíciles de alcanzar (gráfica 1). Para el 2012, la deuda bruta, definida como el total de la deuda pública dividida por el PIB, era de 34.2%, mientras la deuda neta, el indicador más confiable, equivalente a la deuda bruta menos los activos financieros disponibles, sobre el PIB, era del 33.2%. La diferencia entre la deuda bruta y la neta es era de solamente un punto del PIB, el equivalente a los activos financieros disponibles en ese momento.
La trayectoria del endeudamiento colombiano muestra tres momentos: i) un crecimiento inercial sostenido, en promedio del 1.9% del PIB anual, entre el 2012 y el 2019, ocho años, en que se pasa del 33.2% al 48.4% en deuda neta, para un total de 15,2% del PIB de incremento, ii) la pandemia del COVID 19 y el crecimiento desaforado, en un solo año, el 2020, la deuda bruta llega al 65% y la neta al 60.7%, para un incremento real neto de 12,3% del PIB, con el agravante de dejar compromisos de pago concentrados en los siguientes cinco años, y iii) la estabilización de la deuda, entre el 2021 y el 2026, ni la deuda bruta ni la neta superan el máximo alcanzado en el 2020, se honran los compromisos de pago y en el 2023 se logra bajar del umbral, con una deuda neta del 53,4%, que no se puede sostener por la caída en los ingresos tributarios.
El desfinanciamiento se hace evidente en el 2024, cuando ante la caída del recaudo, el gobierno se vio obligado, inicialmente, a suspender el presupuesto, en $20 billones, y finalmente, a recortar de manera efectiva el PGN en $28,5 billones, al finalizar el año, sin dejar de pagar la deuda. El efecto de la pérdida del grado de inversión, en 2021 siendo ministro el hoy vicepresidente Restrepo, y las prevenciones de las calificadoras de riesgo, propiciaron que, en las operaciones de “roll over”, aumentaran las tasas de interés, factor determinante para no seguir reduciendo el tamaño del endeudamiento.
Para hacerlo más escandaloso, gobierno milagro y la oposición a Petro, presentan la deuda en valor absoluto y por el total de la deuda, la bruta, que volvió al 64.4% del PIB, y dejan de lado la existencia de los activos financieros disponibles. El gobierno Petro entregó la deuda neta en el 58,7% del PIB, convirtiéndose en un muro de contención e impidiendo que esta creciera, a pesar de las condiciones adversas expresadas por las calificadoras de riesgo, el incremento de las tasas de interés y el pago del FEPC. El problema real no es mayor deuda, sino el creciente peso de los intereses o servicio de la deuda, que hay que pagar en el año calendario.
- El gobierno Petro no disparó el gasto público
El acelerado incremento del endeudamiento es la razón del crecimiento del gasto público (gráfica 2). La trayectoria, en lo corrido de este siglo, sigue un patrón de comportamiento semejante al de la deuda: i) crecimiento inercial y moderado, entre el 2000 y el 2019, desde el 15,4% hasta el 18,4% del PIB, solamente 3 puntos en 20 años, ii) crecimiento acelerado en pandemia, solamente en el 2020 aumentó 5 puntos, subió hasta el 23,4% del PIB, concentrado en mayores transferencias e intereses de la deuda, no en burocracia ni gastos de personal, y iii) estabilización del gasto, entre 2021 y 2026, para dejarlo en 21,2% con que lo entregó el gobierno Petro.
El gasto público es recurrente e inflexible en un 95%, dejando un margen de maniobra muy corto a los gobiernos, tres razones explican su marcado crecimiento: i) las transferencias de todo tipo, generalmente autorizadas por el Congreso, tienen respaldo legal y, algunas constitucional, representan el 14% del PIB, entre ellas el Sistema General de Participaciones SGP, el pago de pensiones, subsidios condicionados, eléctricos y de salud, ii) el pago de intereses o servicio de la deuda, que supera el 4% del PIB, el que tiene más impacto en la coyuntura reciente, dado el fuerte incremento de la deuda neta, la pérdida del grado de calificación, desde el 2021, y la evolución del riesgo – país, y iii) la inversión relacionada con los compromisos de vigencias futuras, que en algunos casos van hasta el 2070. Los gastos de personal, en el 2% del PIB, son los más estables de este siglo.
- El déficit fiscal se origina en la falta de ingresos
El problema del mayor o menor gasto público es la capacidad de financiarlo con recursos ciertos, los cuales provienen de recaudo tributario, el principal componente de los Ingresos Corrientes de la Nación ICN, y recursos de capital, Banco de la República y Ecopetrol principalmente. La trayectoria de los ingresos es más plana que la del gasto público, aun cuando empezó el siglo en un punto bajo, solamente el 10,9% del PIB, que fue ajustándose con la seguidilla de más de diez reformas tributarias y el tránsito del IVA al 19%, hasta llegar al 16,2% del PIB en 2019, pre-pandemia. A pesar de las reformas posteriores, los ingresos ciertos del 2026 siguen en el nivel del 16,1% del PIB.
El déficit fiscal, entendido como el gasto público no financiado por ingresos ciertos, llegó al -8,1% en 2020 y al -6,9% del PIB en 2021, la brecha era muy grande y requería de ingresos adicionales, la propuesta Carrasquilla fracasó, por su contenido, mientras se aprobaron las leyes 2155/21, Duque – Restrepo, que subió la tarifa de renta corporativa al 35%, y 2277/22, Petro – Ocampo, con progresividad en rentas extraordinarias. El impacto de estas dos leyes en el recaudo del 2023 fue evidente, reforzado con medidas administrativas de mayores anticipos y retenciones en el impuesto de renta, y los ingresos totales llegaron al 18,7% del PIB, los tributarios al 16,6%, por una única vez, concentrado exclusivamente en el impuesto de renta, que subió 2 puntos del PIB, hasta el 8,8%, para caer estrepitosamente en el 2024, los totales al 16,5%, los tributarios al 14,4% y el impuesto de renta al 6,8%, y no volverse a recuperar, ese recaudo extraordinario fue “flor de un día”, el espíritu de progresividad no prosperó.
Con mejores ingresos y control del gasto, el déficit fiscal del 2023 descendió al 3,2% del PIB. El retroceso en ingresos del 2024, 2 puntos del PIB, presionó al gobierno a buscar nuevas alternativas: i) el PGN del 2024 fue recortado en $29,5 billones, los mismos que se estimaron no estaban financiados, ii) para el PGN vigencia 2025 se presentó una primera versión de Ley de Financiamiento, por $12 billones, concentrada en dar equidad a los juegos de azar virtuales, en relación a los presenciales, controlar plataformas y ajustar progresividad en tarifas de renta y patrimonio, el proyecto fue archivado, y iii) para el PGN vigencia 2026 se volvió a presentar proyecto de financiamiento, por $16,3 billones, también archivado, es decir, el PGN vigente está desfinanciado. Sin ingresos adicionales, el déficit fiscal volvió a subir, a -6,2% para el 2024, y se entrega el 2026 con -5,1% del PIB.
- El rescate económico es el retorno a una política “pro ricos”
La primera acción del gobierno “milagro” fue pedirle a las comisiones económicas devolver el proyecto de PGN para la vigencia 2027, con el argumento de que estaba desfinanciado, fue radicado por $575,7 billones y un proyecto de financiamiento por $30,1 billones, en su reemplazo, radicaron e hicieron aprobar un PGN por $635 billones, desfinanciado en $89,5 billones, elevando las expectativas de mayor endeudamiento, por encima del 60%, déficit fiscal superior al 7% y un gasto que no se reduce, tampoco han suspendido el PGN vigente, a pesar de estar desfinanciado.
El proyecto de ley sobre “rescate económico” tiene tres componentes: i) es una reforma tributaria que toca los ingresos bajos y medios, en IVA y renta, ii) un ejercicio privatizador y de reducción del tamaño del Estado, con venta de activos, y iii) un proyecto de ajuste institucional, eliminando entidades y reduciendo administración. El argumento es cerrar el hueco fiscal histórico, reducir el tamaño del Estado y pagar la deuda. Lo que se tiene, es un diagnóstico inflado y construido con desinformación.
Ingresos se necesitan, el Congreso los negó en los pasados tres años, ahora lo buscan bajando el umbral en el impuesto de renta de personas naturales, a ingresos bajos y medios, ampliando el IVA a la canasta familiar, café, tomate y productos básicos, al tiempo que reducen tasa de renta corporativa, es decir, los nuevos ingresos se cobran a las capas bajas y medias mientras se reduce en los grupos de altos ingresos, en un proyecto que ya había fracasado, el de Carrasquilla.
La campaña mediática es clara, desinformar y convertir en catástrofe los resultados básicos del gobierno Petro, se controló el endeudamiento y se honraron los compromisos de pago, con servicio de la deuda incluido, además de deudas no financieras, no se incrementó el gasto público, manteniendo su recurrencia e inflexibilidad, honrando los compromisos de pago en transferencias hacia las regiones y vigencias futuras en inversión. El debate sigue siendo, dónde obtener ingresos adicionales, porque el déficit fiscal se origina en la menor financiación. El gobierno Petro propuso progresividad y equidad, el Congreso se lo negó. El gobierno “milagro” propone políticas “pro ricos”, destruir el progresismo y rescatar viejas prácticas belicistas con arbitrariedades bendecidas por Cristo Rey.
Ricardo Bonilla González, Ex ministro de Hacienda
Foto tomada de: Forbes Colombia
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