El banco parte de una idea central: el cambio político podría modificar favorablemente la orientación económica del país. Sin embargo, considera que el verdadero interrogante no radica en el diseño de las políticas, sino en la capacidad del nuevo gobierno para ejecutarlas en un escenario de alta polarización política y sin mayorías amplias en el Congreso.
El acrónimo T.I.G.R.E. resume los siguientes componentes:
T – Trade (Comercio)
El primer eje plantea fortalecer la apertura comercial y mejorar la integración de Colombia con los mercados internacionales. El objetivo es ampliar las exportaciones, atraer nuevas oportunidades comerciales y consolidar al país como un destino competitivo para el comercio exterior. Según el análisis, una mayor inserción internacional contribuiría al crecimiento económico y a la generación de empleo.
En materia de comercio, el banco sostiene que el cambio más significativo en la política exterior colombiana sería de carácter geopolítico más que arancelario. Considera que durante el gobierno anterior se deterioraron las relaciones con Estados Unidos, generando incertidumbre para inversionistas y exportadores, mientras que el presidente electo ha manifestado su intención de reestablecer una relación estratégica con Washington y alinear la política de seguridad con la doctrina antinarcóticos de la administración del presidente Donald Trump.
Dentro de este componente también se contempla fortalecer el comercio bilateral, mejorar la cooperación económica, recuperar la confianza de los mercados internacionales y mantener vigente el Tratado de Libre Comercio, aunque revisando algunos sectores específicos. El banco estima que esta estrategia podría favorecer la inversión extranjera, mejorar las condiciones comerciales y facilitar el acceso de Colombia a los mercados internacionales.
I – Investment (Inversión)
El segundo componente destaca la importancia de recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros mediante reglas claras, estabilidad jurídica y un entorno favorable para el sector privado. Para J.P. Morgan, este constituye el eje más importante del programa económico, pues considera que la inversión privada perdió dinamismo durante los últimos años debido a la incertidumbre regulatoria, la suspensión de nuevos contratos de exploración petrolera, las restricciones al desarrollo de recursos no convencionales y la disminución de la confianza empresarial.
En este componente se resalta la reapertura de los contratos de exploración de petróleo y gas, el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, el fortalecimiento de la infraestructura y una mayor seguridad jurídica como factores fundamentales para recuperar la inversión. Incluso el informe menciona la posibilidad de aumentar la producción petrolera hasta aproximadamente 1,3 millones de barriles diarios.
Según el banco, la recuperación de la inversión permitiría ampliar la capacidad productiva, impulsar el crecimiento económico de largo plazo y fortalecer el empleo formal. J.P. Morgan considera que este componente explica buena parte del optimismo observado recientemente en los mercados financieros colombianos.
G – Growth (Crecimiento)
El tercer eje plantea la necesidad de acelerar el crecimiento económico mediante políticas orientadas a elevar la productividad y fortalecer sectores estratégicos como la energía, la minería, la industria y la infraestructura. Según el banco, un mayor crecimiento permitiría generar más empleo formal, aumentar los ingresos fiscales y mejorar el bienestar de la población.
En materia de crecimiento (Growth), la entidad identifica como sectores con mayor potencial a los hidrocarburos, la agroindustria y la vivienda. Asimismo, sostiene que para alcanzar ese objetivo es necesario profundizar la flexibilización laboral y fortalecer la formación técnica en áreas de alta demanda. En este último aspecto, el comunicado menciona disciplinas como la inteligencia artificial y la robótica, con el propósito de preparar talento para responder a las nuevas necesidades productivas.
El informe recuerda además que la inversión privada permanece cerca de sus niveles más bajos de las últimas dos décadas, por lo que uno de los principales desafíos consistirá en convertirla nuevamente en el motor del crecimiento económico.
Finalmente, destaca que una de las principales promesas de campaña consiste en elevar el crecimiento del PIB desde una tendencia inferior al 3 % anual hasta un rango de entre el 6 % y el 7 % anual hacia el tercer año de gobierno.
R – Retrenchment (Disciplina o ajuste fiscal)
El cuarto componente enfatiza la importancia de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para J.P. Morgan resulta fundamental controlar el déficit fiscal, racionalizar el gasto público y mantener la confianza de los mercados financieros.
En ese sentido, plantea el compromiso de cumplir la regla fiscal, reducir el tamaño del Estado, consolidar el presupuesto público, modernizar la administración tributaria y racionalizar el gasto gubernamental. Según la entidad, una política fiscal responsable contribuiría a disminuir los costos de financiamiento del Estado y fortalecer la estabilidad macroeconómica.
No obstante, el banco advierte que buena parte de estas reformas requerirá aprobación del Congreso, razón por la cual identifica un importante riesgo de naturaleza política para su implementación.
E – Enforcement (Seguridad y Estado de Derecho)
El último eje resalta la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad jurídica y mejorar las condiciones de orden público. El banco considera que la protección de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la capacidad institucional para hacer cumplir la ley son elementos esenciales para estimular la inversión y favorecer el desarrollo económico.
De acuerdo con el análisis, este componente comprende políticas orientadas al fortalecimiento de la autoridad del Estado, la lucha contra las economías ilegales y el narcotráfico, la erradicación de cultivos ilícitos, la extradición, el fortalecimiento institucional, la ampliación de la infraestructura penitenciaria y una cooperación más estrecha con Estados Unidos.
J.P. Morgan considera que este es uno de los componentes más sólidos del programa, debido a que varias de estas medidas dependen principalmente del Poder Ejecutivo y no necesariamente requieren aprobación legislativa.
El principal riesgo: la gobernabilidad
Uno de los aspectos más relevantes del informe es que J.P. Morgan no cuestiona la orientación general del programa económico. Su principal preocupación radica en la capacidad política para llevarlo a la práctica.
El banco identifica como factores de riesgo la estrecha diferencia electoral, la fragmentación del Congreso, la dificultad para construir coaliciones y los desafíos de gobernabilidad que podrían retrasar o limitar la ejecución de las reformas propuestas.
Adicionalmente, menciona otros riesgos que podrían afectar el desempeño económico, entre ellos la evolución del precio internacional del petróleo, la dependencia de la inversión privada, la situación fiscal heredada, el contexto financiero internacional y eventuales fenómenos climáticos como El Niño.
J.P. Morgan sostiene que los cinco pilares de la tesis T.I.G.R.E. constituyen un marco útil para evaluar el desempeño económico del nuevo gobierno y las oportunidades de inversión en Colombia. Como consecuencia de este análisis, la entidad manifestó una visión favorable sobre diversos activos colombianos, entre ellos los TES, los bonos de Ecopetrol y Bancolombia, las acciones nacionales y los sectores de energía, minería e infraestructura, aunque moderó parcialmente su optimismo debido a los riesgos asociados con la gobernabilidad.
Una mirada crítica a la agenda T.I.G.R.E. de J.P. Morgan
El marco de análisis T.I.G.R.E. presentado por J.P. Morgan constituye, en la práctica, una hoja de ruta de política económica que propone el retorno a postulados del modelo neoliberal. Desde esta perspectiva, dichas orientaciones han contribuido durante las últimas décadas al deterioro económico y social de Colombia y de buena parte de América Latina. A continuación, se examinan críticamente los cinco pilares que el banco considera prioritarios para el nuevo gobierno.
- Trade (Comercio). La propuesta busca profundizar un modelo de inserción internacional de carácter neoliberal y neocolonial, en el que Colombia continúa especializándose en la exportación de bienes primarios mientras depende de la importación de bienes manufacturados con mayor valor agregado. Sin embargo, el nuevo gobierno enfrenta desde el comienzo un desafío significativo: la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles de manera unilateral, en contravía de los compromisos del Tratado de Libre Comercio. Surge entonces el interrogante sobre cómo el presidente Abelardo de la Espriella administrará esta tensión, especialmente considerando su cercanía política con Washington. Como afirmaba Lord Palmerston, “las naciones no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes; solo tienen intereses permanentes”, principio que ha caracterizado históricamente la política exterior de las grandes potencias.
- Investment (Inversión). El énfasis recae en estimular la inversión en sectores primario-exportadores, especialmente petróleo, gas e hidrocarburos no convencionales mediante fracking. En contraste, el documento no plantea una estrategia orientada a impulsar la industrialización ni el desarrollo de cadenas productivas que agreguen valor a las materias primas nacionales, como la industria química basada en el procesamiento de combustibles fósiles[iii]. En consecuencia, se fortalece un patrón de especialización basado en la extracción de recursos naturales y la dependencia de manufacturas importadas, profundizando el modelo primario-exportador.
- Growth (Crecimiento). Aunque el informe plantea como objetivo elevar la productividad, las medidas propuestas no priorizan inversiones en infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, factores fundamentales para incrementar la productividad de manera sostenible. Por el contrario, el énfasis se concentra en flexibilizar el mundo laboral y reducir los costos del trabajo. En la práctica, se busca mejorar la competitividad mediante el abaratamiento de la mano de obra, más que mediante aumentos efectivos de productividad. Este enfoque abre espacio a reformas laborales regresivas, como la ampliación del trabajo por horas y el debilitamiento de la negociación colectiva y de las organizaciones sindicales.
- Retrenchment (Disciplina fiscal). El aspecto más controvertido de este componente es la propuesta de reducir el tamaño del Estado. No obstante, este diagnóstico resulta discutible si se considera que el empleo público en Colombia representa apenas alrededor del 6 % de la población ocupada, porcentaje inferior al promedio de América Latina y de los países de la OCDE. Además, una política de austeridad que reduzca la inversión pública en infraestructura, ciencia, educación y desarrollo productivo podría terminar debilitando el crecimiento económico, disminuyendo el recaudo tributario y agravando, en el mediano plazo, los mismos desequilibrios fiscales que pretende corregir.
- Enforcement (Seguridad y Estado de Derecho). Este componente parte de la premisa de que la violencia y el narcotráfico deben enfrentarse principalmente mediante el fortalecimiento de la fuerza pública y las acciones represivas. Sin embargo, este enfoque deja en un segundo plano las causas estructurales de ambos fenómenos. Una estrategia de seguridad sostenible requiere generar oportunidades de desarrollo económico mediante crédito de fomento, asistencia técnica, infraestructura, acceso a mercados y políticas públicas que permitan desarrollar actividades productivas rentables en los territorios. Paradójicamente, muchas de estas herramientas dependen de una mayor inversión pública, precisamente el tipo de gasto que el programa propone restringir. A ello se suma que una política monetaria restrictiva del Banco de la República puede limitar la expansión del crédito productivo necesario para impulsar ese proceso de desarrollo.
La agenda T.I.G.R.E. y el nuevo escenario geopolítico mundial
Desde una perspectiva geopolítica, la estrategia comercial y de seguridad propuesta estaría estrechamente vinculada al fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos, particularmente mediante iniciativas como el denominado Escudo de las Américas[iv]. Mientras sus promotores lo presentan como un mecanismo de cooperación hemisférica, sus críticos lo interpretan como una estrategia destinada a contener la creciente influencia de China y de los BRICS en América Latina. Bajo este enfoque, Colombia podría desaprovechar las oportunidades económicas derivadas de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China y mantener una política exterior alineada con la defensa del orden internacional unipolar en declive encabezado por Occidente. Desde esta perspectiva crítica, ello implicaría respaldar una agenda asociada al militarismo occidental, al apoyo de Estados Unidos e Israel en el genocidio de palestinos en Gaza, a la confrontación contra Irán y a la estrategia de la OTAN frente a Rusia en el conflicto de Ucrania.
En un contexto histórico más amplio, puede sostenerse que el Sur Global busca construir una arquitectura internacional distinta de la que predominó durante los últimos cinco siglos. Desde la Conferencia de Bandung, pasando por el Movimiento de Países No Alineados, hasta la consolidación de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, numerosas naciones han promovido un orden internacional sustentado en la multipolaridad, la cooperación, el diálogo y la solución pacífica de las controversias, en contraposición a un modelo que consideran dominado por la hegemonía política, económica y militar de las potencias occidentales lideradas por EE.UU. como poder hegemónico.
En ese escenario, el principal interrogante es si el gobierno de Abelardo de la Espriella mantendrá una estrategia de alineamiento con Estados Unidos para sostener un orden internacional unipolar que muestra crecientes signos de agotamiento o si, por el contrario, reconocerá las profundas transformaciones del sistema internacional impulsadas por las economías emergentes agrupadas en los BRICS y, en particular, por China, Rusia, India e Irán. De esa decisión dependerá, en buena medida, el papel que Colombia aspire a desempeñar dentro del nuevo orden multipolar que comienza a consolidarse.
Aunque J.P. Morgan presenta este documento como un marco analítico para evaluar las perspectivas económicas del nuevo gobierno, su contenido trasciende una simple herramienta de análisis. En la práctica, constituye una hoja de ruta que prescribe las políticas económicas que, a juicio de la entidad financiera, debería adoptar la nueva administración. En este sentido, el informe no solo interpreta un posible escenario económico, sino que también expresa la visión y las prioridades que el principal banco de inversión de Estados Unidos considera convenientes para el rumbo de la economía colombiana. En otras palabras, más que describir un escenario posible, el informe prescribe una agenda de política económica que fue recibida favorablemente por el vicepresidente José Manuel Restrepo[v], quien manifestó su coincidencia con dichos planteamientos.
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[i] Considerado el banco más poderoso de los Estados Unidos, J.P. Morgan constituye un agente central del sistema financiero angloamericano orientado a perpetuar un modelo «especulativo, parasitario y neocolonial». Al operar como un apéndice de la City de Londres, la institución erosiona la soberanía estatal mediante el endeudamiento, sustituye la financiación de la economía productiva por una dinámica de «casino financiero» basada en derivados de alto riesgo sistémico, y capitaliza las crisis para imponer rescates con fondos públicos. En última instancia, la entidad no actúa como un catalizador del crecimiento, sino como un engranaje del orden financiero global concebido para limitar la industrialización soberana y extraer renta mediante el saqueo y la especulación.
[ii] https://www.eltiempo.com/economia/sectores/jp-morgan-lanza-su-tesis-t-i-g-r-e-los-cinco-ejes-que-debera-seguir-de-la-espriella-en-su-gobierno-3566994
[iii] La industria química y petroquímica transforma el petróleo y el gas natural en una amplia gama de productos esenciales para la economía moderna. Entre ellos se encuentran combustibles (gasolina, diésel, combustible para aviación, GLP y gas natural), lubricantes, asfaltos y parafinas; fertilizantes nitrogenados (amoníaco y urea); plásticos y resinas utilizados en envases, construcción, automóviles y electrodomésticos; fibras sintéticas como poliéster y nylon; cauchos sintéticos; pinturas, solventes y adhesivos; detergentes y productos de limpieza; cosméticos y productos de higiene personal; una gran variedad de medicamentos e insumos farmacéuticos; equipos e insumos médicos; componentes para la industria electrónica (resinas, plásticos técnicos y materiales aislantes); así como miles de compuestos químicos empleados en la agricultura, la minería, la industria textil, la construcción y la manufactura avanzada. Se estima que más de 6.000 productos de uso cotidiano tienen como materia prima directa o indirecta derivados del petróleo o del gas natural.
[iv] iniciativa de cooperación hemisférica impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientada a fortalecer la coordinación regional en materia de seguridad, defensa, lucha contra el narcotráfico, migración y crimen organizado. El nuevo gobierno de Colombia manifestó su intención de adherirse a esta estrategia, la cual es presentada por sus promotores como un mecanismo de estabilidad regional, pero en el fondo es un instrumento de la política exterior estadounidense para contener la influencia de China y los BRICS en América Latina.
[v] https://www.instagram.com/p/DZ_FNvfGY-J/
Carlos Julio Díaz Lotero
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