Quienes habían organizado tal evento y otras individualidades, que iban desde un respetado y reconocido abogado y líder social hasta una versada economista, igualmente destacada, alzaron sus voces contra tal blasfemia, contra este hereje. Sintieron que estaba atacando vil y erradamente a la aún joven Constitución que para ellos y ellas era lo máximo que se podría lograr. Como era posible que una voz vinculada al sector progresista o de izquierda y aún más ambientalista, se atreviera a pronunciar tan desastrosas palabras.
Pero la realidad es que hasta al momento según se nos informa hoy, han realizado al menos 30 reformas a la actual Constitución Política de Colombia. De “articulito” en “articulito”, el poder político y económico que sigue rigiendo el devenir del país, ha ido realizando cambios a la misma para favorecer sus propios intereses. Y a estas continuas reformas, le han agregado leyes que para la mayoría pueden pasar desapercibidas pero que han venido moldeando el devenir de 50 millones de colombianos y colombianas.
Hoy ante la constante negativa de la institucionalidad, de los diferentes poderes políticos, legislativos y judiciales, en constante oposición a las reformas sociales propuestas por el actual gobierno del cambio, acompañados del poder mediático, han pretendido negar el derecho de la ciudadanía a expresarse sobre los asuntos que más nos atañe. Pretenden mostrar el llamado al sufragio universal, como si fuera un acto dictatorial de nuestro presidente Gustavo Petro Urrego y su gobierno. Quieren desconocer y negar la importancia del voto popular para que se manifieste en favor o en contra de las propuestas del gobierno nacional. Desprestigiando tan importante ejercicio democrático, se proponen frenan la participación de la ciudadanía para determinar qué futuro desea. Es decir, excusados en unas leyes pretenden oponerse a una democracia participativa, amplia y profunda.
Van saliendo los llamados “expertos” a pronunciarse sobre esto o aquello, sobre lo positivo o supuestamente negativo, sobre quien tiene a no derecho a convocar al pueblo, sobre que prima primero, ley y el orden (impuestos por los que siempre han tenido el poder), o el Estado Social que prima los derechos legítimos de la ciudadanía sobre todo lo demás. Y entre estos se pronuncian lideres y lideresas políticas que aún insisten en negar lo legítimo de la democracia popular. Ante su desprestigio, no les conviene que las mayorías se manifiesten abiertamente sobre las trasformaciones que desde hace buen tiempo se están requiriendo. Una de esas, ya en una de sus rabietas públicas, llama a romper la virtual papeleta, que se propone sea destinada para que decidamos si se convoca o no a la Asamblea Constituyente.
Algo que nadie puede negar es que las propuestas realizadas desde la Presidencia, han puesto en la conversa y al debate, en cada rincón de nuestro extenso territorio y las ahora muy utilizadas redes sociales, temas como Reformas Sociales, Consulta Popular, Cabildos Abiertos, Derechos Colectivos y ahora la necesaria Asamblea Constituyente, que tarde o temprano, el próximo año o dentro de diez, se deberá realizar.
John Elvis Vera Suarez
Foto tomada de: BBC
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