El nombramiento de Omar Bula Escobar como canciller, el viaje de José Manuel Restrepo a Estados Unidos antes de la posesión presidencial y los anuncios sobre el ingreso al “Escudo de las Américas” y el restablecimiento inmediato de las relaciones con el gobierno genocida de Benjamín Netanyahu no constituyen episodios independientes. Son señales de un mismo giro: el retorno de Colombia a una política exterior estrechamente alineada con Washington.
La cuestión no consiste en discutir si Colombia debe mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Ningún país serio renuncia a una relación estratégica con la principal potencia del hemisferio. El verdadero debate es otro: si esa relación continuará desarrollándose desde la autonomía diplomática y bajo el respeto a los principios del Derecho Internacional o si terminará convirtiéndose en el principio que ordene imperialmente todas las decisiones internacionales del Estado colombiano.
La diferencia parece sutil, pero no lo es. Una cosa es construir alianzas para defender intereses nacionales; otra muy distinta es adaptar el interés nacional a las prioridades estratégicas de un aliado.
Una diplomacia orientada hacia Washington
Toda política exterior comienza por las personas encargadas de ejecutarla. Por eso el nombramiento de Omar Bula Escobar merece una lectura que vaya más allá de su trayectoria profesional.
El gobierno entrante ha explicado su designación como parte de una profunda reingeniería de la Cancillería orientada al pragmatismo, la eficiencia, el comercio y la ciber diplomacia. Sobre el papel, se trata de objetivos razonables para cualquier servicio exterior moderno.
Sin embargo, la política internacional nunca es únicamente una cuestión de eficiencia administrativa. También expresa valores políticos y prioridades éticas.
Las posiciones públicas que Bula ha mantenido frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus críticas a organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades fundamentales han despertado preocupación en distintos sectores sociales. No porque un canciller deba coincidir siempre con esos organismos, sino porque Colombia ha encontrado históricamente en el derecho internacional y en los mecanismos regionales un espacio fundamental para proteger a víctimas del conflicto armado, líderes sociales, periodistas y comunidades vulnerables.
Cuando un gobierno comienza a mirar con desconfianza esos escenarios multilaterales, también modifica la forma en que entiende el papel del país dentro de la comunidad internacional. La diplomacia deja de privilegiar la construcción de consensos para concentrarse en la defensa de alianzas estratégicas y objetivos de seguridad.
Ese cambio quedó reforzado con el viaje realizado por José Manuel Restrepo a Estados Unidos antes incluso de la posesión presidencial. Más allá de los asuntos tratados en esas reuniones, el gesto posee un evidente significado político. En diplomacia, las visitas oficiales comunican prioridades antes que los discursos. Colombia quiso transmitir, desde el primer momento, que la relación con Washington volvería a ocupar el centro de su acción internacional.
La suma de estas decisiones permite identificar un cambio de paradigma. Durante los últimos años, la política exterior colombiana intentó diversificar interlocutores y fortalecer su presencia en escenarios multilaterales relacionados con el cambio climático, la paz y los derechos humanos. El nuevo gobierno quiere optar por un camino diferente: reconstruir un eje privilegiado con Estados Unidos y convertir esa relación en el principal referente de su estrategia internacional.
Seguridad, geopolítica y soberanía
El anuncio de que Colombia ingresará al “Escudo de las Américas” constituye probablemente la expresión más clara de ese giro. Presentada como una iniciativa para coordinar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, debe analizarse sin ingenuidades desde su contexto geopolítico.
Diversos analistas sostienen que el “Escudo de las Américas” forma parte de una estrategia impulsada por la administración Trump para consolidar una arquitectura regional de seguridad bajo liderazgo estadounidense. Su objetivo ya no sería únicamente combatir el crimen organizado, sino integrar a los países latinoamericanos dentro de una estrategia más amplia destinada a contener la influencia de China y Rusia en el continente.
Es aquí donde aparece la principal inquietud.
La soberanía no desaparece únicamente cuando un Estado pierde el control de su territorio. También puede erosionarse cuando las prioridades nacionales comienzan a definirse desde agendas construidas fuera del propio país.
Las naciones medianas preservan mayor capacidad de negociación cuando mantienen relaciones abiertas con distintos centros de poder. En cambio, una alineación demasiado estrecha reduce el margen para diversificar alianzas económicas, tecnológicas y diplomáticas.
Ese desplazamiento estratégico también parece reflejarse en otras áreas. El nuevo gobierno ha anunciado un cambio de orientación frente a la política climática, privilegiando un enfoque más extractivista y cuestionando algunas de las posiciones que habían convertido a Colombia en un referente regional sobre biodiversidad y transición energética. Diversos sectores consideran que ello podría debilitar el liderazgo internacional del país en una de las agendas más relevantes del siglo XXI.
El mismo patrón se observa en la decisión de restablecer inmediatamente las relaciones diplomáticas con el gobierno genocida de Benjamín Netanyahu y en la posibilidad de trasladar la embajada colombiana a Jerusalén.
Todo Estado tiene derecho a decidir con quién mantiene relaciones diplomáticas. Pero las decisiones internacionales también poseen un enorme contenido simbólico.
En medio del genocidio en Gaza y de las intensas discusiones jurídicas sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario, un acercamiento incondicional al actual gobierno israelí inevitablemente será interpretado como una toma de posición frente a uno de los conflictos más sensibles de nuestro tiempo. Sería la legitimización ante las naciones del mundo del genocidio.
Diversos análisis advierten, además, que trasladar la embajada a Jerusalén podría generar tensiones con países árabes, con buena parte del Sur Global e incluso con socios europeos que mantienen posiciones distintas sobre el estatus internacional de esa ciudad.
Más allá de la ubicación física de una embajada, lo que está en juego es la capacidad de Colombia para conservar márgenes de interlocución con actores diversos en un escenario internacional cada vez más fragmentado.
El costo de elegir un solo horizonte
Quienes respaldan este giro sostienen que Colombia recuperará credibilidad ante sus aliados tradicionales, fortalecerá la cooperación en seguridad y atraerá nuevas oportunidades económicas. Es un argumento que a primera vista podría parecer legítimo. Sin embargo, toda política exterior debe evaluarse también por aquello a lo que obliga a renunciar.
El escenario internacional ya no responde a la lógica bipolar del siglo pasado. La competencia entre Estados Unidos y China, el ascenso de nuevas potencias y la creciente influencia del Sur Global han configurado un orden más complejo, donde la principal fortaleza de los Estados medianos consiste en conservar capacidad para relacionarse con múltiples actores sin quedar subordinados a ninguno.
Desde esa perspectiva, el ingreso al “Escudo de las Américas” adquiere un significado que trasciende la cooperación contra el crimen organizado. Sería la participación en una estrategia hemisférica impulsada por Washington para consolidar una arquitectura regional de seguridad orientada también a contener la influencia de China y Rusia.
El restablecimiento inmediato de las relaciones con el gobierno de Israel y la posibilidad de trasladar la embajada colombiana a Jerusalén refuerzan esa misma orientación. No se discute aquí el derecho soberano de Colombia a definir sus relaciones diplomáticas, sino el mensaje político que transmite una decisión de esa naturaleza en medio de la crisis humanitaria en Gaza debido al genocidio que aún hoy se desarrolla en esa región del planeta y del intenso debate internacional sobre el pisoteo al derecho internacional humanitario por parte de Netanyahu y sus aliados. También supone asumir el riesgo de deteriorar las relaciones con países árabes y con otros socios que mantienen una posición distinta sobre el genocidio al pueblo palestino.
Consideradas en conjunto, las primeras decisiones del nuevo gobierno dibujan una política exterior centrada en la seguridad militar, el alineamiento arrodillado con Washington y el fortalecimiento de las alianzas occidentales. Esa estrategia reducirá la capacidad de Colombia para actuar con autonomía en un escenario internacional cada vez más multipolar.
La política exterior no se mide únicamente por la cercanía con los aliados más poderosos. También se juzga por la capacidad de preservar un criterio propio, defender el derecho internacional, ejercer activamente el principio de autodeterminación de los pueblos y mantener abiertos los espacios de diálogo con actores diversos. Ese ha sido, históricamente, uno de los principales activos de los Estados que aspiran a ejercer plenamente su soberanía.
Porque la soberanía no consiste solo en elegir aliados. Consiste, sobre todo, en conservar la libertad de decidir cuándo acompañarlos y cuándo discrepar de ellos para defender las mejores causas de la humanidad. Esa diferencia, aparentemente pequeña, es la que separa una diplomacia autónoma y soberana de una diplomacia subordinada.
Todo hace indicar que el gobierno entrante está dispuesto a ponerse las rodilleras.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: El Tiempo
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