Expertos en energía y modelización del metabolismo económico insisten en que, sin una transición del sistema, es imposible la transición energética. Sin embargo, los gobiernos son incapaces de asumir la responsabilidad que les corresponde como representantes de la ciudadanía, a pesar de que hay cada vez más científicos y activistas que exigen la declaración de un «estado de emergencia climático y energético».
En España, el gobierno de Pedro Sánchez quiere promover una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, antes de iniciar su andadura, ya es obsolescente. De hecho, un grupo de reconocidos científicos y activistas ecológicos le han hecho llegar al equipo encargado de redactar dicha ley la petición de que tome «medidas de excepción» a causa de la emergencia planetaria que vivimos.
Tras el último informe del Departamento de Medio Ambiente de Naciones Unidas acerca del aumento de emisiones de CO2 a nivel planetario (después de tres años de estancamiento), con lo que la comunidad internacional se alejaba de las metas propuestas para combatir el cambio climático, el grupo EmerCiv (Emergencia Civilizatoria) remitía al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cuya titular es Teresa Ribera, una enmienda a la totalidad al borrador de la ley que debería marcar en España los pasos hacia una Transición Energética. Según EmerCiv, dicha transición «solo será posible si cambiamos a un modelo económico que deje de crecer». Aunque la Comisión Europea se marcó el 2050 como año límite para abandonar los combustibles fósiles, debe hacerse mucho antes. Entre otros motivos, porque no queda bastante cantidad de estos y es «biofísicamente imposible» seguir adelante si se mantiene el crecimiento económico actual.
Las afirmaciones de EmerCiv aparecen recogidas en un documento de 28 páginas —«Transición ecológica y emergencia civilizatoria»— que han complementado con una nueva web: www.transición-ecológica.info. Su intención es proseguir la elaboración y difusión de propuestas «más allá del restringido marco de esta ley concreta» y darlas a conocer de forma amplia, dado que los medios de comunicación generales informan poco y mal.
Naciones Unidas ha publicado un informe en el que se exigen «medidas sin precedentes, drásticas y urgentes» y un grupo de científicos españoles1 ha presentado un conjunto de disposiciones que superan de manera sustancial las entregadas al Ministerio por las principales organizaciones ecologistas.
Entre sus propuestas cabe destacar el abandono del «actual sistema basado en el crecimiento», la reestructuración de las ciudades para reducir de forma contundente los desplazamientos, la dedicación de todos los recursos estatales a «explicar a la población la gravedad de la situación» y un impulso público importante a la agroecología, la reforestación y la repoblación rural.
En cuanto a las propuestas gubernamentales son de una inopia suicida. Se limitan a criticar aspectos concretos, como restringir el diesel y promover el coche eléctrico como «solución», y el borrador adolece de un «error de concepto», pues consideran imprescindible «conjugar la sustitución de tecnologías con la transformación socioeconómica». Este plantel de científicos también le critica al Gobierno que se confíe el éxito de la «descarbonización» al aumento de la eficiencia y de la «desmateralización» económica, supuestos «muy problemáticos» si nos ceñimos a la realidad. De hecho, anuncian que, tras 50 años de advertencias científicas desatendidas, si no se corrigen dichos «errores de concepto» y ante la falta de profundidad en las medidas gubernamentales, se producirá «un proceso de descomposición social» y «el colapso del modo de vida industrial» como consecuencia del descenso de la energía neta disponible para la sociedad.
___________________________________________________
Pepa Úbeda
1 Los responsables de presentar al gobierno la propuesta citada para llevar adelante «la tarea colectiva más importante del siglo XXI» son un grupo de investigadores sobre economía y energía de la Universidad de Valladolid, la ecofeminista Yayo Herrero, los expertos en el Cénit del petróleo Pedro Prieto y Antonio Turiel, el coordinador del proyecto MEDEAS Jordi Solé, el experto en metabolismo de la economía Óscar Carpintero y el profesor de Filosofía Moral de la Universidad Autónoma de Madrid Jorge Riechmann.
La redacción del documento fue coordinada por el Instituto Resiliencia, entidad que forma parte del Centro de Saberes para a Sustentabilidade (CSS) y reconocida oficialmente por la Universidad de Naciones Unidas dentro de su red RCE (Regional Centers of Expertise on Education for Sustainable Development).
Deja un comentario