La corrupción en Colombia no comenzó con el gobierno de Gustavo Petro, pero tampoco desapareció con su llegada al poder. La historia política reciente demuestra que se trata de un problema estructural, arraigado en las instituciones, en las prácticas de contratación pública, en la financiación de las campañas y en las relaciones entre sectores económicos, partidos políticos y funcionarios del Estado.
Durante las últimas décadas, prácticamente todos los gobiernos han enfrentado escándalos de corrupción, tráfico de influencias o financiación irregular. El Proceso 8.000, durante el gobierno de Ernesto Samper, reveló la penetración del dinero del narcotráfico en la política nacional. Posteriormente, los gobiernos de Álvaro Uribe estuvieron marcados por casos como la parapolítica, las denuncias alrededor de la Yidispolítica, las interceptaciones ilegales del DAS y los llamados falsos positivos, hechos que evidenciaron graves abusos de poder y fallas en los controles institucionales.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos también se produjeron escándalos de gran magnitud, entre ellos el escándalo de Reficar que desvió el 5% del presupuesto nacional, o caso de Odebrecht, que puso al descubierto la circulación de recursos ilegales en la financiación electoral y la contratación de grandes obras de infraestructura con cuotas y sobornos de por medio. A esto se sumaron cuestionamientos relacionados con la salud, la contratación pública y el manejo de recursos destinados a programas sociales.
El gobierno de Iván Duque, por su parte, enfrentó denuncias como la llamada Ñeñepolítica, cuestionamientos sobre la financiación de su campaña con dineros mafiosos, irregularidades en contratos estatales y controversias relacionadas con el manejo de recursos públicos durante la pandemia. Más recientemente, el gobierno de Gustavo Petro fue golpeado por el escándalo de la UNGRD, una presunta financiación irregular de su campaña y otros casos que han comprometido a funcionarios, congresistas y personas cercanas al poder.
Estos hechos no permiten afirmar que un solo gobierno tenga el monopolio de la corrupción. Por el contrario, muestran que el problema atraviesa distintas administraciones, ideologías y partidos. Es cierto que algunos escándalos han tenido mayor impacto político, económico o institucional que otros; sin embargo, comparar gobiernos únicamente por el número de casos o por el ruido mediático puede terminar ocultando una realidad más profunda: la corrupción se reproduce porque existen estructuras que la permiten, controles débiles, sanciones tardías y una cultura política que con frecuencia tolera la ilegalidad cuando beneficia al propio grupo.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a determinar cuál gobierno ha sido “más corrupto”. Esa competencia, además de simplista, puede convertirse en una forma de encubrimiento. Cada sector político suele denunciar la corrupción de sus adversarios, pero tiende a minimizar la de sus aliados. Así, la indignación se vuelve selectiva y la lucha contra la corrupción termina subordinada a los intereses electorales.
El problema tampoco consiste únicamente en que algunos funcionarios se apropien de recursos públicos. La corrupción afecta de manera directa la vida cotidiana de millones de personas. Cada contrato amañado, cada soborno, cada obra inconclusa y cada peso desviado significa menos recursos para la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, la infraestructura y la protección de la infancia. El dinero público que se pierde no es una cifra abstracta: representa medicamentos que no llegan, escuelas que no se construyen, hospitales que no funcionan y comunidades que permanecen abandonadas.
Por esa razón, no basta con hablar de corrupción en términos contables o judiciales. También es necesario entenderla como un problema ético y democrático. Cuando un funcionario utiliza su cargo para enriquecerse, no solo viola la ley, también traiciona la confianza ciudadana y convierte el Estado en un instrumento al servicio de intereses particulares sobre el bien de las mayorías. La corrupción deteriora la legitimidad de las instituciones, profundiza la desigualdad y alimenta la desesperanza de quienes cumplen las normas mientras observan que otros se enriquecen mediante el poder.
Colombia necesita superar la idea de que la corrupción es inevitable o que hace parte “normal” de la política. Tampoco se trata de reducirla a sus “justas proporciones”, como afirmó cínicamente el expresidente Julio César Turbay Ayala. Se trata de construir una verdadera moral pública basada en la transparencia, la responsabilidad y la defensa del bien común. Para ello se requieren organismos de control independientes, sistemas de contratación abiertos, financiación política plenamente vigilada, protección efectiva a los denunciantes, justicia oportuna y sanciones que no dependan del partido al que pertenezca el acusado.
Mientras el debate siga siendo utilizado para atacar o defender gobiernos, sin examinar las estructuras que permiten el saqueo de lo público, el país seguirá repitiendo la misma historia. La solución exige reconocer responsabilidades en todos los sectores, abandonar la doble moral y comprender que defender los recursos públicos es defender la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de toda la sociedad colombiana.
Un repaso por los últimos gobiernos permite reconocer la gravedad y sistematicidad de una práctica que vulnera los derechos y la vida del pueblo colombiano, y compromete todo ideal democrático.
Gobierno de Ernesto Samper (1994–1998)
-Proceso 8.000. Fue el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial. Este escándalo creó una grave crisis institucional. El escándalo surgió tras revelarse que dineros sucios ingresaron a la campaña presidencial de 1994 tras un allanamiento a las oficinas del contador Guillermo Pallomari, vinculado al Cartel de Cali. Si bien el centro mediático fue el presidente, al caso estuvieron vinculados congresistas y políticos de la época. El gerente de la campaña y exministro de Defensa Fernando Botero Zea, fue condenado por enriquecimiento ilícito.
-El «miti-miti». Se trato de un escándalo protagonizado por los ministros de Energía Rodrigo Villamizar y de Comunicaciones Saulo Arboleda, quienes buscaban sacar partida de un trámite para la licitación de 81 emisoras en frecuencia modulada (FM) a través de favores políticos y beneficios personales, en lugar de realizar procesos de selección objetivos y transparentes. En su momento el exministro Saulo Arboleda afirmó que su condena perdió sustento tras la absolución de Villamizar, quien fue sobreseído por la misma Corte Suprema de Justicia. El caso fue llevado a la Corte IDH, que le dio la razón parcial al ex ministro y ordenó que fuera reparado, pero rechazó la mayor parte de sus pretensiones. “Arboleda había solicitado más de 1,2 millones de dólares en compensación, pero la Corte solo le otorgó 10.000 dólares por daños inmateriales y determinó que la publicación de la sentencia es suficiente como medida de reparación simbólica”[1].
Gobierno de Andrés Pastrana (1998–2002)
-Dragacol. Fue uno de los mayores casos de corrupción del gobierno Pastrana, aunque inició bajo el mandato anterior. Consistió en una millonaria conciliación irregular y lesiva para el Estado entre el Ministerio de Transporte y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. (Dragacol), propiedad del empresario Reginaldo Bray. En este proceso se firmaron actas de conciliación a puerta cerrada para pagar a la empresa la astronómica suma de 26.000 millones de pesos. Tras un debate político en el Congreso, el Gobierno nacional se vio obligado a frenar los desembolsos cuando ya se habían entregado cerca de 17.600 millones de pesos.
– Escándalo de Chambacú. Consistió en una cuestionada negociación para la venta de unos lotes de gran valor urbanístico en Cartagena de Indias, en beneficio particular de altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno. El escándalo afectó a los políticos Fernando Araújo Perdomo (entonces ministro de Desarrollo) y Luis Alberto Moreno, (entonces embajador en Estados Unidos) por la compra y negociación favorable de unos terrenos del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) para desarrollar el proyecto de construcción llamado “Chambacú”[2].
-Desfalco a Foncolpuertos. Empleados públicos y ciudadanos falsificaron documentos públicos, y fueron condenados también por prevaricato, peculado por apropiación y concierto para delinquir. Cobraban de forma fraudulenta pensiones de la liquidada empresa del Estado “Puertos de Colombia” a través de su fondo de pensiones.
-TermoRío. Fue un millonario y complejo caso de corrupción y litigio internacional en el año 2000 en Colombia, donde se intentó defraudar a la Nación por 61 millones de dólares mediante un tribunal de arbitramento simulado en París, lo que resultó en condenas penales locales a los implicados.
-Escándalo de Inversolsa. En mayo de 1997 Fernando Londoño Hoyos, (quien sería nombrado por Uribe ministro del Interior y de Justicia entre 2002 y 2004) compró de forma irregular un paquete de 145 millones de acciones de Inversiones Gases de Colombia (Invercolsa), que entonces era filial de Ecopetrol, usando un certificado laboral falso. Tras décadas de litigio, la justicia ordenó devolver las acciones a la Nación. Londoño también fue inhabilitado en noviembre de 2004 por el uso indebido de su cargo como ministro del Interior y de Justicia al hacer gestiones a favor del consorcio italiano Recchi, del que había sido su apoderado judicial.
Gobierno de Álvaro Uribe (2002–2010)
-Yidispolítica: Compra de votos de congresistas para aprobar la reelección presidencial. El caso involucró a la exrepresentante Yidis Medina, quien confesó haber recibido sobornos a cambio de votar a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe en 2006.
-Falsos Positivos. Miembros activos de las FFMM engañaron chicos inocentes, ofreciéndoles trabajo, en algunos casos, para llevarlos a sitios apartados, asesinarlos a sangre fría, disfrazarlos de guerrilleros, cobrar recompensas y mentirle al país sobre falsos éxitos militares que se traducían en muertes más no en capturas. Estas ejecuciones extrajudiciales recibieron luz verde desde la cúpula militar y la presidencia de la república de Uribe Vélez a través de una directiva ministerial emitida por Defensa y fue, a decir de la Corte Penal Internacional, una política de Estado.
-Parapolítica. Se trato de una alianza entre funcionarios y congresistas uribistas aliados con grupos paramilitares. Más del 30% del Congreso estaba al servicio del paramilitarismo, que usó dinero ilegal, armas y amenazas para obligar a la gente a votar por los candidatos del uribismo. A cambio de ello, los congresistas elegidos protegieron y defendieron los intereses narcoparamilitares desde el gobierno.
-Agro Ingreso Seguro (AIS). A través de este programa se entregaron millonarios subsidios a familias adineradas, cercanas al gobierno, incluyendo aportantes a su campaña electoral en lugar de beneficiar pequeños campesinos. Los subsidios se entregaron mediante convocatorias públicas que terminaron fraccionando los predios de grandes terratenientes para recibir múltiples auxilios por debajo de los topes máximos permitidos. Además, se detectaron fallas graves en los convenios con organismos internacionales como el IICA para manejar los recursos del Estado. Por estos hechos, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia y condenado a prisión.
-Desfalco a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). No ocurrió en un único mandato presidencial, sino que se gestó y ejecutó de manera prolongada a lo largo de varios gobiernos, abarcando las administraciones de Ernesto Samper (1994–1998), Andrés Pastrana (1998–2002) y los dos períodos de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), siendo este último cuando se descubrió la magnitud del desangre y se ordenó su intervención y posterior liquidación.
Gobierno de Juan Manuel Santos (2010–2018)
-Caso Santoyo. El General retirado de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo, jefe de Seguridad del entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien estaba siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos, admitió en agosto en una corte del Distrito de Virginia haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
-Escándalo de Odebrecht. Se descubrieron sobornos de la multinacional para ganar contratos viales y financiación de campañas, tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos. El escándalo en Colombia se centró en la Ruta del Sol Sector 2, un contrato vial adjudicado en 2010 a un consorcio de la brasileña Odebrecht y la firma colombiana Corficolombiana. La empresa pagó al menos 84.000 millones de pesos en sobornos a funcionarios y congresistas para asegurar la megaobra y lograr adiciones ilegales.
Aunque varias personas fueron condenadas, aún falta justicia en el caso de Jorge Enrique Pizano, quien siendo auditor del proyecto le comunicó al ex fiscal Néstor Humberto Martínez Neira su preocupación por las irregularidades que había encontrado en la contratación del proyecto. Pizano murió en extrañas circunstancias envenenado con cianuro, al igual que su hijo Alejandro, y el director de Medicina Legal, Carlos Valdés luego de renunciar a su cargo en diciembre de 2018 por errores en el manejo de las pruebas, fue contratado en febrero de 2019 como asesor directo del despacho del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez[3], como poca presencia en la entidad y sin claridad contractual. Cabe recordar que en 2019 el periodista Gonzalo Guillen denunció que el allanamiento sin orden judicial “fue cometido por un grupo del CTI delegado ante la Corte Suprema. Los agentes que entraron y se llevaron todos los archivos y computadores [y] amenazaron con sacar de sus carros las armas que llevaban para usarlas en la diligencia a menos que nadie se opusiera”[4]. El caso se ha mantenido en la impunidad, pero hay esperanza. Por un lado, la Procuraduría reconoció que “la orden de archivo emitida por la Fiscalía fue a todas luces apresurada y carente de fundamento legal, al estar soportada en supuestos sin comprobación. Y recientemente el Tribunal de Cundinamarca rechazó el cierre del caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo. “Para el Tribunal persisten incógnitas sobre los hechos, y por ello indicó que la Fiscalía debe abordar nuevas hipótesis derivadas del crimen contra el excontroller de la Ruta del Sol 2”[5].
-Escándalo Reficar. Sobrecostos injustificados por cerca de $8.5 billones de pesos colombianos (unos $2 mil 900 millones de dólares) en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). Es posiblemente el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional del país en 2016.
– El caso Henry Villarraga Oliveros. El exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia fue investigado y procesado por infiltrar y direccionar casos de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) hacia la Justicia Penal Militar a cambio de beneficios y sobornos. Algunas interceptaciones revelaron conversaciones donde se sugería el pago de 400 millones de pesos y se pedía ocultar sus ingresos al centro militar, según reportó El Tiempo[6].
-La Comunidad del Anillo: Red de prostitución masculina, corrupción y abuso dentro de la Policía Nacional, destapado públicamente en 2014 por el entonces capitán Ányelo Palacios, que involucró a oficiales de alto rango y salpicó a funcionarios del Gobierno nacional.
-Caso Jorge Pretelt Chaljub. El exmagistrado de la Corte Constitucional, uribista y aliado a paramilitares para el despojo, fue condenado a seis años y medio de prisión por el delito de concusión. Se comprobó que exigió $500 millones de pesos al abogado de Fidupetrol en 2013 para favorecer una tutela.
-Los Carteles. Numerosas redes delictivas de alto nivel, han operado en el país para apropiarse de recursos públicos. Los más célebres han sido los Carteles de la Toga (red de corrupción en altas cortes para manipular procesos judiciales); de la Hemofilia (desfalco a la salud en Córdoba mediante cobros falsos por pacientes inexistentes); de los Alimentos en las Fuerzas Militares; del Sida, de la Chatarrización, de las Regalías, de los Cuadernos, del Síndrome de Down en Córdoba, etc.…
-Caso Hyundai en Colombia. Carlos Mattos, quien poseía la representación de la marca en el país, sobornó a jueces en Bogotá para manipular el reparto de expedientes y obtener medidas cautelares favorables que frenaran la pérdida de su negocio.
-Escándalo de la Triple A de Barranquilla. El país supo entre 2017 y 2018 sobre un desvío multimillonario de fondos públicos. A este hecho se vincula la Operación Lezo de España, con el destape de contratos ficticios y facturas falsas por más de $285.000 millones de pesos a través de la empresa operadora española Inassa y el Canal de Isabel II.
– Fonade y la “Mermelada Tóxica”. El escándalo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) estalló en julio de 2018 e involucró a congresistas y funcionarios que manipularon la contratación estatal para direccionar millonarios contratos de interventoría a cambio de sobornos y beneficios políticos.
– El desplome de Interbolsa en noviembre de 2012 marcó la mayor crisis bursátil en la historia de Colombia. La firma colapsó tras un descalce financiero, operaciones especulativas con acciones de Fabricato por medio de repos y el desvío de recursos del Fondo Premium, dejando pérdidas superiores a los $340.000 millones de pesos y afectando a más de 1.200 inversores.
Gobierno de Iván Duque (2018–2022)
– El Caso Centros Poblados o “escándalo Abudinen”. La pérdida de 70.000 millones de pesos anticipados para conectar colegios rurales, se convirtió en un caso emblemático de corrupción, malversación, alianzas criminales e irresponsabilidad presupuestal. El ministerio MinTIC giró un anticipo de $70.000.000.000 COP ($17,500,000 USD); el dinero fue sacado del país y rápidamente depositado en las cuentas bancarias extranjeras de dos empresas, una con sede en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos de América, y otra con sede en la ciudad de Barranquilla, Colombia.
“Según la investigación adelantada por la W Radio, la Unión Temporal Centros Poblados habría presentado cuatro garantías falsas para sustentar su capacidad financiera, y así quedarse con la región B del proyecto. Ni el MinTIC, ni la firma contratada por el Ministerio para la revisión de las garantías bancarias constató la legalidad de este documento”[7].
Karen Abudinen renunció a su cargo el 9 de septiembre de 2021 debido a las presiones de los medios de prensa y del Congreso de Colombia. El conocido criminal Emilio Tapia -señalado por la Fiscalía como uno de los principales cerebros y articuladores de este entramado ilegal- involucró a la exministra en coimas y “señaló la intervención de supuestos intermediarios como Hugo Buitrago y alias “El Guajiro” en la adjudicación del contrato de conectividad escolar por más de un billón de pesos”[8]. La mayor parte del dinero no se recuperó.
-Colombiangate. Se trató de una red de intermediación y presunta corrupción internacional para gestionar la venta de equipos militares —aviones de combate, buques y submarinos— por un valor superior a los 4.300 millones de euros. El escándalo involucró a la industria bélica de Italia y al Ministerio de Defensa de Colombia y la exvicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. El ex primer ministro de Italia, Massimo D’Alema, fue investigado por la Fiscalía de Nápoles bajo la sospecha de actuar como lobbista y mediador informal para favorecer a las empresas de defensa italianas Leonardo y Fincantieri, fabricante de aviones de entrenamiento. “Según filtraciones de audios e investigaciones periodísticas, la negociación contemplaba el pago de una comisión total de unos 80 millones de euros, de los cuales la mitad (40 millones) se destinaría presuntamente a sobornar a contrapartes o intermediarios vinculados a la red de negociación”[9].
– Escándalo Memo Fantasma y Marta Lucía Ramírez. En 2020, InSight Crime reveló que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón, compraron un lote en Bogotá al narcotraficante Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, con quien mantenían relaciones cercanas.
-Hitos Urbanos y la apropiación de una playa pública. Un sector de playa pública de más de 4.200 metros cuadrados en la zona de Spratt Bight de San Andrés terminó incorporado mediante escrituras al complejo hotelero Grand Sirenis, desarrollado por la constructora Hitos Urbanos. Ello a pesar de que las playas son bienes inalienables del Estado. “Los negocios turbios de Hitos Urbanos, empresa de la que es socio Álvaro Rincón, esposo de Marta Lucía Ramírez, van desde la construcción de un edificio en un prestigioso sector de Bogotá, en alianza con un narcotraficante, hasta la edificación de un hotel que violó el Plan de Ordenamiento Territorial de San Andrés y la apropiación de una playa pública que luego les vendieron a los accionistas del Grand Sirenis, el proyecto hotelero más ambicioso de la isla.
A pesar de que Hitos Urbanos alega la propiedad del embarcadero Tonino’s Marina, predio ubicado al frente del hotel Grand Sirenis que será la futura playa privada del complejo, hay un documento que demuestra que ese lugar no puede tener propietarios. Se trata del estudio que hizo un banco de la matrícula inmobiliaria de la playa que les vendieron a los inversionistas del proyecto”[10].
-Caso Mario Castaño y las marionetas. Fue una red de corrupción liderada por el fallecido exsenador liberal Mario Castaño, la cual operó desde el Congreso para direccionar contratos estatales por más de 90.000 millones de pesos a cambio de coimas y beneficios políticos. Castaño fue condenado a 15 años de prisión y falleció en 2023. Asimismo, se manipularon licitaciones y convenios en ministerios y entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la UNGRD.
El escándalo involucró a Juliana Márquez, mamá del presidente Duque, y el odontólogo Juan Carlos Martínez Rodríguez, conocido como el Hombre del Maletín, era quien dirigía el entramado según la Fiscalía.
Juliana Márquez fue grabada hablando con Nova Lorena Cañón, relacionista pública implicada en el caso, quien era la encargada de gestionar proyectos ante alcaldías y ministerios. “Según las investigaciones presuntamente recibía coimas por esas gestiones. (Cambio, 2022) Después de ser capturada, Cañón firmó un preacuerdo con la Fiscalía”[11] y contó como usaba su relación con la mamá del presidente para conseguir proyectos y puestos de trabajo en entidades del Estado. Sostuvo que “Juliana Márquez tenía conversaciones con funcionarios que después, gracias a esa intermediación, cedían a sus intereses y en general a los del grupo delincuencial organizado. Incluso en los registros de llamadas por los que indagó la Fiscalía se refieren a Juliana Márquez como “la jefa” y “la madrina”[12].
– Desfalco en el Sistema General de Regalías y el OCAD Paz. Los recursos, aprobados y ejecutados en su mayoría entre 2021 y 2023, habrían afectado a proyectos en municipios PDET debido a contratos vencidos, obras no realizadas y tercerización irregular. El DNP advirtió sobre irregularidades por más de $12 billones y una alta concentración de presupuestos aprobados sin licitación pública transparente, quedando en manos de fondos mixtos y terceros. El director de la entidad, Alexander López, señaló clanes, carteles y redes criminales como responsables de apropiarse de los recursos, y explicó que 2.094 de los 6.631 proyectos en ejecución estaban incumpliendo sus obligaciones contractuales. “De esos, 1.497 tienen plazos vencidos por $9 billones y otros 597 están suspendidos por $3 billones adicionales”[13].
– Red de corrupción se habría apropiado $500.000 millones de recursos para la paz. El desvío de los recursos en el OCAD-Paz, órgano responsable de aprobar proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías para municipios PDET afectados por el conflicto, y destinarlos a la implementación del Acuerdo de Paz, incluiría a varios funcionarios de la Contraloría, de la Dirección Nacional de Planeación y miembros del Partido Conservador. La red exigía coimas de hasta el 15 % a los alcaldes. “Uno de los principales señalados en el entramado es Álvaro Ávila, quien en 2021 fungía como director del Sistema General de Regalías y estaba al frente de la Secretaría Técnica del OCAD-PAZ. […]A Ávila se le señala de recibir supuestas coimas y ser el presunto enlace con congresistas para facilitar favores a cambio de direccionar contratos. De hecho, se le señala de haber injerido en alrededor de 500 contratos”.[14]
–La Ñeñepolítica. El país conoció audios entre el narcotraficante José Guillermo “Ñeñe” Hernández y María Claudia Daza sobre aportes a la campaña de Iván Duque en 2018 y compra de votos. Daza era parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces senador Álvaro Uribe Vélez como una de sus asesoras de mayor confianza y fue citada a declarar. El caso fue archivado tanto en la Comisión de Acusación de la Cámara y el Consejo Nacional Electoral (CNE) como en la Fiscalía, pese a su gravedad.
“Una de las once empresas del extinto narcotraficante “Ñeñe” Hernández, La Gloria Ganadería (con sede en Valledupar), puso a disposición de la campaña del entonces candidato a la presidencia de Colombia Iván Duque Márquez una camioneta blindada modelo 2015, marca Toyota Land Cruiser, de matrícula UTL250, de Bogotá. Esa firma en ese momento era investigada por narcotráfico, lo mismo que su propietario. Todos estos bienes le pertenecían también al narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, alias “Marquitos”. Ese vehículo fue usado de tiempo completo en las dos vueltas electorales. Se hizo célebre por la cantidad de propaganda que exhibía de Duque en la costa. Al parecer, Duque y Uribe se movilizaron en ese vehículo durante la campaña”[15].
-Carrusel de la contratación. Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU, fue condenada a 19 años de cárcel por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en dicha celebración y peculado por apropiación, en relación con el Carrusel de la contratación. El exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez aseguró ante la Fiscalía que Pardo revisaba los pliegos de peticiones con el fin de acomodar los requisitos para las empresas que licitaban en la entidad de tal forma que se favorecieran las apadrinadas por el exconcejal José Juan Rodríguez”[16].
Gobierno de Gustavo Petro (2022–2026)
-Saqueo de la UNGRD. Se mencionan sobornos a presidentes del Congreso con fondos destinados a emergencia hídrica en La Guajira. En este caso se desviaron millonarios recursos públicos —originalmente destinados a atender la crisis de agua potable en La Guajira— para pagar sobornos en efectivo a congresistas a cambio de viabilizar las reformas sociales del Ejecutivo en el legislativo. El hecho se implicó la malversación de 46.800 millones de pesos, destinados a la compra de 40 camiones cisterna para distribuir agua potable en zonas desérticas de La Guajira. Estos carrotanques no sirvieron y los sobrecostos fueron a parar a los bolsillos de políticos, funcionarios públicos y un contratista. “Las investigaciones revelan un entramado de corrupción que involucra el direccionamiento de contratos, el desvío de recursos públicos y la participación de altos funcionarios, congresistas y contratistas”.[17]
-Caso Nicolás Petro: El hijo mayor del expresidente Gustavo Petro fue llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación bajo los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El caso se encuentra en espera de una decisión del Tribunal Superior de Barranquilla desde abril de 2026.
-Caso Juliana Guerrero. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica, vinculadas con supuestas reuniones y acuerdos de sobornos que habrían realizado con empresarios interesados en obtener contratos con el Gobierno nacional. Juliana llegó al gobierno como ficha de Benedetti, con títulos falsos y aspirando a ser viceministra de juventud, protegida por el presidente Petro.
“Uno de los empresarios, quien solicitó anonimato, declaró: “se acordó que les daríamos $35 millones por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”[18].
Tal vez no exista gobierno que no haya afrontado hechos de corrupción, pero no se trata de algo inevitable. La corrupción se puede prevenir, atajar, combatir y derrotar mediante instituciones transparentes, controles eficaces, rendición de cuentas, justicia oportuna, sanciones firmes y, sobre todo, con una ciudadanía activa, consciente del valor de lo público y dispuesta a defender masivamente lo que le corresponde.
“Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”. Kofi Annan
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[1] El Espectador; Corte IDH condena a Colombia por escándalo “Miti-miti” del gobierno Samper”. Bogotá, 22 de noviembre de 2024. Ver en: https://www.elespectador.com/judicial/corte-idh-condena-a-colombia-por-escandalo-miti-miti-del-gobierno-samper-noticias-de-hoy/
[2] El Tiempo; “Chambacú y Dragacol, dos escándalos que marcaron a Pastrana”. Esta es la historia de los dos casos que mencionan los Rodríguez Orejuela. Bogotá, 8 de septiembre de 2021. Ver: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/chambacu-y-dragacol-historia-de-dos-grandes-casos-de-corrupcion-616488
[3] Pulzo; “Fiscalía contrató al exdirector de Medicina Legal que admitió errores en caso Pizano”. Bogotá, 18 de noviembre de 2019. Ver en: https://www.pulzo.com/nacion/contrato-carlos-valdes-con-fiscalia-general-PP801178
[4] Pulzo; “Aparece video de abogada que asegura que a Jorge Pizano y a su hijo los asesinaron”. Luz Stella González Camacho trabajó con quien fuera testigo clave en el caso Odebrecht y dio su declaración al entonces fiscal ‘ad hoc’, Leonardo Espinosa. Bogotá, 10 de julio de 2019. Ver: https://www.pulzo.com/nacion/aparece-video-abogada-que-trabajo-con-jorge-pizano-dice-que-mataron-PP729800
[5] Infobae; Caso Odebrecht: Tribunal de Cundinamarca rechazó cerrar el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo”. Bogotá, 14 de julio de 2026. Ver: https://www.infobae.com/colombia/2026/07/14/caso-odebrecht-tribunal-de-cundinamarca-rechazo-cerrar-el-caso-por-la-muerte-de-jorge-enrique-pizano-y-su-hijo/
[6] El Tiempo; “El caso por el que la Cámara acusó a Henry Villarraga”. El magistrado fue acusado por supuestamente favorecer al coronel Robinson González del Río. Sección Justicia. Bogotá, mayo 8 de 2018. Ver: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/el-caso-por-el-que-la-camara-acuso-a-henry-villaraga-215118
[7] Transparencia Colombia; https://transparenciacolombia.org.co/negocios-fantasma/centros-poblados-quienes-se-quedaron-con-los-70-mil-millones/
[8] Infobae; “Revelan interrogatorio secreto de Emilio Tapia sobre supuestas coimas a la exministra Karen Abudinen por Centros Poblados: “Acá hay 600 millones″”. Bogotá, marzo de 2026. Ver: https://www.infobae.com/colombia/2026/03/02/revelan-interrogatorio-secreto-de-emilio-tapia-sobre-supuestas-coimas-a-la-exministra-karen-abudinen-por-centros-poblados-aca-hay-600-millones/
[9] Colombia Informa; “Fiscalía italiana investiga sobornos que involucran a ex primer ministro de Italia y exvicepresidenta colombiana”. Bogotá, junio 6 de 2023. Ver en: https://www.colombiainforma.info/fiscalia-italiana-investiga-sobornos-que-involucran-a-ex-primer-ministro-de-italia-y-exvicepresidenta-colombiana/
[10] Vorágine; Documento secreto confirma que Hitos Urbanos sí se apropió de playa pública”. Bogotpa, 1 de agosto de 2022. Ver en: https://voragine.co/bajo-reserva/documento-secreto-confirma-que-hitos-urbanos-si-se-apropio-de-playa-publica/
[11] Transparencia Colombia; “El multimillonario show de Castaño y sus “marionetas”. Caso de estudio Nro. 12. Años 2022. Ver en:
https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/2023/01/Estudio-de-Caso-El-show-de-Castano-y-sus-marionetas.pdf
[12] Vorágine; “La madrina”: así llamaban a la mamá de Iván Duque en la red de Mario Castaño”. Bogotá, 13 de julio de 2022. Ver en: https://voragine.co/bajo-reserva/la-madrina-asi-llamaban-a-la-mama-de-ivan-duque-en-la-red-de-mario-castano/
[13] El Tiempo; “Alexander López, director del DNP, denunció que hay 12,1 billones en riesgo de perderse del sistema de regalías”. Bogotá, 27 de agosto de 2024, Ver: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/alexander-lopez-director-del-dnp-denuncia-que-hay-12-1-billones-en-riego-del-sistema-de-regalias-3375169
[14] El colombiano; Red de corrupción se habría apropiado $500.000 millones de recursos para la paz”. Medellín, 30 de junio de 2022. Ver: https://www.elcolombiano.com/colombia/la-supuesta-red-de-corrupcion-que-se-quedo-con-medio-billon-de-pesos-de-la-paz-ON17929351
[15] Pares; “La narcoempresa vinculada a campaña de Iván Duque”. Bogotá, marzo 10 de 2020. Ver: https://www.pares.com.co/la-narcoempresa-vinculada-a-campana-de-ivan-duque/
[16] Fiscalía General de la Nación. Ver: https://www.fiscalia.gov.co/noticias/exdirectora-del-idu-favorecia-a-contratistas-que-exconcejal-jose-juan-rodriguez-protegia-inocencio-melendez/
[17] Transparencia Colombia; “Hacemos seguimiento al escándalo de la UNGRD”. Ver en: https://transparenciacolombia.org.co/ungrd/
[18] Infobae; “Fiscalía abrió investigación contra Juliana Guerrero y su hermana por presunta red de corrupción”. Bogotá, 27 de julio de 2026. Ver: https://www.infobae.com/colombia/2026/07/27/fiscalia-abrio-investigacion-contra-juliana-guerrero-por-presunta-red-de-corrupcion-en-el-gobierno-nacional/
Maureén Maya
Foto tomada de: Pluralidad Z
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