La ideología neoliberal convenció al mundo que había que recortar derechos para ser más competitivos y lo que en la sociedad real sucedió fue que ese recorte de derechos traslado esos recursos a los grandes conglomerados económicos y financieros. La participación de los salarios de los trabajadores en el conjunto de la economía disminuyó y por supuesto también en Colombia.
El trabajo se precarizo, los contratos laborales con prestaciones sociales, vacaciones, disminuyeron y en cambio se generalizó la contratación por orden de prestación se servicios. Esas reformas se hicieron en Colombia principalmente después de la aprobación de la Constitución de 1991 que en el papel es una constitución garantista y reconoce importantes derechos, pero en la práctica las leyes que la reglamentaron, sobre todo en relación con los derechos de los trabajadores, profundizaron la negación de derechos o el recorte de los mismos. Se vendió la idea que si se acababa por ejemplo con la retroactividad de las cesantías o el día terminaba a las 10 de la noche y los dominicales se pagaban apenas con un aumento digamos del 50%, todo ello al abaratar la mano de obra se generaría más empleo. Eso resulto en una falacia. Las tasas de desempleo se mantuvieron prácticamente en dos dígitos y en el mundo real los trabajadores recibieron menos ingresos por su trabajo.
El aumento real del salario mínimo que opero bajo el gobierno de Gustavo Petro que en términos reales estuvo por el orden del 36% no condujo a la elevación de las tasas de desempleo, por el contrario, al terminar su mandato estas tasas de desempleo se ubicaron en el 8% la más baja en lo que va corrido del siglo XXI.
Parte de la agenda reformista y su impulso fue una de las improntas más importantes del gobierno de Gustavo Petro. Esa agenda reformista comprendió a mi juicio cuatro grandes reformas. La primera la reforma rural integral principalmente con la compra de tierras, unas 380 mil hectáreas de las cuales se entregaron efectivamente unas 360 mil hectáreas a familias campesinas sin tierra. También se avanzó en la restitución de tierras despojadas y en la formalización de la propiedad mediante la titulación de un poco más de 1.8 millones de hectáreas principalmente a pequeños y medianos propietarios y a comunidades indígenas y afrocolombianas, así como se extendió de manera significativa las zonas de reserva campesina.
Pero también esta reforma que no acudió a la expropiación contó con múltiples obstáculos de unas clases dominantes que se niegan a mínimas reformas para construir una sociedad menos excluyente y más democrática. La oposición negó una ley que simplificara el proceso de compra de tierras y que reglamentara la jurisdicción agraria, para hacer más ágil el proceso de restitución de tierras y los litigios y formalización de la propiedad rural.
La reforma laboral devolvió derechos recortados durante los gobiernos de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez. Horas extras nocturnas a partir de las 7pm y pago del 100% de los dominicales, así como refuerzo de los contratos laborales. Para hacer estas mínimas reformas el gobierno de Petro tuvo que poner en marcha un proceso de Consulta Popular. Solo ante la amenaza de acudir a este mecanismo contemplado en la Constitución y en la Ley se pudo aprobar esta reforma que en la práctica era devolver derechos que habían sido recortados. Toda la parte del proyecto de Ley de Reforma Laboral que contemplaba derechos colectivos tuvo que ser eliminada para que la reforma pudiera ser tramitada.
La reforma pensional fue aprobada en la Cámara de Representantes sin modificar absolutamente nada de lo que había aprobado como reforma el Senado de la República y se tuvo que hacer así porque por tiempos podía hundirse. La reforma que acaba de ser declarada constitucional rechazando las más de 100 demandas que se radicaron en contra de la misma y después de dos años de oposición por parte del sector más retardatario de esa Corporación representado por el magistrado Jorge Enrique Ibañez que la devolvió a la Cámara de Representantes toda vez que la Sala Plena de la Corte Constitucional no aprobó el proyecto del fallo que este magistrado había propuesto que era hundirla por vicios de procedimiento insalvables. En cambio, la plenaria de la Corte decidió devolverla a la Cámara de Representantes para que se subsanaran esos vicios en el trámite. Una vez subsanados volvió a la Corte que aceptó el impedimento que se radicó en contra de Ibañez asumiendo el estudio la actual presidenta de la Corte, la magistrada también bastante conservadora Paola Andrea Meneses Mosquera. La ponencia dejó en firme los ejes fundamentales de la reforma.
El sistema cambia, hasta 2.3 salarios mínimos todos los trabajadores tendrán que cotizar en el sistema publico de prima media y a partir de allí rige el sistema de ahorro individual. Lo que legisló fue y esto es lo más importante la creación de un sistema universal. Los viejos que no hayan cotizado tendrán un ingreso mínimo en el llamado pilar solidario, luego el pilar semi contributivo dará una pensión vitalicia a los trabajadores que cotizaron, pero no lograron las semanas necesarias para acceder a la pensión completa que en ningún caso será inferior al salario mínimo para quienes reúnan los requisitos en el pilar contributivo. Esta fue una dura batalla que aún no termina. La Corte devolvió a la Cámara 10 artículos para que se subsanen vicios de procedimiento que según el alto tribunal no se subsanaron en el segundo trámite que tuvo el proyecto.
La Cámara de Representantes tendrá 30 días hábiles para aprobar de nuevo estos 10 artículos. Si no hay modificaciones enviará a la Corte, pero si los hay tendrá que conciliar con el Senado de la República y si esto ocurre tendrá plazo durante toda esta legislatura es decir hasta el 16 de diciembre para esa conciliación. La reforma entraría en funcionamiento completo el primero de abril del año 2027.
Como lo comentó en un trino que publico el expresidente Petro saludando la decisión de la Corte esta reforma es muy importante. Solo queda en el tintero la reforma a la salud de las cuatro reformas que pudo avanzar su gobierno: el impulso a la reforma rural integral, la reforma laboral y ahora la reforma pensional. Ahora el gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que aplicar esta reforma no solo por mandato del Congreso sino ahora también por mandato de la Corte Constitucional. Y estamos a la expectativa de qué hará con la profunda crisis del sistema de salud.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: El Tiempo
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