Por ahora les invito a pensar en nuestra ruralidad, que termina siempre rezagada de lo que está pasando, de la enorme y plausible solidaridad que el país ha demostrado: los campesinos, las comunidades afro e indígenas van a tener que enfrentar solos sus tragedias y un porvenir para nada halagüeño.
El sector agropecuario ha sido, en los últimos tiempos, uno de los pocos anclajes que ha permitido mantener el Producto Interno Bruto (PIB) nacional a flote, mostrando una resiliencia encomiable frente a los baches macroeconómicos. En efecto, mientras el PIB cerró el 2025 con un crecimiento moderado del 2,6%, el sector agropecuario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) mostró una alta resiliencia con un incremento por encima de los promedios de la economía en los últimos años.
Ahora bien, mirar al campo únicamente a través de las cifras, es un ejercicio insuficiente que ignora las profundas fallas sobre las que se asienta nuestra ruralidad. Así como la tierra experimenta movimientos telúricos repentinos que reconfiguran el paisaje, el mundo agrario colombiano se enfrenta hoy a una serie de sismos superpuestos, algunos telúricos en el sentido literal, otros climáticos, geopolíticos y normativos, que amenazan con sacudir los cimientos de la producción de alimentos, la seguridad y la soberanía alimentaria, la estabilidad de las comunidades rurales en el corto y mediano plazo. Los sismos no solo destrozan grandes infraestructuras, también llegan a la ruralidad, y sus réplicas definirán en buena medida el rumbo económico y social del país en los próximos años.
El primer sismo, de carácter físico y territorial, se manifiesta en los eventos recientes que, de manera directa o indirecta, han golpeado las entrañas productivas de regiones estratégicas. Las afectaciones sobre la cosecha cafetera, así como sobre las producciones de plátano, azúcar, aguacate, cacao y una vasta gama de frutales característicos de los departamentos más golpeados por estos fenómenos, no son anécdotas de desastres naturales, representan profundos impactos en cadenas de valor que en su estructura son frágiles. Cuando la tierra se mueve, se quiebran también las vías terciarias, colapsan los centros de acopio y se interrumpe la conectividad indispensable para que los alimentos lleguen frescos a los centros urbanos, para que los productos bien sea commodities, como el grano de café, el aguacate o el plátano, o incluso aquellos con procesos industrializados en pequeñas fincas. Este impacto directo destroza los acumulados durante años por el esfuerzo campesino y empresarial, dejando a su paso una incertidumbre económica que tardará meses en superarse, evidenciando una vez más la vulnerabilidad histórica de nuestros territorios ante la deficiente gestión del riesgo, las negaciones a encontrar acciones colectivas contra el riesgo y la precariedad en materia de infraestructura vial y logística.
A este panorama se suma un segundo sismo, igual o más devastador, dictado por la naturaleza, pero catalizado por la acción humana: el cambio climático y la inminencia del fenómeno de El Niño. Independientemente del negacionismo que todavía habita en algunos círculos de poder aun ante la evidencia científica, el clima actual no es una proyección teórica lejana, sino una realidad palpable con incendios forestales devastadores y desbordamientos o inundaciones atípicas que se alternan en diferentes puntos geográficos del país.
Lo verdaderamente preocupante es que este fenómeno climático global no es un evento transitorio que ya tocó fondo, sino que aún se encuentra en su etapa de inicio, anticipando un progresivo ahondamiento que se profundizará para alcanzar su fase más aguda y crítica a principios del próximo año. Las consecuencias directas sobre los ciclos agrícolas, la disponibilidad de recurso hídrico para el riego y la sanidad vegetal auguran reducciones drásticas en los rendimientos por hectárea, alentando las expectativas negativas frente a la producción agropecuaria y elevando los precios de los alimentos justo cuando los hogares más lo resienten. Caída de ingresos más aumento de precios es una combinación que tiene su efecto en la pobreza y más aún en el hambre.
Como si los factores naturales no bastaran para poner a prueba la resistencia del campo, un tercer sismo sacude los mercados desde el escenario geopolítico internacional. La persistencia de la crisis y los conflictos bélicos en el Estrecho de Ormuz, sumadas a la prolongada confrontación en Ucrania y Rusia, configuran un escenario de inestabilidad en las cadenas globales de suministro.
Para la agricultura colombiana, históricamente dependiente de la importación masiva de fertilizantes y agroinsumos sintéticos originados en estas regiones convulsionadas, esto se traduce en una presión al alza implacable sobre los costos de producción. Cada escalada militar o tensión comercial en el extranjero se convierte de inmediato en un sobrecosto que ha ascendido hasta el 50% promedio interanual para el cultivador local, absorbiendo sus márgenes de utilidad y amenazando con frenar la inversión en tecnología y renovación de cultivos. La soberanía alimentaria del país continúa, por lo tanto, atada a las dinámicas de la guerra y el comercio global, sin que hayamos logrado consolidar una industria nacional robusta de insumos alternativos que amortigüe estos golpes externos. El marchitamiento de Monómeros solo ha servido para la entrada de oferentes internacionales, ha sido causa y efecto, como se ha comentado en otros artículos, aumentando esa dependencia.
Finalmente, el cuarto sismo proviene de las propias estructuras de la política pública y de la orientación institucional a propósito de los cambios de énfasis producto de los péndulos de la política. Los cambios en las estrategias de fortalecimiento a los procesos de reforma agraria, acompañados de énfasis distintos en el respaldo a la producción campesina o de baja escala, amenazan con hacernos retornar a un sendero de política ya conocido y ampliamente debatido: la vuelta al apoyo casi exclusivo hacia la gran propiedad y a los grandes productores. Es particular que parte del empresariado del país no haya favorecido las políticas a las economías populares y campesinas.
Desde una perspectiva estrictamente pragmática, incentivar al gran agronegocio no es de entrada algo negativo, pues aporta dinamismo y volumen a las exportaciones; sin embargo, volver a centrar la apuesta en esto genera de inmediato nuevos focos de tensión en los modelos productivos. Cuando la política pública deja de concertar los apoyos y vuelve a desequilibrar la balanza, termina incidiendo negativamente en la productividad interna, en la distribución del ingreso y, por ende, en la disponibilidad real de alimentos para el consumo nacional. El país no puede seguir soportando dicotomías artificiales entre el agronegocio y las economías campesinas, como si fuesen realidades excluyentes; al igual que resulta insostenible mantener la persistencia ciega en modelos productivos propios de la revolución verde, un paradigma que de manera evidente demostró su poca trascendencia histórica para garantizar de forma sostenible la alimentación de las y los colombianos.
En suma, los sismos que hoy convergen sobre la ruralidad exigen una lectura de Estado que supere la simple reacción coyuntural y el cortoplacismo político. Se requiere trascender las disputas entre modelos de producción y reconocer que la viabilidad del campo depende de una transición agroecológica inteligente, de una gestión integral del riesgo frente al cambio climático, de una diversificación real de los mercados de agroinsumos y de una política de reforma agraria que entienda que la gran agroindustria y la economía campesina no son enemigos irreconciliables, sino los engranajes fundamentales que necesita el sistema alimentario nacional para resistir en medio de las tormentas.
Llevamos seis años con el discurso de “construir sobre lo construido”, y hoy parece que no se trata de esto sino de volver al pasado como un constructo deseable, no era entonces la idea de avanzar, se trataba de sostener los privilegios, aunque poco sirvieran al país como un todo. Si no somos capaces de articular estas respuestas con visión de largo plazo, los próximos temblores no solo sacudirán la tierra, sino que derrumbarán definitivamente la frágil seguridad sobre la que pretendemos construir el futuro del país.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Económicas Universidad de la Salle.
Foto tomada de: Eje21
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