Los dos últimos terremotos
La comparación entre los dos terremotos comienza por el grado de intensidad. El de Armenia, fue de 6,1Mw (magnitud de momento), el de ahora fue de 7,4Mw. La extensión del actual fue significativa, y llegó a 471 municipios, casi la mitad de los existentes en el país. El número de fallecidos, heridos y desaparecidos fue menor. Las viviendas destruidas bajaron, pero las afectadas subieron. También se incrementaron los daños en los centros de salud y los colegios.
Aunque en estos años el país ha avanzado en el manejo de desastres y en las construcciones antisísmicas, los logros continúan siendo insuficientes. Son notorias las improvisaciones, tanto desde el punto de vista institucional, como financiero. Todavía no es clara la estructura organizativa que permita responder de manera rápida y ordenada a las catástrofes. Tampoco se han ahorrado los recursos necesarios, ni se tiene la capacidad instalada para reaccionar a estas emergencias.
La Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) no cuenta, ni con la estructura organizativa, ni con el presupuesto para resolver los desastres causados por el terremoto. Esta falta de previsión se agudizó con el cambio de gobierno.
Es imposible saber cuándo se presentará el sismo, pero es claro que en el futuro habrá nuevas tragedias. Este conocimiento debería ser suficiente para mejorar la preparación. Y en términos financieros, cualquier fondo de prevención debería aumentar sus recursos cada año de manera progresiva.
El ordenamiento del territorio
El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional hizo un balance del Forec[3]. Allí se muestra que la reconstrucción del Eje Cafetero tuvo dos limitaciones estructurales. La primera fue el desconocimiento del ordenamiento del territorio. Y la segunda, la incapacidad de regular el precio del suelo.
El terremoto en Armenia tuvo lugar un día después de la aprobación del plan de ordenamiento territorial de la ciudad (24 de enero de 1999, acuerdo 124). Era una de las primeras aplicaciones de la ley 388 de 1997[4]. Aunque el proceso de reconstrucción debió haber tenido como punto de referencia este plan de ordenamiento, se optó por desconocerlo. Tal decisión fue perversa porque no se aprovechó la crisis para modificar la estructura urbana de Armenia. Era fundamental, como dice el plan de ordenamiento, reducir la segregación y avanzar en una ciudad más incluyente. Este propósito no se logró.
Más que el sismo anterior, el nuevo exige retomar los temas relacionados con el ordenamiento del territorio. Entre las dos tragedias, el número de municipios afectados pasó de 17 a 471. Se requiere, entonces, un enforque regional con perspectiva estratégica. El reciente decreto 1261, de emergencia, no tiene ninguna consideración sobre el ordenamiento del territorio. Aunque reconoce que el sismo afectó a 15 departamentos, no propone ningún mecanismo que permita modificar el ordenamiento del territorio. El decreto es miope y proponer ninguna alternativa de tipo territorial. Se debe aprovechar el momento para que la reconstrucción esté animada de una visión integral, en la que la dimensión geográfica sea relevante.
El enfoque amplio obligaría a que el hábitat apenas sea uno de los componentes de la reconstrucción. En Armenia el eje fue la reconstrucción de las viviendas, pero ahora los temas de vivienda tienen que estar subsumidos en transformaciones que incluyan infraestructura, vías, internet, catastro, atención de cuencas, protección de la biodiversidad, escuelas, hospitales… Es la oportunidad para que el llamado “plan Marshall” efectivamente lleve a transformaciones estructurales. Las propuestas relacionadas con el ordenamiento deben ser constitutivas del nuevo plan de desarrollo.
Los precios del suelo
Con razón, el estudio del CID dice que el “pecado original” de la reconstrucción de Armenia fue la incapacidad de regular el precio del suelo. Este fracaso de lo público terminó favoreciendo a los propietarios que se beneficiaron de los subsidios. El aumento del valor del suelo obligó a reducir el espacio de las viviendas. Lo más grave fue que el perímetro de la ciudad se amplió hacia zonas que el plan de ordenamiento había clasificado como no urbanizables.
La escasez de suelo hala los precios hacia arriba. Este fenómeno ya se observa claramente en Manizales y Pereira. Los arriendos han comenzado a subir, y en la medida en que vaya avanzando la reconstrucción, es muy factible que los precios del suelo también aumenten. En el decreto de emergencia no se hace ninguna consideración sobre este tema.
La sociedad civil y los políticos
El Forec se resistió a incluir en el modelo a los políticos locales. En algunos municipios, como Calarcá, las tensiones fueron evidentes. No se niega la conveniencia de la participación de las ONG, universidades, u organizaciones de la sociedad civil, pero debieron articularse mejor a la institucionalidad vigente. Y esta afirmación tiene más sentido si se recuerda que la mayor parte de los recursos de la reconstrucción eran públicos.
En la situación actual es importante que participen los alcaldes y gobernadores, en coordinación con los privados y el gobierno nacional. No se debe cometer, otra vez, el error de despreciar la institucionalidad existente.
La financiación
En el decreto de emergencia no se proponen mecanismos de financiación claros. Las alternativas son de corto plazo y muy coyunturales: utilizar recursos Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías a título de préstamo, aprovechar inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ampliar el cupo de obras por impuestos.
La tragedia reciente necesita muchos más recursos. El gobierno no puede continuar con el discurso de no cobrar más impuestos. Además, el gasto público tiene que subir. Es necesario gastar más y mejor.
_________________
[1] GONZALEZ Jorge., 2026. “Después del Terremoto: Estamos Repitiendo los Errores del Pasado”, Razón Pública, agosto 23.
[2] PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA., 2026. Decreto 1261. Por el Cual Se Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por Grave Calamidad Pública en Parte del Territorio Nacional, Presidencia de la República, Bogotá, p. 5
[3] CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO, CID., 2003. El Forec como “Modelo” de Intervención del Estado, Armenia, Enfoques de la Reconstrucción, no. 6, Universidad Nacional, Centro de Investigación para el Desarrollo (CID), Bogotá.
[4] REPUBLICA DE COLOMBIA., 1997. Ley 388. Por la Cual Se Modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y Se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
Jorge Iván González
Foto tomada de: El País
Deja un comentario