Para los que vivimos en Colombia enfrentando la ofensiva ultraderechista de una presidencia espuria que llego con trampas y malevolencias desde el pasado 07 de agosto a destripar lo logrado por el gobierno Petro y a cobrar venganza histórica a nombre de todos los verdugos que han azotado nuestra martirizada geografía durante mas de un siglo, arropados por el mandato de la neo inquisición del Opus Dei, el evangelismo cristianismo sionista, el fascismo criollo y el paramilitarismo criminal y hacendatario; sobresale en estos primeros 100 días de mandato la implacable guerra hibrida que se ha desatado contra el Acuerdo de Paz de la Habana de 2016, firmado entre el Estado Colombiano y las FARC y elevado a rango constitucional por el conjunto de actos legislativos y leyes estatutarias aprobadas por parte del Congreso de la República. Desde el inicio de su administración, el Ejecutivo Abelardista ha emprendido un conjunto simultáneo de acciones institucionales, presupuestales, diplomáticas y comunicacionales que impactan directamente la estructura e implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Nunca antes en los diez años de intensa y accidentada implementación del Acuerdo de Paz se había desarrollado una guerra de tal envergadura multidimensional contra toda la arquitectura de la paz, la justicia transicional y los derechos de las víctimas del conflicto interno, es un ataque sin tregua a todas las facetas holísticas de la Paz y la reconciliación en nuestro país, de un lado el gobierno de la Espriella y todos los órganos del ejecutivo se han dedicado a expedir decretos, resoluciones, directivas, y actos administrativos dirigidos a acabar con lo que ellos han denominado “la falsa paz”, amplificando mediante sus granjas de “troles y bots” los mensajes negativos hacia los logros del Acuerdo de Paz del 2016 firmado entre las Farc y el Estado colombiano.
El núcleo duro de asesores de la “Patria milagro” ha asumido el rol de policía politica para perseguir con saña las instituciones que se han encargado durante una década de implementar los puntos acordados en el Acuerdo de Paz de la Habana; de forma simultánea le exigen a la Mision de Verificación de la ONU que excluya de su mandato, el seguimiento al Punto uno (1) del AF “Reforma Rural Integral”, lo anterior se explica porque esta tropelía de fanáticos que llego a la casa de Nariño niega que la violencia en Colombia tiene su origen en las causas estructurales de la desigualdad social y económica, la falta de acceso a la tierra de los trabajadores del campo y a la deuda histórica que tiene la nación con el campesinado, las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Es particularmente explicativo de este metarelato negacionista del conflicto armado y del Acuerdo de paz las palabras expresadas por el nuevo embajador de Colombia ante la OEA en la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU
“Quisiera desmantelar las falsas narrativas y las falacias que han podido escuchar de aquellos más se han podido beneficiar de este proceso de paz, en particular los que abogan que el Acuerdo de Paz de 2016 es un modelo para el mundo, pues no para nuestro mundo. No lo es para los miles de colombianos que han sido asesinados, secuestrados, objetos de extorsión desde que se firmó el Acuerdo”. Intervención de Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante el consejo de seguridad de la ONU, el 30 de octubre de 2026
La retórica extremista del nuevo gobierno, contiene el resentimiento y la venganza de esa decadente clase terrateniente neo Laureanista que siempre odio al pueblo campesino por ser liberal, pobre, rebelde y Bolivariano; ese mismo discurso violento y fascista del pasado, de los años treinta y cuarenta del siglo XX, que en esa época impusieron Laureano Gómez, Silvio Villegas y Gilberto Álzate Avendaño, apodado el “Duce manizaleño”, en la actualidad – año 2026- lo viralizan su nieto Enrique Gómez, Abelardo de la Espriella, María Fernanda Cabal, entre otros bichos del pantano Trumpista Abelardista nacional.
Nada los enerva mas que el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016, su paroxismo delirante contra el pacto de La Habana va desde fraguar un complot parlamentario para acabar con la JEP, reduciendo su tiempo de vigencia al año 2028, quitándole a la fuerza cinco años de periodo ordinario consagrado en el AF, hasta presentar un proyecto de ley regresivo en el que se crea una segunda instancia para juzgar a los miles de militares que se acogieron a la Jurisdicción Especial de Paz, reviviendo la justicia penal militar para los militares comparecientes en la JEP, que contrario a lo que piensa el senador Enrique Gómez ponente de ese proyecto de ley, en su gran mayoría los miembros de la fuerza pública están de acuerdo con los procedimientos y las sanciones que le han sido aplicadas por el tribunal especial de paz, temen por el contrario los exmiembros del ejército y la policía que su seguridad jurídica se vea vulnerada por la megalomanía de unos políticos fanáticos a quienes poco les importa la suerte de los exmilitares que han honrado la verdad y la reconciliación a través de sus testimonios en la JEP y no desean ni han pedido una nueva instancia a manos de la justicia ordinaria, ni de la justicia penal militar.
Los senadores ponentes de Salvación Nación y del Centro Democrático no escuchan razones del antiguo mando castrense compareciente en la JEP, posan de ser los más dignos del “honor militar”; vaya farsa; todo por acabar con la JEP y el espíritu de paz que ella representa, si no fuera porque la mediocre y arrodillada bancada oficialista respalda este extravagante proyecto de ley, diría que es lo más ridículo que se ha presentado en las discusiones del Congreso colombiano en los últimos años, pero en esta ola Maga, trumpiana uribista y Abelardo Fascista, estas delirantes venganzas contra la paz se normalizan con el beneplácito y la genuflexión de los grandes medios de comunicación tradicionales y el ruido de la histeria colectiva de miles de bots y bodegas de extrema derecha que día y noche contaminan el mundo digital con calumnias y mentiras en contra del acuerdo de paz y todos sus logros.
Sin pausa alguna, acusan al acuerdo de paz y a todos los movimientos pacifistas de lo peor, esa retorica agresiva y violenta no baja a los sectores democráticos de guerrilleros, terroristas, criminales, narcotraficantes, violadores, maltratadores de mujeres, drogadictos, impíos y paganos, lo remachan una y otra vez en las redes, argumentan que vienen a acabar con la inoperancia de los órganos de la paz, se erigen como “honestos ciudadanos” que van terminar con el derroche de la JEP, consideran las audiencias de los comparecientes exmiembros de las Farc, del ejército y la policía, el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por desaparecidas, las investigaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA y/o fiscalía de la JEP) ; como una pérdida de tiempo y recursos para el Estado, se lamentan que el Estado colombiano haya suscrito el Estatuto de Roma, vigente desde el año 2002 y que Colombia este bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) desde el año 2009, muy al estilo de sus mentores Marco Rubio y Trump, lo que realmente desean y planean es retirar al Estado Colombiano de este tratado internacional que fundo la Corte Penal Internacional y del sistema internacional de los Derechos Humanos.
En la rama ejecutiva los ataques a la paz continúan en otros flancos, como los drásticos recortes presupuestales a la ARN, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la oficina de los Derechos Humanos de la presidencia, estos organismos están casi paralizados por falta de presupuesto; el centro de mando operacional de esta táctica de ahogo económico esta en el ministerio de Hacienda, la famosa tesis “del hueco fiscal” que dejo el gobierno Petro, es la excusa perfecta para justificar ese ilegal tijeretazo a los programas sociales y los destinados a la implementación del acuerdo de Paz, mientras tanto los medios de comunicación de manera cómplice compraron la historia del gobierno De la Espriella, que el país está quebrado y con esa retórica justifican la defenestración de las políticas públicas del anterior Plan de Desarrollo “ Colombia Potencia de la Vida”.
Con esa matriz de austeridad neoliberal como batería conceptual del ajuste fiscal, le quitan el 80% de los recursos a la Agencia Nacional de Tierras, a la SAE y a la Agencia de Desarrollo Rural ARD, llegando al paroxismo de eliminar la palabra campesinado del lenguaje oficial, el reversaso en la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz no es casual, en los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, el campesinado colombiano alcanzo la importancia politica, social y económica que no tenía desde los años sesenta con el mandato del presidente Lleras Restrepo[1] (1966-1970), de hecho la agricultura entre el año 2022 y 2026 es uno de los sectores que mas ha crecido en sus aportes al PIB de la nación.
“De acuerdo con los informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el sector agropecuario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) ha tenido un desempeño destacado y con hitos históricos en su aporte al PIB en Colombia entre 2022 y 2026. Crecimiento histórico: El sector registró rachas consecutivas en terreno positivo, destacando un repunte del 10,7 % en el tercer trimestre de 2024 (aportando 1,1 puntos porcentuales al valor agregado nacional) y un crecimiento del 3,8 % en el segundo trimestre de 2025. Participación en la economía: El agro llegó a representar cerca del 6,3 % al 9,3 % del PIB nacional en distintos periodos de este gobierno, consolidándose como uno de los principales motores del valor agregado del país. Expansión productiva: Según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entre 2022 y 2025 el país aumentó las hectáreas sembradas en más de 250.000 y la producción de toneladas de alimentos en más de 6 millones”.
No es gratuito que De la Espriella haya puesto al frente del ministerio de agricultura, a Indalecio Dangond Baquero, un terrateniente costeño de las elites ganaderas de Valledupar; recordemos que fue este sector de la mafia ganadera caribeña en alianza con las Autodefensas de Córdoba y Uraba y después con las AUC quienes financiaron la sangrienta contrareforma agraria en la década de los noventa y primeros años del siglo XXI que provoco miles de muertos en esa región del país por parte del paramilitarismo y el despojo de millones de hectáreas de los campesinos pobres beneficiarios muchos de ellos de la reforma agraria de la década del sesenta y setenta en Colombia.
Recordemos que el presidente Petro coherente con la necesidad histórica de reparar a los campesinos de la costa atlántica, durante su cuatrienio de gobierno, priorizo a la costa caribe como la región principal de su plan de entrega y formalización de de 806.000 hectáreas durante su gobierno (2022-2026), estrategia que fue acompañada del empoderamiento del sector campesino que había desaparecido como sujeto político, a causa de esa guerra de exterminio sistemática que realizaron con precisión asesina los señores de la tierra y el latifundio en alianza con el narco paramilitarismo. Se hizo evidente que implementar el punto 1 de reforma rural integral del Acuerdo de la Habana, permitió mejorar la participación politica de la Colombia profunda campesina, indígena y afro otro aspecto contenido en el pacto de paz del año 2016 entre las Farc y el Estado colombiano.
Para desvirtuar los logros en materia rural del anterior gobierno, el gobierno De la Espriella enfila su campaña mediática por intermedio de Lina Garrido, recién nombrada gerente de la ANT quien a base de calumnias y denuncias sin pruebas informa a los medios que la entrega de tierras en el gobierno Petro estuvo llena de irregularidades, que esos procesos fueron ilegales y que se cometieron delitos durante la gerencia de su antecesor Felipe Harman, pretende la nueva directora de la Agencia Nacional de Tierras imponer en las redes sociales la fake news (noticias falsa) según la cual las organizaciones campesinas se confabularon para timar al gobierno y recibir tierras de forma ilegal en el marco de la politica de reforma rural que implemento el gobierno de Gustavo Petro,
“En entrevistas con medios como El Tiempo, Garrido afirma que la entidad encontró presuntas irregularidades en el manejo de $5,5 billones de pesos destinados a la Reforma Agraria. Sostiene que se realizaron “entregas provisionales” de predios que ubicaron a campesinos en terrenos sin contar con los títulos legales correspondientes ni el saneamiento de la propiedad, generando un riesgo de conflicto social. Asimismo, denunció que de un billón de pesos girados a la SAE para adquirir 546 predios, solo se materializó la escrituración pública de cinco de ellos”[2]
Por su parte y en replica a los montajes y denuncias dolosas de la directora de la ANT, el senador Wilson Arias del Pacto Histórico cuestiono la “gestión de Garrido, acusándola de frenar deliberadamente la entrega de tierras que ya fueron pagadas por el Estado o incautadas al narcotráfico. Desde este sector se argumenta que las declaraciones mediáticas de la directora buscan sobredimensionar los problemas administrativos y equiparar la gestión agraria de Petro con escándalos de gran magnitud (como el de la UNGRD) para restarle legitimidad a los avances de la Reforma Agraria del gobierno del cambio. “[3]
Como se ha podido comprobar en estos cien días de mandato de la patria milagro, el objetivo del ministerio de agricultura del gobierno de la Espriella es truncar el avance de los movimientos campesinos, paralizar la reforma rural y de paso estancar económicamente al sector agrario, a fin de regresarlo a los lugares secundarios e irrelevantes en los que estuvo sumido durante los gobiernos neoliberales de Uribe, Santos y Duque, quieren un campo vacío, sin campesinos, tal como ocurrió en la Argentina para poder desarrollar su anhelado sueño de los gigantescos agronegocios en manos de las grandes multinacionales y la oligarquía agroindustrial colombiana.
Otro ángulo elegido por el gobierno De la Espriella para atacar al Acuerdo de Paz, es la Amenaza híbrida[4] de desinformación y coerción económica dirigida a desestabilizar la arquitectura constitucional de las garantías de seguridad para los firmantes de paz consagradas en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz , al estilo Orwelliano[5], el plan del Abelardismo es invertir los valores y los significados de “Reincorporación y garantías de seguridad para los firmantes”, su concepción del tránsito con garantías jurídicas y políticas de los alzados en armas por motivos políticos y las comunidades afectadas por el conflicto es totalmente distinta y contraria a lo firmado en La Habana entre la Farc y el Estado Colombiano, el eufemismo que utiliza el canciller Omar Bula es el de “rediseñar” o “remodelar el Acuerdo de Paz de 2016 basándose principalmente en razones de evaluación de resultados, reducción de la burocracia estatal y un cambio de enfoque en la política de seguridad”[6]. Su concepción de seguridad no es otra cosa que el securitismo militarista de extrema derecha en el que el tratamiento a los exguerrilleros es de enemigos vencidos y humillados a los que no se les debe dar ningún tratamiento especial y por lo tanto en vez de proteger sus vidas y su tránsito a la vida civil, lo que se debe hacer es rejudicializarlos mediante nuevos procesos penales y/o reconvertirlos en informantes de su mal llamada politica de seguridad y de sometimiento a la justicia.
De allí su plan de acabar con la mesa técnica especializada de la UNP, Subdirección creada por el Acuerdo de paz con una doble función: 1) prestar seguridad y protección a los firmantes de paz, lo que ha permitido evitar y frustrar muchos atentados y amenazas contra firmantes de paz y líderes de organizaciones en donde participan los antiguos exguerrilleros de las Farc y las comunidades más afectadas por el conflicto. 2) integrar a cientos de exmiembros de las FARC a un organismo civil de protección y seguridad que los vincula laboralmente como alternativa económica para reintegrarse plenamente a la vida civil[7], por sus capacidades físicas, técnicas, al servicio de la protección de líderes, firmantes y colectivos en alto riesgo. Este tipo de modelo de DDR, ha sido aplicado en Colombia en varios de los procesos de paz firmados en la década del noventa con las antiguas guerrillas del M.19, EPL, Corriente de Renovación socialista, PRT, Quintín Lame, etc. Y por supuesto en muchos países del mundo en las que se han firmado acuerdos de paz como el Salvador, Guatemala, Irlanda, Sudáfrica, entre otros.
A pesar del enorme peligro para la paz y la democracia que representa la politica de destripamiento de la paz por parte del gobierno De la Espriella, en la orilla del progresismo y de la defensa de la constitución se escuchan voces valientes y dignas que denuncian este perverso plan y se oponen a su ejecución, como las senadoras(es) Carolina Corcho, Sandra Chindoy, Iván Cepeda, Wilson Arias, entre otros quienes desde las comisiones del senado lideran la oposición a los proyectos regresivos que pretenden acabar con el Acuerdo de Paz, a lo que se suma la carta enviada por 37 académicos al embajador de Colombia ante la ONU en la que critican la postura del nuevo gobierno frente a la implementación del Acuerdo de La Habana; estas posiciones recibieron un gran espaldarazo de la Corte Constitucional que el 04 de noviembre emitió el Auto 1538/2026 en el que “ordenó al Ejecutivo presentar una hoja de ruta integral en 30 días hábiles para la paz, advirtiendo que los compromisos son de Estado y vinculantes hasta 2030, entregar metas y presupuesto en 30 días hábiles; la reactivación de instancias como la CSIVI y el SISEP en 20 días hábiles; e inclusión obligatoria del componente de paz en el Plan Plurianual de Inversiones. Así mimo el tribunal cuestionó la retención de 53.000 millones de pesos en la ARN y un proyectado recorte del 79,1 % para el año 2027 que afectan a los firmantes de paz. Se prohíbe desmantelar o asfixiar financieramente lo pactado en el Acuerdo Final”[8] . Se trata de una orden de estricto cumplimiento emitida en el marco del seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, fallo que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) ante la sistemática vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la seguridad y la reincorporación de los firmantes de paz.
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[1] La reforma agraria impulsada durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) buscó reestructurar la propiedad de la tierra, titulación de predios y transformar a los campesinos arrendatarios y aparceros en propietarios independientes. Informe final Comision de la Verdad.
[2] “Si al país le dolió lo de URGD, lo de la ANT será vergonzoso”, entrevista a Lina Garrido directora de la ANT, noviembre 1/2026
[3] Declaraciones del senador Wilson Arias en su página de Facebook. Noviembre 03/2026
[4] “Las amenazas híbridas son complejas, multidimensionales y no siempre violentas, aunque sí muy disruptivas (…)”, Patricia Moreno, https://elordenmundial.com/que-son-amenazas-hibridas/. 2021
[5] George Orwell, autor de la famosa novela de anticipación “1984”
[6] “De la Espriella presiona a la ONU de la Reforma Rural del Acuerdo de Paz”, diario el País de España, octubre 09 de 2026.
[7] El 95% de los firmantes de paz de las FARC que fueron vinculados a la UNP como agentes escoltas continúan cumpliendo con el Plan de Reincorporacion Integral PRI.
[8] Corte Constitucional, Auto 1528 de 2026.
Julio Arenas, Observatorio del Conflicto Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: El Tiempo
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