La reforma propuesta descansa en seis pilares que conforman dos partes. El primero, y más importante, apunta a la reducción del Estado, principalmente del Gobierno, mediante fusión de entidades y reorganizaciones internas. Los siguientes se centran en la reforma del IVA y la reducción de impuestos a entidades corporativas; acciones de políticas para atraer inversión extranjera y fortalecer la administración tributaria.
Al proyecto le han llovido muchas críticas. No solamente retoma recetas conocidas concebidas por el FMI como la reducción de exenciones, la ampliación de la base contributiva, mayores impuestos al consumo y la racionalización de algunas erogaciones públicas. También, y en forma explícita, porque hace caer el peso de la reforma en la clase media empleada formalmente y a la que se le pueden controlar sus ingresos. La principal crítica se centra en el aumento del IVA a muchos bienes que afectan la canasta familiar y la competitividad del agro mientras quedan exentos productos elaborados por empresas agroindustriales como los cárnicos. Para paliar el efecto del alza del IVA el proyecto propone la devolución del impuesto a las clases de bajos ingresos mediante petición sustentada en facturación electrónica, lo cual no deja de ser un argumento descarado por cuanto este recurso no está al alcance de la gran mayoría de la población de menores ingresos.
En términos abstractos y formales la propuesta es atractiva, pero obvia vacíos que han sido evidenciados por Marta Juanita Villaveces, exviceministra técnica de Hacienda y profesora de la Universidad Nacional. Villaveces no solamente menciona las condiciones de la implementación de una posible devolución del IVA, sino también el hecho de que no solamente el peso recaería sobre los contribuyentes dejando por fuera a los informales, sino porque la informalidad no equivale necesariamente a pobreza. De hecho – como lo anota la profesora -, conocer los ingresos de una población con elevada informalidad es una tarea institucional pendiente.
El proyecto de ley de rescate fiscal también apunta a un crecimiento anual de 6% y aquí también se encierra una falacia; las medidas contempladas en él pueden contribuir a corregir el desequilibrio fiscal que arrastra el país desde hace décadas, pero no equivalen a una estrategia de crecimiento. Por el contrario, tal como están diseñadas, las mismas auguran que el recaudo seguirá dependiendo del aumento de obligaciones de los mismos contribuyentes, por lo tanto, de una reducción de la demanda.
Llegados a este punto, conviene tener en mente el cambio de paradigma de gobierno de De la Espriella en la concepción del desarrollo económico respecto del modelo de Gustavo Petro. En medio de un discurso enfocado en el cierre de brechas sociales y la recuperación de derechos para “el pueblo”, asumiendo que la mayor causa del conflicto en Colombia es la aspiración campesina de acceso a la tierra, el gobierno de Petro otorgó especial importancia a la recuperación del sector agropecuario. En este orden de ideas, se hizo énfasis en volver a la reforma agraria, la distribución de tierras, la economía campesina, la soberanía alimentaria y la protección del medioambiente. La agricultura no se concibió únicamente como una actividad económica, sino también como un componente de justicia social y de construcción de paz en abierta oposición a la dependencia histórica de los hidrocarburos y las actividades extractivas. El modelo económico de Petro se sustentó en la demanda (el aumento del salario) y el gasto público, lo que permitió una economía en expansión y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores, pero endeudada.
De la Espriella propone, por el contrario, disminuir el gasto público, devolver el protagonismo al sector minero-energético y ofrecer mayores garantías jurídicas y tributarias a la inversión privada bajo el supuesto de que Colombia debe aprovechar su riqueza natural para generar divisas, ingresos fiscales e infraestructura. La agricultura se visualiza desde una política agroindustrial basada en la productividad, la inversión privada, la tecnología, la expansión de la frontera agrícola y la exportación. De este modo se privilegia la transformación del campo en una actividad empresarial articulada a los mercados.
El vínculo establecido entre el proyecto de ley de rescate económico y el paradigma de gobierno que lo sustenta invita también a preguntarse cuál es el concepto de Estado que sostiene la propuesta. De manera muy sencilla se ha dicho que el Estado, como ningún hogar, puede gastar más de lo que ingresa so pena de endeudarse y perderlo todo. Parece razonable. Pero un Estado no es equiparable a un negocio, a un contador público, a un conjunto de reglas impuestas o a un simple aparato administrativo. El Estado es una comunidad en su continuidad histórica y cuando se habla de crisis del Estado lo que en realidad está en crisis es la fuerza interior que lo hace posible. Como decía Oswald Spengler,” las instituciones pueden adaptarse, transformarse e incluso reinventarse, pero cuando la unidad interior se rompe y la comunidad ya no se reconoce en un destino común, el Estado pierde su fundamento”. La reducción del Estado es un problema político complejo, pero la reforma del Estado lo es más. De hecho, la primera debería ser consecuencia de la segunda.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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