Ahora bien, una vez elegido y posesionado como presidente podemos decir que la política de seguridad ha tenido tres ejes fundamentales: 1) la ley de sometimiento -que acaba de ser aprobado por el Congreso-, 2) el denominado Estatuto Antiterrorista -que todavía no se ha debatido ni aprobado por el Congreso y que pareciera tiene como principal tarea la elaboración y definición sobre ‘listas de grupos terroristas’ y precisar algunos otros tipos de delitos- y 3) una campaña de la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas y Policía) contra las organizaciones ilegales o narcoterroristas como prefiere llamarlas este gobierno, incluyendo además de las operaciones militares y policiales, un alto protagonismo personal del propio presidente para darle mayor relevancia a esta política.
Entonces hay que decir que esta Ley de Sometimiento a la Justicia, que corresponde a la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público y prorrogada por cada gobierno desde entonces con sus modificaciones, que son válidas durante el período respectivo. El gobierno actual la consideró, en principio por lo menos retóricamente, como la terminación de la llamada ‘Paz Total’ del gobierno anterior, que generó bastante opinión contraria a la misma y detrás de esa idea, a la propia idea de paz, asociada para muchos a la de impunidad. En realidad, puede ser un componente útil de la política de seguridad del actual gobierno, siempre y cuando los demás funcionen, especialmente la política de control y confrontación de la Fuerza Pública. Sobre el llamado estatuto Antiterrorista, por lo momento lo que existe es especulativo y habrá que esperar finalmente el contenido de lo que se apruebe en el Congreso.
Podríamos decir que el principal énfasis de esta Ley es eliminar cualquier posibilidad de diálogo con los grupos ilegales y establecer que es el Estado el que define las condiciones del sometimiento y de las rebajas de penas, una vez se verifique que se han cumplido las condiciones establecidas, igualmente no existe ningún reconocimiento político y tampoco se suspenden acciones normales del Estado como acción de las autoridades judiciales, incluida la extradición. Se puede considerar que también es una especie de reacción a lo que sectores de la opinión consideran ‘diálogos interminables’ sin resultados de ningún tipo que se han mantenido, no sólo en el gobierno anterior, sino también en otros gobiernos precedentes.
La Ley de Sometimiento establece dos tipos de procedimiento, uno administrativo, en principio a cargo del Ministerio de Justicia o de otra autoridad que designe el Presidente, allí el actor armado ilegal o terrorista – que la Ley define como “… Actores Armados Ilegales o Terroristas toda organización, grupo o estructura que, con independencia de su tamaño, de su capacidad militar u operativa o de su grado de incidencia frente a la Fuerza Pública, cometa o tenga la capacidad de cometer actos terroristas, afectar gravemente el orden público, comprometer la seguridad ciudadana, alterar la convivencia pacífica o vulnerar los derechos de la población civil, en los términos establecidos en la Ley 1908 de 2018 o demás normas que la reglamenten, modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan” – allí se recibe la decisión del grupo de su decisión de someterse, se le informan las condiciones que debe cumplir de desarme total, entrega de bienes, aporte a la verdad plena, reincorporación y la hoja de ruta y el cronograma para el sometimiento; para esta fase se establece un período máximo de tres meses, con posibilidad de prórroga hasta por un tiempo igual. El segundo procedimiento es el de la judicialización, el cual se inicia con la entrega del Acta de Sometimiento y se valora la contribución a la verdad, a la reparación de las víctimas, se establece la responsabilidad penal individual de cada miembro del grupo y se profiere la responsabilidad judicial de tipo penal.
La Ley establece quienes pueden ser sujetos de la rebaja de penas y en qué proporción; para los miembros de base hasta un 50% de rebaja, pero acompañado en cada caso de prisión efectiva; para los líderes de estos grupos hasta un 30% de rebaja y, “respecto de quienes hayan ejercido dicho rol, se aplicará el límite mínimo de diez (10) años de privación efectivo de lo libertad previsto en el parágrafo 3 de este artículo. En los demás casos, lo autoridad judicial deberá motivar lo decisión sobre el efecto conjunto de los beneficios reconocidos y garantizar que subsistan uno sanción efectiva y uno restricción real de lo libertad”.
Es claro que se busca que el sometimiento esté acompañado de un desarme real y efectivo, de entrega de bienes que hayan sido producto de las actividades ilícitas y entrega de menores, aclarando la norma legal que “para todos los efectos judiciales y administrativos, los niños, niñas y adolescentes sometidos a cualquier forma de uso, reclutamiento o utilización por parte de los actores armados ilegales serán considerados víctimas del conflicto armado o del crimen organizado”.
Es interesante destacar lo señalado en el artículo 12D: “Transformación Territorial Integral (TTI). La Transformación Territorial Integral es el mecanismo de articulación, coordinación y ejecución de acciones civiles, sociales, económicas, de seguridad y de justicia mediante las cuales el Estado hace presencia efectiva permanente, legitima y coordinado en el territorio nacional, con el fin de fortalecer lo institucionalidad democrático y el ejercicio legítimo de lo autoridad, sustituir los economías criminales por economías lícitos y sostenibles, adelantar acciones restaurativos, y la reconfiguración de los Actores Armados Ilegales o Terroristas en el territorio rural y urbano, como garantía de no repetición”, porque abre la posibilidad de que los resultados de esta Ley de Sometimiento no se agoten en el ámbito judicial y se articulen con otras acciones de la política de seguridad en lo territorial.
Igualmente vale la pena destacar lo señalado en el Parágrafo2 que dice: “Lo Transformación Territorial Integral (TTI) deberá incorporar medidas de inclusión económica dirigidas prioritariamente a mujeres víctimas, mujeres rurales, mujeres cabeza de hogar, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y personas víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como a otros poblaciones sujetos de especial protección constitucional presentes en territorios priorizados, mediante su acceso preferente a programas de generación de ingresos, fortalecimiento productivo, emprendimiento y oferto institucional, como estrategia paro consolidar economías lícitos y sostenibles y prevenir la reconfiguración de estructuras criminales.”.
Estos apartados de la ley son importantes porque se consideran contribuyen a la necesaria presencia y control efectivo del Estado en los territorios, pero adicionalmente a algo que es fundamental en una política contra estos grupos ilegales armados y es controlar las fuentes de financiación de los mismos que van más allá de la desmovilización de dichos grupos; son muy importantes el control de las redes de apoyo. Igualmente controlar el reclutamiento de nuevos miembros, especialmente de jóvenes menores de edad y en eso creo que hay que diseñar estrategias complementarias..
Es necesario igualmente destacar lo que la Ley regula sobre derechos políticos de los sometidos: “Derechos políticos, penas accesorias e inhabilidades. El tratamiento penal diferenciado, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la extinción de la pena, la libertad condicional, la redención y los demás beneficios jurídicos y socioeconómicos previstos en esta ley no modifican el régimen de penas accesorias del Código Penal ni las inhabilidades constitucionales y legales para inscribirse como candidato a cargos de elección popular, ser elegido, ser designado como servidor público o celebrar contratos con el Estado. La aplicación de esta ley no implica reconocimiento de carácter político a los Actores Armados Ilegales o Terroristas ni a sus integrantes, sin perjuicio del régimen constitucional y legal de los delitos políticos.”
Pareciera que esta Ley de Sometimiento busca hacer lo que se pretendía con los llamados ‘procesos de negociación de paz o para terminar el conflicto armado’, pero sin darle ningún tipo de reconocimiento político a los grupos armados ilegales y claro, sin ningún tipo de negociación.
Podríamos concluir, con lo anterior, señalando, que esta Ley de Sometimiento, deriva la necesidad de tener una unidad administrativa especial, no sabría si la anterior denominada Consejería Comisionado de Paz o de Seguridad como parece gustarle más a este gobierno, que vaya a ser la encargada de ejecutar este tipo de responsabilidades, siempre y cuando haya grupos armados ilegales o terroristas que estén dispuestos, total o parcialmente a someterse a esta norma legal. Porque evidentemente, si bien la Ley de Sometimiento está bien formulada por el Ministerio de Justicia, que fue el encargado de su redacción, sin embargo, si no logra ser atractiva para quienes va dirigida, es decir, si la ‘zanahoria’ no es atractiva, la ‘zanahoria’ que acompaña el garrote de la política de confrontación militar y policial -con apoyo de la política de ‘Escudo de las Américas’- y el Estatuto Antiterrorista, si finalmente se aprueba, puede quedar solo como una buena intención, más allá de que la misma conlleve beneficios penales y administrativos importantes para los miembros de estos grupos.
Pero eso lo veremos en lo que resta del actual gobierno.
Alejo Vargas Velásquez, Analista Político de Paz, Seguridad y Defensa – Profesor Titular ® de la UN – Fundador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
Foto tomada de: La Silla Vacía
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