Hoy entonces las crisis de los sistemas de protección social son evidentes y el desbalance financiero no se soluciona con nuevas reformas donde se eleve la edad pensional, o se aumenten los porcentajes de aporte. Mientras quienes coticen a estos sistemas sean el 30% de la población, lejos estamos de encontrar un ajuste financiero que permita la viabilidad de los sistemas de protección social en Colombia.
Es cierto también y así lo ha denunciado la Unidad de Gestión y Parafiscales (UGPP), la alta evasión y elusión de los aportes al sistema de seguridad social y a los parafiscales que se hacen tanto desde las empresas como desde los trabajadores independientes. Hay una especie de cultura del no pago, una corrupción un tanto generalizada, promovida, además, por los hechos de corrupción en otras esferas, por el despilfarro de los dineros públicos. Son procesos que, junto a los temas políticos en el actual modelo de desarrollo, nos llevan cada vez más a desprestigiar lo público, lo colectivo y a optar por salidas individuales donde la racionalidad está clara: el menos dinero posible para el Estado y que sea el mercado y el esfuerzo individual quien determine las propias condiciones de vida de las personas.
Como si esto fuera poco, y en uno de los actos más viles de indecencia social que puede cometer alguien que se llame empresario, los aportes a la seguridad social vienen siendo eludidos a través de ingeniosas estrategias financieras, donde la cadena empieza en la empresa y termina en los fondos privados de pensiones, dejando al trabajador con lo único que tiene, su sumisión monetaria, su vulnerabilidad, su miedo a que si no acepta las propuestas de sus jefes terminará en la calle, en la búsqueda de otros trabajos en la ya pesada situación laboral por la que atraviesa el país.
El asunto opera como sigue. Un trabajador que hoy se gana, por ejemplo, 5 millones de pesos, una remuneración significativa en nuestro medio, es solicitado por la oficina de gestión del talento humano, o como se quiera llamar, y le es ofrecido un “buen negocio” en el que tanto la empresa como el van a salir ganadores. Sí, eso que en administración llaman gana gana. Pues bien, el ofrecimiento es que de ahora en adelante al trabajador se le pagará una remuneración mensual de 3 millones y los 2 millones restantes se le pagarán en bonos de alimentación, vivienda, transportes, entre otras posibilidades. La ley 1393 de 2010 y su artículo 30, les pone límite a estas bonificaciones en el 40% del total del salario. Hasta acá el tema parece inofensivo, solo se trata de llevar un dinero a otros rubros y para el trabajador su salario permanece igual. Hace algún tiempo la Dian reaccionó ante estas prácticas salariales y convirtió todos estos factores en elementos sujetos a impuestos. Pero para la seguridad social no, así que se pueden disminuir los aportes.
Resulta entonces que los pagos a la seguridad social ya no se harán por 5 sino por 3 millones, así mismo se reducirán las liquidaciones de las prestaciones sociales. Para remediar esto las empresas les proponen a los trabajadores unas compensaciones con bonos adicionales para reconocerles lo que se les deja de pagar en prestaciones (primas y cesantías). Así que el tema vuelve y recupera su normalidad en cuanto al salario. Con los menores aportes a pensión, el mecanismo es compensar la diferencia a través de un aporte directo a una pensión voluntaria en un fondo privado, el cual no podrá retirar en al menos 10 años, so pena de ser castigado con las tasas normales de impuestos. Esto tiene sus bemoles: si el trabajador está en un fondo privado el asunto no tiene mayores impactos, pero si está en Colpensiones, sí que tiene efecto, es especial si está en los últimos 10 años de cotización que son los que definen el monto de la pensión que se tendrá, que corresponde a un promedio mensual de los aportes de los últimos 10 años. Al reducirse el aporte se disminuirá la pensión, y los montos en los fondos privados difícilmente compensarán esta diferencia. Primera pérdida del trabajador, solo si cotiza al régimen público. Pero el trabajador gana, porque los montos de cotización a salud y a la solidaridad bajarán.
La empresa gana porque sus cotizaciones a todo el sistema de seguridad social disminuirán significativamente. Alguien podrá ya preguntarse si tanto tan bueno si dan. La respuesta es sí, desde las lógicas del empresario, quien ganará porque aportará menos a la seguridad social. Para el trabajador todo se mantiene igual en cuanto al salario y obtiene una ganancia por sus menores aportes a la seguridad social. ¿Quién pierde entonces? Sencillo, todos, ya que es el Estado, en sus sistemas de seguridad social quien recibirá menos aportes, es decir a los ya grandes problemas de financiamiento por el reducido número de empleos formales cotizantes, se le agrega está lógica perversa de solo pagar una parte del salario, que es la que cotiza y la otra a través de bonificaciones que están exentas de los pagos a la seguridad social.
Hay entonces un actuar de los empresarios que dista bastante de ser un comportamiento ético frente a los compromisos con la sociedad. Está bien, es legal lo que hacen, la norma se los permite, pero una cosa es estar en la legalidad y otra muy distinta es guardar la rigurosidad ética y moral que el mismo oficio de ser empresario exige. Ya grandes empresarios del mundo han empezado a replantarse la viabilidad de un sistema bajo la óptica del individualismo, tal parece que aun esto está lejos de ser asumido por un sector importante del empresariado colombiano que le sigue apostando a las prácticas neoliberales de más mercado, menos impuestos y menos contribuciones al Estado. Y para ello le apuestan a un gobierno corporativista como el actual.
En este mismo sentido el gobierno le apuesta entonces al salario por horas o días, para posibilitar así mayor formalización. Esto sería interesante en una situación de pleno empleo, pero en el caso nuestro, es solo una nueva oportunidad para que los empresarios sigan precarizando el empleo y los pocos trabajos formales existentes terminen convertidos en días o incluso horas. Igualmente, el Centro Democrático acaba de radicar, el 20 de agosto, la anunciada reforma pensional, en la cual se propone acabar con el régimen de pensiones públicas para el año 2030 y dejar solo el régimen privado de ahorro individual, los fondos de pensiones, como única alternativa contributiva de pensión posible. Hoy cuando la OIT (Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019) ha mostrado cómo los demás países de la región, y en otras latitudes, vienen fortaleciendo los regímenes públicos, nosotros en Colombia asumimos el camino contrario.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Universidad de La Salle.
Foto tomada de: Diario del norte
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