Pero la demostración de fuerza del Clan del Golfo con el paro armado, o al menos eso aparenta, también puede interpretarse desde otra arista, por ejemplo, que este accionar de las AGC es el resultado de una política perversa del gobierno nacional e importantes sectores de la vida política y económica del país a quienes no les interesa superar el paramilitarismo y el narcotráfico, pues son funcionales a sus intereses económicos. Esto se evidencia con algunos hechos transcurridos a lo largo del mandato de Iván Duque.
El desmonte del paramilitarismo
Dentro del Acuerdo de Paz de 2016 quedó como objetivo el desmantelamiento del paramilitarismo, para lo cual se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, CNGS. Su mandato principal fue la formulación de la política para el desmonte del paramilitarismo y en general de los grupos criminales. Pues bien, esta Comisión, de alto nivel, presidida por el mismo presidente de la República o a quien delegue, no fue tenida en cuenta por Iván Duque, y sólo por la presión del movimiento de derechos humanos y comunidad internacional, la convocó. Sin embargo, durante tres años los funcionarios gubernamentales, si bien convocaron varias reuniones, se dedicaron a dilatar la formulación de la política con miles de argucias y mostraban ante los medios y comunidad internacional, un interés aparente por el tema, pero en realidad, simularon su implementación.
Durante el 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP se percató de ello y conminó al gobierno nacional para que le diera a conocer la política excepcional creada para el desmonte del paramilitarismo y crimen organizado. El gobierno, ni corto ni perezoso le mandó la política, que según él, correspondía. Sin embargo, meses después, la JEP volvió a requerir del gobierno la política para el desmonte del paramilitarismo, pues la que le había enviado era la política de seguridad nacional, pero no la extraordinaria acordada en el proceso de paz. Ante esa segunda solicitud, que aún no ha respondido, no se sabe qué irá a responder a la Jurisdicción, pues dicha política aún no existe. Seguramente no lo hará, de un lado, porque ya está de salida, pero de otro, porque no le interesa acabar con paramilitarismo.
En este punto es necesario advertir que a la CNGS asisten delegados de las plataformas de derechos humanos del país, entre ellos, Franklin Castañeda de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Gustavo Gallón de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, junto con los expertos Camilo González y Jaime Caicedo, quienes han insistido y presentado propuestas metodológicas para la creación de la política. Sin embargo, han sido ignoradas, indicando una vez más, el desinterés gubernamental de avanzar en la superación del paramilitarismo y crimen organizado.
La corrupción institucional
Según Indepaz, el crecimiento de los grupos narco paramilitares durante el gobierno de Iván Duque ha sido exponencial. De acuerdo a un estudio publicado a finales del año pasado, a octubre del 2021 habían 22 estructuras narcoparamiltares, 6 grupos con acciones recurrentes y afectación territorial mayor, y 27 bandas delincuenciales emergentes con acciones por tercerización de grandes grupos, dentro de las cuales las AGC contarían entre 1600 y 1700 hombres, los caparros 150 personas, los Pachencas entre 150 y 200 personas, los Pelusos con 250 personas, los Rastrojos con 60 y otro grupo de unas 200 estructuras pequeñas conformadas entre 15 y 30 personas cada una. La acciones de los narco paramilitares estarían concentradas principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Meta; pero cuya actividad se extiende a por lo menos 291 municipios de 27 departamentos, esto durante el 2020, lo cual es superior a lo registrado en el 2019 que habría sido de 261 municipios[2].
Pero este crecimiento de los grupos reconocidos como narco paramilitares, no es casual, el Estado, y particularmente el actual gobierno tiene todo qué ver, y su complicidad es evidente. Desde la llegada de Iván Duque han sido frecuentes los escándalos de corrupción por parte de la fuerza pública, que indican la connivencia y alianzas entre éstas y los grupos ilegales, entre ellos con el Clan del Golfo. La sumatoria de tales hechos no deja duda sobre el papel determinante de los militares en el fortalecimiento de los mismos. Es el caso del ex comandante del Ejército Leonardo Barrero, investigado por ser parte del grupo narco paramilitar “La Cordillera”[3], quien además estuvo en la nómina del Ministerio del Interior, en ese entonces en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, como coordinador del Plan de Acción Oportuna, PAO, instrumento para creado para la protección de líderes sociales. Pero también del Coronel (R) Robinson González del Rio y otros 15 militares activos relacionados con este grupo narco paramilitar. Todos ellos muy cercanos a alias “Matamba” hombre del Clan del Golfo y muy cercano a alias “Otoniel”, quien se habría fugado en el mes de marzo pasado de la cárcel La Picota con la ayuda del INPEC[4] y seguramente de otras autoridades, pero que más recientemente se dice que fue en realidad desaparecido. Este caso, junto con la extradición apresurada de alias “Otoniel” hacia los Estados Unidos, evidencian el interés por parte del gobierno de ocultar la verdad de los entramados criminales que corren por las venas de la institucionalidad y los grupos ilegales, en este caso el Clan del Golfo.
Otro hecho, que puede parecer aislado, pero muy diciente de lo que pasa cotidianamente en el país, pero que no trasciende a los medios, fue la captura de un funcionario no uniformado del Ejército cuando transportaba un camión de la institución militar, con dotación oficial de 200 morrales de campaña y 2.000 camisetas de las fuerzas militares, el cual estaba dirigido a grupos ilegales de la región de Urabá y habían sido despachados desde Bogotá[5].
Pero los escándalos relacionados con el narcotráfico (motor de los grupos criminales) no se limitan sólo a militares activos y retirados, trasciende a altos funcionarios del gobierno como el ex embajador de Uruguay, Fernando Sanclemente quien está investigado por el hallazgo de un laboratorio de cocaína en una finca de su propiedad. Situación similar acontece con el esposo de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, por sus sociedades con un reconocido narcotraficante, o del mismo Embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, cuyo primo resultó involucrado en negocios de narcotráfico. Pero estos son apenas unos pocos casos que se filtran a los medios de información sin que se conozca todos los entramados ilegales en los cuales se mueven funcionarios públicos, políticos y empresarios.
Es decir, imposible sorprendernos con la capacidad criminal de Autodefensas Gaitanistas de Colombia de paralizar a varias regiones del norte de Colombia por varios días, si es evidente la instrumentalización que de ellas hacen importantes sectores políticos y económicos del país. Por eso, también resulta inconcebible escuchar al ministro de Defensa, Diego Molano, señalar sin ningún rubor a las comunidades del Putumayo como narco cocaleras y autorizar a los militares masacrarlas a sangre fría, cuando en realidad son víctimas de las élites corruptas que dominan el país.
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[1]Revista Semana, octubre 20 de 2021. ¿En qué se van a invertir los $40 billones aprobados al sector defensa para el 2022? Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/en-que-se-van-a-invertir-los-40-billones-aprobados-al-sector-defensa-para-el-2022/202144/
[2] INDEPAZ. 2021. Los Focos del Conflicto en Colombia. Informe sobre la presencia de grupos armados. Recuperado de: https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf
[3] Revista Semana. 17 de febrero de 2014. General Barrero sería llamado a declarar en la Fiscalía, 17 de febrero de 2014. Recuperado de: https://bit.ly/2Tj40wc
[4]El Colombiano. 19 de marzo de 2022. Alias Matamba se fugó disfrazado de dragoneante. Recuperado de: https://www.elcolombiano.com/colombia/alias-matamba-del-clan-del-golfo-se-fugo-de-la-picota-HJ16974254
[5] Caracol Noticias. 1 julio 2019. Cae camión del Ejército con dotación oficial que al parecer iba para grupos ilegales de Urabá. Recuperado de: https://noticias.caracoltv.com/antioquia/cae-camion-del-ejercito-con-dotacion-oficial-que-al-parecer-iba-para-grupos-ilegales-de-uraba?fbclid=IwAR1uICO1zeMy4XJJ_hMyZO_nPLAvKHuTh5b-uvFNIN8utxXN_UWM9YV_7rc
Diana Sánchez Lara, Directora Asociación MINGA
Foto tomada de: Infobae
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