Se refirió el maestro al clientelismo y la compra de votos por parte del Partido de la U, fundado por Uribe, y de sus aliados, los partidos y clanes mafiosos regionales de la extrema derecha y el poder económico, al constreñimiento mediante amenazas de muerte a los electores en zonas controladas por las bandas paramilitares creadas por él, al desplazamiento forzado, el perfilamiento, la persecución y el asesinato de opositores, intelectuales, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, magistrados, jueces, dirigentes y lideresas sociales, afrodescendientes, indígenas, sindicales, feministas, juveniles y de los sectores LGBTQ+, campañas masivas de calumnias y aniquilamiento moral de Carlos Gaviria y su Staf de campaña a través de los medios corporativos, la financiación de los gremios económicos, paramilitares y de las mafias del narcotráfico de sus campañas, el fraude electoral, etc., con su secuela de masacres, desapariciones, asesinatos selectivos, destierros, etc.
El origen ilegítimo de Uribe y su régimen de terror, fue ampliamente denunciado por los centenares de miles de víctimas; documentado y registrado en la memoria histórica por periodistas, investigadores, columnistas, intelectuales, historiadores, organizaciones de derechos Humanos; entre los que se destacan, Gonzalo Guillén, director del periódico digital, La Nueva Prensa, Julián Martínez y Daniel Mendoza, quienes acopiaron abundante registro histórico, tanto escrito, como fílmico, en las plataformas digitales y en la laureada serie “El Matarife”, como fiel testimonio de su atroz ejercicio del poder durante dos periodos consecutivos.
La ilegítima relección de Uribe, fue avalada en la reforma constitucional de 2006 lograda mediante la compra del voto de la entonces senadora y confesa, Yidis Medina, y la ausencia, previamente concertada con el ministro del interior Sabas Pretelt y otros altos funcionarios, del representante Teodolindo Avendaño, de la sesión de la comisión primera de la Cámara que aprobó la reelección; Sabas y sus cómplices fueron juzgados por la Corte Suprema de Justicia y condenados a prisión. Uribe, en cambio, ejerció su segundo mandato, legal pero ilegítimo, en absoluta impunidad. Como expresidente, ha sido determinante en la posterior elección de tres presidentes igualmente ilegítimos, incluido Abelardo de la Espriella.
La ilegitimidad de origen de Abelardo, igual que la de su admirado expresidente, nació en el crisol de las mafias del narcotráfico y paramilitar, con las cuales registra una larga historia de estrechos lazos de complicidad y de negocios turbios, que datan desde los tiempos del matarife. Recientemente circuló en redes una grabación en video- casetes, realizada por un camarógrafo que los guardó durante 22 años, del foro realizado en Santafe del Ralito en noviembre de 2004, financiado y presidido por la sanguinaria cúpula de las AUC, Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Hébert Velosa, alias HH, etc., con 400 0 500 estudiantes universitarios, financiados por una fundación de fachada denominada FIPAZ (Fundación Iniciativas para la Paz), creada y costeada por un fondo común de los capos paramilitares y coordinada por Abelardo de la Espriella, con el propósito de organizar, bajo el pretexto de la paz con el gobierno de Uribe Vélez, un movimiento político liderado por los la sanguinaria cúpula paramilitar uribista (@GiroHaciaLaIzquierda).
El periodista Julián Martínez, divulgó diez casos de “hechos, datos y expedientes oficiales que demuestran cómo su carrera ha estado ligada de principio a fin con el negocio del narcotráfico” (@jfmartinez). El primero se refiere al despojo del millonario botín, del capo del cartel de la costa, Rafael Abello Silva, socio del cartel de Medellín, alias El Mono Abello, quien fue extraditado a EE. UU, donde pagó 18 años de cárcel y, a su regreso, acusó a De la Espriella de maniobrar con sus bienes incautados por la DNE, para adjudicárselos a sus amigos políticos corruptos. (La doble W).
El segundo, caso de “Las Torres Gemelas”, trata sobre lavado de activos, documentado por La Nueva Prensa, que involucra al ilegítimo y su socio, el abogado Peñarredonda, en un fraude procesal transnacional, de falsificación de firmas en un documento supuestamente enviado por las autoridades del Ecuador en el que notificaron a la Corte Suprema de Justicia colombiana que desistían de la solicitud de extradición del narcotraficante y lavador de activos, Andrés Prada Caicedo; con el cual, obtuvieron su libertad. Por estos graves delitos, Abelardo fue sometido a investigación penal, por la fiscalía general y la CSJ. El expediente reposa en los polvorientos anaqueles de la fiscalía; en cambio, sus cómplices fueron condenados en El Ecuador.
El tercero, se refiere al lobby reiterado contra la extradición del criminal jefe narco-paramilitar Salvatore Mancuso de quien afirmó, en clara adhesión al paramilitarismo: “Mancuso es mi paisano y amigo y se echó a sus espaldas una lucha que debimos haber dado todos los cordobeses”; además, promovió un referendo contra la extradición de Salvatore y sus compinches; pruebas incontrastables de su complicidad con las AUC. El cuarto, es el de las defensas judiciales de parlamentarios parapolíticos, financiadas por el jefe paraco, Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, entre las que se destacan las de Eleonora Pineda, Rocío Arias y Muriel Benito Rebollo, todas confesaron pertenecer a las AUC y fueron condenadas a prisión.
El quinto es el de sus negocios en la compra de grandes extensiones de tierra, ubicadas en Becerril, departamento del Cesar, al comandante paramiltar Hugues Rodríguez Fuentes, alias “El comandante Barbie “, condenado en Colombia por paramilitarismo y en EE. UU, por narcotráfico.
El sexto, documentado por la revista Raya, evidencia que el ilegítimo se dedicó a obstruir la captura de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, sindicado por la fiscalía y las agencias internacionales de inteligencia, de ser el Zar del contrabando y el mayor lavador de activos de la mafia del narcotráfico, mediante la importación ilegal de mercancías. De la Espriella, según lo denunció el director de la POLFA, General Juan Carlos Buitrago, se interpuso activamente para torpedear y frustrar la “Operación Condor” impidiendo su captura. Denunció el general, que De la Espriella era simultáneamente abogado defensor del ministro de defensa del presidente Duque, Carlos Holmes Trujillo y de Papá Pitufo.
El séptimo, Abelardo recibió un giro de USD$275.000 de un banco de Antigua y Bermuda (Cuenta Group Limited) de Alex Saab y de Álvaro Pulido o Germán Rubio, exsocio de la Junta del Narcotráfico y capo del cartel de Bogotá; quien, por un envío similar de USD$2.3 millones fue acusado y condenado en USA por lavado de activos. Se debe agregar, que es también sospechoso de operaciones de blanqueo de dineros del propio Alex Saab, junto con su socio en Miami, narcotraficante e informante de la DEA, Jose Luis Hernández, alias Boliche. El octavo se refiere al ocultamiento de las relaciones familiares y de amistad con el narcotraficante, José Guillermo Hernández, alias “El Ñeñe Hernández”, el financiador de la campaña presidencial del títere Iván Duque Márquez.
El noveno se relaciona con el camuflaje de su amistad con la mafia, que quedó registrado en un trino que no pudo borrar a tiempo, con ocasión del “asesinato” del mafioso en Brasil, “Lamento profundamente la muerte trágica del reconocido ganadero y amigo “El Ñeñe Hernández” (@DELAESPRIELLAE); y, finalmente, la prueba reina de que De la Espriella trabaja para los intereses de los narcotraficantes, es su propuesta política, presentada en una entrevista con la revista Semana, de amnistiar el 10% de sus fabulosos capitales e ingresar al fisco nacional el 90% de sus fortunas a cambio de una pena simbólica de tres años de prisión; es, ni más ni menos, que un ofrecimiento para garantizar impunidad a sus amigos narcotraficantes, contrabandistas y blanqueadores de activos.
@jfmartinez también denunció el caso del despojo violento, desplazamiento forzado y persecución de la población y judicialización de líderes de las asociaciones de mineros artesanales, para apropiarse de sus tierras en el sur del departamento de Bolívar, dedicadas a la explotación artesanal del oro, por parte de una alianza macabra de Abelardo De La Espriella, su socio Peña Redonda, los clanes políticos del círculo de Abelardo y el jefe paramiltar del Bloque Central Bolívar, alias Macaco, para apropiarse de títulos mineros de la Asociación de mineros de Mina Gualter, ASOMIGUA.
Por su parte, el New York Times, informó que la Comisión Nacional contra el blanqueo de Capitales de Panamá, suspendió la empresa “Inversiones PRISE Internacional Corp”, de propiedad de Abelardo y su familia, por presunta implicación en operaciones de lavado de activos. (@guerrerodigital).
El solo relato de estos episodios, que demuestran la larga trayectoria de sus nexos con el narcotráfico, el paramilitarismo y la delincuencia, bastaría, no solo para declarar la ilegitimidad de origen del delincuente electo presidente de manera fraudulenta, sino para llevarlo a juicio y condenarlo a prisión.
La sección quinta del Consejo de Estado reconoció que la demanda de nulidad contra la elección del ilegítimo cumple con los requisitos legales y la admitió; ahora, el CNE y el registrador Penagos, tendrán que abrir las bitácoras, la metadata, el los softwares de los delincuentes hermanos Bautista, y el código fuente, utilizados en los escrutinios, tal como lo había exigido Petro; deberán contar los votos depositados en el exterior, valorar la doble nacionalidad, predominantemente gringa del ilegítimo y su militancia en el partido de su jefe y mentor Donald Trump, la injerencia directa de Trump y sus parlamentarios en las elecciones, la compra masiva de votos, el terrorismo presencial y mediático contra el candidato Cepeda y sus electores, y demás argumentos y pruebas aportados por los demandantes, que ponen en tela de juicio la ilegitimidad de su elección. Se trata de métodos delincuenciales utilizados para lograr su “elección”.
Ya los medios corporativos, Caracol, RCN, Semana… aunque guardan silencio, no podrán seguir descalificando las denuncias y deberán reconocer que no se trata de una simple pataleta, sino de demandas serias y con argumentos que motivan dudas razonables. El magistrado de extrema derecha Barreto Suarez, que estudiará la demanda, no concedió la medida cautelar de suspender la posesión ilegítima de Abelardo.
Las y los 12.708.000 electores de Iván Cepeda, no podemos esperar cruzados de brazos, a que el Consejo de Estado, que es una institución podrida y cooptada por las mafias del poder político y económico, falle en derecho; es nuestro deber convocarnos a las calles y en multitudes exigir la anulación de las elecciones fraudulentas, que contribuyeron a su ilegítima elección.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP.
Foto tomada de: La Nueva Prensa
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