Es en estos ejes transversales donde el programa de la «Patria Milagro» revela con mayor énfasis, su rostro puramente autoritario y retórico. Lo que a primera vista se presenta como un paquete de reformas pragmáticas, modernizadoras y de “mano dura”, bajo una óptica historiográfica y de derechos humanos se evidencia una perturbadora estrategia de control poblacional, homogenización ideológica, alianza selectiva con el gran capital y subordinación del tejido social al poder central, dinámicas que guardan un paralelismo milimétrico con la captura institucional y el desmantelamiento democrático ejecutado por el nacionalsocialismo alemán liderado por Adolf Hitler en la década de 1930.
- La Salud y el Riesgo Biopolítico
El programa de De la Espriella “diagnostica” el sistema de salud y las barreras de atención que afectan a la población, sin referirse en manera alguna a las fallas estructurales del modelo impuesto por la ley 100 de 1993. Como solución, propone un plan de choque de $10 billones de pesos, la fijación de topes máximos a los costos de administración de las EPS y un esquema de auditorías severas y arbitraje de los recursos administrados por la ADRES, prometiendo “priorizar al paciente” y “dignificar al personal médico”.
Detrás de este lenguaje de “eficiencia administrativa” y “sostenibilidad”, late un modelo biopolítico donde el acceso a la salud deja de ser un derecho humano universal guiado por el principio de solidaridad para supeditarse a criterios de productividad y rentabilidad corporativa. Existe una contradicción insalvable: no es posible sostener y expandir una red de atención primaria digna si, simultáneamente, el programa decreta un recorte del tamaño del Estado del 40% y un ajuste fiscal de $70 billones de pesos.
En la práctica, la contracción del aparato público asfixiará financieramente a la red de hospitales públicos, que son los únicos que garantizan la supervivencia de las poblaciones rural y urbana más desprotegidas y sin capacidad de cotización. El sistema propuesto automatiza la exclusión: mediante el cruce de bases de datos de la DIAN y el Sisbén IV, la salud se convierte en un servicio condicionado a la utilidad fiscal del ciudadano, marginando la asistencia social a mínimos precarios.
La propaganda del Tercer Reich ensalzaba el sistema de salud nazi como el más avanzado y eficiente del planeta, enfocado en la medicina preventiva, el deporte y la “dignificación” del cuerpo nacional. Sin embargo, tras la fachada del bienestar, el régimen operó un proceso de “coordinación” (Gleichschaltung) médica: la atención de salud se despojó de cualquier carácter humanista universal y se condicionó estrictamente al valor biológico y productivo del individuo para el Estado corporativo.
Aquellos cuerpos considerados improductivos, crónicos o “cargas fiscales” para la nación sufrieron una desatención sistemática que, eventualmente, preparó el terreno para las políticas de eugenesia estatal. El modelo de la «Patria Milagro», al subordinar la vida y la salud al ajuste fiscal radical y a las métricas de rentabilidad privada, camina por la misma senda de deshumanización: el cuerpo del ciudadano solo es valioso para el Estado si es laboral y económicamente útil.
- La Educación: Tecnificación Excluyente y Uniformidad Doctrinaria
En materia educativa, el programa de gobierno plantea una transformación radical orientada a ciclos cortos en tecnologías de la cuarta revolución industrial (inteligencia artificial, robótica, computación cuántica) y bilingüismo, complementada con la creación de la “Universidad Virtual en Casa” con conectividad y dispositivos gratuitos. Asimismo, establece la obligatoriedad de la evaluación docente bajo un enfoque punitivo.
Esta propuesta desmantela la educación como un espacio para el desarrollo del pensamiento crítico, la filosofía, la historia y las ciencias humanas, transformándola en una mera fábrica de mano de obra técnica barata diseñada a la medida del sector corporativo. Promover la “Universidad Virtual en Casa” en un país donde el mismo programa reconoce que el 55,8% de las escuelas primarias carece por completo de internet con fines pedagógicos no es un avance de cobertura; es un abandono estatal disfrazado de modernidad que profundiza la brecha de exclusión de las regiones marginadas y rurales.
Por otro lado, la imposición de evaluaciones docentes verticales no busca la excelencia académica, sino el disciplinamiento del magisterio, un gremio históricamente crítico al establecimiento, quebrando la autonomía de cátedra para impedir la deliberación plural en las aulas de clase.
Una de las primeras medidas de Adolf Hitler tras asumir el poder en 1933 fue reformar el sistema educativo de la República de Weimar. El fascismo alemán sentía un profundo desprecio por las humanidades, la literatura clásica y la filosofía, catalogándolas de “intelectualismos decadentes y subversivos”.
En su lugar, el régimen nazi reestructuró los currículos para priorizar la instrucción técnica, la preparación física y una formación hiper-tecnificada pero desarraigada de valores éticos universales. El objetivo era convertir las escuelas y universidades en centros de adoctrinamiento ultra-nacionalista y obediencia ciega. Los docentes que manifestaron un pensamiento crítico o independiente fueron depurados de inmediato bajo la retórica de la “limpieza institucional”.
La reducción de la educación a ciclos técnicos virtuales y el control disciplinario del profesorado que plantea De la Espriella persigue el mismo fin sociológico: neutralizar políticamente a la juventud y asegurar una masa laboral dócil que no cuestione el orden impuesto.
- La Demagogia Rural y Habitacional: El Espejismo de la Propiedad
Según el programa, más de la mitad de la población carece de títulos de propiedad y la inmensa mayoría carece de riego, asistencia técnica y vías terciarias. Como solución enarbola el plan «Cosecha Solidaria», prometiendo una titulación masiva de tierras para campesinos informales y recolectores de coca (“raspachines”) para obligarlos a sembrar alimentos básicos. Esto se articula con el modelo de “Impuestos por Obras” en el agro, que exonera de cargas fiscales a los grandes terratenientes que compren la producción local, y la bandera de “Colombia, País de Propietarios”, que promete construir un millón de viviendas con tasas de interés fijas subsidiadas de entre el 2% y el 3% a 30 años.
Esta dimensión representa la subordinación del campesinado minifundista y de las clases trabajadoras al gran capital corporativo. Entregar un título de propiedad a un campesino cultivador en un entorno donde el mismo programa decreta un recorte del 40% del aparato público y elimina la inversión estatal en asistencia técnica, distritos de riego e infraestructura veredal, es condenarlo a la quiebra estructural. El campesino se transforma en un siervo moderno que asume los riesgos de la siembra pero depende enteramente de los monopolios agroindustriales exentos de impuestos que fijan los precios.
Asimismo, la promesa de un millón de viviendas subsidiadas a tasas de interés irrisorias es macroeconómicamente inviable tras un ajuste fiscal de $70 billones de pesos. En la práctica, estas políticas se traducen en la canalización de subsidios públicos directos a los bancos y grandes constructoras aliadas del régimen, entregando soluciones habitacionales segregadas y precarizadas.
La instrumentalización del campesinado y de la familia tradicional bajo una retórica romántica de propiedad agraria y habitacional fue un pilar de la propaganda de Hitler, sintetizado en la doctrina Sangre y Tierra y los programas del Frente Alemán del Trabajo. En 1933, el nazismo promulgó la Ley de Heredades Campesinas y prometió la masificación de las Volkswohnungen, viviendas del pueblo, ensalzando al agricultor y a las mujeres cuidadoras en su rol tradicional.
Sin embargo, tras la fachada protectora, las leyes agrarias y habitacionales de Hitler prohibieron a los campesinos vender o hipotecar sus parcelas, encadenándolos a una producción estrictamente regulada a favor de los grandes monopolios industriales que sostenían al régimen, mientras que el acceso a la vivienda digna quedó estrictamente condicionado a la lealtad ideológica absoluta.
El modelo de De la Espriella repite este patrón: utiliza el sentimentalismo de la titulación y el subsidio habitacional para encubrir la entrega de los recursos y la soberanía rural a los grandes conglomerados económicos protegidos por exenciones fiscales.
- El Complejo Industrial Punitivo: Megacárceles
El programa propone una reestructuración radical del sistema penitenciario mediante la construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad en zonas de absoluto aislamiento geográfico, financiadas y administradas logísticamente por la empresa privada. Como contrapartida institucional, decreta la liquidación definitiva del INPEC, reemplazándolo por un nuevo cuerpo de prisiones adscrito al Ejército Nacional y conformado por veteranos y reservistas de la Fuerza Pública.
La privatización de las prisiones y la entrega de su control operativo a veteranos de guerra transforman el castigo penal en un negocio corporativo y en un escenario de militarización desprovisto de control civil. Al fusionar el lucro privado con la disciplina militar de reservistas dentro de penales totalmente incomunicados, se anula la función resocializadora del derecho penal. La cárcel deja de ser un espacio de transición jurídica y se convierte en un campo de confinamiento indefinido y opaco, donde el prisionero es una mercancía rentable para los operadores privados y un objetivo militar para los guardias, rompiendo los estándares mínimos de derechos humanos.
Cuando Adolf Hitler asumió el poder en 1933, desplazó la burocracia penitenciaria civil de Weimar y confió la custodia de los disidentes y prisioneros a un cuerpo paramilitar y militarizado: las SS-Totenkopfverbände, Unidades de la Calavera, compuestas por veteranos y fanáticos ideologizados.
Al igual que en la propuesta de De la Espriella de involucrar a las corporaciones, el régimen nazi selló una alianza indisoluble con el sector privado (empresas como IG Farben y Krupp) para financiar, construir y explotar la infraestructura de los subcampos de confinamiento y trabajo.
Desplazar la autoridad civil carcelaria, entregarla a veteranos militarizados y abrir la infraestructura penal al lucro privado es la fórmula histórica para opacar el control humanitario y normalizar el horror bajo la bandera del orden.
- La Paz y la Justicia: La Pax Romana
El enfoque de orden del programa sintetiza una postura inflexible: “con los criminales no habrá negociación”. Propone la erradicación forzosa total de los cultivos ilícitos mediante aspersión aérea masiva y bombardeos, prohibiendo constitucionalmente la combinación de todas las formas de lucha. Esto se complementa en lo urbano con la creación de una “Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas” civiles en los barrios, un “Bloque de Búsqueda contra la Corrupción” directamente controlado por el Ejecutivo, y una “justicia premial” que permitiría a los grandes capos legalizar el 10% de sus fortunas ilícitas a cambio de penas mínimas de 3 años sin extradición.
Este planteamiento redefine la paz como la Pax Romana: el orden absoluto impuesto mediante la eliminación física del enemigo y el terror estatal. Al entregar la vigilancia comunitaria a reservistas civiles en los barrios y centralizar la investigación penal en un bloque de búsqueda controlado por la Presidencia, se rompe el monopolio legítimo de la fuerza y se destruye la separación de poderes, transformando la justicia en un arma de persecución política contra la oposición.
Paralelamente, la amnistía financiera al narcotráfico revela la hipocresía del modelo: la “mano dura” armada y el glifosato se destinan al campesino cultivador vulnerable, mientras se ofrece un blanqueamiento institucional al gran capital ilegal para inyectarlo en el engranaje económico de un régimen desfinanciado por sus propios recortes fiscales.
Adolf Hitler cimentó su poder sobre la promesa de extirpar de raíz a los “criminales” y “traidores” que desestabilizaban la nación, utilizando estructuras de seguridad paralelas compuestas por veteranos radicalizados, las Sturmabteilung (SA) o camisas pardas, para patrullar las calles, delatar vecinos y anular el disenso en el espacio público.
Asimismo, subordinó el aparato judicial creando la Volksgerichtshof (Corte del Pueblo), un tribunal político que operaba bajo las directrices directas de la Cancillería para perseguir a la oposición bajo la retórica de la “limpieza institucional”. Al mismo tiempo, el Estado nazi aplicó una inmoral política de confiscación y legalización de capitales corporativos corruptos, siempre y cuando estos financiaran el rearme y los planes económicos del Führer.
La propuesta de De la Espriella de organizar reservistas vecinales, centralizar la policía judicial en el Ejecutivo y perdonar el gran capital mafioso a cambio de sumisión financiera reproduce con alarmante fidelidad la filosofía de guerra total y selectividad penal del fascismo.
Reflexión Final
Al entender los lemas rimbombantes de la «Patria Milagro», el análisis integrado de su agenda social, penitenciaria y de justicia queda demostrado que el programa “Defensores de la Patria” instrumentaliza las necesidades de la ciudadanía que ha sido víctima de la violencia histórica. Prometer la entrega de recursos masivos para la tecnificación educativa, subsidios de vivienda o títulos de propiedad rural, mientras simultáneamente se firma el desmantelamiento del 40% del presupuesto del Estado, es el acto supremo de la demagogia electoral.
Cuando un proyecto político amalgama un recorte social drástico con la retórica de realizar una “limpieza” institucional desde la Presidencia, la creación de policías políticas judiciales bajo control del Ejecutivo, la destrucción del pensamiento crítico en las aulas, la privatización militarizada de las cárceles y el lavado institucional de capitales ilegales, la democracia liberal es vaciada de contenido desde su propio interior.
La advertencia de Thomas Mann[2] resuena hoy con una vigencia escalofriante en el panorama colombiano. El fascismo contemporáneo no necesita destruir las instituciones con tanques; le basta con ganar las elecciones utilizando el lenguaje de la legalidad, para luego erigir un régimen corporativista y autoritario. Desenmascarar esta demagogia es un deber de supervivencia democrática: es recordarle al país que los milagros políticos que ofrecen orden a cambio de entregar la separación de poderes, la autonomía educativa y los derechos humanos universales, invariablemente terminan construyendo tiranías donde las poblaciones más vulnerables son las que pagan mayores costos. Los avances logrados en profundización de la democracia y vigencia de derechos humanos, no pueden ser entregados a un fascismo servil a intereses foráneos.
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[1] https://www.sur.org.co/el-programa-de-gobierno-de-abelardo-de-la-espriella-que-nos-conduce-al-horror-del-fascismo-parte-i/
[2] «Si alguna vez el fascismo llega a Estados Unidos, lo hará en nombre de la libertad».
Thomas Mann, Conferencia The Coming Victory of Democracy (1938).
María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta Corporación Sur
Foto tomada de: El País
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