El presidente Petro ha presentado en la instalación del Congreso una solicitud histórica: ha pedido perdón. Él nombró a Olmedo López y reconoce que le falló. Pudo más la codicia que los principios de la izquierda, tan cara frente a la lucha por la honestidad. Y digo histórica, porque es muy difícil que los presidentes humildemente reconozcan sus errores y salgan a exigir ante la opinión que se devuelvan los dineros hurtados, como es el caso que nos ocupa. Revisada la historia, ninguno: ni Turbay, ni Belisario, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, ni Duque, pese a los grandes escándalos que hubo en sus gobiernos, siquiera se pronunciaron pidiendo perdón y reconociendo que se equivocaron nombrando delincuentes confesos o no en altos cargos, que desangraron el erario.
Es la primera vez que un Gobierno de izquierda llega al poder y por ello es tan alto el listón en la medida del comportamiento de sus funcionarios. Casi era un leitmotiv de la izquierda el que la derecha llegaba al Estado a robar. Y ahora resulta que los funcionarios de la Unidad de Riesgos, Olmedo López y Sneyder Pinilla, se han prestado a este escándalo donde Olmedo giró $600 mil millones y promete devolver pírricas cifras, así como Sneyder ofrece $292 millones que es una vergüenza. Con razón Petro cuestionó el principio de oportunidad al cual se están sometiendo, pues cinco años de cárcel y la devolución de una ínfima parte de lo hurtado, es premiar el delito. Pésimo ejemplo para otras personas que llegan apuestos claves en el Estado y haciendo un sencillo juego de probabilidades encuentra que el crimen es altamente rentable.
El que roba a una persona es reprochable, pero quien asalta al fisco le está robando a 52 millones de compatriotas que desconfiarán del sistema, máxime si no hay justicia efectiva y pronta.
Jaime Bermúdez Merizalde escribió un libro y nos interroga: ¿Por qué incumplimos la ley? Carta a un joven estudiante”. Parece que algunos vivieran en una profunda anomia en la cual las leyes no permean a los funcionarios. En algunas zonas del país “no caló la Ley 80” de contratación. Se lanzan a alcaldías invirtiendo ingentes recursos para luego multiplicarlos en el ejercicio del cargo por medio de licitaciones y contratos corruptos. Se dice que Name y Calle Aguas recibieron $3.000 y mil millones de pesos respectivamente por parte de Sandra Ortiz, delegada de Olmedo, para comprar a los presidentes del Senado y Cámara para “impulsar” los proyectos del Gobierno. Nada más aberrante y deleznable que comprar a estos individuos para sacar adelante los proyectos de ley; es mejor que se hundan, antes que pagar para que pasen. Eso es un delito. Y dentro de los 400.000 abogados existentes no pudieron encontrar a otro que no fuera el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, condenado por corrupción, así haya cumplido su pena. Quizá es el que más mañas conoce para sacar a su cliente del fango en que está.
Luis B. Carvajal en su libro “El poder de la corrupción en Colombia. ¿Cómo combatirlo?, llama a la defensa de una ética ciudadana que permee transversalmente todas las actuaciones ciudadanas. En ello Antanas Mockus tuvo un papel muy destacado, creando la “cultura ciudadana”.
Por ello la Fiscalía y los organismos de control deben jugar un papel medular en el combate de la corrupción. En el caso de la UNGRD es más sensible, pues se supone que los carrotanques se necesitan para paliar la sed de los guajiros y resulta que se robaron la plata y ya no hay carrotanques. Carlos Carrillo el nuevo Director de la UNGRD está realizando una labor encomiable de destapar la cueva de Rolando en que se había convertido la entidad y cómo proyectos claves para frenar los desastres no han tenido ejecución, como en la Mojana sucreña y Mocoa.
Confío que Andrés Idárraga secretario de Transparencia de la Presidencia salga bien librado del affaire, pues me parece un funcionario correcto. A veces los corruptos intentan salpicar a los buenos, con infundios.
Me parece grave que se compruebe que el Ministro de Hacienda se vea involucrado en este manejo, así como supuestos pagos al ELN, cuyas pruebas están ausentes del proceso hasta el momento. De ser cierto esto último, le daría en el corazón al proceso de paz con el grupo guerrillero y sería muy difícil avanzar en el mismo. Las partes, sin embargo, han desmentido esta invectiva.
Se roban $54 billones al año en Colombia. La democracia de alta intensidad es inversamente proporcional a la corrupción política. Países como los escandinavos presentan altos niveles de desarrollo democrático y bajas tasas de corrupción. Nunca se verá que haya guerrilla en Suiza, Finlandia o Suecia.
Se roban lo de dos reformas tributarias, ahora que el Gobierno plantea una nueva.
Rafael Ballén escribió otro libro clásico sobre la corrupción y nos enseña que esos valores de la ética pública están ligados al derecho humano al buen gobierno y la negación de los vicios y lo desviado.
Retomemos el camino de la ética pública. Denunciemos a los corruptos. Gobernemos con los más honestos y capaces. De lo contrario, el Estado sería inviable. La codicia es la peor consejera.
Luis Bernardo Díaz, Decano Facultad de Derecho UPTC
Foto tomada de: RTVC Noticias
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