El diez de agosto día de la tragedia por estar en Barranquilla desde donde pretende despachar, tuvo que regresar apresuradamente a Bogotá para presidir una rueda de prensa a donde llegó también a repartir besos y saludos ajeno por completo a la realidad nacional, ese día a las 7:34 am un devastador terremoto sacudió al país, tuvo una intensidad de 7.4 en la escala de Ritcher, tuvo una profundidad de 103.4 kilómetros con epicentro en el municipio San José del Palmar en el departamento del Chocó, este sismo provocó muchos daños materiales, pérdida de vidas humanas y miles de heridos al tiempo que dejo cientos de miles de damnificados. De la Espriella aún parece que no aterriza. Ya había hecho el ridículo ante la comunidad internacional cuando se posesiono en Cali, apago las luces, desapareció para luego aparecer en unas pantallas de televisión dando un largo discurso ante las tropas en el batallón Pichincha. De modo que pocas dudas hay, de que es un showman en acción.
De acuerdo con el boletín de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- con corte a las 12:30 am del 19 de agosto los datos preliminares son: 15 departamentos afectados (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre) y 471 municipios con afectación directa; 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas; 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas; 302 edificios colapsados; 5.809 edificios averiados; 3.470 centros educativos, 4.971 centros comunitarios y 352 centros de salud afectados; 13 puentes peatonales, 58 puentes vehiculares, 449 vías, 105 acueductos y 5 aeropuertos afectados; 18 bancos; 147.464 familias y 262.154 personas damnificadas. La UNGRD advirtió que estas cifras son preliminares y que es probable que aumenten de forma significativa a medida que avancen las inspecciones técnicas.
Este miércoles 19 de agosto de 2026 el gobierno nacional mediante el decreto No. 1261 decretó la Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional. Es evidente que se reúnen todas las condiciones para esa declaratoria dado que este sismo es un hecho sobreviniente que no podría ser atendido con las herramientas normales de que dispone el gobierno. Así que, en una lección de unidad nacional, pero también de una oposición seria y responsable, la que no ejercieron el Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical, entre otros, contra el gobierno de Gustavo Petro, el Pacto Histórico único partido de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella debe en el Congreso de la República declarar su conformidad con esta declaratoria.
Esto no quiere decir de ninguna manera que no se examinen de manera critica los contenidos y aún el análisis de las cifras económicas que se esgrimen para tratar de justificar esta Emergencia. Por ejemplo, es completamente falso que el déficit fiscal actual sea como lo dice este decreto del 7.8% del PIB. El déficit que entrega el gobierno del Cambio es de 5.3% del PIB para 2026, se canceló una deuda de 80 billones de pesos del Fondo de Estabilización de precios de los combustibles y una deuda de 5.800 millones de dólares contratada en la Pandemia con el Fondo Monetario Internacional, FMI, esta deuda se canceló durante los años 2024 y 2025. Se dice que el país atraviesa por una crisis fiscal sin precedentes. Cuando el señor vicepresidente José Manuel Restrepo entregó el ministerio de Hacienda en el año 2022 el déficit real era del 9.6% del PIB.
En cuanto al servicio a la deuda tampoco el decreto tiene razón al afirmar que “en 2024 y 2025 cerca de uno de cada tres pesos de recaudo tributario fueron destinados al (sic) gasto de intereses de la deuda pública, cifra que una década atrás era cercana a uno de cada seis pesos…”. La deuda neta del gobierno central era en 2012 del 33,2% del PIB creció sostenidamente hasta el 61.0% del PIB en 2020; en 2025 era del 58.5% del PIB y en el 2026 se cerrará en un 57.9% del PIB. Es falso que se haya incrementado extraordinariamente la deuda pública en el gobierno del Cambio, en cambio se estabilizó y se redujo como porcentaje del PIB (Avila Germán. Agosto 19 del 2026). De modo que hay que apoyar la declaratoria de la Emergencia Económica, social y ecológica, pero con la misma firmeza hay que rechazar las mentiras que se encuentran en el decreto de su declaratoria.
Debemos esperar ahora que el gobierno a la luz de este decreto madre expida decretos específicos para hacer frente a la tragedia. No obstante, es bueno examinar las líneas que se mencionan en el decreto para atender por una parte el alojamiento, la alimentación, la educación, el agua potable, la salud de las víctimas, que son las necesidades más inmediatas. Es obvio que se requieren facultades al gobierno para atender la construcción de albergues temporales, o el subsidio para el pago de arrendamiento a los damnificados cuando ello sea posible lo mismo que la dotación de los centros escolares y la provisión de alimentación para los estudiantes desde el programa PAE. Esta bien que en este decreto madre que establece la Emergencia Económica, Social y Ecológica estén contempladas estas necesidades básicas que las políticas públicas deben solventar como también que se confieran facultades al gobierno para que se puedan realizar sin dilaciones.
También parecen adecuadas las medidas mencionadas en el decreto para acceder a recursos de fondos especiales y de destinación específica como préstamos reembolsables que luego serán cancelados una vez superada la emergencia. Esos fondos entre otros son los de las pensiones territoriales, el fondo nacional de regalías, el Fondo para la Rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado, FRISCO, y la utilización de bienes y recursos de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, el utilizar estos recursos así como recursos y capacidades del sistema financiero cooperativo, todas estas acciones si mantienen una relación directa con la necesidad de disponer de recursos para la atención de los cerca de 300 mil damnificados también deberían ser apoyados en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional que deberá revisar este decreto madre pero al mismo tiempo todos los decretos específicos.
Sin embargo, hay varias preocupaciones que deberán ser esclarecidas en los debates en el Congreso de la República. En primer lugar, aparecen como departamentos damnificados, por ejemplo, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cundinamarca que hasta dónde hay información no fueron afectados. Esto debe aclararse y ese debe ser motivo de esclarecimiento y debate en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional. Un segundo motivo de preocupación son las inversiones en la construcción de centros carcelarios, tampoco esta claro que los actuales centros carcelarios hayan sido particularmente afectados. Un tercer motivo de preocupación es la intromisión en la rama judicial. Quien debería solicitar ayuda, pero no en la reasignación de procesos o resolución de las Acciones de Tutela en los territorios afectados por el sismo, debería ser el Consejo Superior de la Judicatura. Nos tememos que este acápite sea abiertamente inconstitucional.
Sobre los recursos y el financiamiento de la reconstrucción estamos de acuerdo con el expresidente Gustavo Petro que deben provenir del proyecto de reforma tributaria que fue radicado en el Congreso de la República el pasado 20 de julio. Esta reforma tributaria que busca gravar a los super ricos, a los juegos de plataformas, al consumo suntuario, podría aportar 20 billones de los 30 que se estima requiere el proceso de reconstrucción. El resto podría provenir de préstamos a los fondos ya mencionados y un pequeño porcentaje al crédito externo e interno. El grueso de los recursos debería provenir de la reforma tributaria que inicialmente podría ser a la luz de un decreto de Emergencia pero que debería convertirse en ingresos permanentes.
Finalmente, y sobre esto volveremos más adelante, el reto que tenemos como sociedad y como nación es atender adecuadamente a los ciudadanos y ciudadanas afectadas por el sismo. De las experiencias ya numerosas que tenemos en Colombia la más exitosa sin duda alguna fue la de la reconstrucción del eje cafetero realizada desde el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC, de la cual quién escribe estas líneas fue parte. Esta experiencia fue exitosa porque fue ágil, dinámica, dio recursos y protagonismo a la sociedad civil y fue altamente participativa. La población y sus organizaciones tanto las nacidas para hacer frente al desastre como de las organizaciones existentes al momento del sismo, fueron convocadas para definir las políticas públicas que se pusieron en marcha para hacer frente a la reconstrucción.
Todo el proceso se hizo con las víctimas y con sus organizaciones. Incluso la escogencia de las viviendas construidas fue por propia decisión de las familias damnificadas. Mediante un mecanismo que se llamó la Vitrina Inmobiliaria donde las organizaciones de Vivienda Popular, las cooperativas al lado de constructores privados presentaron sus ofertas en Armenia y fueron las victimas quienes decidieron a quien daban su bono para que construyera su vivienda.
Como hoy se reconoce faltaron cosas que habría que tener en cuenta. La primera una estrategia económica para fortalecer el aparato productivo sobre todo de las pequeñas y medinas empresas y el financiamiento de los proyectos estratégicos regionales, pues, no se trata de dejar la infraestructura y la sociedad como estaba al momento del sismo. Hay que apostar por aprovechar esta tragedia para avanzar en niveles de desarrollo económico y social. Y un segundo elemento también fundamental se debe apoyar el tejido social y organizativo de las comunidades. Hay que reconstruir también las instituciones públicas con un sentido democrático. Volveremos sobre este tema. Por lo pronto agradecer la solidaridad de cientos de miles de ciudadanos que han apoyado generosamente a las decenas de miles de familias damnificadas. Gracias, gracias a todos los rescatistas, a los voluntarios y voluntarias. Saldremos adelante.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
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