Las poblaciones rurales en el actual escenario electoral enfrentan una encrucijada mayor que el resto de la población, no es simplemente una disputa entre dos nombres y hombres, sino el choque frontal de dos cosmovisiones estructuralmente divergentes sobre el desarrollo y el lugar que debe ocupar el campesinado y las demás comunidades que lo habitan, pero en particular de los temas que competen a la tierra, la naturaleza y los alimentos, entre otras realidades de los campos colombianos.
En primer lugar, la propuesta de Abelardo De la Espriella emerge como una nueva apuesta del enfoque corporativo, si se quiere neoliberal, donde el orden público y la seguridad jurídica de la gran propiedad son las premisas para convertir al campo en un motor de productividad y competitividad agroindustrial. De manera contraria, Iván Cepeda articula una narrativa de continuidad y profundización de las reformas que han posibilitado avanzar en la reforma Rural Integral, situando la economía campesina, popular y étnica como el sujeto central de una “Revolución Agraria” que supedita la explotación de los recursos a la justicia ambiental y el reconocimiento de las territorialidades.
Es en este quiebre fundamental donde se definen las visiones sobre el acceso a la tierra, el destino de los capitales de fomento, las dinámicas de comercialización y, en última instancia, el significado mismo de la vida en la ruralidad.
Los fundamentos y criterios encontrados
Para De la Espriella, la solución a los males históricos del campo colombiano pasa, en primer lugar, por la seguridad militar y el restablecimiento del control territorial en un corto plazo, que pretende someter las zonas rurales bajo un renovado despliegue de fuerza y el uso intensivo de tecnologías de vigilancia, una alternativa que los datos de violencia y de actores armados en los territorios muestra que no fue concluyente, es un regreso al 2002 cuando Uribe Vélez logró la presidencia, planteando criterios similares, identificando la angustia ciudadana por la seguridad.
Bajo su óptica programática, la propiedad de la tierra no se discute desde la redistribución o la reforma agraria, la cual suele asociarse en su discurso a ineficiencias estatales o amenazas al derecho privado, sino desde la titulación para garantizar que las inversiones a gran escala tengan un marco absoluto de estabilidad jurídica. El campo productivo que imagina el abogado penalista es aquel que se dinamiza mediante el incentivo al gran capital, la desregulación de licencias ambientales y el fomento de proyectos de envergadura, incluyendo sectores controvertidos como el fracking y la minería no controlada, concebidos como los dinamizadores de la infraestructura y el empleo en las zonas rurales. En últimas, son las mismas lógicas de Agro Ingreso Seguro, los agronegocios y el sometimiento de las economías campesinas a los intereses de los grandes capitales, no en asociación sino en dependencia.
El campesino, entonces, bajo este modelo, se tiene que exponer al éxito económico a través de alianzas productivas o de la inserción subordinada en las cadenas del agronegocio, transformándose en un propietario microempresarial cuya estabilidad depende de su capacidad, con la precariedad de sus recursos disponibles, de competir en un mercado abierto y libre de regulaciones, despojándose de esta manera de su esencia como campesino o campesina, de su condición e identidad cultural.
Bajo su consiga, “El Campo de la Patria Segura”, argumenta el actual abandono de la zona rural de Colombia, no solo en términos de seguridad si no de oportunidades de crédito, por lo que plantea la restructuración del Banco Agrario y la ampliación de la frontera agrícola; sin embargo, el plan de acción de cómo lo logrará y qué estrategias utilizará para inyectar capital al sector rural no son claras y más aún cuando sus propuestas más relevantes y más robustas no están enfocadas en la zona rural del país si no en el autoritarismo y en un régimen punitivo para quienes estén por fuera de sus lógicas; algo que se viene matizando después de la primera vuelta electoral.
Además, no se plantean propuestas enfocadas a enfrentar los riesgos de cambio climático y a la preservación de la biodiversidad colombiana. No existe una propuesta clara y con argumentos sólidos que puedan ser medidos para tener cierta certeza de que las propuestas alrededor del campo colombiano pueden ser cumplidas y sobre todo que realmente aporten al crecimiento y desarrollo de campesinos, campesinas y demás comunidades y habitantes de la ruralidad. Las nuevas propuestas de ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades), presentadas por una reconocida ambientalista, dan muestra de intentos recientes de moderación de un discurso que ha sido afecto frente al aprovechamiento desmedido del medio ambiente y de los recursos naturales.
De la Espriella olvida que para que la agricultura sea productiva y de exportación, no solo requiere seguridad en veredas y municipios, si no del agua como líquido vital para el desarrollo de cultivos y la potencialización del crecimiento y desarrollo del campo, cerca del 80 % de los municipios rurales tienen dificultades para acceder a fuentes hídricas de calidad, no solo para nutrir los campos si no como fuente energética para industrializar cultivos y posteriormente comercializar sus productos; se olvida de que la agroindustria que pretende impulsar no es posible sin agua, sin distritos de riego, y que el fracking representaría la utilización intensiva del recurso, olvidando que la soberanía alimentaria del país no es posible sin la dignificación del campo, que depende en gran medida de redes de acueducto de agua potable para lograr un desarrollo sostenible y responsable de las zonas rurales.
Por otra parte, Abelardo De la Espriella deja a un lado los avances en la actual administración sobre temas de reforma agraria, por ejemplo, alrededor de la restitución de tierras y los que desde la ley 160 de 1994 y con el acuerdo de La Habana (Teatro Colón) se plantearon para la adquisición de tierras en el país y mejorar las condiciones de producción y vida de las y los campesinos. Aunque De la Espriella menciona en su plan de gobierno dos millones de nuevas hectáreas productivas, planteando una lógica no desde redistribución sino desde la acumulación, dando al traste con lo avanzado hasta el momento. Plantea estrategias contrarias para continuar con la restitución de terrenos baldíos, acercándolas a la gran propiedad y no a las comunidades campesinas, promoviendo la acumulación de tierras en el país; según la UPRA Colombia tiene cerca de 114 millones de hectáreas, donde apenas el 5,5% están destinadas a actividades agrícolas, siendo un porcentaje muy bajo para apuntarle a que la agricultura colombiana sea el pilar fundamental que sustente la alimentación del país y siga siendo garante de capitales producto de las exportaciones. Sugiere fortalecer la ganadería regenerativa, la cual representa el 80% de las tierras productivas y con relativo aporte a la sostenibilidad alimentaria del país.
La perspectiva del Senador Cepeda, en contraste, arranca desde la premisa de que las guerras libradas en la ruralidad son el síntoma de una exclusión histórica y una desigualdad agraria que no se resuelven con la actividad coercitiva del Estado, sino desmantelando las estructuras financieras del crimen organizado y protegiendo de manera prioritaria la vida de los líderes sociales y las comunidades que habitan esa ruralidad, que no en vano, es el 85% del espacio físico del país y puede albergar al 24% de la población colombiana.
En su programa, la tierra es un bien común y un derecho fundamental, lo que implica acelerar los procesos de restitución, profundizar la reforma agraria y consolidar un subsistema de protección y garantías agrarias para el campesinado, pero también para las demás comunidades y pobladores rurales.
Lejos de ver el subsuelo como el motor del desarrollo, Cepeda condiciona cualquier intervención en el territorio a los determinantes ambientales, elevando el agua a eje ordenador del espacio, tal y como se plantea desde el actual Plan Nacional de Desarrollo, y prohibiendo el uso desaforado del extractivismo. Aquí, las territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes no son obstáculos para el desarrollo, sino espacios de gobernanza y autonomía que deben protegerse mediante consultas populares vinculantes y el reconocimiento de sus saberes ancestrales en la gestión de los ecosistemas. No obstante, Cepeda profundiza las dinámicas existentes en este Gobierno, sin analizar el impacto que estas medidas han tenido y sin ser crítico de los errores cometidos.
Estas diferencias doctrinales se materializan con claridad al examinar los mecanismos de financiación y el acceso al crédito para el sector. El programa de De la Espriella confía plenamente en el sistema financiero tradicional y en la intermediación bancaria privada, argumentando que la eficiencia del mercado y la reducción de cargas impositivas a las corporaciones permitirán derramar capitales hacia el agro; el papel del Estado se limita a ofrecer garantías y subsidios condicionados que incentiven a la banca a prestar, vinculando el crédito a la viabilidad comercial y tecnológica del proyecto productivo. Parten de un viejo dicho francés que dice que lo que es bueno para los ricos debe ser bueno para los pobres, como irónicamente lo plantea J. Derrida.
Por el contrario, Cepeda propone diferente orden institucional con la creación del Banco del Pueblo, una entidad financiera pública diseñada para eliminar las barreras de acceso y proveer financiamiento directo, libre de intermediarios, a las comunidades empobrecidas y a la economía familiar. Para el progresismo, el crédito no es un instrumento de acumulación individual, sino una herramienta de equidad social destinada a fortalecer la soberanía alimentaria y a dotar de capacidades productivas a los pequeños productores, las mujeres rurales, así como a las y los jóvenes, quienes recibirían apoyos directos del Estado para sostener su permanencia en los territorios. Sin embargo, hay que decir que se trata de cambiar de nombre o resignificar al grupo Bicentenario que ya tiene esa función, la misma que tenía parte de la Banca Pública cuando Andrés Pastrana y el Banco de la Republica llevaron al país a la crisis del UPAC y con ella a la recomposición financiera estatal e incluso cooperativa. A propósito, en esta semana el candidato suavizó su posición frente al Banco de la República, después de haber cedido en otros dos aspectos: la constituyente y la validación los resultados electorales, sin lugar a duda matices que corrigen ruidos de campaña.
La comercialización y la inserción en los mercados globales versus los circuitos locales o cortos constituyen otro de los grandes abismos entre ambos candidatos. La propuesta de las derechas apuesta por la inserción de Colombia en las grandes corrientes del comercio internacional, reduciendo los aranceles y facilitando las exportaciones agrícolas mediante una infraestructura vial que conecte los grandes centros de producción con los puertos marítimos. Esta fue la promesa, aun válida claro está, de la apertura económica del Gobierno Gaviria, pero que desconoce la realidad de la distribución para el consumo interno y las dificultades para corregir esos déficits en infraestructuras. La comercialización se entiende bajo la lógica donde el éxito rural se mide en toneladas exportadas y en la atracción de inversión extranjera para tecnificar el campo. Tal y como lo planteaba Lauchlin Currie en el plan de desarrollo de Misael Pastrana en 1970.
Cepeda enfoca sus esfuerzos en la construcción de redes de economía popular que rompan los oligopolios de la intermediación que tradicionalmente ahogan al pequeño productor. Su propuesta promueve los mercados campesinos, los circuitos cortos de comercialización y las organizaciones comunitarias como agentes comerciales autónomos. En este modelo, el éxito se mide en términos de seguridad y soberanía alimentaria para las regiones, garantizando que el valor generado en el campo se quede en el territorio y mejore las economías locales, sin que esto le reste apoyo a las producciones o excedentes exportables que se seguirán fortaleciendo desde lógicas institucionales donde prevalezcan los intereses de las comunidades campesinas y rurales.
Cepeda además propone mediante la “Revolución Agraria” una restructuración de la reforma agraria enfocada en siete ejes que garanticen la protección integral de los campesinos mediante la dignificación del trabajo en el campo. Plantea dar continuidad a la restitución y formalización de tierras y los activos productivos del campo a través de la redistribución de tierras fértiles que siguen siendo subutilizadas en el país o que, por el contrario, tras el conflicto armado y el narcotráfico han despojado de sus tierras a campesinos víctimas de la violencias, sin lugar a dudas procesos perversos que condujeron durante más de 50 años a una reforma agraria a la inversa convirtiendo a Colombia en el país de mayor concentración de la propiedad territorial del continente.
Por otra parte, Cepeda propone consolidar las entidades agrícolas para que puedan actuar como instituciones que fortalezcan los procesos productivos en las zonas rurales, mediante el acompañamiento de campesinos y campesinas creando estructuras financieras que garanticen la sostenibilidad del campo de los proyectos productivos que más adelante se convertirán en emprendimientos con asistencia técnicas, extensionismo rural y precios que aseguren crecimiento y desarrollo en el campo.
Además se pretenden generar programas para la construcción de vías terciarias y de servicios públicos vitales para que de esta manera se pueda crear un comercio justo y rentable para el campo colombiano, donde es inminente la construcción de redes de acopio, de almacenamiento y de cadenas de frio que puedan soportar el almacenamiento de los alimentos evitando la pérdida, todo lo anterior mediante clúster de campesinos que generen cadenas productivas estratégicas y sean el motor de la “Revolución Agraria”. Para finalizar reivindica la pesca artesanal de la cual viven el 90% de las personas del Pacífico colombiano, sin contar la costa caribe y un amplio espectro en los territorios ribereños; y que requieren de manera prioritaria la implementación de políticas de tecnificación y comercialización justa de sus productos.
Con estos siete ejes se intenta disminuir el hambre como mayor factor de injusticia social en el país, especialmente en la ruralidad y construir redes que fortalezcan el campo, además de que aseguren que los campesinos y campesinas puedan acceder a mercados justos que con circuitos cortos de comercialización tengan redes logísticas de distribución para sus productos, permitiendo precios rentables y justos que además lleven a las ciudades alimentos que aporten a la soberanía y sustentabilidad alimentaria. Cepeda cae en la trampa de la generalidad y del discurso, en realidad estas son propuestas que hacen parte de misiones, estudios y de los propios acuerdos vigentes, sin embargo, el país no ha podido encontrar los caminos para lograr estas buenas intenciones, hoy más que ideas genéricas se requieren de tácticas posibles.
Vida campesina
Finalmente, lo que se debate en el fondo es el significado mismo de la vida campesina y la construcción del tejido social en la ruralidad. Mientras que en el programa de De la Espriella el bienestar rural se deriva del crecimiento económico general, la disciplina fiscal y la asimilación del campesino a la cultura del emprendimiento privado y el mérito individual; en el proyecto progresista la vida campesina se dignifica a través del reconocimiento explícito de sus derechos colectivos y la superación de las desigualdades estructurales mediante la inversión social directa.
Así, el debate político y en juego en estas elecciones presidenciales, en particular sobre el agro y la vida rural en la Colombia actual, no es solo un inventario de promesas técnicas, sino el mapa de dos rumbos históricos: uno que busca la modernización del campo a través de la integración vertical y el orden autoritario; y otro que pretende cumplir la promesa del desarrollo rural mediante la democratización de la tierra, el agua, la energía, las vías terciarias y el poder comunitario.
Dos visiones, dos formas de entender la vida, los alimentos, la ruralidad y el ser campesino o campesina, quienes tuvieron que esperar tres décadas después de la Constitución de 1991 para que fueran reconocidos como comunidades particulares y sujetos de protección especial (artículo 64 de la Constitución nacional, modificado en julio de 2023), familias que han tenido que soportar las guerras, la expulsión de sus territorios y la desidia de las políticas públicas.
Las dos campañas hablan de generar acuerdos, la dicotomía también está en con quién y cómo. El camino debería estar en concertar las distintas capacidades individuales, comunitarias y empresariales para que pudieran reconocerse y, en la búsqueda de propósitos comunes de sus territorios y de país. Se tendrán que concertar las dinámicas que procuren hacer del campo colombiano un lugar de vida digna, en paz, garantista de la soberanía alimentaria y en procura de responder, además por procesos productivos agroecológicos y en armonía con la naturaleza. Como siempre el campesinado, las comunidades étnicas, afro, raizales, entre otras, quedarán a la decisión que se toma en los grandes centros urbanos, donde la gente está preocupada de muchas cosas menos de los alimentos y de la vida campesina, étnica, familiar y comunitaria.
Una decisión de vida y para la vida. La ruralidad se debe convertir en ese punto neurálgico del camino a escoger, porque tal y como lo plantea el maestro Jorge Velosa: “Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo, campesinos son los míos, como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir “.
Jaime Alberto Rendón Acevedo & Nathalia Pardo Anzola, Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, Universidad de La Salle
Foto tomada de: Chatgpt IA
Deja un comentario