En este orden de ideas, alertamos sobre varios aspectos. Lo primero, el modelo de seguridad parapolicial contrainsurgente en Colombia que ha sido implementado en la década de los 40s con los “pájaros” y los “chulavitas” y en las décadas de los 80s y los 90s con las CONVIVIR, solo ha dejado estigmatización, persecución, violencia desatada y la militarización del pensamiento y de la vida de la sociedad colombiana. Segundo, la complejidad de la criminalidad en Colombia exige de apuestas más contundentes, no solo estigmatizar y perseguir a los sectores populares. Y, por último, alertamos sobre el llamado “a los resultados” y a las violaciones de los DDHH que representa este modelo de seguridad soportado en la relación Estado – Fuerzas Armadas y Sociedad Civil.
Recordemos un pocos sus antecedentes en la historia de nuestro país.
- El pasado de la seguridad privada en Colombia de los “Pájaros y los Chulavitas” del Partido Conservador a las CONVIVIR de Álvaro Uribe
1.1 La Policía Chulavita y los Pájaros
La doctrina contrainsurgente impuesta en la región por los Gobiernos de Estados Unidos en alianza con sectores conservadores, desde mediados del Siglo XX, ha promovido la creación de estructuras de seguridad ciudadana en manos de privados. Este lugar común de la derecha colombiana tiene una amplia y negativa historia en el país por la violencia y violación de derechos que ha desatado en contra de activistas políticos opositores, sindicalistas, lideres estudiantiles, mujeres organizadas, campesinos, comunidades étnicas, jóvenes de sectores populares y personas con identidad sexual diversa. Estas medidas han instalado en el pensamiento de grandes sectores de la sociedad colombiana, una cultura de la desconfianza y de justificación de la eliminación de los indeseado o peligrosos.
Las estructuras parapoliciales tienen antecedentes con los escuadrones de la muerte de los 40s y los 50s, entre los que se encuentran los “chulavitas” y los “pájaros”, creados con el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, presidente electo en 1946, en alianza con el líder máximo del partido conservador Laureano Gómez (adepto a la corriente nazista- fascista de este momento). Estos dirigentes en línea con la doctrina Truman[1] a partir de 1940 desataron una estrategia de violencia de “baja intensidad” que incluyó despidos sindicales, purga y encarcelamiento de dirigentes, criminalización de la huelga, estigmatización y exterminio de campesinos, lideres y opositores a las fuerzas conservadoras.
La policía Chulavita creada en esta vereda del mismo nombre del municipio de Boavita en Boyacá se constituyó como un cuerpo secreto al interior de esta institución, al servicio del partido Conservador. Actuaba en las noches para perseguir, hostigar y asesinar a liberales, masones, comunistas y ateos. Además, cuenta la historiografía colombiana que hacían masacres selectivas para generar miedo en población civil, practicaban “las aplanchadas” con la parte plana del machete a jóvenes y sectores populares, promovían mensajes anónimos, incineraron cientos de ranchos y veredas y hasta les quitaban la cédula a ciudadanos liberales para que no votaran por el líder Jorge Eliecer Gaitán. La “Policía Chulavita fue sinónimo de terror, masacres y muerte” (Rojas, 2013). Así mismo, mientras que se oprimían amplios sectores populares y campesinos, el clamor por la reforma agraria crecía y el líder liberal Jorge Eliecer Gaitán ganaba día a día más adeptos, hasta su dramático asesinato el 9 de abril de 1948, hecho que cambió de forma definitiva la historia de nuestro país.
Para el año de 1950 en el Frente Nacional, el presidente Laureano Gómez con el apoyo de un amplio sector de las Fuerzas Armadas y de la iglesia católica, fortaleció la actuación del grupo de los “pájaros” que desde 1948 operaban como agrupaciones de sociedad civil armadas, en la idea de hacerlos más efectivos y sanguinarios que la policía conservadora. Para esto tenían que garantizar control territorial, persecución y sicariato, siendo esta figura un escalón más en la senda del paramilitarismo en Colombia. En su creación fue destacado el papel del gobernador del Valle del Cauca, Nicolas Borrero Olano quien convocó a ganaderos y hacendados para su creación. Los “pájaros”, tuvieron una alta presencia en los departamentos de Caldas y Sucre y fueron utilizados para homogenizar, cambiar conciencias, controlar a partir del terror, la tortura y los homicidios selectivos, así como para dirimir los conflictos cotidianos en favor de los poderosos.
Posteriormente en 1968 el presidente Guillermo León Valencia, abuelo paterno de excandidata presidencial, Paloma Valencia, expidió el Decreto 3398 de 1965, con el cual de reglamentó que el Estado estaba autorizado para organizar y dotar de armas a civiles para la “defensa nacional” y la preservación del orden público.
El saldo de esta primera ola de violencia armada contrainsurgente en manos de civiles en Colombia no ha sido esclarecido del todo, su huella es aún incalculable en la cultura política del país y sus patrocinadores, operados económicos, políticos y judiciales siguen estando en la sombra de nuestra historia de los últimos 60 años.
1.2 Las CONVIVIR
A escasos años de promulgada la Constitución de 1991, en un momento de diálogos de paz fallidos y de auge del Paramilitarismo; con el Decreto 356 de 1994 el presidente Cesar Gaviria y su ministro Rafael Pardo implementaron las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria o Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada: CONVIVIR, para la “prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada” especialmente en zonas de combate donde el “orden público fuera precario”. Uno de sus grandes operadores fue el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez y finalmente, en 1995 Ernesto Samper Pizano reglamentó esta figura que protegía a terratenientes.
Desconociendo las lecciones ya aprendidas durante la década de la violencia en los 40s ‘50s, el fortalecimiento en los 80s de las autodefensas contrainsurgentes, la Constitución Política de 1991 que en su artículo 223 promulgó que “solo los cuerpos oficiales de seguridad pueden portar armas” y de las mismas decisiones de la Corte Suprema de Justicia; el Estado Colombiano fue el actor principal en el desarrollo de las CONVIVIR.
En este orden de ideas, el 27 de abril de 1995, una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad las nombró CONVIVIR y se dio vía libre para que sus miembros portaran armas y equipos de comunicación de uso privativo de las fuerzas militares. Su función básica consistió en colaborar con las fuerzas pública en la lucha contrainsurgente. En 1997, la Corte Constitucional aclaró su naturaleza jurídica y estableció que solamente podrían hacer uso de armas de uso civil, anulando sus capacidades de combate, motivándose así que buena parte de quienes las dirigían, terminaron como comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Estas cooperativas armadas usaron informantes con el permiso de uso de armas de uso privativo de las fuerzas militares con el propósito de establecer orden público. Datos oficiales registran que se crearon por lo menos 529 cooperativas rurales de seguridad en 24 departamentos para las que trabajaron más o menos 15.300 personas.
Esta modalidad desconoció el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que se evidenció que la creación de asociaciones de vigilancia y seguridad rurales es uno de los factores que incitan a la proliferación de grupos paramilitares. Así la sociedad civil alertó en su momento que estas eran un estímulo para un armamentismo que intensificaría los conflictos armados y la guerra, desconociendo el derecho y el deber de procurar la paz que tenemos todos los habitantes del territorio colombiano (artículo 22 de la Constitución). Su creación, fue una apología a la guerra, al tiempo que convirtió a la población civil en objetivo militar.
Estas convivir fueron un “estímulo al paramilitarismo, que persiguió entre otros objetivos, la eliminación de cualquier forma de disentimiento, el manejo del poder político y la defensa de intereses privados” (Sentencia C572 de 1991).
- La propuesta de Abelardo de la Espriella: seguridad privada, Estado policivo, capitalismo salvaje en la seguridad privada
Este 2026 ha tenido un signo de marca imperial en América Latina, Estados Unidos en cabeza de su presidente Donald Trump ha anunciado una cruzada contra la izquierda y sectores progresistas en defensa de su nueva versión de la doctrina de “América para los Americanos”. Esta vieja concepción de poder ha derivado en varios movimientos geopolíticos, ideológicos y militares en los que el republicano Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, ha sido su alfil principal para nuestra región.
En este plan geopolítico, países como Colombia, Venezuela, Cuba, México, Brasil y Ecuador, ante su giro hacia gobiernos o antecedentes progresistas o en su trayectoria en gobiernos de izquierda, deben ser intervenidos para recuperar el control directo sobre sus agendas de gobierno, sus recursos, mercado económico y sus estrategias de defensa. Así mismo, desde centros especializados de EE. UU. de la mano de las fuerzas sionistas, se han puesto en marcha estrategias de guerra de baja intensidad, en la que el factor ideológico es fundamentalmente para ambientar la intervención norteamericana. Las principales poblaciones bajo sospecha y objetivo de control y estigmatización: los progresistas, antifascistas, sindicalistas, ecologistas, socialistas, comunistas, activistas contra la guerra, feministas, movimientos por los derechos civiles, organizaciones de migrantes, organizaciones de derechos humanos y demócratas centristas.
En este contexto internacional, el presidente electo Abelardo de la Espriella es un dispositivo, es más un producto fabricado en centros de inteligencia y de poder imperial, que el resultado de un proceso de construcción política electoral. Claramente este personaje, sin historia política, hace parte de la estrategia para América Latina, tal como lo acepto el mismo presidente Trump. En este sentido, una vez hecho este encuadre sobre el perfil de presidente Abelardo de la Espriella, la propuesta del Frente de Seguridad Urbana obedece a varios intereses de orden militar y económico, y, sobre todo, ideológico.
Tal como lo ha anunciado el presidente electo y el próximo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, los Frentes de Seguridad Urbana estarán conformados por: Sociedad civil (reservistas del ejercito), Militares y Policías. Estas estructuras público-privadas en seguridad tendrán como uno de sus ejes principales: la inteligencia, a cargo de los reservistas con formación contrainsurgente y estrategia militar, en alianza con las empresas de vigilancia y articularán acciones exprés de judicialización y de privación de la libertad para el control del delito y la criminalidad. El próximo ministro Mora ha anunciado
“Los reservistas estarán en una primera línea de articulación con las alcaldías y cumplirán un rol de participación ciudadana, ayudando a prevenir y haciendo pedagogía (…) que la población se sienta identificada con este bloque de seguridad (…) igual interoperabilidad con las empresas de vigilancia y sus dispositivos como las cámaras” “Sobre todo el proceso de judicialización” (Entrevista Caracol, 2026)
Estos frentes contarán con Policías seleccionados (como en la policía chulavita, lo más cercanos a la formación contrainsurgente), apoyo de fiscales y de las URI, apoyo de los miembros de las reservas, empresas de seguridad y los alcaldes tendrán un rol central. Estos pequeños tribunales para judicialización exprés y con la puesta en marcha de la mega cárceles privadas, serán una triada para la fachada de una estrategia de seguridad del espectáculo y del perfilamiento judicial de todo sospechoso. Esta nueva versión de las CONVIVIR y adaptación criolla del ICE en EEUU, agencia federal oficial para “atender amenazas terroristas” que subcontrata en corporaciones de seguridad y prisiones privadas, será un dispositivo de segregación, violación de derechos humanos y control social de los sectores populares y de las corrientes de opinión democrática.
Los riesgos son varios. Uno, suplantar la judicialización por una ruta con fiscales y operadores de justicia que no necesariamente agoten la legislación Colombia. ¿qué garantizara el debido proceso y el derecho a la defensa?, ¿qué regulará que se actúe en ley no solo por perfilamiento y sospecha? En El Salvador, modelo que también inspira este modelo de seguridad privada, una persona que porte un tatuaje es ya un sospechoso sujeto de represión y judicialización. Dos, este modelo llevará a la flexibilización del porte de armas y sobre todo aumentará el control social de unos sobre los otros, es decir a un país en desconfianza histórica con el otro, le proporcionaremos otro dispositivo para sospechar de todos y tres, este modelo generará incentivos perversos para que privados se lucren de la seguridad privada; a más presos, más ganancias, así como en salud, la vieja formula, a más enfermos, más ganancias.
El firmes por la patria, en el fondo, es un firmes por la plata. Es llevar el capitalismo salvaje a todas las dimensiones de lo público y a su vez, controlar y mermar a las poblaciones pobres y vulnerables, que siempre han amenazado los privilegios y extravagancias de los sectores económicos hegemónicas en Colombia.
- Estado policial, criminalización dela pobreza y selectividad penal
El Estado Policial como sistema de gobierno en el que se ejerce un control estricto y represivo sobre la sociedad, tal como ya lo estudiaron académicos como Michel Foucault, Giorgio Agamben o Jacques Ranciaré, se caracteriza por la supresión de libertades civiles, la vigilancia masiva, el abuso de facultades excepcionales y el uso de fuerzas de seguridad para mantener el orden político establecido. A su vez, termina criminalizando la pobreza al convertirlos en sus principales sospechosos y acelerará la justicia para penalizar al eslabón más débil de las cadenas de delito.
Experiencias como en El Salvador ha demostrado que las megacárceles no son suficientes para desmantelar el delito, en especial, sus cupulas y actores que las soportan. Estas generan la percepción de seguridad y son el receptor de la estrategia de penalización, principalmente de jóvenes populares, pero no una estrategia real contra las grandes estructuras que soportan las rentas ilegales y la delincuencia transnacional. Lo más efectivo de estas megacárceles es su gran rentabilidad como línea de negocios en las nuevas formas del hipercapitalismo o el tecnofeudalismo.
Con este gobierno de la Espriella, la seguridad adquiere una centralidad, esto con el fin de recuperar de alguna forma, el vínculo de confianza que el Estado colombiano ha venido perdiendo ante su incapacidad y dificultad para cumplir sus promesas de bienestar. En un país de huérfanos, abandonados y desplazados, el miedo y el deseo de salir de la desigualdad y la discriminación, nos hace presa fácil de la manipulación. El miedo a la diferencia y el deseo de no seguir siendo excluido hace parte del sustrato más profundo del imaginario político colombiano. La promesa de la seguridad dura seduce como un camino fácil, aunque no sea posible, para superar el delito que nos arrebata a nuestros jóvenes más vulnerables.
Con esta modalidad no se castiga la acción sino al individuo y seguiremos en un camino de ruptura y militarización del imaginario colectivo de los colombianos. Ante estas políticas que encarnan el espíritu autoritario de exterminio de la diferencia: creatividad, cuerpo y voces críticas.
Bibliografía
Sentencia C572 de 1991. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-572-97.htm
Rodríguez Gina Paola. 2013. “Chulavitas, Pájaros y Contrachusmeros. La violencia para- policial como dispositivo antipopular en la Colombia de los 50”. https://cdsa.aacademica.org/000-010/487.pdf
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[1] En 1947 el presidente Harry Truman expidió la política exterior de Estados Unidos, cuyo objetivo principal consistió en detener la expansión del comunismo y la influencia soviética durante la guerra fría, estableciendo que Washington ayudaría a cualquier nación amenazada por fuerzas autoritarias
Juana Patarroyo Montañez, Doctora en Estudios Sociales de América Latina
Foto tomada de: ÚltimaHoraCaracol en X
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