Un mes de gobierno no permite hablar de éxito o fracaso, pero sí identificar una tendencia que cada día revela una dirección y permite definir las prioridades de un proyecto que pretende construir una nueva legitimidad política alrededor de la autoridad, la fuerza y la recuperación del Estado. En este orden de ideas, el primer mes de gobierno de Abelardo de la Espriella constituye una oportunidad para identificar sus prioridades políticas, su orientación ideológica y un estilo de gobierno que caracterizará su administración, a la vez que dará lugar a observar tanto la distancia como la continuidad entre sus promesas electorales y sus decisiones de gobierno.
Al decir de algunos comentaristas, de la Espriella gobierna como si siguiera en campaña abusando de símbolos políticos que alimentan posiciones extremas. Motivado por el odio y un deseo de venganza hace gala de autoritarismo, rechaza el nombramiento de funcionarios que no son de su agrado, censura medios de comunicación, acalla voces críticas o genera un ambiente que fomenta la autocensura lo que da como resultado vacíos de información que son llenados por oleadas de propaganda.
Desde el comienzo de su mandato el comportamiento de De la Espriella ha estado marcado por una fuerte voluntad de diferenciación frente a gobiernos anteriores y particularmente al de Gustavo Petro. El énfasis en la seguridad y la reorganización administrativa han estado en primera línea desde el primer día, así como el replanteamiento de la política exterior del país, asuntos que han sido presentados como los principales ejes de una administración que se presenta a sí misma como un proyecto de recuperación de valores en el marco de una batalla cultural que transforme el rumbo político del país.
En medio de una sociedad fragmentada, desorientada y sectaria, acostumbrada a resolver sus conflictos apelando a la violencia, la visión de Abelardo de la Espriella cuenta con el respaldo de ciertos sectores sociales mientras es objeto de un rechazo profundo por parte de los menos favorecidos con su proyecto. En este panorama se nota la ausencia de una clase política que asuma con vigor la dirección de amplios sectores que ven con temor cómo está en peligro su supervivencia. Por el contrario – y fieles a su historia – muchos de los que se presentaron como voceros de estas capas sociales para llegar al Congreso- cambian de vestimenta para unirse a la manada del presidente y seguir disfrutando de sus prebendas. Tal vez el caso más escandaloso sea el de Partido Liberal dirigido por César Gaviria el cual no tuvo empacho en declararse partido de gobierno y aliarse a una nueva extrema derecha que resucita viejos fantasmas que se creían superados en la Colombia del siglo XXI.
La seguridad como eje central del gobierno de De la Espriella se manifiesta en su forma más brutal, militarizada y cerrada a todo diálogo. Rompe con toda política de negociación y responde a una demanda importante de sectores que exigen una respuesta contundente por parte del Estado, así esta riña con los derechos humanos.
La seguridad se asocia a la inversión y al progreso económico. Ahora bien, en materia económica, el primer mes del mandato de Abelardo de la Espriella ha estado marcado por una preocupación central: la situación de las finanzas públicas. Adalid de un proyecto de recorte del Estado y de una política de austeridad, sus medidas en este campo han sido contradictorias y en contravía de lo anunciado. Después de criticar acerbamente el Proyecto General de la Nación (PGN) de gobierno de Petro para 2027, Miguel Gómez, nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público, ha presentado un presupuesto que aumentó 60 billones de pesos el anterior, un nuevo récord histórico de gasto para un gobierno que tenía como proyecto fundamental reducir el tamaño del Estado. Para sustentar su propuesta, el Gobierno aduce que una parte importante del aumento corresponde al reconocimiento de obligaciones que ya existen como pensiones, subsidios y servicio de la deuda. Desde luego, para hacer con fundamento un análisis de la visión del nuevo Gobierno expresada en las prioridades del PGN es menester que este sea aprobado por el Congreso donde las propuestas se negocian y son objetos de transacción. Es un proceso vinculado a la llamada gobernabilidad, es decir, a la capacidad del Estado para mantener estabilidad política, y en Colombia se ha aprendido que ninguna transformación profunda se consolida únicamente desde la confrontación.
En cuanto a la reorganización del Estado y la lucha contra la burocracia, se evidencian los mismos vicios que caracterizan la administración colombiana: despidos y remoción de funcionarios para dar cabida a amigos y parientes, amiguismo y nepotismo. Lo permitido ya comenzó, pero no se tiene idea de cuándo termine. No se sabe dónde queda el objetivo de un Estado más profesional y eficiente.
Además del énfasis en la seguridad y la reorganización del Estado, la política exterior también ha sido presentada como un eje del gobierno, y en este sentido, el retorno a una relación estratégica con los Estados Unidos de América, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, vinculada esta a la seguridad hemisférica.
Los primeros pasos conducentes a un estrecho vínculo con la política de los Estados Unidos en el hemisferio americano se dieron con la suscripción del acuerdo para ingresar al Escudo de las Américas que tendrá una sede operativa en Medellín. La visita de Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos y pilar de Donald Trump en materia de diplomacia y seguridad, el 8 de septiembre, selló la propuesta del gobierno colombiano. Dicha propuesta quedó consignada en los llamados “Acuerdos de Barranquilla” en los que se definieron los compromisos que guiarán la cooperación entre ambos países durante los próximos cuatro años.
Según lo publicado en los medios, Rubio llegó con una agenda estricta y un mensaje directo de Trump quien considera la apuesta comparable a la ofensiva contra Al Qaeda y el Estado Islámico: demostrar resultados concretos en la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contra las organizaciones armadas que sustentan la economía ligada a dichos cultivos. Entre los compromisos adquiridos se destaca la puesta en marcha del “Plan Patriota Siglo XXI” con el que Colombia quiere ratificarse como el principal socio de los Estados Unidos en seguridad en el hemisferio americano. Con este proyecto, de la Espriella busca recursos para modernizar las capacidades militares y de inteligencia del país. En el tintero quedaron otros compromisos como la reducción de aranceles sobre las importaciones colombianas o la instalación de un consulado en Barranquilla.
Como parte envolvente del proyecto del Gobierno en el poder está la construcción de una nueva narrativa que intenta cambiar hasta el idioma (quedan proscritos del lenguaje oficial términos como “niñas” y “niños” que den ser remplazados por el genérico “niñez” o la palabra “campesino” que debe ser remplazada por “empresario rural”) o que devuelve el país a épocas olvidadas por generaciones que vivieron otros momentos o desconocidos por la juventud cuando se adoctrinaba en los colegios y se narraba una historia alejada de la realidad. Los tiempos han cambiado, sin embargo, y así como la imprenta marcó el final de una época, la tecnología y el acceso a diferentes fuentes de información son un obstáculo formidable a ciertos relatos, a menos de que se mantenga a la gente en la ignorancia absoluta.
Abelardo de la Espriella pretende reconfigurar o reconstruir un nuevo Estado. Este, sin embargo, no se construye solamente mediante la fuerza o la imposición. A este respecto conviene recordar lo expresado por Oswald Spengler. Para él, El Estado es inseparable de la continuidad de una comunidad a la que pertenece y su vitalidad depende de la capacidad de una comunidad para reconocerse en su propio pasado. Cuando esta continuidad se rompe, la comunidad se convierte en multitud unida solamente por vínculos jurídicos o económicos y el Estado en un aparato vacío, en una función técnica carente de contenido.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Pulzo
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