Si acudimos a Inteligencia Artificial según Copilot Search, “La austeridad republicana es un principio de gestión pública que busca reducir gastos suntuarios y privilegios del gobierno para destinar recursos al bienestar social y combatir la corrupción. La austeridad republicana consiste en aplicar medidas de ahorro y eficiencia en el gasto público, eliminando lujos, altos salarios y privilegios indebidos de los funcionarios, con el fin de fortalecer el gasto social y garantizar un uso responsable de los recursos del Estado (Infobae+1). Su objetivo principal es que el gobierno se apriete el cinturón, no la población, destinando los recursos ahorrados a educación, salud, inversión social y programas para los sectores más vulnerables (Infobae+1). A diferencia de la austeridad neoliberal, que recorta gasto social y debilita al Estado afectando a los más pobres mientras mantiene privilegios para los poderosos, la austeridad republicana se centra en reducir gastos suntuarios del gobierno y combatir la corrupción, sin afectar los programas sociales esenciales (Infobae)” . El concepto “tiene raíces históricas en México, remontándose al discurso de Benito Juárez en 1852, donde se establecía que los funcionarios públicos debían vivir en la honrosa medianía y dedicarse al trabajo, evitando el ocio y la acumulación de fortunas personales (revistabuengobierno.org.mx). En la actualidad, se ha institucionalizado mediante leyes como la Ley Federal de Austeridad Republicana, que regula el gasto público y establece límites a salarios, viáticos, seguros y duplicidades administrativas (revistabuengobierno.org.mx+1) ; Entre las medidas típicas de austeridad republicana se incluyen la reducción de salarios de altos funcionarios y del presidente; la eliminación de vehículos nuevos, sistemas de cómputo innecesarios y bonos; la cancelación de gastos duplicados en oficinas y programas gubernamentales; el límite a viáticos y gastos de representación” con la reorientación de recursos hacia programas sociales y educación, buscando mejorar la eficiencia del Estado, reducir el déficit fiscal y fortalecer la confianza ciudadana, demostrando coherencia ética en la gestión pública”.
En resumen, la austeridad republicana es un enfoque de gestión responsable y ética del gasto público, que prioriza el bienestar social y la transparencia sobre los privilegios y el despilfarro gubernamental.
En la dimensión personal, la historia reciente cuenta que el general De Gaulle practicaba una minuciosa contabilidad diaria de los gastos en el palacio presidencial que el y su esposa generaban y mensualmente giraban un cheque al fisco cubriendo dichos costos, pues vivían de su pensión del ejército; en Latinoamérica el ejemplo más claro es del presidente Mujica de Uruguay que manejaba su Volskwagen y vivía con su esposa de manera discreta y modesta en su pequeña casa finca a las afueras de Montevideo.
No cabe duda que son personas superiores en ese sentido, en abierto contraste con la administración Trump de los Estados Unidos, que ha aumentado en esta segunda oportunidad en muy poco tiempo; El sitio Trump Family Digital Grift Wealth Tracker de la minoría demócrata en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes indica que, a partir de enero de 2026, los esquemas de criptomonedas y otros negocios privados que aprovechan la cercanía al Estado, “ han contribuido a un estimado de 2,250 millones de dólares en ganancias para los Trump”. Y reafirman “El presidente Trump debería servir al pueblo estadounidense, no a sus propios bolsillos”. No cabe duda que estamos viviendo un tránsito de la democracia convencional, que separa tajantemente estas dos dimensiones o ámbitos hacia una concepción de reyes, de monarquías, en las cuales el rey tiene una autoridad tal que considera todos los recursos del pueblo como suyos en alguna o total medida; estamos en un retroceso de por lo menos doscientos a trescientos años en el caso de los Estados Unidos; hasta un Boeing 747 -8 de 400 millones de dólares, recibió de regalo de la monarquía de Catar, generando debate dentro de los Estados Unidos; será transferido a su biblioteca personal cuando termine su mandato, en contraste con su discurso como candidato, que abogaba en contra de la corrupción y del gasto superfluo.
Esta afirmación es fundamental desde la ética pública. ¿La administración pública y la administración privada son similares o diferentes y cuáles son las principales diferencias entre las dos?; si bien ambas comparten la palabra “administración” y utilizan algunas herramientas similares —como la planeación, la gestión de presupuestos, el control de personal y la búsqueda de eficiencia—, operan bajo lógicas, incentivos y límites éticos y jurídicos completamente opuestos, profundamente diferentes; difieren radicalmente en su propósito, su fuente de poder y su marco legal, aunque compartan algunas de las herramientas o métodos como los de organización de recursos.
Mientras que el fin último de la Administración Pública es el bienestar general y el interés público tratando de abarcar la mayor cantidad de ciudadanos, pues su medida de éxito es la de garantizar derechos, prestar servicios esenciales (salud, seguridad, educación) y redistribuir recursos para corregir desigualdades y liderar la sociedad hacia campos o tendencias promisorias como el caso de las energías renovables, que han recibido el apoyo más fuerte de parte del Estado en China y otros países como Inglaterra, en cambio la Administración Privada tiene como su motor principal la maximización de la rentabilidad económica y el beneficio propio o lucro, de los accionistas o propietarios; tanto las ventas como el valor de la empresa son los indicadores de éxito por las transacciones de bienes o servicios. De ahí la enorme decepción sobre la evolución del sistema de salud, a partir de la ley 100, pues de un sistema que pretendía recoger las mejores virtudes de la administración privada para llevar la salud a todos los colombianos, terminó desvirtuándose en una actividad económica convencional donde se maximiza la ganancia privada sobre su función fundamental que es la de garantizar el derecho al mejor servicio posible de salud; en el caso colombiano fue más allá pues el sector privado recurrió a toda clase de artimañas contables, financieras y jurídicas para acaparar la mayor cantidad del recurso ofreciendo lo más mínimo posible a los ciudadanos; otra cosa es la medicina prepagada, que también aprovechó del sistema contributivo y subsidiado para descargar costos que le correspondían como fue el caso del COVID. Los ciudadanos afectados no podemos olvidar hechos como que 475 mil personas fallecidas antes de 2018 fueron usadas para cobrar servicios inexistentes por 2,3 billones de pesos entre 2018 y 2023 por ejemplo. En buena parte esto sucedió por la pobre capacidad del Estado de controlar y supervisar las actividades que a diario se generaron. Existen análisis muy interesantes y detallados como los de Vicente Calvo al respecto, que ilustran dramáticamente como los fondos que se les entregaban a las EPS a título de adelanto por los servicios a cada ciudadano afiliado, no tuvieron el uso correcto y adecuado.
Debemos tener presente que un funcionario público solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. Si la norma no lo faculta, está prohibido. Esto busca evitar el abuso de poder y la corrupción. En cambio, en lo privado (Principio de Autonomía de la Voluntad), un administrador privado puede hacer todo aquello que la ley no prohíba expresamente. Tiene un margen de maniobra y “creatividad” más amplio para negociar, innovar y cambiar de rumbo. Esto ha permitido pensar que la administración privada es superior que la pública para todo tipo de soluciones, lo cual es una falacia pues sus principios y objetivos son muy diferentes y se rigen por una ética fundamental de transparencia y rendición de cuentas.
Mientras que la Administración Pública se financia principalmente de impuestos, tasas y contribuciones obligatorias que pagan los ciudadanos y por ello, el uso de ese dinero está sujeto a un escrutinio público severo y a procesos de rendición de cuentas muy rígidos; en cambio la Administración Privada se financia mediante el capital de sus socios, inversionistas o por los ingresos de sus propias ventas. El riesgo financiero lo asumen los privados, y aunque rinden cuentas a sus juntas directivas, no tienen la obligación de hacer públicos todos sus movimientos financieros al resto de la sociedad.
En el caso del sistema de Salud Colombiano, una figura de gerencia o administración de los recursos de la salud , provenientes de los ciudadanos, cuyos alcances eran justamente los de manejar con diligencia y transparencia dichos recursos a cambio del pago de un porcentaje de administración, se convirtieron en una transferencia pública al sector privado de lucro en la cual el máximo objetivo resultó el de la maximización de la ganancia empresarial privada cumpliendo al mínimo o incumpliendo el objeto principal. Casi que podríamos decir que es equivalente a la visión Trump, en la cual también pueden lucrarse privadamente con los asuntos del Estado. Además, en un país históricamente muy desigual, inequitativo y excluyente es doble la ofensa, pues afecta el derecho fundamental a la salud como factor fundamental para enfrentar el reto de la vida; es parecido a robarse el PAE, programa de alimentación escolar de unos niños pobres que tienen la única oportunidad en la educación.
La Administración Pública trata con ciudadanos que tienen derechos y deberes. El Estado no puede “elegir” a quién atender; debe garantizar el acceso universal (por ejemplo, a la justicia o a la infraestructura de saneamiento), incluso si prestar ese servicio en una zona remota genera pérdidas económicas, pues su fin es que todos los ciudadanos cuenten con un nivel de calidad y dignidad de vida similar o por lo menos un nivel básico admisible socialmente. En cambio, la Administración Privada trata con clientes o usuarios y puede segmentar su mercado y decidir no venderle a ciertos sectores si no resulta rentable. El cliente elige voluntariamente si compra o no.
La siguiente tabla comparativa resume en buena parte la discusión predominante
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Fuente: Internet, https://gemini.google.com/share/a41cdf1b4f85 y modificaciones por Carlos Fonseca.[1] Fuente: https://gemini.google.com/share/a41cdf1b4f854
Carlos Fonseca Zárate
Foto tomada de: EL Heraldo
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