Además de los integrantes del Congreso, sin la presencia de la bancada del Pacto histórico declarada en desobediencia civil, hicieron presencia en el acto de posesión realizado en un salón de la universidad privada Santiago de Cali, las delegaciones diplomáticas, una reducida concurrencia de las privilegiadas castas del poder político y de los gremios económicos, tres jerarcas religiosos, Monseñor Francisco Javier Múnera, sobre quien pesan sospechas de pederastia, un pastor evangélico y un rabino sionista; además, un vendedor ambulante de panela, traído de Florencia Caquetá, no como vocero popular, sino como trapo de mostrar, elegantemente vestido por Arturo Calle.
Como novedad, no prevista en el orden del día adoptado por el Congreso, se realizó una ceremonia de “invocación y alabanza” que es calco y copia de la posesión presidencial en EE. UU, en la que intervinieron los tres religiosos invitados; rito atentatorio del carácter laico del Estado consagrado en nuestra Constitución Política, que devela la intención del retorno al Estado confesional de los tiempos de la regeneración. El mensaje que envió aquel acto, fue el del retorno al gobierno de las oligarquías y sus partidos de la extrema derecha corrupta, mafiosa y violenta que, desde siempre, ha monopolizado el poder económico y político de nuestro país. El ilegítimo no gobernará con “los nunca”, sino con los de siempre, tal como quedó demostrado en la conformación de su gabinete.
El espurio presidente, pronunció su discurso de posesión en el batallón Pichincha de la ciudad de Cali, frente a la cúpula militar y la tropa en estricta formación. A diferencia de la Plaza de Bolívar colmada de multitudes que vitorearon al presidente Gustavo Petro hace cuatro años, el pueblo no estuvo presente en aquel acto. Los aplausos que se escucharon, según versiones periodísticas, fueron pregrabados.
EL mensaje simbólico de aquel marcial espectáculo, fue el anuncio del regreso al gobierno autoritario, que amenaza con ser más brutal que el de “El Matarife”, afincado en la bota militar y el paramilitarismo, en la imposición de la paz por la fuerza, la Pax americana, el recrudecimiento de la guerra, la represión violenta de los conflictos y la protesta social, la violación de los derechos humanos, la persecución a la oposición y los movimientos sociales, etc. Será además un gobierno a discreción del comando sur de las fuerzas militares gringas y de los intereses del capital financiero internacional.
La presencia del rabino sionista y del alto funcionario del gobierno de Israel, fue la notificación al mundo del restablecimiento de las relaciones con el gobierno nazi – sionista y genocida de Israel, en abierta complicidad con el genocidio del pueblo palestino, perpetrado por los criminales de guerra Netanyahu y Donald Trump. Complicidad además con la guerra declarada por los dos odiados genocidas, contra Irán, el Líbano y los pueblos del medio oriente. Dicha reapertura de relaciones debe entenderse como una manera de pagar al sionismo los favores de la financiación de su campaña y la estructuración del software con el que ejecutaron el fraude digital que garantizó su “elección”. Igualmente, anunció que la embajada de Colombia será instalada en Jerusalén, colocándose, junto con los EE. UU y tres o cuatro países aliados del Nazi – Sionismo, en contravía de lo ordenado por la ONU desde 1980.
Desde antes de su posesión, el ilegítimo había prometido adherir a la “Nueva doctrina de seguridad Nacional” del presidente Donald Trump y solicitar el ingreso de Colombia al llamado “Escudo de las Américas”, rebautizado como “Fuerza Operativa Conjunta del hemisferio occidental” a la cual adhirieron 18 países gobernados por la extrema derecha; quienes, ahora estarán bajo el mando del Comando Sur de las FF.AA, de los EE. UU y funcionarán como “el brazo operativo del Southcom (Comando Sur) para hacer frente a las amenazas de todo el hemisferio” (La Tercera de Chile). Es la nueva política para la supuesta lucha “Contra el narco terrorismo en el hemisferio occidental”, cuya verdadera intención es recuperar el control militar, económico y político, como componente de la recolonización de todos los países del continente americano.
Son 18 los gobiernos cipayos de la extrema derecha latinoamericana y caribeña, convertidos en encubridores de los bombardeos con misiles a decenas de lanchas, que masacraron cerca de 200 lancheros indefensos, en el caribe y el océano pacífico, del bombardeo a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flóres y, del cruel e inhumano bloqueo total de acceso al petróleo y el cerco naval y aéreo al pueblo cubano, que ha causado el sufrimiento de la población y la muerte, por hambre y escasez de medicamentos, de centenares de cubanos, especialmente niños, niñas y ancianos. Igualmente, son cómplices de la persecución, el maltrato y la deportación, en condiciones infrahumanas, de trabajadores inmigrantes e indocumentados, provenientes de sus propios países y de otras regiones.
Al anunciar que Medellín será el centro operativo en Colombia del “Escudo de las Américas”, el fementido presidente dio vía libre a la realización en territorio nacional de operativos conjuntos de militares gringos y militares colombianos, como ya está ocurriendo en Ecuador; también notificó que, pese a las limitaciones impuestas por el Consejo de Estado, procederá a las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos, con un fungicida, que supuestamente “no daña la naturaleza, ni la vida humana”, al tiempo que, intensificará la exploración y la explotación de hidrocarburos mediante el inexistente “fracking responsable”; en el mundo solo se conoce el método de fracturación hidráulica de la placa tectónica que envenena el agua y destruye la naturaleza.
Se trata de violación consentida y entrega de la soberanía nacional, que fortalece la estrategia militar del gobierno imperialista para reestablecer su hegemonía en el hemisferio occidental, imponer “la paz por la fuerza”, contrarrestar la influencia de China en el hemisferio, retornar a la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno, como estrategias contrainsurgente y de terrorismo de Estado, contra la oposición, las organizaciones sociales, campesinas, de defensores de los DD. HH, de comunidades afrodescendientes, de la diversidad sexual, sindicales, feministas, etc.; este es el significado y alcance de su tirana sentencia de destripar la izquierda y el comunismo. Como copia y calco de la política punitiva de Bukele, dispuso la construcción de mega cárceles, que son verdaderos campos de concentración, en donde someten a tortura y tratos inhumanos, tanto a delincuentes, como, a opositores del del régimen fascista salvadoreño.
Como parte de su política de guerra, el lacayo de Trump, anunció que no habrá diálogo con los grupos alzados en armas, ni habrá política de paz, que promulgará una nueva ley de orden público, que revisará la JEP, la asfixiará económicamente y la desmontará, que creará garantías judiciales para proteger (garantizar impunidad) a las fuerzas especiales en el marco de operaciones contrainsurgentes. Es el tránsito de la paz total a la política de guerra total, el retorno del paramilitarismo con sus anunciados “grupos de seguridad urbana”, del terrorismo de Estado, con sus secuelas de muerte y genocidio, violación de los derechos humanos, represión de la protesta social, desapariciones forzadas, destierro y total impunidad.
El usurpador, aprendiz de dictador, anunció que decretará el congelamiento del gasto público, pero no dijo si congelará el 90% del gasto en funcionamiento, que corresponde a los sueldos, la inversión social, los bonos pensionales, etc., o el 9% que concierne a gastos de inversión. Anunció que presentará un proyecto de reforma tributaria que incluye la eliminación del impuesto al patrimonio que paga el 1% de los ricos y los re-ricos del país, algo más de 5.2 billones de pesos, que seguramente serán reemplazados con impuestos a los pobres y la clase media, el IVA a la canasta familiar, por ejemplo, que, no se debe olvidar, causó el estallido social de 2021.
La tal “invocación y alabanza”, Fue el preámbulo para sentenciar que, el suyo, será un “gobierno de la regeneración”, referencia directa a la doctrina conservadora que imperó desde 1878 hasta entrado el siglo XX, para luego anunciar que dará una “batalla cultural” para recuperar “los valores de la familia”, eliminar el matrimonio igualitario, la adopción de niños por las parejas del mismo sexo, los derechos de las mujeres, de la población LGBTIQ+, el derecho al aborto libre, etc.
Finalmente, se debe advertir que, a partir de este gobierno usurpador, todos los derechos y garantías, las conquistas, las libertades, en especial la libertad de expresión, de prensa e información, de organización, de movilización y protesta social, los derechos colectivos, laborales y territoriales de los pueblos étnicos, las comunidades negras, los pueblos indígenas; los derechos de las mujeres y las poblaciones de la diversidad de género, la educación pública y a la salud, los derechos y garantías de las y los desmovilizados, contenidos en el acuerdo de paz de La Habana, los derechos de la madre tierra; etc.
El pueblo colombiano y sus organizaciones políticas y sociales, deben declararse en pie de lucha para defender los derechos, las garantías y las conquistas democráticas y sociales alcanzadas por las luchas de la clase trabajador y en el gobierno de Gustavo Petro, mediante la organización, la movilización, la desobediencia civil y la resistencia, para hacer frente a las amenazas y los anuncios sobre las medidas regresivas que ejecutará el espurio gobernante.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP.
Foto tomada de: Infobae
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