Por lo menos en materia política el contexto ha cambiado, ya no tenemos a los señores de la guerra y del capital al frente de los gobiernos de Brasil y de Colombia. Un indudable paso adelante en el tortuoso e incierto camino de configurar un proyecto progresista para América Latina y en el caso de la Amazonia, una luz de esperanza en la urgente y descomunal tarea de detener la deforestación y evitar el ‘punto de no retorno’ en el intento de revertir los procesos que la están destruyendo, al igual que los conflictos y la violencia que los acompañan y retroalimentan. En este marco, la virtud del encuentro que termino el sábado en las instalaciones de La Universidad Nacional en Leticia, como los dos anteriores, además del logro preparatorio propuesto, fue la de sacar a flote inadvertidamente las grandes debilidades y falencias que los estados y sus políticas ambientales, en especial el colombiano, tienen a la hora de dirigir y enfrentar la misión de proteger el bioma y la población amazónicos. Estas fueron evidentes en el diseño de la agenda y en su desarrollo, pero principalmente, en la persistencia de las viejas maneras y prácticas propias de un estado de organización y cosas que se resiste a cambiar.
Lo primero que se debe destacar en las reuniones de Leticia es la ausencia de una verdadera agenda pública (estatal) para la región amazónica y para sus zonas de frontera. Una que restituya de manera decidida y determinante una gobernabilidad publica debilitada y desmantelada a lo largo de casi tres décadas de gobernanza neoliberal. La gobernabilidad territorial y más aún la estatal, no puede ser, como aparece en la agenda de estas reuniones, una más entre otros problemas no jerarquizados y cuya priorización depende de una elección ‘democrática’1. Del mismo modo, ‘las capacidades de gobernanza…,y decisión política’ no pueden ser el derivado o el instrumento de la ‘ciencia y el conocimiento ancestral’ como proponía el panel 2. Con la formulación y redacción de este panel y quisiéramos creer sin intención deliberada, se mezclan o relacionan aquí de manera inadecuada dos esferas o campos, dos lógicas diferentes, el del conocimiento y el de la política, haciendo depender la segunda del primero. Dicho en otros términos, el incremento en las capacidades de gobernanza y la decisión política, a pesar de estar relacionados, no son y no pueden ser el resultado del trabajo del conocimiento científico. El efecto de esta manera de entender la gobernabilidad, en la agenda oficial del ‘camino a la cumbre’, no puede ser otro que relegarla a un lugar subsidiario y secundario.
En gracia de discusión y con el beneficio de la duda, debemos reconocer que el gobierno actual a través de su Plan de Desarrollo 2023-2026 ha propuesto, además de lograr la paz, una política audaz de ´ordenamiento territorial en torno al agua’, así como medidas encaminadas a la protección de la selva amazónica, junto con el anuncio del apoyo a las llamadas ‘economías populares’ en la región; pero lo cierto es que las reuniones de los días precedentes adolecieron de sintonía, por decirlo en forma benévola, con estas formulaciones estratégicas del Gobierno y su Plan de Desarrollo. Muy pocas referencias directas, o ninguna, se hicieron en las mesas o en las plenarias de los días jueves y viernes a la urgencia de articular la acción del Estado en la región con el logro de la paz o la necesidad de un reordenamiento del territorio en la Amazonia. Esto nos advierte sobre la gran brecha que existe entre la formulación de las políticas y su implementación en las regiones o el costo político que el gobierno actual tendrá que pagar si no logra cerrarla satisfactoriamente, pero también la necesidad y sobre todo oportunidad de avanzar en territorializar, regionalizar, fronterizar y localizar, es decir instrumentar y llenar de contenido amazónico estas propuestas y políticas.
Complementariamente, la imposición de una agenda predominantemente ambientalista invisibilizó y/o subordino asuntos cardinales de la acción estatal en la región tales como el problema agrario en la Amazonia que es muy diferente del que existe en el resto del país, o las dificultades del gobierno en la implementación del catastro multipropósito y los vacíos y disonancias de la información geográfica que tiene el IGAC y la ANT en Colombia, lo cual entre otras cosas denota la ignorancia del Estado con respecto al territorio amazónico, pero también la disonancia entre los intereses de las agencias ambientalistas o indigenistas y estos temas prioritarios.
Por el diseño de la agenda, por su carácter poco o nada crítico de las políticas ambientales o, menos aún, de los riesgos de la inminente y camaleónica resiliencia del pseudo sustentable neoextractivismo (el relato ambiental del capitalismo en su fase neoliberal) aun carente de evaluaciones y análisis serios, todo esto sepultado bajo el traído imperativo de ser proactivos y propositivos y acicateado por la ‘falta de tiempo’, estas reuniones estuvieron servidas para satisfacer los intereses y los proyectos de agencias de cooperación, ONG´s ambientalistas o indigenistas y donantes, amén de la acostumbrada ‘ecofarándula’ o ‘lagarteria’ nacional e internacional, para no perder el lenguaje ambiental. Nada extraño a juzgar por el papel y la importancia que estos organismos han tenido y tienen en la financiación de los programas de conservación, en el manejo de áreas de importancia ambiental e incluso en el funcionamiento de agencias estatales, que ante la debilidad o ausencia de claras y serias políticas publicas territoriales y sectoriales, han acabado por convertirse en subsidiarias, intermediarias o simples ejecutoras de las primeras.
En el terreno de la integración fronteriza, un eje clave de la cooperación panamazónica, las reuniones del ‘camino a la cumbre amazónica’ no salen muy bien libradas. Estas se llevaron a cabo en Leticia, en la frontera de Brasil, Colombia y Perú, un sitio si se quiere emblemático del pasado en las relaciones de nuestros países, escenario de la única guerra internacional de Colombia y punto de avanzada de su futura integración, sin embargo, en la reunión no hubo conciencia de la importancia de las fronteras y por supuesto no había una sola mesa que abordara la integración transfronteriza. En estas reuniones, las fronteras quedaron perdidas en la mesa de las relaciones internacionales, como es costumbre restringidas al secretismo y exclusivismo de los iniciados de la alta diplomacia, muy lejos de las comunidades fronterizas. Si se trataron en alguna mesa, lo hicieron desde la reducida óptica de la remarginalización de las fronteras: las fronteras como espacio del crimen. Lo anterior denota no solo la continuidad y reproducción del carácter centralista de las decisiones de los estados desde las Cancillerías, la mayor periferización de las fronteras y finalmente su absoluto desconocimiento. Un pequeño ejemplo: en la frontera de Brasil con Colombia y Perú existen varias universidades, La Universidad Federal de Amazonas UFAM, la Universidad Estadual do Amazonas, El Instituto Federal do Amazonas IFAM, con varias decenas de profesores, investigadores, grupos de investigación e institutos, es decir capacidad científica y técnica instalada en la frontera, sin embargo ninguna de estas instituciones ni sus investigadores fueron invitados a estas reuniones. Por contraste, había delegados de las universidades de Manaos o de centros de investigación de Iquitos: Una buena muestra del centralismo trasladado a las regiones. El caso colombiano es un poco distinto en la forma aunque igual por sus resultados. Tal vez por ser anfitriona de la reunión de los presidentes la sede Amazonia de la Universidad Nacional fue invitada a participar, con un solo delegado oficial2. Más que un reclamo a los organizadores del evento es la evidencia de la persistencia en las instituciones y sus funcionarios de un esquema mental centralista y unas acostumbradas prácticas discriminatorias.
La continuación de la instrumentación de la participación y el conocimiento de los pueblos étnicos también fue notoria, sin llegar por supuesto al extremo del show esclavista montado por el expresidente Duque en la anterior cumbre de presidentes. Para muchas organizaciones, instituciones y personas, por supuesto con honrosas excepciones, los pueblos nativos amazónicos siguen siendo tratados como curiosidades folclóricas que hay que mostrar y preservar, trofeos de las diferentes agencias de cooperación y financiación y, en el mejor de los casos, muestra del supuesto éxito y observancia de políticas inclusivas formales y superficiales como la llamada consulta previa. Sin ánimo de criticar a las dirigencias indígenas que participaron en el ‘camino a la cumbre’, no se puede desconocer que hubo organizaciones que se marginaron de la misma alertando sobre los riesgos de falta de transparencia, continuidad de prácticas neocoloniales, manipulación y otras deficiencias en el proceso participativo3, algunas de las cuales ya se habían observado en el diseño y realización de los diálogos regionales preparatorios del actual Plan Nacional de Desarrollo.
No obstante la diligencia y los esfuerzos orientadores de los funcionarios al frente del ministerio del medio ambiente y la propia ministra, que sin duda conocen el horizonte y la complejidad de la acción ambiental estatal en la región, pese a las dificultades propias del diseño de la agenda, de la precariedad de los cuestionarios y del atropellamiento en el manejo del tiempo, algunas prioridades de una agenda política y social públicas para la Amazonia y la Panamazonia referentes a la gobernanza territorial y ambiental aquí señaladas fueron recurrentes o unánimes en algunas mesas y lograron salir a flote en las plenarias. Desafortunadamente y como era de esperarse no se contemplan debidamente en la declaración final firmada por los presidentes.
Si el actual gobierno quiere tener éxito en salvar la selva amazónica y consolidar la región que la contiene, deberá poner al mando, proponer, elaborar y desarrollar una verdadera agenda integrada de políticas públicas que priorice, aborde y resuelva los problemas estructurales relativos a la debilidad estatal y territorial, lo cual es válido diferencialmente para todos los países amazónicos. Sin el fortalecimiento del Estado y sus instituciones será muy difícil remover eficazmente, las causas de la destrucción del bioma amazónico o los factores de violencia y conflicto que las retroalimentan, así como proponer e implementar un modelo distinto al extractivo. Nadie duda que la misión de salvar la Amazonia no se logrará sin el concurso y la participación de la cooperación internacional, las ONG´s ambientalistas o indigenistas, como tampoco de las instituciones dedicadas a la investigación y la ciencia o incluso del conocimiento ancestral. Lo que no se debería continuar haciendo como hasta ahora, sin beneficio de inventario a favor del gobierno, es subordinar o hipotecar la acción estatal integral (territorial, ambiental y fronteriza) a las agendas e intereses de estas agencias, por más loables o coincidentes que estas sean o parezcan.
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1 La metodología de las mesas o sesiones de seleccionar solo tres problemas y someterlos a votación para decidir su jerarquización no resulta lo más adecuado y no remplaza el consenso de expertos, que tiene otros mecanismos de validación diferentes a la votación.
2 Que por supuesto no representa ni puede presentar la variedad de acciones, grupos, proyectos y propuestas de formación, investigación o extensión que tiene y adelanta la UN en la región. Del mismo modo, el día de la visita presidencial la comunidad universitaria de la sede no pudo entrar a su casa mientras los mandatarios estuvieron allí. No era un problema de espacio, tampoco de seguridad.
3 Documento Por la Amazonia y la vida. La cumbre debe ser participativa. Firmado por varias organizaciones indígenas del Caquetá y Putumayo y entregado a la ministra de medio ambiente Susana Muhamad, el 23 de junio de 2023.
Carlos G. Zárate Botía, Director del Centro de Pensamiento en Fronteras, CPF. Universidad Nacional de Colombia Integrante de la red QUYNZA. Proyecto ‘Construir la paz y cuidar la vida’.
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